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Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN. DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS. EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 29672
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUE
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo I, Pág. 633.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 27 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS MANUEL BARÁIBAR TOVAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la denuncia fue presentada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito; denuncia en la que participa dicho tribunal al resolver los amparos directos **********.

TERCERO.—Criterios contendientes. Con el propósito de verificar si en realidad los criterios bajo estudio provienen de ejercicios de interpretación que analizan el mismo problema jurídico y se contraponen, a continuación, se desglosarán los datos fácticos, procesales, y las consideraciones torales de cada una de las ejecutorias que constituyen los criterios contendientes.

A. Criterio contendiente sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito (al resolver los amparos directos **********).

Para efectos dinámicos y generar mayor claridad en la estructura de esta resolución, se estima conveniente plasmar, en primer lugar, (A.1) la secuela procesal y los hechos fácticos correspondientes al amparo directo **********; en segundo lugar (A.2), se hará lo mismo para el distinto amparo directo **********; finalmente (A.3), se expondrán las consideraciones y puntos resolutivos que sustentó el Tribunal Colegiado al resolver ambos asuntos, toda vez que ambos amparos se resolvieron con las mismas consideraciones y para los mismos efectos.

A.1 Amparo directo **********

• **********, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia pronunciada el diez de junio de dos mil diecinueve, por el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en el toca ********** de su índice, y de otra autoridad su ejecución; señalando como preceptos violados los contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Admitida y registrada la demanda como amparo directo **********, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se turnó al Magistrado ponente.

• Como antecedentes procesales, se advierte que, en el Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado, con sede en Celaya, se instruyó la causa penal ********** a **********, por el delito de violencia familiar en agravio de **********; dictándose sentencia condenatoria, resolución que fue confirmada por la responsable en grado de apelación.

• Conviene remembrar que en el acto reclamado, se confirmó la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso por su responsabilidad penal en la comisión del delito de violencia familiar, al considerarse demostrado más allá de toda duda razonable que el sentenciado **********, iniciaron una relación de noviazgo dentro de la cual procrearon a una hija que nació el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, y en la que en diversas ocasiones ********** insultó a ********** e incluso le propinó golpes en su cuerpo con sus miembros corporales. En ese tenor, de manera específica, que el ocho de julio de dos mil diecisiete, después de las 15:00 horas, se encontraban el sentenciado y la citada **********, a bordo de una camioneta, momento en el cual ésta le refirió a ********** que ya no deseaba continuar esa relación, motivo por el cual éste le propinó diversos golpes con el puño cerrado en su brazo y pierna izquierdos, sin que la ofendida pudiera hacer algo, debido a que llevaba a su hija en brazos y la camioneta estaba en movimiento.

• Empero, al arribar a esa conclusión, la autoridad responsable incurrió en una violación de tipo procesal, debido a que omitió verificar que la resolución recurrida se haya emitido sobre la base de un proceso sin infracción al derecho a la defensa adecuada.

• En el caso concreto, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dio inicio la audiencia de juicio con la presencia de las partes, incluido el entonces acusado, quien se hizo acompañar del licenciado **********, a quien designó como su defensor particular.

Sin embargo, al inicio de dicha audiencia, el abogado sólo fue identificado por el tribunal de la siguiente manera: "... licenciado **********, defensor del acusado, con datos ya registrados en el expediente."

Como se ve, ni en esa audiencia, ni en algún otro momento –según se aprecia de la inspección de los videos que documentan la audiencia de debate–, quedó asentado que el licenciado **********, tuviera expedida a su favor una cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, emitida por la autoridad competente y tampoco se inquirió esta cuestión durante el recurso de apelación. Lo cual se destaca, empero, sin prejuzgar acerca de si cuenta o no con dicha autorización.

A.2 Amparo directo **********

• **********, por conducto de su defensora particular **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, a los Magistrados de la Primera a la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y a otras autoridades su ejecución; señalando como preceptos violados los contenidos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Demanda que fue registrada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, como juicio de amparo **********; quien en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, previo desahogo de requerimiento, admitió la demanda por la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso, desechó respecto de la falta de notificación del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y declaró carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado, consistente en la sentencia que resolvió el recurso de apelación en comento.

Posteriormente, en acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, causó estado el desechamiento parcial de la demanda dictado en el proveído mencionado; asimismo se ordenó remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en turno, para que conociera del acto reclamado respecto del que declaró carecer de competencia.

• Previa regularización de la demanda, este tribunal aceptó la competencia planteada por el Juzgado Federal, se avocó al conocimiento del asunto y lo admitió como amparo directo **********. Finalmente, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se turnó al Magistrado ponente.

• Como antecedentes del caso, se advierte que en el Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, se instruyó la causa penal ********** en contra de **********, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, dictándose sentencia absolutoria; resolución que fue revocada en segunda instancia por el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de apelación en el toca ********** mediante ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

• Son fundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, aunque suplidos en su deficiencia en atención a la obligación prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

• En el caso concreto, debe relatarse que el tribunal de juicio relevó a una primera defensa elegida libremente por el quejoso, por considerar que era manifiesta su falta de dominio del sistema penal acusatorio; como consecuencia de ello, y en atención a la manifestación expresa del propio acusado al ser cuestionado por el tribunal acerca de si contaba con algún otro defensor, se procedió a convocar a un profesionista de la defensoría pública del Estado para que asumiera su patrocinio, por lo que se decretó un receso.

Reanudada la audiencia, la defensora pública compareciente solicitó la suspensión por un plazo de diez días con la intención de imponerse del contenido de la carpeta y con ello estar en aptitud de ejercer la defensa encomendada, petición que fue acordada de conformidad.

Fenecido el plazo, el quince de octubre de dos mil dieciocho, se reanudó la audiencia de juicio con la presencia de las partes, incluida la defensora pública, empero, el acusado se hizo acompañar también de la licenciada **********, a quien, por escrito signado por él y presentado el once de octubre anterior, designó como su defensora particular.

Al inicio de dicha audiencia, la abogada sólo fue identificada por el tribunal como: "licenciada **********, defensora particular".

Ante esa petición, el presidente del tribunal de juicio preguntó al acusado si estaba de acuerdo con esa designación y también, acerca de si estaba consciente de que ese cambio de defensa implicaría retrasar unos días más el inicio de la audiencia de debate, con la prolongación de la prisión preventiva impuesta, a lo que éste respondió que sí, que ésa era su voluntad y que estaba al tanto de las consecuencias de su designación.

Confirmado lo anterior, el presidente del tribunal procedió a tomar la protesta de la defensora particular, quien aceptó y protestó el cargo conferido y recibió de la defensora pública el tomo de la carpeta de investigación para el estudio del asunto. Por último, el tribunal de juicio ordenó la reanudación de la audiencia para el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

Como se ve, ni en esa audiencia, ni en algún otro momento –según se aprecia de la inspección de los videos que documentan la audiencia de debate–, quedó asentado que la licenciada **********, tuviera expedida a su favor una cédula profesional para ejercer la profesión de licenciada en derecho, emitida por la autoridad competente y tampoco se inquirió esta cuestión durante el recurso de apelación. Lo cual se destaca, empero, sin prejuzgar acerca de si cuenta o no con dicha autorización.

A.3 Consideraciones y puntos resolutivos que sustentó el Tribunal Colegiado al resolver ambos asuntos.

• Ante todo, debe tenerse presente que el artículo14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estado (sic) privativo de derechos a persona alguna, si no es a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Esto es lo que se conoce como derecho fundamental al debido proceso y se compone precisamente de esas formalidades cuyo primer núcleo (o núcleo duro) es: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar, y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Ese primer núcleo se complementa, además, con las garantías mínimas del debido proceso –llamadas "garantías judiciales" en el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– las cuales deben otorgarse a toda persona, cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, destacando entre ellas: el derecho a la defensa adecuada libremente escogida, consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 8.2, inciso d), de la mencionada convención.

Ese derecho fundamental, según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 405/2017, sólo puede considerarse tutelado dentro del sistema de justicia penal acusatorio, cuando la defensa del imputado es proporcionada por un licenciado en derecho con cédula profesional, lo cual debe quedar evidenciado en la videograbación de la audiencia correspondiente.

En efecto, en dicha ejecutoria la Corte retomó diversos precedentes, todos del sistema anterior, para sostener que el derecho a la defensa adecuada consiste en dar oportunidad a toda persona inculpada de que sea asistida por un defensor, cuya competencia técnica se acredita con el instrumento público que lo avale como licenciado en derecho, calidad profesional que no puede presumirse, ni siquiera porque la persona sea defensor público o de oficio; por lo que de no contarse con ese documento, o ante la duda de su existencia, debe considerarse actualizada una violación procesal que amerita la reposición del proceso para el efecto de que se investigue esa calidad profesional del defensor.

Trasladando esos razonamientos al sistema de justicia penal acusatorio y considerando además lo preceptuado en los artículos 17, 54, 113, 116 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Corte concluyó que el Juez de Control al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes, tiene la obligación de recabar sus datos generales, y después de obtenerlos, cuestionar al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de Sala –según se le denomine–, acerca de si esos datos fueron cotejados con las identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando desde luego el número de cédula profesional que corresponde al o a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado; todo lo cual podrá ser debatido, en atención al principio de contradicción, por los actores procesales.

Lo anterior es así, explicó la Corte, porque la calidad de licenciado en derecho del defensor debe acreditarse directamente ante el órgano jurisdiccional desde el inicio del procedimiento; por lo que es obligación del defensor exhibir la cédula profesional respectiva, así como realizar los trámites de registro correspondientes ante el aparato administrativo del Poder Judicial de que se trate; documento del cual debe quedar copia auténtica en los registros de la causa penal y que previamente habrá sido entregada, cotejada y verificada por el asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de Sala.

Siendo necesario que en la videograbación de la audiencia respectiva al menos queden registrados:

• La manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro (del poder judicial) y el correspondiente a su cédula profesional debidamente registrada ante la autoridad competente, así como del documento con el que se identifica plenamente (pues debe tenerse presente que actualmente existe un formato de cédula profesional que se emite en línea y no contiene imagen fotográfica de la persona).

• El momento en que el órgano de jurisdicción penal cuestiona al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de Sala, sobre si esos datos proporcionados por la persona que ejerce la defensa fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, así como con las bases de datos relativas, destacando desde luego, el número de cédula profesional.

• La Corte también indicó que: "si durante el desarrollo de la audiencia inicial, que es la que aquí nos ocupa, o en la celebración de posteriores, el imputado decide libremente cambiar de defensor; quien en su lugar sea designado deberá exhibir la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, lo cual igualmente deberá constar en el registro del expediente penal"; párrafo de la ejecutoria en cita que lleva a este Tribunal Colegiado a sostener que en la hipótesis de que en el trámite del recurso de apelación la defensa de la parte imputada corra a cargo de una persona distinta de la que haya ejercido esa función durante la audiencia que dio materia a la resolución recurrida (ya sea la inicial, la intermedia o la de juicio), el órgano de apelación deberá cerciorarse plenamente de que ambos defensores contaban con cédula profesional de licenciado en derecho desde el inicio de su intervención; aspecto que podrá verificar por cualquier medio a su alcance, verbigracia, requiriendo esa información directamente a las partes, al aparato judicial, al Juez de primera instancia, o a las dependencias de gobierno que corresponda, empero, resulta inevitable que la información concerniente (número de cédula y número de registro ante la autoridad judicial del profesional respectivo) quede videograbada en la audiencia que al efecto se celebre. También es oportuno acotar que para el caso de que la cédula profesional no contenga fotografía de la persona que la utiliza, previamente a la audiencia, el aparato judicial deberá corroborar que sí se trata del mismo individuo, lo que podría hacer, verbigracia, cotejando la información con algún otro documento oficial (credencial de elector, pasaporte, entre otros).

Ahora bien, es importante resaltar que en la citada contradicción de tesis 405/2017, la Primera Sala no indicó la forma en que el órgano de apelación, o bien el tribunal de amparo, deben proceder cuando se percatan que en los registros de audio y video de la audiencia que da origen a la resolución recurrida, no consta esa verificación de la calidad de licenciado en derecho de la persona que fungió como defensor.

En efecto, la Primera Sala expuso cómo debe realizarse la identificación del defensor del imputado en una audiencia inicial (pudiéndose trasladar a las diversas audiencias del proceso penal), a efecto de que quede constancia, tanto en el audio y video, como en los registros de la causa penal, de que la persona a cargo de la defensa del imputado cuenta con cédula expedida por autoridad competente.

No obstante ello, en la contradicción de tesis de mérito, no se determinó la forma de actuar de la autoridad de segunda instancia cuando advierta que en la audiencia recurrida y que por tanto se sometió a su jurisdicción, no se actuó conforme a los lineamientos expuestos en tal contradicción de tesis.

En consecuencia, dado que no existe pronunciamiento al respecto, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que dicha actuación de la autoridad de segunda instancia deberá esclarecerse en esta ejecutoria, atendiendo, evidentemente a lo ya expuesto en párrafos precedentes, pero armonizándolo con el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.

Una primera solución podría ser que este tribunal concediera el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado, y al momento de pronunciarse, anulara la audiencia recurrida y ordenara se fije fecha y hora para que se realice de nueva cuenta.

Sin embargo, se estima que ese efecto impactaría en el derecho del imputado a la impartición de justicia pronta, pues tratándose, por ejemplo, de una audiencia de juicio, tendría que citarse a una nueva audiencia, con un Juez de enjuiciamiento que no estuviese contaminado de los hechos materia de esa causa y posteriormente citar a todas las partes intervinientes para iniciar con esa etapa; lo que implicaría, además de dificultades de logística, un retraso considerable en la impartición de justicia, sin contar con las horas de audiencia que estaría ocupada una sala en un juzgado de oralidad y todo lo que ello representa.

De ahí que, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que ordenar que se realice de nueva cuenta la audiencia de juicio, debe ser la ultima ratio en juicios como el que nos ocupa.

Con base en ello, atendiendo al ya referido derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, para acatar la mencionada jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), y que ello no implique anular una sentencia para que se realice de nueva cuenta toda la audiencia que le dio origen; se estima que la forma en que deberá actuar la alzada en casos en los que la autoridad de primera instancia no haya actuado como lo estipuló la Corte en el citado criterio, tiene que ser conforme a las herramientas procesales que le brinda el propio Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sobre esta cuestión, debe tenerse en cuenta que la constatación de la calidad de licenciado en derecho del defensor es una obligación del tribunal de alzada, porque el artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales le conmina a verificar que la resolución recurrida se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes.

Asimismo, conviene mencionar que, a criterio de este tribunal, el artículo 476 del citado ordenamiento faculta al órgano de apelación para que, durante el trámite de la apelación, celebre audiencia en la que podrán aclararse las cuestiones necesarias para resolver el recurso.

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que el diverso numeral 484 del código adjetivo autoriza el desahogo de pruebas en la segunda instancia, cuando tengan, entre otras finalidades, la de demostrar un defecto en el proceso, como sería la violación del derecho a la defensa proporcionada por un abogado.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que la omisión de constatar los datos de la cédula profesional del defensor, lleve necesariamente a concluir que se violó el derecho del imputado a ser asistido por un letrado en derecho, y por tanto, que habría que repetir la audiencia de juicio en su integridad; no, lo único que en realidad existe es una infracción al deber de cerciorarse que el debido proceso, sobre del cual descansa la regularidad de todo juicio, haya sido observado por el tribunal relativo en ese aspecto en específico (que la persona acusada fue asistida por un defensor profesional).

Por lo que, observando los principios de continuidad e inmediación que rigen al procedimiento acusatorio, así como el alto costo humano y económico que implica la celebración de audiencias orales, es posible sostener que no existe razón jurídica para invalidar todo lo actuado ante un órgano jurisdiccional acusatorio, en el caso en que la parte acusada sí haya sido asistida jurídicamente por una persona que desde el inicio de su intervención contaba con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho.

Considerar lo contrario implicaría la repetición innecesaria de diligencias que posiblemente ya no podrían desahogarse; aunado a que tampoco podría exigirse a los Jueces de primera instancia (de Control o de Enjuiciamiento) que repusieran su procedimiento sólo para realizar esa verificación, pues la nueva resolución que emitieran después de ello, ya no satisfaría la necesidad de que el operador jurídico tenga presente la totalidad de los argumentos y elementos de prueba ofrecidos por las partes al momento de tomar su decisión (inmediación).

En consecuencia, este tribunal considera que la forma en que amerita enmendarse la infracción al deber de cerciorarse que el proceso penal se haya verificado sobre una base sólida de respeto al debido proceso (en el caso, atinente al derecho de defensa adecuada de la parte acusada), es que durante el trámite de la apelación:

1) El tribunal de apelación dicte todas las medidas pertinentes para obtener la información de la cédula profesional de licenciado en derecho respecto de todas las personas que hayan fungido como defensores de la parte acusada en ambas instancias (acotado a la etapa que generó la resolución recurrida, en el caso concreto la etapa de juicio oral y su apelación), para lo cual podrá requerir a las partes, al aparato judicial, al órgano jurisdiccional de primera instancia e incluso girar oficios a las dependencias de gobierno respectivas; en la inteligencia de que en caso de que la cédula profesional relativa no contenga fotografía de la persona a favor de quien se expidió, será necesario cotejar los datos con algún otro documento oficial, verbigracia, credencial para votar con fotografía o pasaporte.

2) Adicionalmente, el tribunal de alzada deberá considerar de manera oficiosa que es pertinente celebrar audiencia aclaratoria de agravios, en la cual deberá reflejarse oralmente el resultado de esa investigación, dando la posibilidad de ejercer el contradictorio, en los términos fijados en párrafos previos de este fallo.

Corolario de lo anterior, en atención a los hechos de cada caso en particular, como se anunció, debe considerarse que se violó en perjuicio del quejoso su derecho fundamental al debido proceso, porque la autoridad responsable omitió verificar la calidad de licenciada en derecho de la persona que fungió como su defensor –sin prejuzgar acerca de ello–, con lo cual dejó de satisfacer lo previsto por el artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que conmina al tribunal de segunda instancia a verificar que la resolución recurrida se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes; lo que deberá enmendarse concediendo al sentenciado la protección constitucional solicitada, para los efectos que más adelante se indicarán.

En mérito de lo anterior, al suplir la deficiencia de la queja expresada por el quejoso, en los términos que indica el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, para el efecto de que el Magistrado de la Sala Penal correspondiente, emita un auto en el que:

A1. Deje insubsistente la sentencia de apelación (acto reclamado).

A2. Ordene la reposición del procedimiento de segunda instancia hasta el acuerdo de radicación, dejándolo sin efectos únicamente en la parte en la que dejó el asunto en estado de resolución.

A3. Dicte las medidas necesarias para verificar plenamente la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional debidamente registrada ante la instancia correspondiente, de la persona que fungió como defensor del quejoso (en ambas instancias, acotado en este caso al procedimiento ordinario y su apelación), lo cual podrá hacer, de manera enunciativa y no limitativa: requiriendo esa información a las partes, al aparato judicial, al órgano jurisdiccional de primera instancia, girando oficios a las dependencias de gobierno respectivas, como podría ser la Dirección General de Profesiones, e incluso certificando la consulta a las bases de datos públicas que se encuentran en las páginas de Internet oficiales de esas instituciones; desde luego teniendo en cuenta que en la hipótesis de que la cédula profesional o la información obtenida no cuenten con fotografía que permita identificar a la persona a favor de la cual fue expedido el citado documento, también deberá instruir lo pertinente para clarificar plenamente esa correspondencia entre el individuo que compareció a la audiencia y la cédula profesional que autoriza el ejercicio de la profesión, verbigracia, requiriendo a los mismos sujetos mencionados supra-líneas u otros organismos, la credencial de elector para votar, el pasaporte o cualquier otro documento que le permita corroborar ese dato; en todo momento privilegiando la solución pronta y expedita del conflicto, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el ordenamiento adjetivo, tal como se indicará en el siguiente inciso.

A4. Señale fecha para celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del plazo legal, pudiendo diferirla conforme a su prudente arbitrio únicamente en caso de ser estrictamente necesario para recabar la información que se menciona en el párrafo precedente; audiencia que de manera oficiosa deberá celebrar, en la que podrán desahogarse las pruebas que ofrezcan las partes (si es el caso), exclusivamente en relación con el tema relativo a la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de la persona o personas que fungieran como defensores del quejoso en ambas instancias (en este asunto acotado al procedimiento ordinario y su apelación) y además deberá reflejarse oralmente el resultado de la investigación oficiosa que llevó a cabo de acuerdo al punto anterior, dando la posibilidad de ejercer el contradictorio, en términos de lo analizado a lo largo de esta ejecutoria; en la inteligencia de que dicha audienci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29672-7383c854/defensa-adecuada-en-el-proceso-penal-acusatorio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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