GASTOS FINANCIEROS. ES PROCEDENTE SU CONDENA SI SE ACREDITA EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO, AUN CUANDO NO SE HAYAN ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, FERNANDO LÓPEZ TOVAR, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO Y HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. DISIDENTE: J. JESÚS CONTRERAS CORIA. PONENTE: PATRICIA MÚJICA LÓPEZ. SECRETARIO: JOSÉ ULICES SÁNCHEZ CASTILLO.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer y resolver esta contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como los numerales 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.
8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por Rafael Villaseñor Villaseñor, quien es apoderado de los quejosos, en los juicios de amparo directo 637/2018 y 159/2017 que dieron origen a la presente contradicción de tesis.
9. TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima oportuno analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.
10. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 841/2016 en sesión de doce de mayo de dos mil diecisiete, estimó en la parte que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO.—El único concepto de violación formulado en lo principal, es esencialmente fundado.
"En principio, se estima necesario tener presentes los antecedentes del caso, que son los siguientes:
"La parte actora, ahora tercero interesada, **********, promovió juicio contencioso administrativo, en contra del director general de los Servicios de Salud, del secretario de Salud y de la Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó:
"‘II. La resolución que se impugna: La continua negativa de pago del adeudo del contrato número **********, acreditado con el contrarecibo ********** de fecha **********, por el importe de ********** que ampara diversas facturas. Con UPP 17 Secretaría de Salud y UR 06 Régimen Estatal de Protección Social en Salud ...’ (foja 4 del juicio administrativo)
"...
"De igual forma, la parte actora en su único concepto de impugnación, medularmente adujo que continuaba la negativa tácita de pago, derivada del contrato de compraventa número **********, celebrado en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles y su reglamento, con lo que, afirmó, se vulneraban sus derechos para obtener el pago del contrarecibo **********, por la cantidad de $********** (********** moneda nacional), toda vez que en la cláusula quinta del citado consenso de voluntades, se fijaron las condiciones de pago, estableciéndose que éste se efectuaría a los sesenta días naturales siguientes a la recepción de los bienes y la factura y, ante su incumplimiento, solicitaba se le reconociera el derecho para su exigibilidad y se ordenara el pago de las prestaciones relativas (fojas 11, 12 y 15 del juicio administrativo).
"De dicho juicio correspondió conocer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, registrándolo con el número de expediente JA-********** y seguidos que fueron los trámites correspondientes, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia que culminó con los puntos resolutivos siguientes:
"‘PRIMERO.—Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio administrativo.
"‘SEGUNDO.—No se actualizaron causales de improcedencia o sobreseimiento.
"‘TERCERO.—La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, por lo que la misma resulta procedente, en consecuencia;
"‘CUARTO.—Se condena a las autoridades demandadas a pagar a favor de la parte actora, las cantidades y conceptos precisados en los considerando (sic) octavo de este fallo, por las razones expuestas en el séptimo considerando.
"‘QUINTO.—Resultó improcedente el pago de impuesto al valor agregado generados por los gastos financieros en virtud de las consideraciones apuntadas en el séptimo considerando.
"‘Cúmplase.’ (foja 203 del juicio administrativo)
"Esta es la sentencia que constituye materia de reclamo en la presente instancia constitucional.
"En una parte de dicha determinación, la autoridad responsable resolvió lo que se advierte de la transcripción siguiente:
"‘En tales circunstancias, la pretensión relativa al pago de gastos financieros actualizados, también resulta procedente, aun y cuando los mismos no hubiesen sido pactados en el contrato de compraventa por adjudicación directa mediante Acuerdo Número **********, de veintiocho de diciembre de dos mil doce.
"‘Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 144/2007, aplicada por analogía, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 118, cuyos rubro y texto dicen: (la transcribe)
"‘Del criterio jurisprudencial transcrito, aplicado al caso en particular, se advierte que el pago de gastos financieros son procedentes aun y cuando en el contrato de compraventa por adjudicación directa mediante Acuerdo Número ********** de veintiocho de diciembre de dos mil doce, no se hubieran pactado de manera expresa.
"‘Aunado a lo anterior, no se pasa desapercibido que en el contrato número ********** celebrado el día veintiocho de diciembre de dos mil doce, en su cláusula quinta, se señala expresamente lo siguiente:
"‘«Quinta. De las condiciones de pago. Se efectuará a los 60 (sesenta) días naturales siguientes de la recepción de los bienes y la (s) factura (s) previamente validada (s) por el Departamento del Almacén Central de Servicios de Salud de Michoacán, las cuales deberán estar debidamente requisitada (s) en moneda nacional, conforme a las disposiciones fiscales federales vigentes, y presentarse a Servicios de Salud de Michoacán, de conformidad con el artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.»
"‘De lo antes transcrito se advierte que el pago de los insumos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se efectuará a los 60 días naturales siguientes de la recepción de los bienes y la factura previamente validada por el Departamento del Almacén Central de Servicios de Salud de Michoacán, la cual deberán (sic) estar debidamente requisitada en moneda nacional, conforme a las disposiciones fiscales federales vigentes, y presentarse a Servicios de Salud de Michoacán, de conformidad con el artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
"‘Por su parte el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone lo siguiente:
"‘«Artículo 26. Las dependencias, entidades y la dirección, deberían establecer con precisión en los contratos que celebren, además el (sic) contenido de las bases de la licitación a que se refiere el artículo 9o. de este reglamento, las condiciones específicas de pago siguientes:
"‘«I. Plazo para efectuarlo a partir de la fecha en que sea exigible la obligación, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días hábiles;
"‘«II. Tasa de descuento que en su caso se pacte por pronto pago; y,
"‘«III. Tasa de gastos financieros que en su caso se pacte por inclumplimiento (sic) al pago en el plazo que se establezca conforme a la fracción I, que en ningún caso podrá ser mayor a la establecida en la Ley de Ingresos del Estado, tratándose de prórroga para pago de créditos fiscales especificando que dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días de calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.»
"‘Del precepto legal inserto, se desprende que el reglamento aplicable en el caso que nos ocupa, prevé el pago de gastos financieros, los cuales son generados por la omisión en la realización del pago en el plazo establecido, los cuales se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarón (sic) por días de calendario desde que venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
"‘Ahora bien, para efectos de su cuantificación es menester precisar que, como ya quedó esclarecido en epígrafes anteriores, de las constancias que obran en autos, así como de los escritos de contestación de demanda, se advierte que las autoridades demandadas señalan que la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Fianzas y Administración el quince de noviembre de dos mil trece emitió el contrarecibo número **********, ello una vez que se recibieron de conformidad los insumos y se validaron diversas facturas relacionadas con la orden de pedido número **********, de veintiocho de diciembre de dos mil doce, por la cantidad de $********** (********** M.N.).
"‘Aunado a lo anterior, la parte actora en su escrito de alegatos de once de mayo de dos mil dieciséis –los cuales obran a fojas 115 a 128 de autos–, en la parte donde reclama el pago de gastos financieros –último párrafo de la foja 125 de autos– aduce esencialmente, que si el contrarecibo en cita fue emitido el quince de noviembre de dos mil trece, y si el plazo para realizar el pago del mismo era de sesenta días una vez entregados los insumos y validadas las facturas correspondientes, es que dicho contrarecibo debió ser pagado a más tardar el día quince de enero de dos mil catorce, por lo que de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 primer párrafo, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles vigente en el Estado de Michoacán, es dicho día en el cual se venció el plazo pactado en la multicitada cláusula quinta del contrato que nos ocupa.
"‘En ese contexto, y atendiendo a la causa de pedir de la parte actora, este órgano jurisdiccional procederá al cálculo de los gastos financieros a partir del día quince de enero de dos mil catorce, derivados del incumplimiento en que incurrieron las autoridades, las cuales deberán pagar gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, según corresponda.
"‘Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días de calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que las cantidades se encuentren a disposición del proveedor, incluso aun y cuando las partes no lo hayan pactado, pues ello tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 144/2007, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra transcrita en párrafos de (sic) antecedentes.
"‘En contra de lo anterior, la parte quejosa en el único concepto de violación, aduce que se le causa un detrimento de tipo patrimonial a través de la afectación de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que se le condenó al pago de gastos financieros, al considerar que su cobro es procedente en relación con las obligaciones causadas y no cubiertas respecto de las cargas derivadas de un contrato administrativo, aún y cuando las partes contratantes no lo hayan pactado expresamente dentro de dicho acuerdo de voluntades, premisa que, según su criterio, no es acertada, por las razones siguientes:
"‘- El tribunal responsable para fundamentar tal afirmación, aplicó por analogía la jurisprudencia 1a./J. 144/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «GASTOS FINANCIEROS. ES PROCEDENTE CONDENAR AL PAGO DE LOS MISMOS SI SE ACREDITA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS, AUN CUANDO LAS PARTES NO LO HAYAN PACTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS).»
"‘- De un análisis basado únicamente en el aspecto literal o gramatical del contenido de la jurisprudencia, se obtienen los componentes argumentales básicos siguientes: a) es procedente condenar al pago de gastos financieros cuando se reclama tal prestación, si se acredita que se ha incumplido con los pagos de estimaciones y ajustes de costos; b) dicha obligación surge aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública; y, c) el cumplimiento de las leyes de orden público y las obligaciones y cargas que de éstas derivan no puede ser optativo para las partes.
"‘- No obstante lo anterior, afirma, existen datos ciertos que permiten concluir que el criterio jurisprudencial aplicado por analogía, si bien guarda similitud con el asunto en cuanto al tema general de cobro de gastos financieros, en la especie no era aplicable para decidir el asunto, ya que: a) la tesis refiere específicamente al contrato administrativo de obra pública; b) interpreta específicamente una legislación diversa a la vigente en el Estado de Michoacán, esto es, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que es una norma jurídica federal, principalmente el contenido de sus artículos 61 y 69; c) no solamente interpreta una ley federal y no la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, sino que la norma interpretada en la contradicción de tesis difiere sustancialmente de las disposiciones vigentes en la entidad federativa y que rigen el presente caso, para resolver el problema jurídico planteado; d) el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas señala explícitamente cuáles son las cláusulas que deben contener, como mínimo, los contratos de obra pública, entre las que se encuentran las relativas al pago de estimaciones y ajustes de costos; y, e) el artículo 69 del mismo ordenamiento jurídico, advierte claramente cuáles son las consecuencias legales que resultan en caso de infringir este tipo de cláusulas, derivando así, por causa de su incumplimiento, entre otras sanciones, que cuando se incumpla en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia deberá pagar gastos financieros.
"‘- Indica que el término «deber jurídico» debe interpretarse como la obligación de hacer u omitir legalmente algo y el eje argumental del criterio del Alto Tribunal para resolver la contradicción de tesis, fue precisamente la interpretación gramatical del numeral 69 en cita, con base en la función lingüística del término «deberá»; que dicho tribunal señaló que en los contratos administrativos las partes no sólo están obligadas al cumplimiento de las cláusulas que pacten expresamente, sino también a las que derivan de su propio régimen legal vigente; que el tema ya había sido analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: «CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.»; que la legislación vigente en el Estado de Michoacán, constituye en este caso la norma aplicable para analizar la regularidad y complementariedad del contrato administrativo; y, que la legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, así como su reglamento.
"‘- Afirma que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, establece la norma que rige el tema de gastos financieros para efectos de un contrato administrativo, pues dispone lo siguiente: I. Los contenidos o cláusulas mínimos con los que debe contar un contrato administrativo; II. Las personas morales oficiales deberán establecer con precisión las condiciones específicas de pago que menciona ese mismo numeral; III. Entre tales condiciones de pago, se encuentra la carga de establecer expresamente la tasa de gastos financieros; IV. Señala, al referirse a la tasa de gastos financieros la expresión: «... que en su caso se pacte ...» por incumplimiento de pago; y, V. Que dicha tasa en ningún caso podrá ser mayor a la establecida en la Ley de Ingresos del Estado, tratándose de prórroga para pago de créditos fiscales.
"‘- Agrega que los aspectos contenidos en la fracciones IV y V, son de suma importancia, pues determinan que las partes podrán ‘... en su caso ...’, pactar una tasa de gastos financieros, pero nunca dice que tendrán o deberán hacerlo, haciendo optativo o que quede a disposición de las partes no establecer dicha carga u obligación, así como que no establece un índice o porcentaje legal, sino que fija un parámetro máximo que no podrá ser rebasado en ningún caso; que por lo anterior, en los contratos regidos por la legislación estatal, la condena de gastos financieros procede únicamente ante un pacto expreso que respecto de los mismos quede contenido en el contrato, lo que, afirma, no aconteció en la especie, pues tal acuerdo de voluntades no contiene cláusula o manifestación alguna en relación con dichos gastos.
"‘Como se adelantó, lo alegado es sustancialmente fundado.
"‘De la porción de la sentencia transcrita con antelación, se advierte que la autoridad responsable declaró procedente la pretensión de la parte actora relativa al pago de los gastos financieros, aún y cuando, afirmó, no hubiesen sido pactados en el contrato de compraventa por adjudicación directa **********, de veintiocho de diciembre de dos mil doce.
"‘Aseveración que el tribunal del conocimiento sustentó en el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 144/200731 (sic), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aplicó por analogía, de rubro y texto siguientes:
"‘«GASTOS FINANCIEROS. ES PROCEDENTE CONDENAR AL PAGO DE LOS MISMOS SI SE ACREDITA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS, AUN CUANDO LAS PARTES NO LO HAYAN PACTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS).» (la transcribe)
"‘Luego estableció que del criterio jurisprudencial transcrito, aplicado al caso particular, se apreciaba que el pago de gastos financieros son procedentes (sic) aun y cuando en el contrato de compraventa base de la acción, no se hubieran pactado de manera expresa.
"‘Enseguida, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles Inmuebles (sic) del Estado de Michoacán de Ocampo estableció el monto total de pago por dicho concepto, a cargo de las autoridades demandadas.
"‘Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que, tal y como lo aduce la parte quejosa, fue ilegal la determinación de la autoridad responsable, al considerar que la jurisprudencia que invocó, resulta aplicable por analogía al caso que nos ocupa.
"‘Para evidenciar lo anterior, es necesario transcribir el contenido de la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 86/2007-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil, y Séptimo en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito, de la que emergió el criterio jurisprudencial de que se trata, en la que se estableció: (la transcribe).’
"De la anterior transcripción se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el contenido de los artículos 1o., 13, 61, 68 y 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas abrogada, de los cuales estableció que se tiene por cierto lo siguiente: 1) que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas es de orden público e interés social; 2) que en todo lo no previsto en la misma será aplicable en forma supletoria el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 3) las cláusulas que deben contener, como mínimo, los contratos de obra pública; y, 4) las consecuencias legales que tienen que cumplirse cuando se infringen algunas de estas cláusulas, conforme a lo dispuesto en la propia Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, las cuales, indicó, son, en esencia, las siguientes: a) que cuando se incumpla en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación; b) que cuando el contratista reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación; y, c) que las estipulaciones antes mencionadas deberán pactarse en los contratos respectivos.
"Luego, indicó que en términos de los artículos 1796 y 1839 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, las partes no sólo están obligadas al cumplimiento de las cláusulas que pacten expresamente en los contratos de obra pública, sino también a las que derivan de su propio régimen legal, es decir, de la citada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
"Enseguida, afirmó que conforme a los artículos 6o., 7o. y 8o. del Código Civil Federal, los particulares no pueden excusar el cumplimiento de la ley, y que sólo pueden renunciar a sus derechos estrictamente privados, haciéndolo de una manera clara y precisa, de modo tal que no quede duda de cuál es el derecho al que se renuncia, siempre y cuando la renuncia no afecte derechos que emanen de leyes de interés público, tal como es el caso de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; por ello, las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública.
"Precisó que tomaba suma relevancia que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas sea de orden público e interés social, pues, resultaba evidente que las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública.
"Por otra parte, agregó, el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, señala explícitamente cuáles son las cláusulas que deben contener, como mínimo, los contratos de obra pública, entre las que se encuentran las relativas al pago de estimaciones y ajustes de costos.
"De esta manera, puntualizó, el artículo 69 del mismo ordenamiento jurídico, advierte claramente cuáles son las consecuencias legales que resultan en caso de infringir este tipo de cláusulas, derivando así por causa de su incumplimiento las sanciones siguientes: 1) que cuando se incumpla en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia deberá pagar gastos financieros; y, 2) que cuando el contratista reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar tales cantidades, más los intereses correspondientes, ambas conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación.
"Indicó que las consecuencias legales establecidas en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, constituyen en sentido estricto deberes jurídicos y, por tanto, su cumplimiento no puede ser optativo para las partes, pues jurídicamente son una obligación y la observancia de las leyes no puede ser eximida por la voluntad de los particulares de acuerdo con el artículo 6o. del Código Civil Federal.
"Refirió que el silencio no es ninguna forma de manifestación de la voluntad y que jurídicamente no pueden producirse consecuencias jurídicas por la simple omisión de los contratantes, menos aún cuando se trata de una legislación de orden público, tal y como es el caso de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, pues las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública.
"Concluyó que, por las razones expuestas, sí es procedente condenar al pago de gastos financieros, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en los contratos de obra pública, por ser una consecuencia legal del incumplimiento a los pagos de estimaciones y ajustes de costos, con la precisión de que dicha condena no debe ser oficiosa.
"Consecuentemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio transcrito en párrafos precedentes.
"De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable no realizó un análisis íntegro de la jurisprudencia que invocó, ni de su ejecutoria, pues no advirtió que la misma, en primer lugar, interpreta la abrogada Ley de Adquisición y Obras Públicas, la cual tenía por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como la obra pública y los servicios relacionados con la misma, que contrataran las entidades federativas, cuando se realizaran con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebraran con el Ejecutivo Federal, como se advierte del contenido de los artículos siguientes:
"‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como de la obra pública y los servicios relacionados con la misma, que contraten:
"‘I. Las unidades administrativas de la presidencia de la República;
"‘II. Las secretarías de Estado y departamentos administrativos;
"‘III. Las Procuradurías Generales de la República, y de Justicia del Distrito Federal;
"‘IV. El gobierno del Distrito Federal;
"‘V. Los organismos descentralizados, y
"‘VI. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sean considerados entidades paraestatales.
"‘Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias que se refieren en este artículo.
"‘Las dependencias y entidades señaladas en las fracciones anteriores, se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.
"‘No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley, los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades.’
"‘Artículo 6o. Solamente estarán sujetas a las disposiciones de esta ley las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública, que contraten las entidades federativas, cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que en su caso, corresponda a los municipios interesados.’
"En segundo lugar, el supuesto fáctico que analiza dicho criterio, es distinto al que en la especie acontece, toda vez que se refiere al pago de gastos financieros como una sanción para la entidad o dependencia contratante que incumple con los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, no así a la procedencia en el pago de gastos financieros por incumplimiento de pago, aun y cuando no hayan sido pactados expresamente en el contrato, como acontece en el caso en estudio.
"En efecto, la Primera Sala estableció que sí era procedente condenar al pago de gastos financieros, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en los contratos de obra pública, por ser una consecuencia legal del incumplimiento a los pagos de estimaciones y ajustes de costos; en tanto que, en la especie, el pago de los gastos financieros se demandó no obstante la inexistencia de una cláusula expresa sobre la generación de los mismos, como una consecuencia de la falta de pago del contrarecibo generado con motivo del contrato de compraventa celebrado.
"Aspectos los anteriores que no observó la autoridad responsable al momento de resolver sobre la procedencia del pago de gastos financieros, motivo por el cual, no puede aplicarse el criterio citado al no tratarse del supuesto analizado.
"Ahora, es necesario rec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29617-d2fb667d/gastos-financieros-es-procedente-su-condena-si-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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