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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 525/2019. · Registro digital (IUS): 29512
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-10-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Pág. 627.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 525/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 20 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(2)

TERCERO.—Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

1. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –amparo directo 62/2019–.

Ma. De la Paz Enciso Villaseñor, como presidenta del Consejo Directivo y delegada de la asamblea general ordinaria de la Asociación Civil "Gaceta de Información y Consultoría. A.C." promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI) en el expediente PPD. 0160/16, en la que declaró procedente una solicitud de datos personales, la cual le impuso la obligación de hacer efectivo el derecho de cancelación y oposición de datos personales que solicitó el titular.

La demanda se admitió el veintisiete de enero de dos mil diecisiete y, seguido el juicio, en sentencia dictada el once de enero de dos mil diecinueve, la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretó el sobreseimiento en el juicio al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sobre la base de que el INAI no puede considerarse autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, porque la competencia constitucional de ese juicio está limitada a las controversias entre particulares y la administración pública federal, conforme al artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional.(3)

Contra la sentencia anterior, Gaceta de Información y Consultoría, Asociación Civil, promovió juicio de amparo directo que tocó conocer, por razón de turno, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo admitió y registró con el número 62/2019, en el que en sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, concedió el amparo con sustento en las siguientes consideraciones:

• El concepto de violación es fundado porque la resolución emitida por el INAI sí es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• En términos del artículo 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, el INAI es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y entes privados.

• Los artículos 3, fracción XIII, y 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponen que el INAI no pertenece a la administración pública federal sino que es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

• Conforme al artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por regla general, si el acto o la resolución impugnada no se emite por una entidad de la administración pública federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será incompetente para conocer de la controversia, salvo que dicha competencia derive de una ley especial que así lo establezca expresamente.

• El hecho de que el INAI constituya un organismo constitucional autónomo no se traduce en impedir el acceso a la justicia contra sus determinaciones, en perjuicio de los particulares, porque el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es categórico en establecer que los "particulares" podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que no sucede con aquellos sujetos obligados que tengan en posesión datos personales.

• El artículo 6o., apartado B, fracción VII, de la Constitución, le otorga autonomía constitucional al INAI, pero enfocada a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

• Si la quejosa manifestó en la demanda de nulidad que es una sociedad "...que se limita única y exclusivamente a la compilación y reproducción íntegra de los boletines judiciales y de las listas que publican los poderes judiciales tanto en materia local como federal; es decir, de fuentes oficiales de acceso público", es indudable que no recibe y ejerce recursos públicos, ni realiza actos de autoridad, por lo que, en este caso, contra las determinaciones del INAI, en perjuicio de los sujetos particulares, sí resulta procedente el juicio contencioso administrativo, en términos de lo previsto por el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en relación con el numeral 3o., fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Con independencia de lo anterior, debe considerarse que en la doctrina del derecho administrativo mexicano se conoce que tanto a nivel federal, como en el caso de las entidades federativas, el poder público del Estado se ejerce a través del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial; en el caso interesa el Poder Ejecutivo, en el que se reconoce la responsabilidad de realizar, esencialmente, la función administrativa del gobierno de la entidad, entendida como la actividad encaminada a la gestión de recursos para la consecución de los fines del Estado y la satisfacción de los intereses colectivos a través de actividades que, por regla general, no se ejercen por los otros dos poderes.

• Tanto en la Federación como en la mayoría de los Estados, aunque el ejercicio del Poder Ejecutivo es unipersonal y se deposita, según sea el caso, en un presidente de la República o en cada uno de los gobernadores constitucionales, para que estén en aptitud de cumplir con la función que se les encomienda, las normas constitucionales reconocen la existencia de un conjunto de personas e instituciones auxiliares del titular del ejecutivo, que conforman la administración pública y a la que corresponde en gran medida el ejercicio de las responsabilidades del Poder Ejecutivo.

• A la par de los órganos que integran la administración pública –centralizada o paraestatal–, se reconoce la existencia de organismos públicos que, al igual que los órganos descentralizados, pueden ser creados por una ley o decreto y poseer su propio patrimonio, así como una personalidad jurídica autónoma, pero que a diferencia de los organismos descentralizados tradicionales, cuentan con una autonomía que supera a la de libre gestión financiera, sin sometimiento a la entidad estatal.

• Su autonomía deriva de que, en la mayoría de los casos, la norma que crea al ente es la misma norma constitucional, que pudiera colocar a dichos órganos fuera del control de la administración centralizada o paraestatal, definiendo si pueden ser sujetos de control por algún otro poder (por ejemplo, el judicial), y previendo incluso la forma en que deben conformarse, así como la descripción, con cierta claridad, de su cualidad de autonomía. A ese tipo de entidades públicas se les denomina órganos constitucionales autónomos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 12/2008, de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS."

• De lo anterior se advierte que en la mayoría de los casos esos órganos autónomos no ejercen facultades que hayan sido delegadas por un núcleo de decisión centralizada a quien originariamente sigan correspondiendo, como acontece con los organismos descentralizados; sino que son creados ex profeso para la realización de funciones propias del Estado, que por su importancia o trascendencia no son susceptibles de encomendarse a alguno de sus poderes, a fin de que estos no ejerzan sometimiento sobre las mismas, que derivan por lo general de mandatos directos de la Constitución, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales, pero que siguen siendo parte del Estado mismo.

• A la par de la autonomía constitucional de los tres poderes tradicionales del Estado, es válido sostener que la dependencia de mérito desde el punto de vista de la actividad que materialmente desarrolla el INAI, se vincula con la prestación de un servicio de interés público que es inherente a las funciones del propio Estado y que por conveniencia le ha sido atribuido de modo exclusivo y con autonomía presupuestaria, operativa, de decisión y de gestión; ubicándose en un plano de operación equiparable, en sus demás características, a una dependencia de la administración pública paraestatal o descentralizada, que se define por gozar de personalidad jurídica propia y autonomía operativa y presupuestaria, aunque con cierto grado de dependencia del Ejecutivo.

• En ese sentido, si el INAI se erige como un organismo público constitucionalmente autónomo, pero indudablemente perteneciente al Estado, que además, es esencialmente similar a los organismos descentralizados o de la administración pública paraestatal y que cumple con una función de servicio público vinculada con el derecho de acceso a la información, para lo cual entre otros, emite actos materialmente jurisdiccionales en sede administrativa en contra de sujetos particulares y con carácter de autoridad, tales como la resolución recaída al procedimiento de protección de derechos; se estima que en su contra debe estimarse procedente el juicio contencioso administrativo, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que no prevé la inimpugnabilidad de las resoluciones emitidas por la Comisión en los referidos procedimientos, sino que su numeral 56, es preciso en establecer que contra las resoluciones del instituto, "los particulares" podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• En consecuencia, es inexacto que la intención del legislador haya sido otorgar plena libertad de configuración en la materia; esto es, excluir la posibilidad de que exista un control sobre la legalidad de esas determinaciones en contra de sujetos particulares y, por ende, su autonomía en este marco normativo no puede entenderse como una inmunidad al referido control jurisdiccional al alcance de los particulares; además de que el tribunal en mención goza de autonomía en el dictado de sus resoluciones derivada de las normas constitucionales; y, justamente, el juicio respectivo fue instituido para impugnar los actos o resoluciones dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal federal, por lo que indudablemente se trata del medio jurídico localizado en el orden jurídico más afín para ello, dado que en términos del artículo 3o., fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, le atribuye esa competencia al establecer que es procedente el juicio contencioso administrativo, cuando otras leyes le otorguen esa competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que en modo alguno implica una incompatibilidad con la autonomía que le otorga expresamente el modelo constitucional a ese instituto.

• Así, el Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su oportunidad, emitiera una diversa, en la que absteniéndose de sobreseer en el juicio de nulidad por las consideraciones sustentadas, resolviera con plenitud de jurisdicción.

• Por último, indicó no compartir la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.", publicada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

2. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -amparo directo 669/2018-

Por escritos presentados el veinte y veintidós de junio y ocho de septiembre, todos de dos mil dieciséis, Karen Quiroga Anguiano promovió sendos juicios contenciosos administrativos contra las resoluciones emitidas por el INAI, el ocho de abril y veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en los expedientes PPD.0032/16, PPD.0031/16, PPD.0033/16, PPD.0086/16, en las que determinó el desechamiento de la solicitud de cancelación y oposición del manejo y tratamiento de sus datos personales.

Los juicios contenciosos se acumularon y fueron atraídos por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil dieciocho en el expediente 16358/16-17-11-5/AC3/4085/17-PL-02-04, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas.

Contra la resolución anterior, mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, Google de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su representante legal, promovió juicio de amparo directo.

Tocó conocer del juicio, por razón de turno, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el número 669/2018 y, en sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecinueve, concedió el amparo por las siguientes consideraciones:

• El acto impugnado en el juicio contencioso administrativo deriva de diversas solicitudes de cancelación y oposición de datos personales, elevadas ante el INAI.

• A través del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, se modificaron, entre otros, el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, a efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

• En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se dispuso que el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, cambiaba su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consolidándose así, como un organismo garante a nivel nacional.

• En relación con tal instituto, los artículos 3, fracción XIII, y 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponen que no pertenece a la administración pública federal, sino que es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

• Además, el INAI reúne las características de los órganos constitucionales autónomos, precisadas en jurisprudencia P./J. 12/2008, de rubro "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.", ya que: a) se encuentra configurado directamente en el artículo 6o. apartado A, fracción VIII, de la Constitución, que le dota del carácter de "organismo público autónomo"; b) mantiene relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, porque no está subordinado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial en el ámbito competencial que desarrolla, al tener autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; c) cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera, al estar dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; y, d) atiende funciones primarias, originarias y torales del Estado, que requieren ser atendidas en beneficio de la sociedad, puesto que la Constitución le encomienda, entre otras, la atribución de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

• Por otra parte, en relación con el ámbito competencial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los artículos 73, fracción XXIX-H, de la Constitución; 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se advierte que exista disposición que otorgue de manera expresa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la posibilidad legal de conocer de demandas promovidas contra las resoluciones o respuestas a las solicitudes de cancelación y oposición de datos personales elevadas ante el INAI.

• Sin embargo, sí se aprecia una restricción competencial establecida de manera expresa en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, conforme a la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa carece de atribuciones para conocer de este tipo de actos a través del juicio contencioso administrativo federal, pues prevé que dicho tribunal sólo conocerá de actos emitidos por las autoridades de la administración pública federal. Se cita, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 49/2006, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS."

• Asimismo, se cita por analogía y en lo conducente la tesis I.15o.A.121 A, con el rubro: "INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA SUS RESOLUCIONES ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."

• Consecuentemente, si el acto impugnado en el juicio de nulidad fue emitido por el INAI, que es un organismo autónomo, y en ese sentido no pertenece a la administración pública federal, sus actos no pueden ser juzgados por un tribunal que no tiene competencia para analizarlos.

• Además, el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente a la fecha de la presentación de la demanda de nulidad, dispone que las resoluciones que emitan los organismos garantes son definitivas e inatacables para los sujetos obligados y que el particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo. Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en su artículo 13, prevé que los titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de amparo.

• Sin que obste a lo anterior, que el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, disponga que contra las resoluciones del instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como que el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establezca dentro de las hipótesis que el citado tribunal conoce de las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos, porque las citadas leyes federales no pueden prevalecer contra los artículos 6o. y 73, fracción XXIX-H constitucionales, que impiden considerar procedente el juicio contencioso administrativo para combatir las resoluciones emitidas por el INAI, porque atendiendo a los principios de supremacía constitucional y de interpretación conforme, debe aplicarse la norma que sea compatible con la Carta Magna.

• En ese sentido, se concedió el amparo para el efecto de que la Sala dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria, analizara la competencia del órgano jurisdiccional y resolviera en consecuencia.

De la ejecutoria surgió la tesis aislada I.5o.A.13 A (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone una restricción competencial para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la cual, se acotan sus atribuciones para conocer sólo de controversias relativas a actos emitidos por las autoridades de la administración pública federal. Consecuentemente, carece de facultades para conocer de las demandas promovidas contra las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al ser éste un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, según lo previsto en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, 3, fracción XIII y 37 de la Ley General y 17 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que pueda inferirse que esa competencia pueda derivar de diversas leyes de carácter federal, pues acorde con los principios de interpretación conforme y supremacía constitucional, resulta aplicable la norma que sea compatible con la Carta Magna, la que, en el caso, impide considerar procedente la vía contenciosa administrativa para impugnar las resoluciones emitidas por un organismo constitucional autónomo."(4)

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Ahora, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes y para tal propósito, importa destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(5)

La citada jurisprudencia establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

De la jurisprudencia transcrita, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes –arriba descritas–, esta Segunda Sala advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar, concretamente, si contra las resoluciones emitidas por el INAI en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, arribaron a conclusiones encontradas.

Por un lado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito afirmó que la resolución emitida por el INAI sí es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por una parte, porque si bien, por regla general, si el acto o resolución impugnada no se emite por la administración pública federal, dicho tribunal será incompetente para conocer del juicio y, dicho instituto, en términos del artículo 6o. de la Constitución, es un organismo constitucional autónomo, ello no se traduce en impedir el acceso a la justicia contra sus determinaciones, porque el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que los particulares podrán promover juicio de nulidad ante el citado tribunal, lo que no sucede con los sujetos obligados.

Además, porque aun cuando el INAI es un organismo constitucional autónomo, lo cierto es que pertenece al Estado, es en esencia similar a los organismos descentralizados o de la administración pública paraestatal y cumple con una función de servicio público relacionada con el derecho de acceso a la información, para lo que emite actos materialmente jurisdiccionales en sede administrativa contra particulares, como la resolución recaída al procedimiento de protección de derechos, por lo que es procedente el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó –en esencia– que conforme al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene atribuciones para conocer del juicio contencioso promovido contra las resoluciones emitidas por el INAI, en relación con solicitudes de cancelación y oposición de datos personales, pues este numeral establece que sólo conocerá de actos emitidos por las autoridades de la administración pública federal, no de los Poderes de la Unión, ni de los órganos constitucionales autónomos; además, tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establecen que el particular podrá impugnar las resoluciones a través del juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque esas leyes federales no pueden prevalecer contra los artículos 6o. y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, atendiendo a los principios de supremacía constitucional e interpretación conforme.

Ahora bien, como se obtiene de la anterior narrativa y tal como se apuntó con antelación, los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados contendientes resultan discordantes, pues mientras el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito afirmó, de manera medular, que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí es procedente contra las resoluciones emitidas por el INAI en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, porque así lo establece el artículo 56 de la ley federal de la materia.

En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el juicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29512-20b6e407/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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