SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DEL DECRETO 27591/LXII/19, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REGULAR, RESTRINGIR Y LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PUES ES MAYOR EL INTERÉS QUE TIENE LA SOCIEDAD DE PRESERVAR LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE EL PERJUICIO ECONÓMICO Y OPERATIVO QUE PUDIERA RESENTIR LA PARTE QUEJOSA. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DEL DECRETO 27591/LXII/19, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REGULAR, RESTRINGIR Y LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PUES ES MAYOR EL INTERÉS QUE TIENE LA SOCIEDAD DE PRESERVAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ QUE EL PERJUICIO ECONÓMICO Y OPERATIVO QUE PUDIERA RESENTIR LA PARTE QUEJOSA. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DEL DECRETO 27591/LXII/19, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REGULAR, RESTRINGIR Y LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PUES ES MAYOR EL INTERÉS QUE TIENE LA SOCIEDAD DE PRESERVAR UN MEDIO AMBIENTE SANO QUE EL PERJUICIO ECONÓMICO Y OPERATIVO QUE PUDIERA RESENTIR LA PARTE QUEJOSA.
QUEJA 42/2020. 21 DE ENERO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIA: MICHELLE STEPHANIE SERRANO GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio.
Los agravios expuestos por la parte recurrente resultan infundados, como se expondrá más adelante; sin embargo, para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario realizar una breve relación de los antecedentes que dieron origen a la presente queja.
Así, se tiene que la parte quejosa interpuso demanda de amparo en contra de la discusión, aprobación, expedición y publicación de los artículos 5o., fracciones XVI y XVII, 71 Bis y 174 Ter de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que limitan la circulación de vehículos de carga en el área metropolitana de Guadalajara.
Ahora, en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva de los actos reclamados, en los siguientes términos:
"...en efecto, de un análisis que realice este juzgador, podrá advertir con meridiana claridad que los actos reclamados en el presente juicio sí son susceptibles de ser suspendidos, dado que las normas impugnadas, por su propia naturaleza, son susceptibles de ser paralizadas a través de la suspensión, por lo que se debe conceder la suspensión provisional y definitiva, para los efectos siguientes:
"No se apliquen en perjuicio de la quejosa los efectos de los artículos 71, fracciones IX y X y 71 Bis de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
"Es decir, que se solicita la medida cautelar para los efectos de que a los vehículos de carga propiedad de la quejosa no se les restrinja ni límite la circulación y se les permita seguir transitando por la zona metropolitana de Guadalajara como lo venían haciendo hasta antes de la entrada en vigor de los referidos artículos..."
Por auto de tres de enero de dos mil veinte, el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó la suspensión provisional solicitada por considerar, en lo medular, que de concederse se violentaría el interés social en mayor medida que el interés que pretende salvaguardar la empresa quejosa, porque las normas reclamadas tienden a reglamentar el congestionamiento vial.
El anterior acuerdo es el recurrido en la presente queja.
Precisado lo anterior, frente a las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido, la parte inconforme sostiene en el agravio primero que la decisión del Juez de Distrito es equivocada, puesto que la concesión de la suspensión provisional de los actos reclamados no afecta el orden público ni el interés de la sociedad, ya que la finalidad de las disposiciones se ve rebasada, al pretender el pago de un permiso.
Estima que los artículos 71, fracciones IX y X y 71 Bis de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, los cuales establecen la implementación y cobro de un permiso para la circulación de vehículos de transporte de carga pesada por las vías limitadas y restringidas de los Municipios que conforman la metrópoli, admiten la suspensión provisional, pues contienen restricciones al libre ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de tránsito y de trabajo.
Añade que su solicitud pretende que se permita a sus vehículos de carga continuar circulando en la zona metropolitana sin la necesidad de tramitar el permiso correspondiente ante la secretaría y sin tener que sujetarse a las condiciones de peso y dimensiones, ni a los horarios y vialidades que se le pretenden imponer.
Menciona que no representa un obstáculo para que la parte quejosa obtenga la suspensión provisional de los actos reclamados, la necesidad de que el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, debe ejercer las facultades para regular la entrada, salida y circulación intraurbanos de vehículos, pues considera que con el otorgamiento de la suspensión no se priva a la colectividad de algún beneficio ni se le infiere daño alguno, que sí se originaría a la impetrante de derechos fundamentales en caso de que se decidiera no otorgarla por las afectaciones de imposible reparación que podrían ocasionarse en su perjuicio, al atentar contra su estabilidad financiera y el ejercicio de su derecho al trabajo y al comercio.
Agrega que con el otorgamiento de la medida cautelar la sociedad no se verá afectada, pues aun así la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continúa facultada para prestar los servicios de autotransporte de carga, por lo que el hecho de que la legislación local establezca los lineamientos señalados no es determinante para considerar que su falta de aplicación transgredirá disposiciones de orden público.
Determina, además, que las normas reclamadas regulan actos privativos encaminados a impedir o restringir el ejercicio de sus derechos, a pesar de que está autorizado previamente por el Estado para realizar las actividades de trabajo y de comercio por medio de la circulación de vehículos de carga en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
Alega que un aspecto fundamental que el Juez de Distrito dejó de estimar, es el relacionado con la circunstancia de que las restricciones que las normas prevén quedarán superadas a través del pago y obtención de un permiso previsto en el artículo 71, fracción IX, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, conforme al cual las cuotas, una vez recaudadas, serán destinadas al Fondo para Infraestructura Vial Metropolitana, como lo prevé la exposición de motivos correspondiente.
Estima que, de acuerdo con lo anterior, por ese hecho, la justificación que el Juez empleó resulta carente de fundamentación e idoneidad, al considerar que los presuntos fines de las normas reclamadas pueden ser superados con la tramitación del permiso correspondiente; lo que desvirtúa la negativa de la concesión de la suspensión provisional con la consideración de que afecta el orden público y el interés social.
Refiere que de acuerdo con el objetivo del legislador, reflejado en las iniciativas de reforma correspondientes, no se imprimió a éstos un fin contributivo, de modo que si se deja de lado el pago del trámite respectivo, desaparecería la vulneración al interés social hecha valer y, por el contrario, se generaría el agravio al patrimonio y derechos de tránsito y de trabajo de la parte quejosa.
Razona que, de esa manera, es claro que las normas no persiguen un fin social, sino uno de carácter económico con la tramitación y pago del permiso aludido, el cual, alega, no está contemplado en la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco ni en la Ley de Ingresos de la misma entidad.
Pide que este Tribunal Colegiado prescinda de tomar en cuenta el estudio que el Juez Federal efectuó en su resolución para afirmar que con la aparente restricción de la circulación de autotransportes de carga se logrará la disminución de tráfico y accidentes viales, porque tales conclusiones no pueden ser apreciadas de la misma manera por la mayoría de las personas, sino que requieren demostrar que se podría lograr la disminución de tráfico y accidentes viales en que participan esa clase de automotores, porque tales conclusiones no pueden ser estimadas de la misma manera por la mayoría de las personas, ni responderse con base en simples conjeturas del juzgador.
Insiste en considerar que la suspensión provisional procede contra las normas reclamadas si se observa el criterio que sostiene el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual se emitió sobre una regulación similar que restringió, limitó y condicionó la circulación de autotransportes de carga por la zona metropolitana de Monterrey; conforme al cual sí es procedente dicha medida a quien acredite contar con las autorizaciones para desarrollar la actividad de transporte de carga, y que con una decisión de esa naturaleza no se afecta el interés de la sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, y porque la apariencia del buen derecho lleva a hacer prevalecer el ejercicio de los derechos de tránsito y de libertad de trabajo.
Afirma que en contra de lo dicho por el Juez, el interés público no puede evaluarse en forma absoluta, pues debe ser considerado que también es interés de la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, cuando éstos impacten la libertad, la igualdad y demás derechos fundamentales, por las consecuencias de difícil o imposible reparación que puedan generar.
Estima que si demostró con las tarjetas de circulación expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está operando la actividad de autotransporte de carga en cumplimiento a las disposiciones correspondientes, mediante un asomo anticipado que el Juez puede realizar al analizar las disposiciones controvertidas, entonces procedía considerar que cabe la suspensión provisional de los actos reclamados para que sus vehículos puedan continuar circulando en las vialidades de la ciudad como aún lo autoriza la ley combatida.
Propone que así sea considerado, en la medida en que el transporte de carga incluye el traslado de insumos, productos y bienes de primera necesidad que necesitan ser abastecidos en la zona metropolitana y que, ante las aparentes restricciones, se podrían ocasionar perjuicios de alto costo.
Plantea que la aplicación de los preceptos reclamados pueda no beneficiar al bienestar de la sociedad en general, o incluso afectarla, como lo apreció la Comisión Federal de Competencia Económica en la opinión número OPN-004-2018, en el sentido de que las normatividades que tratan de regular la circulación de autotransporte de carga en cuanto a vías, permisos y horarios, afectan el proceso de competencia económica y la libre concurrencia en la privación de los servicios públicos y privados de autotransporte de carga.
Refiere que no se puede justificar la negativa de la suspensión al aludir a los beneficios que ésta puede generar, relacionados con la supuesta disminución de accidentes viales en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, si no se tienen elementos de prueba o información que los demuestren.
Agrega que se debe también considerar que el factor relativo a la contaminación causada por las emisiones de los vehículos en la zona urbana, si bien se ha incrementado razonablemente en los últimos años, el problema no se debe exclusivamente a los camiones de carga e, incluso, se debe tomar en cuenta que en ese ámbito las autoridades tienen la obligación de velar por la correcta aplicación de las normas ecológicas y ambientales respectivas, lo que seguiría realizando la quejosa en caso de obtener la medida cautelar, pues la misma no la exime de continuar observando las disposiciones correspondientes ni la libera de la posibilidad de que se le apliquen las sanciones a las infracciones en que incurra.
Por otro lado, la parte recurrente alega en su agravio segundo que procede que se otorgue la suspensión provisional, al estimar que es mayor el perjuicio que resentiría de llegar a negarse la medida cautelar, en relación con aquel que podría afectar a la sociedad en general.
Esgrime nuevamente que cuenta con las autorizaciones necesarias emitidas por las autoridades competentes para realizar la actividad de transporte de carga, de modo que si su solicitud cumple los requisitos legales correspondientes, en tanto que no se afectan el interés social ni el orden público, entonces debe estimarse procedente su petición y considerar que el Juez Federal no efectuó un estudio de fondo con las particularidades necesarias que denoten que se están restringiendo en su perjuicio los derechos fundamentales de tránsito y de comercio.
Pide que se considere que, excepcionalmente, procede el otorgamiento de la suspensión anticipando los posibles resultados que se obtengan con la resolución de fondo del asunto, como en el caso en que exista una probabilidad razonable de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y las circunstancias permiten sostener que hay peligro en la demora de su concesión.
Estima también necesario que el tribunal aprecie que los actos reclamados son de carácter prohibitivo y que, en ese sentido, ameritan la suspensión provisional para que no se interrumpa el ejercicio de los derechos aludidos.
Ahora, son infundados los agravios hechos valer por la recurrente, donde aduce que la concesión de la medida cautelar no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público y que, de no de concederse la medida cautelar, se podrían transgredir los derechos de la parte quejosa al libre tránsito y al trabajo.
En efecto, la lectura de la demanda de amparo permite advertir que, a través de ella, la impetrante de derechos fundamentales reclama concretamente la emisión de los artículos 5o., fracciones XVI y XVII, 71, fracciones IX y X, 71 Bis y 174 Ter del Decreto 27591/LXII/19, y todas las consecuencias que deriven de su entrada en vigor, con lo cual hace referencia a las posibles infracciones que, conforme a sus facultades, las autoridades en la materia pudieran imponer a los vehículos de carga pesada con los cuales desarrolla sus actividades comerciales.
Esas normas tienen por objeto regular la seguridad vial en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco y determinan las condiciones legales y de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus conductores para su circulación.
Para dimensionar las razones de su emisión es importante mencionar que la exposición de motivos que antecedió al decreto correspondiente se sustentó en el "Estudio de Origen y Destino del Transporte de Bienes y Servicios que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco", en el cual se hace constar el problema que se presenta en la zona en cuanto a una deficiente integración de sus flujos de transporte con los procesos de articulación logística regional, nacional e internacional, debido a problemas de planeación, diseño y operatividad de la infraestructura actual.
El aludido estudio expone que, en esas condiciones, el paso obligado de los distintos modos de transporte termina teniendo como consecuencia el retraso de los flujos provocados en términos generales por la congestión vial, la mala planeación y gestión urbanas, así como la carencia de infraestructura especializada, de modo que lo que podría funcionar como un nodo de transferencia termina obstruyendo la movilidad de mercancías, al absorberlo en su problemática particular.
En dicho documento se señala entonces, por esas y otras razones, la necesidad de que se integren todos los procesos urbanos y económicos que competen al flujo de mercancías y se implemente una política que en forma acertada mejore la competitividad de la zona en este sector, y eso es lo que a través de dicho conjunto de normas, como parte de otras acciones, se trata de efectuar (sic) la integración necesaria para el ordenamiento del transporte y la mejora permanente de su calidad.
De esa manera, al entender los conceptos relacionados con el interés social y el orden público a los que el Juez de primer grado hizo referencia, los cuales orientan a considerar prevalente cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un hecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples o diversos aspectos, de modo que se prevenga un mal público y se satisfaga, por el contrario, cualquier necesidad colectiva o el logro de un bienestar común, es que se concuerda en estimar que de concederse la suspensión provisional se infringiría el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se afectarían esos dos valores, al interrumpir un programa creado por el Gobierno del Estado de Jalisco para mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
Se estima de esa manera pues, como lo pretende la parte quejosa, se estaría posibilitando que los vehículos de transporte de carga pesada puedan continuar circulando libremente, sin restricción alguna, dentro de los límites territoriales establecidos en el Mapa Funcional y en los lineamientos que para tal efecto emita el aludido instituto cuando se trate del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco (en los que se contemplan la clasificación vehicular, horarios de restricción, casos de excepción, descripción del Mapa Funcional y mapa anexo y la circulación dentro del polígono de restricción).
En otro aspecto, de acceder a la pretensión de la parte inconforme, también se le estaría dando la posibilidad de quedar exenta de la obligación de obtener el permiso a que se refiere el artículo 71 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y de cumplir con el resto de los requisitos que ese ordenamiento delinea.
Lo anterior resulta más claro de comprender, si se traen a colación las normas reclamadas de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, cuyos textos disponen:
"Artículo 5o. Las acciones relativas a la movilidad y el transporte se regularán mediante los actos y procedimientos administrativos que se establecen en esta ley y en sus reglamentos.
"Para tal efecto, se entenderá por:
"...
"XVI. Lineamientos: directrices generales que operan la regulación del transporte de carga en el área metropolitana de Guadalajara, emitidos por el instituto;
"XVII. Mapa Funcional: cartografía física y/o digital que señala las vías metropolitanas para la circulación y/u operación de vehículos de transporte de carga."
"Artículo 71. Para circular en las vías públicas de comunicación local, los propietarios, legítimos poseedores o conductores de vehículos, deberán acatar las siguientes normas:
"...
"IX. Los vehículos de carga, para la entrada, salida y circulación intraurbana dentro de los límites territoriales establecidos en el Mapa Funcional y en los lineamientos que para tal efecto emita el instituto cuando se trate del área metropolitana de Guadalajara, deberán obtener el permiso correspondiente por parte de la secretaría. Queda prohibida la circulación de los tractocamiones doblemente articulados, dentro de la delimitación territorial establecida por el Mapa Funcional, en los horarios que los lineamientos establezcan; y
"X. Los vehículos de transporte de carga contemplados en la norma oficial federal correspondiente, para su circulación en el Estado, deberán cumplir con las condiciones de peso y dimensiones máximas que dicha norma establezca."
"Artículo 71 Bis. Los lineamientos y el Mapa Funcional señalados en el artículo 71, fracción IX establecerán, por lo menos, la clasificación vehicular del transporte de carga y sus modalidades con base en la norma oficial que determine su peso y dimensiones máximas, los límites territoriales, así como la regulación de tránsito y horarios para su ingreso, salida y circulación intraurbana dentro de la delimitación territorial establecida."
"Artículo 174 Ter. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos de carga a que se refiere la fracción X del artículo 71 de esta ley, que excedan los máximos de peso, dimensiones o ambas, establecidos conforme a la norma oficial federal correspondiente, en los siguientes términos:
"I. Por exceder de alto hasta 20 centímetros, se aplicará una sanción de 25 a 70 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
"II. Por exceder de alto más de 20 centímetros, se aplicará una sanción de 75 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
"III. Por exceder de ancho hasta 25 centímetros, se aplicará una sanción de 25 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
"IV. Por exceder de ancho más de 25 centímetros, se aplicará una sanción de 150 a 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
"V. Por exceder las dimensiones de largo hasta en 100 centímetros, se aplicará una sanción de 25 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
"VI. Por exceder las dimensiones de largo más de 100 centímetros, se aplicará una sanción de 150 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
"VII. Por exceder de peso hasta 2000 kgf, se aplicará una sanción de 25 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; y
"VIII. Por exceder de peso de 2001 hasta 3000 kgf, se aplicará una sanción de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por cada 1000 kgf o fracción que exceda de peso el límite anterior, aumentará la sanción de 75 a 80 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización."
De acuerdo con las normas reproducidas es dable advertir que en ellas se regulan, entre otras cosas, las condiciones sobre las cuales se desarrollará el transporte de carga en la zona metropolitana, para lo cual, dichas disposiciones disponen la necesidad de obtener el permiso correspondiente por parte de la secretaría, que les permita entrar, salir y circular de manera intraurbana dentro de los límites territoriales establecidos en el Mapa Funcional y en los lineamientos que para tal efecto emita dicho instituto cuando se trate del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco; prevén la circulación de ciertos vehículos en los horarios por implementar y establecen las sanciones para el caso de incumplimiento.
De esa manera, es claro que las normas reclamadas reportan una mejora en materia de tránsito vehicular en beneficio de la colectividad, a través del establecimiento de esas medidas que tienden a evitar el retraso de los flujos provocados en términos generales por la congestión vial, la mala planeación y gestión urbanas, así como la carencia de infraestructura especializada.
Los indicados lineamientos también producen un beneficio para la colectividad, porque ayudarán a disminuir el tráfico vehicular y, con ello, el índice de accidentes, de personas lesionadas y fallecidas como consecuencia de ellos, así como en una disminución en la contaminación del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
Además, no se debe desconocer que la sociedad está interesada en que los vehículos de carga pesada circulen por vías limitadas y restringidas en el horario y lugares de circulación.
En apoyo a las consideraciones anteriores, tiene aplicación la tesis I.8o.A.118 A (10a.), que en lo conducente se comparte, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, octubre de 2017, página 2400 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas», con número de registro digital: 2015414, que dice:
"‘ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS TEMPORALES PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MINIMIZAR LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES O EMERGENCIAS ECOLÓGICAS, PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES’, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 4 DE ABRIL DE 2016; ‘MODIFICACIONES AL PROGRAMA HOY NO CIRCULA’, EMITIDAS POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 2016, Y ‘PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS PARA LA TEMPORADA SECA-CÁLIDA’. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS RESTRICCIONES QUE ESTABLECEN. El derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene múltiples manifestaciones que impactan en todas las materias relacionadas con el hombre como especie; esto es, resulta claro que el ambiente, en su definición más básica, comprende todo lo que rodea a la persona, en cuanto aspectos de la naturaleza necesarios para su sobrevivencia como especie, por lo que no puede desconocerse que el aire, la tierra y el agua son los elementos indispensables para mantener la vida del ser humano. Así, el derecho fundamental mencionado tiene como obligación correlativa para el Estado, garantizar su efectividad con normas y actos que tiendan a protegerlo, incluso con medidas que restrinjan algunas actividades de las personas, en aras del bien colectivo. En estas condiciones, una mala calidad del aire repercutirá en la salud y el bienestar de la persona, por lo que es obligación de la autoridad administrativa competente crear y aplicar normas que tiendan a prevenir, mitigar o compensar el daño ocasionado al ambiente y, particularmente, al aire, como ocurre con las medidas que tienen por materia regular el impacto que produce la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, como son los vehículos o automotores. Por tanto, contra las restricciones establecidas en el ‘Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles’, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de abril de 2016; las ‘modificaciones al Programa Hoy No Circula’, emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis en sesión extraordinaria de 28 de marzo de 2016, y el ‘Programa de contingencias ambientales atmosféricas para la temporada seca-cálida’ es improcedente conceder la suspensión en el amparo promovido en su contra, porque se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues aunque esos actos no establecen criterios técnicos de naturaleza objetiva –medición de los niveles de contaminación emitidos por vehículos automotores–, para restringir la circulación de automotores en la megalópolis, tienen la finalidad de prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas provenientes de fuentes móviles, como son los vehículos automotores, sin que resulte relevante que el quejoso tenga el holograma ‘0’, porque al limitarse la circulación a todos, se trata de evitar que el gran número de vehículos en circulación propicie congestionamientos de tránsito, como un factor adicional que contribuye a la emisión de precursores de ozono."
También es aplicable, por las razones que informa, la tesis I.5o.A.90 A, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 3183, con número de registro digital: 166270, de rubro y texto:
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA CONTROLAR Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y EL CONGESTIONAMIENTO VIAL PRODUCIDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y EMPRESAS EN EL DISTRITO FEDERAL, EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL Y EL MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE ÉSTE, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2, 3 Y 9 DE FEBRERO DE 2009, RESPECTIVAMENTE.—En el artículo 124, fracción II, inciso f), de la Ley de Amparo, el legislador señaló que se decretará la suspensión en el juicio de garantías cuando, entre otros requisitos, no se contravengan disposiciones de orden público ni se siga perjuicio al interés social, y que esto ocurre cuando, de concederse la medida, se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas. En ese contexto, si las referidas disposiciones administrativas tienen como objetivos primordiales la conservación y protección del medio ambiente, contribuir al mejoramiento de la calidad del aire y la movilidad en la Ciudad de México, así como reducir los impactos negativos sobre la salud pública derivados de los congestionamientos viales, especialmente en las franjas horarias que corresponden a las horas de entrada y salida de los establecimientos escolares, para contribuir a alcanzar una mejor calidad de vida de la población de la zona metropolitana del Valle de México, debe negarse la suspensión contra ellas, dado que no se cumple con el requisito previsto en el mencionado precepto, en razón de que la colectividad está interesada en la protección de su salud."
En ese sentido, y anticipando que todas las consideraciones anteriores no prejuzgan de ninguna manera sobre lo que habrá de decidirse al resolver el asunto en lo principal, es que se estima que, contrariamente a lo expuesto en los agravios, las disposiciones reclamadas no generan prohibición para el desarrollo de las actividades de transporte de carga que la persona realiza, pues ésta puede continuar con su desarrollo en caso de que cumpla las condiciones y requisitos que se encuentran establecidos con la implementación de las disposiciones de referencia, los cuales tienden a eficientar los flujos de tráfico, evitar la congestión, disminuir riesgos y retrasos, así como procurar la organización de la infraestructura de las operaciones logísticas; razones en las cuales se apoyó el auto recurrido para señalar que de otorgarse la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
Incluso, ante tales motivos y adverso a lo expuesto en los agravios, se estima que el verse constreñida la parte quejosa a obtener un permiso para circular bajo las condiciones del mismo, no constituye un elemento a considerar para estimar que lo que procede es otorgar la medida cautelar, en tanto que no impide el desarrollo de la actividad comercial que realiza, como se dijo, ya que sólo establece condiciones para el desarrollo organizado de dicha actividad, de manera ajustada a la estrategia vial implementada para favorecer la desconcentración de la carga vehicular en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco en horarios de mayor circulación, para garantizar la seguridad a través de evitar riesgos y propiciar la fluidez del tránsito. Por lo anterior, se reitera que por ese motivo no se considera que se trata de normas prohibitivas sino condicionales, cuya suspensión no procede, a fin de no contrariar efectivamente el interés social y las disposiciones de orden público a que se refirió el juzgador, que ameritan en este caso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29557-2f39061e/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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