EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS. LOS ACUERDOS ENTRE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE LAS TIERRAS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS Y LOS ASIGNATARIOS, CONTRATISTAS Y PERMISIONARIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA, PUEDEN VALIDARSE MEDIANTE DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 221/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de órganos colegiados de distinto Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia en la que se encuentra especializada esta Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
6. SEGUNDO.—Incompetencia. Con independencia de lo anterior, esta Sala no es competente para conocer del criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número ********** y el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito que se proponen como contradictorios, toda vez que en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226 de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno; y 3 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a los Plenos de Circuito resolver las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.
7. Asimismo, de conformidad con el artículo 226 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo tiene competencia para conocer de contradicciones de tesis suscitadas entre sus Salas, o bien, entre las sustentadas por el Pleno o sus Salas y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las originadas entre los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de diversa especialidad de un mismo Circuito y/o los Tribunales Colegiados de diverso Circuito.
8. En el caso, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito –cuyo criterio no es factible que sea revisado por este Alto Tribunal– pertenece al mismo Circuito y especialidad que el diverso Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil, destacando que, respecto a este último Tribunal Colegiado, sí se justifica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la medida en que a diferencia de aquél, sostuvo un criterio divergente respecto del sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que pertenece a diverso Circuito.
9. En este sentido, resulta innecesario analizar el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, así como la remisión de los autos al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, toda vez que mediante esta ejecutoria se emite el criterio que debe prevalecer.
10. TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, 227, fracción II, en relación con el 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue realizada por el Magistrado presidente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
11. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Esta Primera Sala estima que existe contradicción de criterios, ya que los órganos colegiados contendientes, examinaron la misma cuestión jurídica y adoptaron criterios discrepantes.(3)
12. Para corroborar lo anterior, es necesario precisar los antecedentes de los asuntos sometidos a consideración de los órganos jurisdiccionales involucrados y sus respectivas posturas.
13. I. Postura del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Las ejecutorias del órgano colegiado versaron sobre los temas que a continuación se precisan.
14. i. La empresa ********** y distintas de sus filiales, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de validar los acuerdos de voluntades relacionados con la servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrados con distintas personas físicas, en términos de lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
ii. Los Jueces de Distrito a quienes se turnaron los asuntos, determinaron desechar las solicitudes planteadas por las promoventes, al estimar que las diligencias de jurisdicción voluntaria fueron presentadas fuera del plazo de treinta días naturales siguientes a su celebración, en términos de lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, de manera que su presentación resultaba extemporánea.
iii. Inconformes con esas determinaciones, las promoventes presentaron demandas de amparo en la vía indirecta, donde además plantearon la inconstitucionalidad del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
iv. Los Jueces de Distrito a quienes correspondió el conocimiento de los asuntos, resolvieron negar los amparos al estimar que la presentación de las jurisdicciones voluntarias se hizo en forma extemporánea, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala, de título y subtítulo: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA."
v. Amparos en revisión. Las quejosas interpusieron sendos recursos de revisión, que fueron turnados al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (**********, **********, **********, ********** y **********).
15. En los recursos de revisión se expusieron argumentos similares y el Tribunal Colegiado resolvió sustancialmente lo siguiente:
16. a) Que si bien tradicionalmente se ha establecido que los actos emitidos en la jurisdicción voluntaria son actos fuera de juicio contra los que procede el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, los actos reclamados no eran combatibles en la vía de amparo indirecto, por emanar de un procedimiento especial en el que formalmente se dicta sentencia de fondo y, por ello, la resolución que se emita debe combatirse a través del juicio de amparo directo.
17. b) Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal Colegiado expuso que el contrato en que se fundaron las solicitudes planteadas en la vía de jurisdicción voluntaria, se encuentra regulado por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, de donde deriva lo siguiente:
– En términos del precepto indicado, un asignatario o contratista tiene derecho a que el acuerdo alcanzado en relación al uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria, sea validado y adquiera la calidad de cosa juzgada, mediante una resolución que tenga el carácter de sentencia.
– El órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver sobre ese derecho a la validación, es un Juez de Distrito en Materia Civil o un Tribunal Agrario competente, acorde a las reglas de competencia por materia y territorio que les resulte inherente.
– El procedimiento inicia con la solicitud a la que deberá adjuntar el acuerdo existente entre las partes, que se presentará por el asignatario o contratista ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada.
– La resolución que se emita tendrá el carácter de sentencia y debe contener la verificación de que se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la Ley de Hidrocarburos como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables.
– Previamente a la resolución deberá ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado a costa del asignatario o contratista en un periódico de circulación local y en los lugares más visibles del ejido respectivo.
– La resolución debe dictarse quince días después de la publicación ya precisada, siempre que el órgano jurisdiccional (Juez de Distrito o tribunal agrario), no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, derechos o bienes en cuestión.
– En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo.
18. c) Sobre esa base precisó, que el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos utiliza conceptos jurídicos como cosa juzgada, resolución, sentencia y juicio de amparo, por lo que en su interpretación debe atenderse al sentido técnico de esos vocablos.
19. d) En ese contexto, la sentencia a la que se le atribuye, por disposición expresa del legislador en la norma analizada, la calidad de cosa juzgada, al resolver sobre la validación o no validación del acuerdo alcanzado entre las partes, constituye una sentencia de fondo que no admite recurso ordinario, y solamente procede en su contra el juicio de amparo, que necesariamente tiene que ser en la vía directa, porque la resolución tiene esas características ya señaladas al resolver una materia de fondo y con la calidad de cosa juzgada.
20. e) Por consiguiente, concluyó que los asuntos se rigen por un procedimiento especial, distinto a la vía ordinaria civil federal y de la vía de jurisdicción voluntaria, al encontrarse sujeto a un trámite especial, previsto también en una normatividad de carácter especial, como es la Ley de Hidrocarburos, en donde se prevé un plazo específico para promover y el Juez, a fin de resolver acerca de la validación del contrato que se somete a su consideración, deberá verificar que se cumplan los requisitos ya sea de la Ley Agraria o bien, de la propia Ley de Hidrocarburos y cumplido lo anterior, deberá resolver acerca de la validación del contrato, pero sin variar el procedimiento establecido para tal efecto.
21. f) Por esos motivos, determinó que si la resolución que resuelve sobre el fondo de la solicitud de validación es materia de amparo en la vía directa; entonces la determinación que la desecha debe entenderse que es una resolución que pone fin a esa instancia, e igualmente es irrecurrible y, por ello, solamente es reclamable mediante el juicio de amparo en vía directa; lo que produjo que ordenara dejar insubsistentes las sentencias recurridas, declarar sin materia los recursos de revisión y ordenar remitir las demandas de amparo y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito, para que las registrara y se devolvieran al Tribunal Colegiado en vía de amparo directo.
22. Las resoluciones emitidas por el órgano colegiado dieron origen a la tesis de jurisprudencia,(4) que dice:
"SOLICITUD PARA VALIDAR UN CONTRATO DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA, CONTINUA Y APARENTE DE PASO, REGULADA POR EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. SI LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL FONDO DE AQUÉLLA ES MATERIA DE AMPARO DIRECTO, LA QUE LA DESECHA DEBE ENTENDERSE QUE PONE FIN A ESA INSTANCIA Y, POR ENDE, ES RECLAMABLE EN LA MISMA VÍA. La solicitud para validar un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, regulada por el artículo citado, es un procedimiento especial que se distingue de la vía ordinaria civil federal y de la vía de jurisdicción voluntaria, porque se encuentra sujeto a un trámite especial, previsto también en una normativa de carácter especial, como es la Ley de Hidrocarburos, en donde se prevé un plazo específico para promover, y el Juez a fin de resolver acerca de la validación del contrato que se somete a su consideración deberá verificar que se cumplan los requisitos ya sea de la Ley Agraria, o bien, de la propia Ley de Hidrocarburos, y hecho lo anterior, deberá resolver acerca de la validación del contrato, pero sin variar el procedimiento establecido para tal efecto. Conforme a la clasificación de las vías, en la medida que se trata de un procedimiento especial, se excluye la vía ordinaria para su tramitación. Consecuentemente, aunque la vía elegida por la quejosa para validar un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso fue la jurisdicción voluntaria, que se caracteriza porque no se dirime una controversia del orden judicial y no implica una cuestión que contenga una sentencia judicial, ya que no hay litigio; en el caso, prevalece la naturaleza de la prestación principal para determinar si la resolución final que se emita en el procedimiento de validación, es susceptible de impugnarse a través de la vía de amparo directo o amparo indirecto. En el procedimiento que establece el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, no existe una cuestión contenciosa que deba dilucidarse frente a otra parte, sino que se trata de una solicitud formulada ante el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario Agrario para que determine si el contrato cumple con la propia ley. Por lo tanto, en el procedimiento previsto en el referido artículo 105, la litis consiste en someter, por parte del contratista a la autoridad competente, la validación de un contrato a fin de que la resolución que emita le otorgue la calidad de cosa juzgada y, por ende, oponible a cualquier otra parte. De tal manera que ese procedimiento no se produce frente a la contraparte del actor, sino que por su propia naturaleza, es la autoridad competente quien decide sobre la validación del contrato sometido a su potestad, lo que implica un análisis de fondo y, por ende, la emisión de una resolución sustantiva, que no corresponde dictar en la jurisdicción voluntaria. De lo que se deduce que si la resolución que resuelve sobre el fondo de esa solicitud de validación es materia de amparo en la vía directa; entonces la resolución que la desecha, debe entenderse que pone fin a esa instancia, por lo que tampoco admite recurso y sólo es reclamable en juicio de amparo en vía directa."
23. II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
• La quejosa **********, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de validar el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado con una persona física, en términos de lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
• El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua desechó el procedimiento de diligencias en jurisdicción voluntaria, al estimar que no se reunía el requisito previsto en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por no haberse promovido cuestión alguna entre partes determinadas y porque las resoluciones que se emiten en las diligencias de jurisdicción voluntaria no tienen el carácter de cosa juzgada.
• Inconforme con esa determinación, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en la ciudad de Chihuahua (expediente **********). En la sentencia de amparo indirecto se desestimaron los motivos de inconformidad por inoperantes, dado que el auto impugnado se basó en dos argumentos torales y la quejosa sólo combatió uno, por lo que negó el amparo.
• La quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
• Al resolver el recurso, el órgano colegiado estimó que la jurisdicción voluntaria promovida para la validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, es la vía procesal idónea para dar cumplimiento a la obligación legal prevista en la Ley de Hidrocarburos, de acuerdo al artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Hidrocarburos, ya que se trataba de actos en los que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requería la intervención del Juez, sin que exista controversia entre las partes.
• Asimismo, consideró que si bien existen criterios en el sentido de que las resoluciones emitidas en jurisdicción voluntaria no tienen la calidad de cosa juzgada, también es verdad que en relación a la validación del contrato referido, dicha categoría la prevé el numeral 105 de la Ley de Hidrocarburos, cuya observancia es obligatoria para el Juez que conozca del asunto, pues debe entenderse que la legislación en la materia es de aplicación preferente a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en atención al principio fundamental de que la ley especial debe prevalecer sobre la regla general.
• Por esos motivos, el órgano colegiado concedió el amparo, para que la autoridad responsable proveyera sobre la solicitud de validación planteada, en la inteligencia de que la jurisdicción voluntaria sí es la vía idónea para la validación del acuerdo de voluntades presentado.
24. Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala del Alto Tribunal considera que, el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.
25. Los Tribunales Colegiados resolvieron la cuestión jurídica descrita de modo diferente, ya que mientras el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que, la solicitud de validación de los acuerdos o contratos regulados en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se debe tramitar en una vía especial, distinta a la vía ordinaria civil federal y a la vía de jurisdicción voluntaria, con motivo de sus características especiales; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito llegó a la conclusión de que la solicitud de validación de ese tipo de acuerdos, regulados en el precepto indicado, deben ser tramitados mediante diligencias de jurisdicción voluntaria, ya que se trata de actos en los que por disposición de la ley y por solicitud de los interesados se requiere la intervención del Juez, sin que exista controversia entre las partes, con la única salvedad que la resolución que se emite sí constituye cosa juzgada por disposición de la ley especial.
26. Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En el caso, se estima cumplido, pues una vez advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, emerge el cuestionamiento siguiente: ¿Es factible que mediante las diligencias de jurisdicción voluntaria se solicite la validación de los acuerdos a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, o dicha solicitud debe sustanciarse en una vía procesal autónoma regida sólo con esa ley especial?
27. QUINTO.—Estudio. Con el propósito de establecer el criterio que debe prevalecer sobre la cuestión jurídica debatida, el estudio se dividirá en tres apartados, el primero se ocupa del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos relacionado con la validación de los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso; en el segundo se desarrolla lo relativo a demostrar que las diligencias de jurisdicción voluntaria son el medio idóneo para lograr la validación de los acuerdos alcanzados, y el último corresponde a la conclusión alcanzada reflejada en el criterio que debe prevalecer.
28. Procedimiento de validación previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos.
29. De inicio conviene precisar que la Ley de Hidrocarburos, contiene una serie de disposiciones tendentes a regular los aspectos mandatados por el Poder Constituyente, que incluyen reglas con el propósito de ordenar los procesos de negociación que habrían de celebrarse entre, por un lado, asignatarios, contratistas y permisionarios y, por el otro, los propietarios o poseedores de las tierras, bienes y derechos que pudieran ser afectados por las actividades de los primeros, cuyo objetivo constituye la salvaguarda de los derechos de los propietarios o poseedores de las tierras, dentro del marco constitucional, entre otros.
30. Para establecer instancias o procedimientos uniformes y ágiles para valuar contraprestaciones e indemnizaciones o para resolver controversias, se propusieron mecanismos y reglas a fin de que los procedimientos de adquisición, uso, goce o afectaciones de terrenos, bienes y derechos fueran justos, y respetaran los intereses de ambas partes, con el objeto de privilegiar la libertad contractual de los involucrados y alcanzar acuerdos libremente.
31. Se planteó la intencionalidad de dotar de procedimientos específicos que permitieran a los interesados hacerse de bienes inmuebles o derechos que resultaran necesarios para el adecuado desarrollo de sus proyectos y a la par, beneficiar a los dueños de dichos terrenos, mediante contraprestaciones justas y equitativas, a fin de nivelar las asimetrías de poder que pudieran interferir en los procesos de negociación de los contratantes.
32. Para cumplir con la finalidad de realizar las actividades antes descritas, la legislación en la materia confiere a los asignatarios o contratistas, la facultad para suscribir contratos de uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos con sus propietarios según lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de hidrocarburos,(5) dichos acuerdos de voluntades deben realizarse de manera transparente y sujetándose a diversas disposiciones previstas en la propia ley o su reglamento.
33. La Ley de Hidrocarburos establece en su artículo 101 que los acuerdos en cuestión se llevarán a cabo a través de un procedimiento especial de negociación, cuyo eje central será la transparencia, con lineamientos específicos para la elaboración de avalúos y con tabuladores oficiales, tomando especiales medidas cuando se trate de sujetos previstos en la Ley Agraria.
34. En la hipótesis que no exista un acuerdo entre las partes, el artículo 106 de la Ley de Hidrocarburos regula el procedimiento que implica la posible constitución de una servidumbre legal, así como la potencial instauración de un proceso de mediación.
35. Lo anterior, permite considerar que si bien, el legislador privilegió los acuerdos voluntarios celebrados entre partes para la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos, no obstante ello, instauró diversos procedimientos para el caso de que no exista consenso entre los intervinientes y facultó la vía contenciosa al Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Agrario para que decidan la viabilidad y la creación del citado gravamen, acorde a lo que dispone el artículo 106, fracción I, en relación con el diverso 109 de la Ley de Hidrocarburos.
36. De igual forma, estableció el procedimiento administrativo mediador, cuya tramitación inicia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la viabilidad y aceptación de la contraprestación que corresponda al propietario afectado en sus bienes por la servidumbre propuesta y para el caso de no haber consenso entre los intervinientes, se podría solicitar el trámite correspondiente ante el Ejecutivo Federal para la construcción de tal gravamen por vía administrativa; lo anterior, según se advierte de lo dispuesto en la fracción II del artículo 106, en relación con los diversos 107 y 108 de la Ley de Hidrocarburos.
37. Los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, se encuentran relacionados con acuerdos de voluntades donde se convino la constitución de servidumbres voluntarias de paso, con el objeto de hacer posible el traslado de hidrocarburos (gas natural).
38. Centrada la atención en ese específico acuerdo de voluntades, cuya validación se contempla en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, representa un gravamen real sobre el predio sirviente, que comprende el derecho de tránsito de personas, de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, maquinaria y bienes de todo tipo; de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un contrato o asignación, así como todos aquellos que resulten necesarios para tal fin.
39. El artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, que es el que se refiere al acuerdo o contrato en cuestión, dice:
"Artículo 105. El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el asignatario o contratista ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada.
"Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a:
"I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables; y,
"II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del asignatario o contratista, en un periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo.
"El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión.
"En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo."
40. En términos del precepto transcrito, como se indicó, el problema jurídico a resolver consiste en determinar, si la jurisdicción voluntaria es el medio procesal idóneo para solicitar la validación del acuerdo relacionado con la constitución de la servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, o bien, si lo adecuado es que se sustancie una vía especial autónoma regida fundamentalmente por ese precepto.
41. Para dar respuesta a esa interrogante conviene precisar algunas particularidades en relación con la materia del acuerdo o contrato sujeto a validación, para lo que resulta indispensable tener en cuenta preceptos de la ley sobre la materia que regulan, entre otras cosas, el aprovechamiento de recursos naturales en sectores energéticos por entes privados, como pueden ser el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas natural, entre otros.
42. Para cumplir con la finalidad de realizar las actividades antes descritas, la legislación en la materia confiere a los asignatarios o contratistas, la facultad para suscribir contratos de uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos con sus propietarios, dichos acuerdos de voluntades deben realizarse de manera transparente y sujetándose a diversas disposiciones previstas en la propia ley o su reglamento.
43. El procedimiento para la validación de los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso para la conducción, transporte o distribución de hidrocarburos, se regula en el artículo 105 de la legislación indicada, que prevé un procedimiento ágil, a fin de lograr la salvaguarda de los derechos de los propietarios y poseedores de tierras, para brindar certidumbre jurídica en torno a los acuerdos de voluntades celebrados, con la precisión de que éstos sean justos, equitativos y en respeto de los intereses de ambas partes.
44. Con motivo de lo anterior, se implementó el procedimiento especial de validación de los acuerdos alcanzados, el cual quedó regulado en el numeral 105 transcrito, que tiene por objeto verificar que el acuerdo de voluntades se ajuste a la normatividad rectora, es decir, el acuerdo alcanzado será presentado, pero no como una mera formalidad o simplemente para que la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento del acuerdo y su contenido, sino que el artículo es categórico al precisar que el órgano jurisdiccional validará el acuerdo, es decir, la autoridad se encuentra facultada para analizar las particularidades del asunto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.
45. De manera que la circunstancia que se remita el acuerdo en cuestión al Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, implica conferir una facultad extraordinaria que no se reduce a una formalidad, sino a la realización de un estudio propiamente de fondo de la cuestión planteada, pues del contenido de los artículos 114 y 115 de la Ley de Hidrocarburos deriva que los asignatarios o contratistas se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas que resulten abusivas, discriminatorias o que busquen influir en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, ya sea durante las negociaciones o procedimientos previstos para el uso y ocupación superficial.
46. Por ese motivo, la legislación prevé que el acuerdo será nulo (artículo 115), cuando contravenga la normatividad rectora, lo que hace necesario que el juzgador verifique el cump
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29171-54efda62/exploracion-extraccion-y-transporte-de-hidrocarburos-los-acuerdos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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