DEFENSA ADECUADA EN LA EJECUCIÓN EN EL SISTEMA ADVERSARIAL. DE NO EXISTIR CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR QUE ASISTIÓ AL SENTENCIADO ES LICENCIADO EN DERECHO, SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 106/2021. 20 DE AGOSTO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: ROSA DALIA ALICIA SÁNCHEZ MORGAN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio del asunto.
27. Este Tribunal Colegiado estima que debe revocarse la sentencia recurrida y conceder para efectos la protección constitucional al quejoso, al suplir la deficiencia de la queja de los agravios formulados por el aquí disidente, conforme al análisis que este órgano colegiado procede a realizar y al reasumir jurisdicción, conforme lo establece el numeral 93, fracción V, de la legislación de la materia.
28. Con el objetivo de tener una comprensión sobre el contexto del caso sometido a jurisdicción y puntualizando únicamente los aspectos relevantes para la toma de la decisión, conviene tener en cuenta los antecedentes siguientes:
I. Vulneración al derecho de defensa.
29. En relación con el derecho fundamental de defensa técnica, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido, en la tesis 1a./J. 23/2006 (10a.), que en términos de las fracciones IX y X del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, la citada prerrogativa no es un mero requisito formal y requiere de la participación efectiva del imputado en el procedimiento.
30. Asimismo, es de mencionar que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 61/2018 (10a.), de epígrafe: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR ES LICENCIADO EN DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL JUEZ INVESTIGUE.",(22) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a una defensa adecuada le impone a las autoridades jurisdiccionales e investigadoras el deber de cerciorarse que el acusado sea asistido por un profesional en derecho.
31. Ciertamente, de la parte conducente de la ejecutoria que originó el criterio jurisprudencial antes invocado se consideraron, de manera toral, los siguientes tópicos:
a. El derecho fundamental a una defensa adecuada exige, entre otras cuestiones, que toda persona sujeta a un proceso penal cuente con la asesoría de un profesional en derecho durante todas las etapas del procedimiento.
b. El deber de los Jueces de cerciorarse que el acusado sea asistido por un profesional en derecho.
c. La prerrogativa a una defensa adecuada tutela a todas las personas sujetas a un proceso penal, desde que inicia la investigación, hasta que la sentencia es ejecutada.
d. La doctrina constitucional desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al derecho fundamental a una defensa adecuada, implica ciertos deberes al Estado –positivos y negativos–.
e. Entre las acciones positivas, se encuentran la de informar al inculpado sobre la acusación y los derechos que lo asisten; cerciorarse de que el imputado cuente con un defensor, público o privado, que sea profesional en derecho; facilitar todos los elementos necesarios para la defensa, como la obtención de pruebas, así como la comunicación con el defensor, entre otras.
f. Además, existe el deber de las autoridades jurisdiccionales de garantizar el derecho a la defensa adecuada, el cual ordena que los inculpados deben contar con una defensa técnica y profesional; luego, las autoridades deben cerciorarse que el defensor efectivamente es licenciado en derecho, esto es, dado que concurre el deber de garantizar el derecho a la defensa adecuada, las autoridades jurisdiccionales y ministeriales deben exigir que los defensores demuestren que son abogados y hacer constar esa circunstancia en el expediente.
g. Las autoridades involucradas tienen el deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de la defensa adecuada.
h. De ahí que cuando un defensor actúa frente a ellas, deben exigirle que acredite que tiene las credenciales académicas para poder cumplir con su rol de defensor.
i. Por consiguiente, dichas autoridades deben exigir que los defensores acrediten su calidad de licenciados en derecho y si dicha situación no consta en el expediente, implica una omisión del Juez de instancia o del Ministerio Público de requerirlo, lo que ocasiona vulneración del derecho a una defensa adecuada.
j. Finalmente, la Sala del Máximo Tribunal del País aclaró que la violación es al deber de cerciorarse que la persona fue asistida por un defensor profesional y no necesariamente al derecho a ser asistido por uno, es decir, es posible que el inculpado sí haya recibido la defensa técnica y profesional, pero que esa circunstancia no esté acreditada.
32. En ese sentido, el cumplimiento de ese derecho –de defensa adecuada y técnica– debe quedar total y plenamente acreditado, y no puede, bajo ninguna circunstancia, sujetarse a presunciones por el hecho de que se asiente en la diligencia respectiva que quien asiste al involucrado es defensor particular o público, si no existe sustento de esa calidad;(23) asimismo, una persona que no tenga la calidad jurídica de abogado, en cualquier etapa procedimental, constituye una violación al derecho de defensa adecuada.
33. Ahora bien, en relación con el derecho fundamental de defensa adecuada en la etapa de ejecución, en su vertiente de defensa técnica citada, se destaca que del expediente de ejecución de donde deriva el acto reclamado, el quejoso fue asistido por defensores de los que no consta el dato relativo que sirva para constatar que son licenciados en derecho, lo que vulnera la esfera jurídica del impetrante.
34. Por lo que a criterio de este Tribunal Colegiado fue soslayado que el derecho fundamental a una adecuada defensa técnica no puede estar supeditado a si se le concedió o no el sustitutivo o beneficio solicitado, pues como ya se destacó en líneas anteriores, dicha prerrogativa debe subsistir en cada una de las etapas del procedimiento, incluida la de ejecución; es más, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el incidente no especificado para la concesión de un beneficio preliberacional. Además, el artículo 120(24) establece que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme al sistema adversarial, y que la persona privada de la libertad debe contar con un defensor.
35. En ese sentido, el artículo 121(25) del Código Nacional de Procedimientos Penales(26) alude a la prerrogativa de defensa.
36. Luego, el derecho fundamental a una defensa adecuada en la etapa de ejecución implica que el sentenciado cuente con una asesoría profesional al solicitar algún beneficio, es decir, ofrecer pruebas, formular alegatos, interponer los recursos que en su caso procedan y estar asistido en las diligencias que se desahoguen, con el fin de garantizar la debida defensa en dicha etapa.
37. Para lo cual, resulta indispensable que la persona que asista al sentenciado en la etapa de ejecución sea profesional en derecho, que justifique sus conocimientos en la rama con el documento idóneo (licenciado en derecho); lo anterior, a efecto de satisfacer la exigencia constitucional de cumplir con el derecho fundamental de contar con una defensa adecuada, salvaguardando la esfera jurídica del impetrante.
38. Por las razones que la sustentan, resulta aplicable la tesis I.7o.P.128 P (10a.), con número de registro digital: 2021160, generada por este Tribunal Colegiado, localizable en la página 2325, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materias constitucional y penal, de rubro y texto siguientes:
"DEFENSA ADECUADA EN LA EJECUCIÓN EN EL SISTEMA ADVERSARIAL. DE NO EXISTIR CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR QUE ASISTIÓ AL SENTENCIADO ES LICENCIADO EN DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. La exigencia de tener una defensa adecuada radica en el deber de las autoridades de verificar que los inculpados sean asistidos por un licenciado en derecho. Por tanto, en el momento en que un defensor actúa frente a ellas debe exigírsele que acredite esa calidad y si dicha situación no consta en el expediente o carpeta implica una omisión que ocasiona vulneración al derecho de defensa adecuada, ya que la transgresión a ese derecho fundamental es al deber de cerciorarse que la persona fue asistida por un defensor profesional y no necesariamente al derecho a ser asistido por uno; es decir, es posible que el inculpado o sentenciado sí haya recibido la defensa técnica y profesional, pero que esa circunstancia no esté acreditada. Asimismo, dicha prerrogativa debe subsistir en el proceso penal, incluyendo cada una de las etapas del procedimiento, además en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, pues cabe precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el incidente no especificado para la concesión de un beneficio preliberacional. Además en dicha ley especial en su artículo 120 prevé que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme al sistema adversarial y oral, y que la persona privada de la libertad debe contar con un defensor; el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales alude a la garantía de defensa técnica. Así, el derecho fundamental a una defensa adecuada en la ejecución, es con el objeto de que el sentenciado cuente con asesoría profesional al solicitar los beneficios que la Ley Nacional de Ejecución Penal otorga; es decir, ofrecer pruebas, formular alegatos, interponer los recursos que en su caso procedan y estar asistido en las diligencias que se desahoguen, lo anterior con el fin de garantizar la debida defensa. Para lo cual, resulta indispensable que la persona que asista al sentenciado en la ejecución sea profesional en derecho, que justifique sus conocimientos en la rama con documento que evidencie que es defensor de oficio, lo anterior a efecto de satisfacer la exigencia constitucional de cumplir con el derecho fundamental de contar con una defensa adecuada salvaguardando la esfera jurídica del impetrante. De ahí que el cumplimiento de ese derecho –de defensa adecuada y técnica– debe quedar total y plenamente acreditado en todas las etapas del procedimiento inclusive, en la de ejecución, y no puede, bajo ninguna circunstancia, sujetarse a presunciones por el hecho de que se asiente en la diligencia respectiva que quien asiste al involucrado es defensor particular o de oficio, si no existe sustento de esa calidad. Por ello, el que se designe en cualquier etapa procedimental a una persona que no tenga la calidad jurídica de abogado, constituye una violación al derecho de defensa adecuada que merece la reposición del procedimiento para que el Juez de Ejecución se cerciore de que las personas que comparecieron como defensores son profesionales en derecho."
39. Al respecto, este Tribunal Colegiado advierte que no se acreditó que los defensores designados por el Juez de Ejecución, quienes asistieron al impetrante en la etapa de ejecución, en efecto, sean licenciados en derecho, debido a que en los autos de la carpeta de ejecución se advierte lo siguiente:
40. En el acuerdo de 25 de julio de 2019, el Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México designó como defensores del sentenciado a los públicos adscritos a ese órgano jurisdiccional, licenciados Fausto Mario González Barrera y Rubén Bautista Pichardo, a quienes al momento de la notificación, requirió para que se impusieran de los autos a efecto de dar la debida asesoría jurídica a su patrocinado, con el fin de que se garantizara el derecho a una defensa adecuada, quienes protestaron el cargo conferido; sin embargo, de la constancia respectiva se aprecia únicamente una firma (hoja 94 del anexo III), sin que la autoridad de ejecución hubiera constatado que el peticionario de amparo estuviera asistido por un licenciado en derecho.
41. Similar situación aconteció al notificarse el acuerdo de 4 de septiembre de 2019, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud del sentenciado y se dio inicio al procedimiento respectivo, en donde sólo consta una firma del defensor –sin asentar el nombre– en la notificación de diez de esos mes y año, quien recibió copias de la solicitud del sentenciado mediante la cual pidió la concesión del beneficio penitenciario. (página 397 del anexo III)
42. De igual manera, obra el escrito mediante el cual se ofrecieron diversos medios de prueba que consideraron pertinentes para acreditar su pretensión, esto es, a fin de demostrar en la audiencia oral si el sentenciado cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio penitenciario de libertad condicionada, ocurso que se encuentra firmado por el defensor público licenciado Fausto Mario González Barrera y por el sentenciado, el cual fue acordado el 17 de septiembre de 2019, en el que, entre otras cuestiones, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente, y en la notificación realizada el 18 de esos mes y año, sólo consta la firma del defensor, mas no su nombre. (hojas 409 a 413, ibídem)
43. En comparecencia de 28 de octubre de 2019, el defensor público –de quien no se asentó el nombre y sólo consta su firma– no se opuso a la petición de la representación social, a fin de que se dejara sin efectos la data señalada para la celebración de la audiencia, a fin de que se notificara de manera personal al ofendido respecto de la solicitud del beneficio penitenciario realizada por el sentenciado, en tanto, éste expresó que recibió asesoría de su defensor, por lo que se adhirió a lo manifestado por su defensa; asimismo, en la misma fecha, nuevamente se fijó hora y data para la celebración de la audiencia respectiva, y en la notificación realizada el 28 del mes y año en cita, sólo consta la firma del defensor, mas no su nombre. (páginas 423 y 424 del anexo III)
44. También en comparecencia de 2 de diciembre de 2019, el defensor público –de quien no se asentó el nombre y sólo consta su firma– no se opuso a la petición de la representación social a fin de que se dejara sin efectos la data señalada para la celebración de la audiencia, a fin de que se notificara de manera personal a la parte ofendida respecto de la solicitud del beneficio penitenciario realizada por el sentenciado, en tanto éste expresó que recibió asesoría de su defensor y se adhirió a lo manifestado por su defensa; y nuevamente se fijó hora y data para la celebración de la audiencia correspondiente, y en la notificación realizada el 2 de los aludidos mes y año, sólo consta la firma del defensor, sin que se precisara su nombre. (páginas 434 y 435 del anexo III)
45. Asimismo, obra la notificación realizada el 9 de diciembre de 2019 a la defensa, del auto de esa fecha –en la que sólo obra la firma, pero no el nombre–, mediante el cual la juzgadora de ejecución informó de la imposibilidad material de celebrar la audiencia oral programada para esa fecha; y en la comparecencia de la indicada data, el defensor público adscrito no se opuso a lo solicitado por el agente del Ministerio Público, en cuanto a que se dejara sin efectos la audiencia señalada y se fijara nueva fecha para su celebración; en tanto, el sentenciado "presente tras locutorio de prácticas", adujo que recibió asesoría de su defensa y se adhirió a lo manifestado por su defensor; motivo por el cual se emitió el auto de 9 de diciembre de 2019, en el que se fijó nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente, lo cual se notificó a la defensa en esa data, en donde únicamente se aprecia una firma –sin que se precisara el nombre del defensor–. (páginas 445 a 447 del anexo III)
46. Del mismo modo, obra el ocurso mediante el cual se solicitó remitir oficio a quien corresponda, a fin de que se presentara al sentenciado a la rejilla de prácticas del juzgado, escrito que se encuentra firmado por el defensor público licenciado Fausto Mario González Barrera, el cual fue acordado de conformidad el 13 de diciembre de 2019, y en la notificación realizada el 16 de esos mes y año, sólo consta la firma de dicho servidor público, sin que se asentara su nombre. (fojas 456 y 457, ibídem)
47. En el acta mínima de audiencia oral celebrada el 20 de diciembre de 2019, "registrada en audio y video", obran las firmas de los asistentes, entre los cuales se observa la del defensor público licenciado Fausto Mario González Barrera –sin que se asentaran sus datos– (hoja 460 del anexo III); asimismo, obra la versión escrita de la resolución de esa fecha, y de la constancia mediante la cual se señaló que el agente del Ministerio Público adscrito y el defensor público, así como el sentenciado, tras la rejilla de prácticas, recibieron copias de la referida determinación, únicamente se aprecian las firmas. (página 471 del citado anexo)
48. Contra tal determinación, el sentenciado interpuso recurso de apelación el 27 de diciembre de 2019, y mediante proveído de la misma fecha, el Juez de Ejecución ordenó notificar a las partes a efecto de hacer de su conocimiento de la interposición del referido recurso, el cual se notificó a la defensa el 30 de dicha mensualidad y año, en donde se aprecia sólo su firma, pero no el nombre del defensor (hoja 485 vuelta del anexo III). Asimismo, mediante ocurso de 3 de enero de 2020, signado por el defensor público Fausto Mario González Barrera se adhirió al recurso y agravios formulados por el sentenciado. (página 498 del anexo III)
49. Dicho recurso de apelación fue radicado el 7 de febrero de 2020, bajo el número **********, y la autoridad de alzada designó como defensores del sentenciado a los públicos licenciados Fausto Mario González Barrera y Rubén Bautista Pichardo, así como al licenciado Eduardo Benkis Ramírez Cortés, adscrito a la Sala responsable; sin embargo, de la constancia respectiva se aprecia únicamente una firma (hoja 5 del anexo II), al final de la notificación del citado proveído, en donde se asentó que el defensor público de la adscripción aceptó y protestó el cargo conferido, sin que la autoridad de alzada hubiera constatado la calidad de licenciado en derecho de dicho defensor.
50. Incluso, la determinación por escrito emitida al resolver dicho recurso dentro del toca de apelación de 5 de marzo de 2020, fue notificada al defensor del enjuiciado, de quien no se asentó el nombre, únicamente consta una firma. (sobre cerrado que consta en la hoja 35 del anexo II)
51. Tal resolución fue impugnada mediante el juicio de amparo directo **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, fallado el 27 de octubre de 2020, en el sentido de conceder la protección constitucional a **********, para que la Sala responsable dictara un auto en el que expresamente dejara sin efecto la resolución reclamada, llevara a cabo la audiencia pública al resolver el recurso de apelación, previa citación a las partes y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera en la propia audiencia lo que en derecho correspondiera, exponiendo los fundamentos y motivos que sustentaran el sentido de su determinación, además de emitir posteriormente la versión escrita de esa resolución.
52. En el acta mínima de audiencia oral celebrada el 26 de noviembre de 2020, obran las firmas de los asistentes, entre los cuales, se observa la de los defensores públicos licenciados Eduardo Benkis Ramírez Cortés (en sala de oralidad de alzada) y Fausto Mario González Barrera (en reclusorio oriente) –sin que se asentaran sus datos (hoja 96 del anexo II)–.
53. Este Tribunal Colegiado no soslaya la tesis de jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.",(27) de cuyo contenido se advierte que es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición del documento idóneo que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial.
54. Sin embargo, en el caso particular se estima que materialmente no se cumple con lo que establece dicho criterio jurisprudencial, el cual resulta aplicable, por identidad jurídica, si se atiende a que lo que se pretende es que en la videograbación de la audiencia respectiva quede constancia de la calidad de licenciado en derecho de quien asiste al sentenciado, y de que se corrobore con qué documento se constató; lo cual no se encuentra colmado, en atención a lo siguiente:
a) De la reproducción del disco compacto que contiene la audiencia de 20 de diciembre de 2019, en particular, de la fijación cronométrica "00:01:23 a 00:01:32", se advierte que el Juez de Ejecución omitió corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor que asistió al quejoso, pues incluso, al momento de individualizarse el defensor únicamente mencionó su nombre –Fausto Mario González Barrera– y señaló sus datos para efectos de notificación, esto es, previamente a la audiencia condigna, la secretaria de Acuerdos que se encontraba presente debió recabar la información respectiva, lo cual no ocurrió; por tanto, el Juez tampoco corroboró en esa audiencia la calidad de licenciado en derecho del defensor, hecho del cual quedó constancia en la videograbación de marras.
b) Asimismo, se advierte que en la audiencia de 26 de noviembre de 2020, donde se emitió la resolución en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo **********, la cual constituye el acto reclamado, el Tribunal de Apelación de igual forma omitió corroborar la calidad de licenciado en derecho de los defensores que asistieron al quejoso, pues incluso, al momento de individualizarse, como consta en los minutos "00:10:30 a 00:11:32" de la videograbación, el defensor Eduardo Benkis Ramírez Cortés, únicamente mencionó su nombre, señaló su adscripción y que previamente protestó el cargo conferido y, por otra parte, se aprecia que el defensor de oficio Fausto Mario González Barrera, en los minutos "00:11:01 a 00:11:15", al individualizarse sólo mencionó su nombre sin dar más datos; por lo que el secretario de Acuerdos que se encontraba presente debió recabar la información respectiva, lo cual no sucedió; por tanto, el Tribunal de Alzada responsable tampoco corroboró en esa audiencia la calidad de licenciados en derecho de los defensores que comparecieron y protestaron dicho cargo, hecho del cual quedó constancia en la videograbación de marras.
55. De ahí que no se solventa la acreditación ante el órgano jurisdiccional de ejecución de primer grado, así como ante la autoridad de alzada responsable, de la calidad de licenciados en derecho de la defensa, si se considera que lo que el criterio jurisprudencial referido establece es que se acredite materialmente en la videograbación respectiva la calidad de licenciado en derecho del defensor, ya sea con el registro previo de la constancia respectiva en los sistemas de registro, o bien, ante los empleados judiciales designados para tal efecto, y con la simple mención que de esos datos se haga en la audiencia respectiva, lo cual no se satisface en la especie, como ya se apuntó en líneas anteriores, se observa que no quedó constancia del hecho relativo a la calidad de licenciado en derecho de los defensores del sentenciado.
56. Defensores designados para asistir al impetrante que aun cuando para fungir con esa calidad requieren ser licenciados en derecho, en términos de lo dispuesto por el numeral 17, fracción III,(28) de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se omitió por parte del Juez de Ejecución, así como por la Sala responsable, exigirles que acreditaran esa calidad, lo que implica, como se destacó en líneas precedentes, vulneración del derecho a una defensa adecuada, esto es, es posible que el quejoso sí haya recibido la defensa técnica y profesional; sin embargo, de autos no se advierte que esa circunstancia quedara acreditada con la constancia condigna.
57. Lo anterior, debido a que no se asentó en las diligencias respectivas que los aludidos defensores hubieran exhibido documento que evidenciara ese carácter; por consiguiente, no se satisface la exigencia constitucional relativa al derecho fundamental del quejoso de contar con una defensa adecuada, al no existir sustento de esa calidad.
58. Por tanto, dado que aquél fue asistido por funcionarios respecto de los cuales únicamente se dijo que ostentaban el cargo de defensores públicos, respectivamente, pero sin que se hiciera patente qué documento los avala con esa calidad, el Juez recurrido en la sentencia sujeta a revisión, dejó de considerar que se vulnera en perjuicio del quejoso su derecho de defensa.
59. Al respecto son aplicables, por identidad jurídica sustancial, las tesis jurisprudenciales 1a./J. 41/2020 (10a.)(29) y 1a./J. 42/2020 (10a.)(30), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas de la contradicción de tesis 1/2020. Tesis aprobadas el veintiséis de agosto de dos mil veinte, de rubros, hechos, criterio y justificación siguientes:
"DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los amparos directos respectivos, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo encaminado a determinar si los juzgadores de primera instancia, en la audiencia de juicio oral, tienen la obligación de verificar la calidad de licenciado en derecho de los defensores y dejar constancia de ello.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que constituye una obligación del Juez de Enjuiciamiento corroborar la calidad de licenciado en derecho que debe ostentar el defensor del imputado en la audiencia de juicio oral.
"Justificación: La audiencia de juicio oral, así como la audiencia inicial, se rigen prácticamente por la misma dinámica y principios; de ahí que la actuación del defensor es fundamental para asegurar el derecho de defensa adecuada, toda vez que en su desarrollo se generan actos bajo el principio de contradicción que pueden repercutir en la esfera jurídica del imputado. Debe decirse también que la obligación de los defensores de exhibir su cédula profesional y de los juzgadores de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, representa una carga mínima para ambos, carga que a su vez tiene un resultado de gran envergadura: el respeto al derecho fundamental de ser defendido por licenciado en derecho. Así, de un análisis comparativo de la normativa aplicable, género de actuaciones y naturaleza jurídica de la audiencia inicial y la audiencia de juicio oral, así como de la importancia que puede tener la simple tarea de verificar las credenciales de los defensores, se concluye que las consideraciones sustentadas en la contradicción de tesis 405/2017, del índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser trasladadas a la primera audiencia de juicio oral, o posteriores si durante su desarrollo se cambia de defensor. En suma, el Juez de Enjuiciamiento debe corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor en la audiencia de juicio oral, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula profesional y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia."
"DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los amparos directos respectivos, sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si la falta de acreditación de la calidad de licenciado en derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral implica una vulneración al derecho de defensa adecuada de los imputados.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la falta de acreditación de la calidad de licenciado en derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral no implica por sí sola una vulneración al derecho de defensa adecuada.
"Justificación: Los derechos fundamentales, cuyas características definitorias radican en su universalidad, indisponibilidad, inalienabilidad, inviolabilidad, intransigibilidad, su carácter personalísimo, así como su eficacia tanto horizontal como vertical, de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones o prohibiciones. En esa tesitura, es posible distinguir entre la expectativa propia que constituye el derecho fundamental, y las obligaciones o prohibiciones que existen para darle operatividad y funcionamiento. Esas obligaciones o prohibiciones, en ocasiones, constituyen normas jurídicas cuya estructura responde a aquella de una regla, y cuya única finalidad es maximizar la probabilidad de observar el cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales. Por lo anterior, esta Primera Sala estima correcto aseverar que una violación a la regla no incide en la observancia del derecho fundamental. En el caso concreto, el derecho a una defensa adecuada en su vertiente de ser asistido por un defensor que sea licenciado en derecho es un derecho fundamental y no una regla. Así, la obligación que tienen los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30239-c4ecea60/defensa-adecuada-en-la-ejecucion-en-el-sistema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE SU EXCLUSIÓN VALORATIVA DEBE REA (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR ES LICENCIADO EN DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL JUEZ INVE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
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