JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA EL PAGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Y NO EXISTA ACTO DE AUTORIDAD QUE TENGA EL CARÁCTER DE DEFINITIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, que es de la especialidad de este órgano colegiado.
Al respecto es oportuno invocar la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue presentada por Héctor Ulises Orduña Hernández, apoderado de Engineering & Control, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte quejosa en el amparo directo 612/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, que participa de la misma.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para determinar si existe la contradicción denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer las particularidades de cada uno de los asuntos.
1. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, conoció del amparo directo 540/2013, interpuesto por Global Control de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil trece, por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en la ciudad de Mérida Yucatán, en el expediente 245/11-16-01-9, cuyos antecedentes relevantes son los siguientes:
• La persona moral promovió el juicio contencioso administrativo contra la resolución emitida el veintinueve de noviembre de dos mil diez por el Órgano interno de Control de Pemex Exploración y Producción, en el expediente administrativo EXP.PEP-I-C-38/2010, con la que concluyó el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (procedimiento conciliatorio en el que no hubo arreglo y se dejaron a salvo los derechos de las partes para que las hicieran valer en la vía y forma que estimaran procedente).(2)
• Y, contra el procedimiento administrativo del contrato 428217815, suscrito por la actora con Pemex Exploración y Producción, en Ciudad del Carmen, Campeche, el veintisiete de febrero de dos mil siete; señalando como autoridades demandadas a Pemex Exploración y Producción; director de Pemex Exploración y Producción; Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción; y, Secretaría de la Función Pública. Que en realidad se traduce en la administración y ejecución del contrato de servicios.
• Para los efectos del presente asunto sólo atenderemos lo concerniente al segundo de los actos cuestionados.
Así, se tiene que en un principio la Sala Fiscal fue totalmente omisa en relación con ese acto y fue hasta el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil doce en que regularizó el procedimiento y desechó la demanda respecto del acto impugnado consistente en la "resolución del procedimiento administrativo del contrato 428217815 que suscribió Global Control de México, S.A. de C.V. con Pemex Exploración y Producción en Ciudad del Carmen Campeche, el día 27 de febrero de 2007", al considerar que ese acto no es de los impugnables en el juicio contencioso administrativo.
• Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil doce, el representante legal de la empresa actora interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo antes señalado, fallado el dos de agosto del año siguiente, el cual se declaró procedente pero infundado, por lo que confirmó el acuerdo que desechó la demanda de nulidad por improcedente; resolución que constituye en acto reclamado en el juicio de amparo de que se trata.
• A continuación, previa síntesis de los conceptos de violación, calificó de inoperantes aquellos relacionados con la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de la resolución que emitió el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, con la cual concluye el procedimiento de conciliación previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que las partes no llegaron a ningún acuerdo, por no ser parte de la litis, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía que corresponda.
• En cambio, calificó como fundados los conceptos de violación donde la quejosa afirma que el juicio contencioso administrativo, es procedente para dirimir el procedimiento administrativo del contrato 428217815, que celebró con Pemex Exploración y Producción, respecto del incumplimiento en que afirma incurrió la paraestatal a la partida 122 del anexo B-1, relativa a las órdenes de servicios de quema de los residuos de los incineradores instalados en diversas plataformas de la sonda Campeche.
Al efecto señaló que a diferencia de lo que estimó la Sala responsable, el juicio contencioso administrativo es procedente tratándose de conflictos en la administración de un contrato de servicios como el que nos ocupa, sin que se requiera demandar la rescisión del contrato para poder plantear las inconformidades que surjan durante la vigencia del mismo; pues como bien sostiene la inconforme, dicha acción conllevaría dejar sin efecto la totalidad del contrato de prestación de servicios, y ésa es una facultad discrecional de la proveedora; es decir, nadie la puede obligar a demandar la rescisión, y la abstención de hacerlo, no puede llevar a que se le vede la posibilidad de inconformarse respecto del incumplimiento que le imputa a la demandada de una partida específica del contrato de servicios en cuestión.
Esto en la medida que su discrepancia es únicamente en lo que respecta a la partida 122 del anexo B-1, en relación con el anexo C, sin que se hubieran afectado las otras ciento veintidós partidas, es decir, sólo se afectó una de las ciento veintitrés partidas de las que constan los servicios contratados.
Enseguida, de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desprendió la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para conocer de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre otras, cuando se dicten en materia administrativa sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Y, agregó que si bien, la lectura a la porción normativa invocada, prima facie, parece limitar la competencia de ese tribunal sólo para cuando se reclame una resolución definitiva, acto o procedimiento administrativo, cuyas características deben estar dotadas de definitividad; ello se desprende de una interpretación restringida que trastoca el principio pro persona, conforme al cual, las normas legales que imponen restricciones deben interpretarse de la manera que menos lo hagan, y si es una norma que reconoce derechos, se debe interpretar de la manera que represente una mayor protección, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."(3)
• De ahí que el órgano de amparo determinó que la fracción VII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe ser interpretada de la manera más amplia, a efecto de considerar que las diferencias que surjan durante la administración de un contrato de servicios como el que se analizó, actualizan la hipótesis, pues como bien lo sostuvo la agraviada, la demandada emitió una decisión unilateral a través de la cual determinó las vicisitudes del contrato durante su vigencia, "por sí o ante sí, afectando una relación contractual en la que es parte un particular, al cual afectó su esfera jurídica, además de que dicha decisión la toma un órgano integrante de la estructura orgánica de la entidad contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos, ni con el consenso de la voluntad del afectado".
Entonces, si una decisión de éstas afecta el cumplimiento del acuerdo, en una de sus partes, o al menos así lo considera la proveedora del servicio, debe existir un medio legal para impugnar esa decisión; primero agotando las instancias previstas en el contrato y en la ley que rige la materia, y si no lo logra, a través de la vía jurisdiccional federal; de no ser así, se vulneraría el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal e inciso 1) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además del derecho de acceso a la protección judicial, previsto en el punto 1 del numeral 25 del citado Pacto Internacional.
Agregó que la determinación unilateral de Pemex Exploración y Producción, al dejar de asignar las órdenes de servicio a Global Control de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, como se pactó en el contrato de mérito, y darlas a terceros, según lo señaló la actora, constituye un acto de autoridad en la administración del aludido contrato de servicios, con tintes decisorios, en contra del cual no existe medio legal alguno para inconformarse, lo que lo convierte en definitorio respecto del destino de las obligaciones del contrato; pues reitera, la rescisión del convenio tiene efectos generales, no sólo para solucionar un diferendo respecto de una parte de éste; y el procedimiento conciliatorio no obliga a las partes a llegar a un acuerdo, por eso, cuando no lo hacen, surge el derecho de acción ante un órgano de jurisdicción federal para dirimir el problema, y el órgano de jurisdicción federal que debe conocer de esos conflictos, es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no podría acudir vía amparo indirecto para solucionarlo.
• A partir de lo anterior concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada; y, en su lugar emitiera otra en la cual, conforme a los lineamientos señalados en esa ejecutoria, estimara que la fracción VII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, le otorga competencia para resolver sobre la legalidad del procedimiento administrativo del contrato 428217815; posteriormente, procediera como en derecho correspondiese.
2. Por otra parte, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito conoció del amparo directo 10/2016, interpuesto por Sana International y Mantenimiento Industrial Reforma, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, contra la resolución dictada el siete de octubre de dos mil quince por la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el recurso de reclamación interpuesto dentro del juicio de nulidad 395/15-19-01-1-OT, donde consideró correcto el acuerdo de desechamiento de la demanda de nulidad, por no actualizarse el requisito de procedencia que establecen los artículos 2o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo por supuesto la hipótesis contenida en la fracción VII. Para ello, atendió que en el juicio de origen se demandó, en relación con el contrato 425041864, que protocolizaron las personas morales ahora quejosas con la entidad pública Pemex Exploración y Producción, para hacer la actividad o servicio denominado: "Servicio Integral de Sistemas Artificiales de Producción de Bombeo Mecánico Convencional, Hidroneumático, de Carrera Larga y Cavidades Progresivas en los activos integrales de la Región Sur"; la declaración judicial por sentencia firme, en el sentido de que:
1. La entidad pública Pemex Exploración y Producción, indebidamente administró, supervisó y ejecutó de manera arbitraria y en forma unilateral el contrato;
2. La entidad pública Pemex Exploración y Producción, deberá cubrir a las proveedoras el concepto de disponibilidad, contemplado en las subpartidas 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, del anexo B-1 "Especificaciones particulares", y que se ocasiona y nace, como una consecuencia legal y formal, de la negativa injustificada de los funcionarios de la entidad, de permitir a las proveedoras desinstalar y retirar todos y cada uno de los equipos de bombeo mecánico convencional, hidroneumático, de carrera larga y cavidades progresivas, que las proveedoras instalaron en los pozos de producción de la región sur, al amparo del contrato;
3. Se deberá condenar, a la entidad pública Pemex Exploración y Producción, a cubrir a las proveedoras el importe de $1',014,320.32 USD (un millón catorce mil trescientos veinte dólares americanos) por concepto de disponibilidad, contemplado en las subpartidas 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, del anexo B-1 "Especificaciones particulares", del mencionado contrato;
4. La entidad pública Pemex Exploración y Producción deberá cubrir a las proveedoras el concepto de disponibilidad antes referido, desde la fecha en que los equipos de bombeo, que fueron instalados en los pozos de la región sur, fueron puestos fuera de funcionamiento, y que se deberá acumular diariamente por cada equipo, hasta que la entidad demandada, haga la entrega material, formal y física de todos y cada uno de dichos equipos a las proveedoras, que los instalaron;
5. Se deberá condenar a la entidad pública Pemex Exploración y Producción, a pagar a las proveedoras los intereses financieros que se pudieran generar, conforme lo señala el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, y que conlleva el cálculo de intereses, desde la fecha en que debió realizarse el pago de las prestaciones que ahora se reclaman, hasta la fecha en que se ponga en definitiva a disposición de mis representadas, la cantidad que deba ser pagada, por concepto de disponibilidad, dictamen que se emitirá en el momento en que se determine el monto a pagar y que exista una sentencia de condena en el presente asunto.
6. Se deberá condenar a la entidad pública Pemex Exploración y Producción, a pagar a las proveedoras, los gastos y costas que se pudieran generar, por efectos de gastos de cobranzas, gastos relacionados con la tramitación de procedimientos administrativos, civiles, penales o de cualquier naturaleza, tendientes al cobro y pago de los conceptos que con antelación se mencionan.
El desechamiento de la demanda se sustentó en que la pretensión de la actora era el reclamo del pago en dinero de diversas prestaciones derivadas del incumplimiento dado a las cláusulas del contrato de obra pública que celebraron con Pemex Exploración y Producción, lo cual no constituye una resolución definitiva susceptible de ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En sesión de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió sentencia en la cual señaló que el estudio conjunto de algunos conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, resultaron sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, conforme a las consideraciones que a continuación se establecen:
• La Sala responsable limita la procedencia del juicio contencioso administrativo de forma injustificada en perjuicio de la parte quejosa al hacer una interpretación restrictiva del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que contraviene el postulado constitucional de una interpretación más favorable en beneficio del gobernado, en términos del artículo 1o., circunstancia que a su vez pugna directamente con el derecho de acceso a la justicia previsto en los artículos 17 de la Carta Magna y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Acorde con lo previsto en la fracción VII del invocado artículo 14 se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en principio, es cierto que por disposición legal, para que se surta la competencia en favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y sea procedente el juicio de nulidad, el actor debe reclamar ya sea: 1) una resolución, 2) un acto administrativo o, 3) un procedimiento, que verse sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Sin embargo, destaca, a partir de la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 23/2015, esta Segunda Sala concluyó que ha sido propósito del legislador ordinario fincar la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, orientándola a la concentración de ciertas materias de índole administrativa, entre las que destaca, la concerniente al control de la legalidad del régimen de contratación de la obra pública, el cual se encuentra contenido en la fracción VII del mencionado artículo 14, en el que se establece esa competencia expresa para conocer de ese tipo de contratos cuando intervengan entidades y dependencias de la administración pública federal.
Ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 62/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESOLVER SOBRE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES."
Y, concluye que, este Alto Tribunal ha determinado que la evolución de la jurisdicción administrativa a nivel constitucional se ha visto reflejada en el ámbito legal, en el que se ha puesto de manifiesto una tendencia a ampliar la competencia material de los tribunales contenciosos, es decir, la intención del legislador ordinario fue establecer la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, enfocándola al conocimiento de los asuntos en materia administrativa, entre los cuales, se encuentran los juicios en los que se reclamen cuestiones sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal. Consideraciones que afirma se ven reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 4/2010, intitulada: "RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."
Por lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que la interpretación hecha por la Sala responsable al resolver el recurso de reclamación, respecto del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se aparta del postulado constitucional que impone realizar la interpretación que más favorezca al gobernado, al considerar que tal precepto legal únicamente le faculta a conocer de resoluciones, actos administrativos o procedimientos en materia administrativa emitidos por autoridad, tratándose de interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, siempre que constituyan resoluciones definitivas; y, no así a cuestiones relativas al cumplimiento del contrato en sí, como lo constituyó el reclamo de la parte actora en el juicio de nulidad de origen.
De manera que si se parte del criterio de la evolución histórica de la jurisdicción administrativa, se pone de manifiesto que existe una tendencia a ampliar la competencia material de los tribunales contenciosos, lo cual permite concluir, acorde con lo dispuesto por los artículos 1o. de la Constitución Federal y 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debe interpretarse en el sentido que más favorezca al gobernado, es decir, de modo que se acepte la procedencia del juicio de nulidad cuando se reclamen cuestiones inherentes a la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, aun cuando no exista una resolución, acto o procedimiento emitido por autoridad, que tenga el carácter de definitivo, pues en realidad el juicio no cambiará su naturaleza jurídica, porque en todo caso se enfocará a dirimir cuestiones de interpretación y cumplimento de los contratos administrativos aludidos, lo que redunda siempre sobre cuestiones de carácter administrativo, circunstancia que permite a su vez que el gobernado tenga a su alcance un medio de defensa que le proporcione acceso a la tutela jurisdiccional en materia administrativa con independencia de que sea o no la resolución que declare la rescisión del contrato, acorde con el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ese análisis de interpretación y cumplimiento de los contratos administrativos, debe comprender todas las cuestiones inherentes a los mismos, a fin de que se respete el derecho humano de acceso a la justicia.
• En consecuencia, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que la Sala responsable, siguiendo los lineamientos de esa ejecutoria, dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que ordenara la admisión de la demanda de nulidad, de no actualizarse diversa causa de improcedencia.
3. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito conoció del amparo directo 612/2018, interpuesto contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, interpuesto por Engineering & Control, Sociedad Anónima de Capital Variable; resuelto el ocho de agosto de dos mil diecinueve, en que negó el amparo solicitado.
Para ello, en el considerando cuarto reseñó que el representante legal de la empresa quejosa acudió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Xalapa, Veracruz, a demandar a Pemex Exploración y Producción, con motivo del contrato de obra pública número 424041855, que celebró para el "Servicio de mantenimiento y reparación general a motores y generadores de corriente directa y corriente alterna, así como, máquinas de soldar y frenos electromagnéticos de los equipos de perforación y mantenimiento, así como de los talleres y/o instalaciones diversas de apoyo a equipos de perforación y mantenimiento de pozos que operan en los activos de la región norte. Partida 1. Reynosa."; concretamente, el reconocimiento expreso y legal por sentencia firme, del derecho que le asiste de reclamar:
a) El pago de la cantidad de $5',982,908.96 MXN (cinco millones novecientos ochenta y dos mil novecientos ocho pesos 96/100 M.N.) y $78,633.77 USD (setenta y ocho mil seiscientos treinta y tres dólares americanos 77/100 USD) relativa a los servicios y trabajos realizados, concluidos, entregados y recibidos a satisfacción, durante la vigencia del contrato.
b) El pago de los gastos e intereses financieros calculados sobre el monto reclamado, desde la fecha en que concluyó el contrato (treinta y uno de diciembre de dos mil trece) hasta el pago total de las cantidades precitadas.
c) El pago de la cantidad que corresponda a los gastos y costas del juicio, incluyendo el importe que represente el treinta por ciento del valor de las prestaciones que sean objeto de la condena que se llegue a dictar en el asunto y que deberán ser cubiertos al abogado patrono por concepto de honorarios profesionales.
Con la mención de que "la presente demanda, no contiene acto impugnado, ni tampoco conceptos de impugnación, toda vez que no se trata de un juicio de anulación, por el cual se pretenda la nulidad de algún acto de determinada autoridad administrativa, sino que se trata de un juicio ordinario administrativo, por el cual, se reclama el pago de determinadas prestaciones directas (pago de pesos) derivados del cumplimiento e interpretación del contrato 424041855".
El órgano Colegiado de Circuito calificó de ineficaces los conceptos de violación hechos valer, sustancialmente por las razones siguientes:
• En principio, aquel mediante el cual la sociedad quejosa adujo que la sentencia combatida vulneró el derecho de legalidad, en su vertiente de seguridad jurídica, en tanto que contraviene la determinación que previamente había adoptado la Sala Regional responsable; porque era inexacto que ésta hubiese hecho pronunciamiento alguno en torno a la procedencia del juicio contencioso administrativo, aun sin el señalamiento de un acto o resolución impugnado que fuera un impedimento para hacerlo al dictar la sentencia definitiva; en tanto el desechamiento de la demanda atendió a que la parte actora omitió señalar conceptos de impugnación, lo que encuadró en la hipótesis establecida en el artículo 8, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Desechamiento que fue revocado al resolver el recurso de reclamación interpuesto, al estimar que era innecesaria la formulación de los indicados conceptos de impugnación, sin hacer consideración o referencia expresa en cuanto a la existencia de un acto o resolución impugnado; en esa medida no puede estimarse que al decretar el sobreseimiento en la sentencia reclamada, por la actualización de la causa de improcedencia establecida en el propio artículo 8, pero en su fracción XI, por la inexistencia de tal resolución o acto impugnado, haya actuado en contra de sus propias determinaciones.
Y, aunque es verdad que el acuerdo por el que se admitió la demanda no fue controvertido por la parte interesada, y que al contestar la demanda Pemex Exploración y Producción Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos se sometió a la jurisdicción de la Sala Regional responsable, mientras que tampoco planteó la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el juicio, tales circunstancias son insuficientes para estimar ilegal la sentencia reclamada y conceder la protección constitucional, dado que el estudio sobre la procedencia del juicio debe hacerse aun de oficio.
• La determinación de dar por terminado el procedimiento conciliatorio previsto en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía para solucionar la controversia, no es una resolución definitiva, en tanto no refleja una voluntad definitiva o última por parte de la autoridad, puesto que no contiene decisión alguna, y tampoco causa un agravio a las promoventes que permita su impugnación mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el acta de conciliación, en forma alguna puede equipararse o ser equivalente a una resolución o acto administrativo, susceptible de impugnación, mediante el juicio contencioso administrativo.
• Los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos debe resolverse en los juicios administrativos respectivos, atento a lo sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal en las jurisprudencias 2a./J. 14/2018 (10a.),(4) y 2a./J. 62/2015;(5) sin embargo, conforme al numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que proceda el juicio de nulidad, salvo tratándose de la negativa o afirmativa ficta, debe tratarse de un acto definitivo con carácter positivo que haga procedente la instancia administrativa federal para analizar su legalidad, como son, entre otros, la rescisión administrativa, la emisión del finiquito o la terminación anticipada, requisito que es indispensable que exista para la viabilidad del juicio de nulidad, pues de las razones expuestas en las ejecutorias que dieron origen a las citadas jurisprudencias, no se desprende que la Segunda Sala haya definido que el juicio de nulidad es procedente contra el incumplimiento d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29695-3db6a6fa/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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