HIDROCARBUROS. COMPETENCIA PARA CONOCER LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA RELACIONADAS CON LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO DE USO U OCUPACIÓN PARA SU EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL O, EN SU CASO, CON COMPETENCIA MIXTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 339/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(3) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, donde el tema de fondo corresponde a una materia en la que se encuentra especializada esta Sala; sin que se advierta la necesidad de la intervención del Tribunal Pleno.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, 227, fracción II, en relación con el 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue realizada por el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, que es uno de los órganos que intervinieron en los conflictos competenciales que motivaron la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que se refieren los preceptos indicados.
7. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Alto Tribunal, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
9. I. Postura del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al resolver los conflictos competenciales **********, ********** y **********.
i. ********** y la persona jurídica **********, promovieron por cuerda separada diligencias de jurisdicción voluntaria, con el objeto de validar los acuerdos de voluntades celebrados con distintas personas físicas, en términos de lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
ii. Las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por **********, quedaron radicadas en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco con los expedientes ********** y **********, en tanto que la promovida por **********, se registró en el referido órgano jurisdiccional con el número **********.
iii. El Juez de Distrito declaró carecer de competencia legal para conocer de los asuntos, en términos de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Hidrocarburos, porque en el Diario Oficial de la Federación de nueve de noviembre de dos mil dieciocho se publicó el Acuerdo General 40/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó el inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, órgano que, a partir del doce siguiente, conocería de los asuntos a que se refiere el artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que le correspondía conocer de los procedimientos de validación previstos en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, por haberse presentado en fecha posterior a la entrada en vigor del citado acuerdo general.
iv. El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco rechazó la competencia declinada y ordenó remitir, de nueva cuenta, los autos al Juez declinante.
v. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco insistió en declinar la competencia al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, por lo que remitió los expedientes al Tribunal Colegiado en Materia Civil para que resolviera los conflictos planteados.
vi. Conflictos competenciales. Los conflictos competenciales fueron turnados al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito (**********, ********** y **********).
vii. Admitidos los conflictos competenciales, el Tribunal Colegiado dictó sentencias, en las que emitió decisión de fondo para determinar la autoridad jurisdiccional que resulta competente para el conocimiento de los asuntos.
10. En los tres expedientes, el Tribunal Colegiado resolvió, sustancialmente, lo siguiente:
a) Una vez fijada su competencia hizo referencia a la reforma constitucional donde se determinó que Petróleos Mexicanos se constituyó como una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica, operativa y de gestión, que originó la emisión de la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se incorporó la participación de terceros en el sector de hidrocarburos a través de distintos tipos de contratos; así como en torno a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, particularmente, en relación con los acuerdos sobre el uso y ocupación superficial o de subsuelo de terrenos afectos a las actividades de dicha industria y su procedimiento de validación conforme al artículo 105.
b) Indicó que, dada la naturaleza de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos, al ser ésta una empresa productiva del Estado, su finalidad principal es incrementar los ingresos de la Nación para destinarlos al financiamiento del gasto público, lo que descarta per se, su naturaleza comercial o de lucro, sin desconocer que en otros escenarios pudiera realizar actos de naturaleza mercantil, civil o, incluso, administrativa.
c) Sobre esa base, sostuvo que a pesar de que el fundamento de creación de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias son normas de derecho público, para la exploración, la extracción y el transporte de hidrocarburos, los propietarios o poseedores de las tierras, bienes y derechos afectados y los asignatarios, contratistas y permisionarios pueden constituir los acuerdos a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, relacionados con la constitución de servidumbres voluntarias o la ocupación o afectación superficial necesarias para realizar las actividades de exploración, extracción y traslado de hidrocarburos; así, al no tener una connotación eminentemente mercantil, pero tampoco civil y dados los tintes administrativos de los contratos referidos, el conocimiento de ese tipo de asuntos correspondía al Juzgado de Distrito en Materia Civil, al encuadrar en la competencia residual prevista en el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que corroboró con la interpretación literal del artículo 105 de la legislación especial indicada.
d) Lo anterior, al considerar que el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos dispone que el acuerdo alcanzado será presentado por el asignatario o contratista ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada, previa verificación de que se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la Ley de Hidrocarburos como en las demás disposiciones aplicables, y hecho lo anterior se ordenará la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, en un periódico de circulación local, con el objeto de que si no se tiene noticia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación del citado extracto, se emita la resolución de validez, que tendrá el carácter de sentencia.
e) Así también, indicó que hasta que se emita la declaración de validación por el órgano jurisdiccional, el acuerdo de voluntades alcanzará la calidad de cosa juzgada y, por tanto, con efectos contra terceros, por lo que será hasta que se perfeccione ese tipo de contratos o convenios, que cobrará aplicación el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, pues hasta ese momento todos los actos o aspectos que deriven serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o civil aplicable.
f) Sobre esa base sostuvo que si en el Décimo Circuito no existe especialización –salvo en la materia mercantil–, la competencia para conocer del procedimiento para obtener la declaración judicial de validación del proceso de negociación y ocupación superficial celebrado conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se surtía a favor del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.
g) Por esos motivos, ordenó remitir los expedientes al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, por considerarlo legalmente competente para conocer del procedimiento de validación previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
11. II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver los conflictos competenciales ********** y **********.
• La persona jurídica **********, promovió diversas diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de validar los acuerdos de voluntades relacionados con la servidumbre voluntaria de paso celebrados con distintas personas físicas, en términos de lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
• El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca de Río, a quien se turnaron los asuntos, declaró carecer de competencia legal para conocer los procedimientos y ordenó remitir los expedientes al Juez de Distrito en Materia Civil en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno.
• El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, a quien se turnaron los asuntos, resolvió no aceptar la competencia planteada y ordenó devolver los autos al juzgado que declinó.
• El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz insistió en declinar la competencia al Juez de Distrito en el Estado, por lo que ordenó remitir los expedientes al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito para que resolviera los conflictos planteados.
• Conflictos competenciales. Los conflictos competenciales fueron turnados al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (********** y **********).
12. En los dos expedientes, el Tribunal Colegiado resolvió, sustancialmente, lo siguiente:
• De inicio consideró que no existía conflicto competencial, porque el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal, con sede en Boca del Río, Veracruz, no se ajustó al procedimiento previsto en el artículo 1115 del Código de Comercio, pues de estimarse incompetente para conocer del asunto, debió desechar la demanda y ponerla a disposición del interesado y no remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado que considerara competente.
• No obstante lo anterior, determinó que la competencia para conocer y resolver de las diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de validar los acuerdos a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se surtía a favor del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río.
• Lo anterior, toda vez que, en términos de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Hidrocarburos, se consideran actos mercantiles los relacionados con la industria de hidrocarburos y que, por tanto, se rigen por el Código de Comercio y en forma supletoria por el Código Civil Federal.
• Asimismo, estimó patente la naturaleza mercantil de los actos de la industria de hidrocarburos y, de esa manera, si la validación del contrato se refiere al uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, significa que versa sobre actos de la industria de hidrocarburos y, por consecuencia, debían entenderse como netamente mercantiles.
• Consecuentemente, ordenó remitir los expedientes al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca de Río.
13. CUARTO.—Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.
14. Los Tribunales Colegiados resolvieron la cuestión jurídica descrita de modo diferente, ya que mientras el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito estimó que la competencia legal para conocer de las diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de validar los acuerdos a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a los Jueces de Distrito con competencia Mixta, cuando no se dé la especialización en Materia Civil, al encuadrar en la competencia residual prevista en el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que esos procedimientos tienen naturaleza civil y los acuerdos no tienen un carácter eminentemente mercantil; en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito llegó a la conclusión de que corresponde conocer de las diligencias de jurisdicción voluntaria indicadas al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, dado que la Ley de Hidrocarburos prevé la naturaleza de sus actos y su supletoriedad, donde se observa que, por disposición legal, deben considerarse como mercantiles los actos de la industria de hidrocarburos y, por ello, se rigen por el Código de Comercio. De modo que sí existe la contradicción.
15. Surgimiento de la pregunta que da materia a la contradicción. En el caso, se estima cumplido, pues una vez advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, emerge el cuestionamiento siguiente: ¿Qué Juzgado de Distrito por razón de materia tiene competencia legal para conocer y resolver los procedimientos de jurisdicción voluntaria para validar los acuerdos a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos?
16. QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
17. De inicio, es necesario precisar que, conforme al Pacto Constitucional, corresponde en exclusiva al Estado la función pública jurisdiccional, a través de la cual los particulares o determinados entes de gobierno someten a consideración de los órganos jurisdiccionales un pleito para su solución por medio de la aplicación de normas jurídicas.(4)
18. Para ello, se otorgan atribuciones –competencia–, a los juzgadores por medio de la expedición de ordenamientos normativos, con el objeto de ejercer la jurisdicción en determinados asuntos, materias y territorio.(5)
19. El derecho fundamental de acceso a la justicia se encuentra limitado por las condiciones y plazos que el legislador ordinario estableció expresamente en los ordenamientos legales, el cual, a su vez, da efectividad al diverso derecho subjetivo de seguridad jurídica.
20. Dentro de esas condiciones se encuentra la competencia de los Jueces para conocer y resolver de los procedimientos puestos a su jurisdicción, pero dichas reglas deben atender el contenido del artículo 17 de la Constitución General de la República, al procurar que para la administración de justicia se respeten aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero, además, procurando que en todo caso se eviten obstáculos que dificulten el acceso a los medios de impartición de justicia.
21. En opinión de algunos autores,(6) en el Estado moderno, ya por la amplitud del territorio, ya por el número y diversidad de procedimientos, se impone la necesidad de instituir un gran número de Jueces, esto con el fin de obtener un regular y completo ejercicio de la función jurisdiccional.
22. Aunque en abstracto esa función corresponde a todos los Jueces vistos en conjunto, lo definitivo es que, en concreto y por necesidades prácticas, se fracciona y distribuye entre los diversos juzgadores que integran el Poder Judicial.
23. Así, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias o procedimientos referentes a una determinada rama del derecho, por lo que la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público. La jurisdicción de los órganos del Estado creados para impartir justicia se determina por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio, a fin de especializar y con ello mejorar la impartición de justicia; de ahí que resulta relevante que los órganos jurisdiccionales atiendan estrictamente los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con la debida garantía de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal.
24. Son varios los criterios para determinar la competencia, esto es, para conocer de qué manera y respecto a qué hechos se distribuye la jurisdicción entre los juzgadores.
25. Respecto a la división cualitativa de la jurisdicción, ésta se impone por la necesidad de la adecuación del órgano a una especial función, obedece a la diversidad de materias que deben llevarse al conocimiento y resolución de los tribunales, en virtud de la cual se requiere una especialización de los órganos jurisdiccionales que garantice su idoneidad. Su finalidad es lograr la mayor perfección y calidad de la justicia, lo que mediatamente favorece a los justiciables.
26. El criterio de esta división es material, porque lo relacionado con la competencia se determina atendiendo a la naturaleza de la pretensión, las particularidades específicas de cada caso en concreto y la finalidad del procedimiento correspondiente.
27. La competencia en razón de la materia, en lo que interesa, tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado genera un conocimiento más profundo y actualizado en cierta rama del derecho, porque únicamente conocen de amparos o, en su caso, de procedimientos de una materia específica, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento de la materia de que se trate.
28. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(7) ha sostenido que en casos de conflicto competencial se debe resolver el asunto tomando en cuenta exclusivamente la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero, en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencias, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto.
29. Ese criterio referido a la competencia en materia ordinaria es útil en el caso en que se trata de definir la competencia para conocer de una jurisdicción voluntaria, porque desde el punto de vista procesal debe atenderse a la naturaleza de la pretensión, a los hechos y a las normas que sirven de fundamento, ya que el aspecto fundamental conforme al cual se determina la competencia por materia en favor de algún Juez de Distrito, reside principalmente en la naturaleza de la acción, lo cual, ordinariamente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de los elementos indicados.
30. De este modo, los Juzgados de Distrito, como órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, distribuyen su competencia de conformidad con lo dispuesto por el título cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de donde se desprende que la competencia por materia puede ser penal, civil, administrativa, laboral y mercantil.
31. Esta última a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, con la que se adicionó el artículo 53 Bis de la legislación indicada, relacionado con la competencia de los Jueces de Distrito Mercantiles Federales.
32. En virtud de que en la presente contradicción se debe dilucidar únicamente respecto a la competencia en materia civil y mercantil federal, se transcriben los artículos 53 y 53 Bis que determinan los supuestos de competencia de los Jueces de Distrito, siendo los siguientes:
"Artículo 53. Los Jueces de Distrito civiles federales conocerán:
"I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal;
"II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional;
"III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del Juez;
"IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular;
"V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal;
"VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte;
"VII. De las acciones colectivas a que se refiere el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles;
"VIII. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta ley, y
"IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional, en materia del derecho de réplica."
"Artículo 53 Bis. Los Jueces de Distrito mercantiles federales conocerán:
"I. De las controversias del orden mercantil cuando el actor no haya optado por iniciar la acción ante los Jueces y tribunales del orden común conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos no podrá declinarse la competencia en favor de dichos Jueces y tribunales;
"II. De todas las controversias en materia concursal;
"III. De los juicios mercantiles en los que la Federación sea parte;
"IV. De los juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del Juez;
"V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia mercantil cuyo valor exceda de una cantidad equivalente a un millón de unidades de inversión por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la solicitud;
"VI. Del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, y de la nulidad de laudos arbitrales comerciales nacionales o internacionales cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, y
"VII. De las acciones colectivas mercantiles a que se refiere el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles."
33. El primer precepto otorga competencia a los Jueces de Distrito especializados en Materia Civil Federal para conocer, entre otros supuestos, de los procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esa ley, así como de las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal, ya que la competencia atiende al hecho concreto, acto jurídico y el derecho sustantivo aplicable, por razón de la disciplina jurídica a la que pertenece formal y materialmente el procedimiento de que se trate.
34. Por su parte, del segundo precepto deriva que los Jueces de Distrito Mercantiles Federales conocerán, en términos generales, entre otros supuestos, de las controversias del orden mercantil, y la fracción V dispone que tendrán competencia para conocer de las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia mercantil cuyo valor exceda el monto precisado en el propio precepto.
35. Si bien se advierte que las reglas para la distribución de las competencias civil y mercantil, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la naturaleza de la pretensión, también lo es que igualmente se advierte que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del procedimiento y en su finalidad, pues aun cuando ambos preceptos prevén que los Jueces de Distrito tienen competencia para conocer de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la fracción V del artículo 53 Bis, lo acota a procedimientos relacionados con aspectos netamente mercantiles, pues, incluso, establece una base mínima equivalente en unidades de inversión para fijar la competencia del Juez, es decir, prevalece la mercantilidad del acto jurídico que pretende ser formalizado en ese tipo de procedimientos con eminente propósito económico o lucrativo.
36. Así pues, en los procedimientos distintos al juicio de amparo, como el que aquí nos ocupa, lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza de la pretensión, al ser ésta la que da pauta y referencia para el análisis que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye; dicho de otro modo, es el contenido de lo pretendido lo que otorga una naturaleza de acuerdo a las disposiciones normativas en las que se sustente.
37. Una vez determinado que es la naturaleza de la pretensión un aspecto que resulta relevante para fijar la competencia en procesos promovidos ante los Jueces de Distrito, procede analizar las características del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
38. En términos de lo previsto en los artículos 100 a 104 y 117 de la Ley de Hidrocarburos, los asignatarios o contratistas a que se refiere dicha normatividad están en aptitud de usar, gozar, afectar o adquirir terrenos, bienes o derechos, necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos o transporte por medio de ductos, reconocimiento y exploración superficial.
39. Para esto, deben celebrar actos jurídicos con los propietarios o titulares de dichos predios, bienes o derechos, en cualquier forma jurídica de las enunciadas en la fracción V del artículo 101 de la ley multicitada, verbigracia, arrendamiento, servidumbre voluntaria, compraventa, permuta o cualquier otra que no contravenga la ley.
40. El acuerdo debe sujetarse a las bases expuestas en el conjunto normativo mencionado, en cuanto, entre otros aspectos, a estar precedido por manifestación escrita de interés, por parte del asignatario o contratista, con notificación a las dependencias correspondientes; una explicación completa del alcance, consecuencias favorables y desfavorables de la ejecución del proyecto; una negociación equilibrada, entendible y, en ciertos casos, asistida; el pacto de una contraprestación proporcional y la previsión de mecanismos de solución de controversias.
41. A fin de verificar el cumplimiento de esos imperativos y demás exigibles, el artículo 105 de la propia ley dispone que el asignatario o contratista debe presentar el acuerdo alcanzado, para su validación, ante el Juez
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29438-9c9f233d/hidrocarburos-competencia-para-conocer-las-diligencias-de-jurisdiccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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