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Modo: Corpus Pro

EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL". USURA. EN CRÉDITOS CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SU ANÁLISIS DEBE HACERSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES. USURA. LOS CRÉDITOS PACTADOS EN UDIS SON DISTINTOS A LOS CONVENIDOS EN PESOS Y, POR TANTO, SU EXAMEN DEBE HACERSE SOBRE BASES DIFERENTES PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE HA CONFIGURADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 693/2019. · Registro digital (IUS): 29714
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-03-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, Pág. 2846.

AMPARO DIRECTO 693/2019. 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, EN CUANTO A LO OFICIOSO DEL ESTUDIO. PONENTE: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL.

Ciudad de México. Sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto para resolver el juicio de amparo directo DC. 693/2019, promovido por ********** y **********, contra la sentencia definitiva dictada el once de julio de dos mil diecinueve, por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 459/2019/1, derivado del juicio especial hipotecario 513/2018, seguido por **********, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso **********, a través de su representante **********, en contra de los quejosos. En la demanda se aduce violación a los artículos 1o., 14, 15, 16 y 17 constitucionales, y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Juicio especial hipotecario.

I. Demanda. Por escrito de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, y su aclaración de ocho de junio siguiente **********, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso **********, en lo subsecuente **********, a través de su representante **********, en adelante **********, por conducto de su apoderado **********, promovió juicio especial hipotecario en contra de ********** y **********, de quienes demandó lo siguiente (páginas uno a dieciséis y noventa a noventa y dos del expediente 513/2018):

A. El vencimiento anticipado del plazo convenido en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, de diecinueve de julio de dos mil siete.

B. El pago de 133,927.28 unidades de inversión (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, como suerte principal.

C. El saldo de las mensualidades vencidas, desde la fecha en que se incumplió en el pago, hasta la liquidación del adeudo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato.

D. El pago de 43,852.58 unidades de inversión (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, como intereses ordinarios generados del uno de agosto de dos mil doce, al veinticinco de abril de dos mil dieciséis, más los que se actualicen hasta la liquidación del adeudo.

E. El pago de 5,320.50 unidades de inversión (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, como saldo de comisión por administración vencida, desde el incumplimiento de pago, más la que se actualice hasta la satisfacción del adeudo.

F. El pago de 3,397.50 unidades de inversión (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, como saldo de comisión por cobertura vencida, desde el incumplimiento de pago, más la que se actualice hasta la satisfacción del adeudo.

G. El pago de 9,454.50 unidades de inversión (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, por concepto de seguros vencidos desde el incumplimiento de pago, más la que se actualice hasta la satisfacción del adeudo.

H. El pago de 60,303.18 unidades de inversión (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, por concepto de intereses moratorios generados desde el dos de agosto de dos mil doce, al veinticinco de abril de dos mil dieciséis, más los que se actualicen hasta la total liquidación del adeudo.

I. En caso de incumplimiento de pago, la ejecución de la garantía hipotecaria.

J. La posesión del inmueble dado en garantía a la actora o al depositario que se designe.

K. Costas.

Fundó la demanda en los hechos esenciales siguientes:

I.1. Contrato de apertura de crédito simple.

1. El diecinueve de julio de dos mil siete **********, como acreditante celebró contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria con ********** y **********, como acreditados. El contrato se formalizó en el instrumento notarial **********, emitido por el notario público número ********** de Tijuana, Baja California, inscrito registralmente.

2 y 3. En virtud del contrato se otorgó a los demandados un crédito hasta por 171,411.22 UDIS (ciento setenta y un mil cuatrocientos once punto veintidós unidades de inversión), para la adquisición de un inmueble, el cual no incluía los intereses, comisiones, gastos de primas de seguro y demás accesorios; se obligaron a pagarlo por su equivalencia en pesos en moneda nacional, al valor que tuviera a la fecha en que se efectuara el pago.

Los demandados adeudan a la fecha de la presentación de la demanda 133,927.28 UDIS (ciento treinta y tres mil novecientos veintisiete punto veintiocho unidades de inversión).

4 y 5. En cuanto a los intereses ordinarios, se generarían sobre saldos insolutos, a razón de una tasa de interés anual fija de 8.60% (ocho puntos porcentuales sesenta centésimas). Los moratorios se actualizarían conforme a la tasa resultante de multiplicar 1.5 veces la tasa de interés ordinaria.

6. Se obligaron a pagar el capital e intereses, mediante pagos mensuales vencidos, por 1,585.55 UDIS (mil quinientos ochenta y cinco punto cincuenta y cinco unidades de inversión), en su equivalente en moneda nacional, el mismo día en que se cubran los intereses, de la siguiente forma: a) 1,391.82 UDIS (mil trescientos noventa y uno punto ochenta y dos unidades de inversión), aplicadas al pago del crédito e intereses; b) 118.23 UDIS (ciento dieciocho punto veintitrés unidades de inversión), a la comisión por administración del crédito.

Se convino el pago de las primas de seguros, así como de comisiones, equivalentes al 5% (cinco puntos porcentuales) del importe mensual.

7. Los pagos se aplicarían en el siguiente orden: i) pena por mora; ii) intereses moratorios; iii) primas de seguros; iv) gastos de cobranza; v) comisión de administración; vi) comisiones de garantía de la SHF; vii) intereses de la SHF; viii) margen de intermediación a favor de la hipotecaria; y ix) a capital.

8. Se constituyó hipoteca en primer lugar, a favor de **********; y en segundo lugar, a la acreditante, respecto de la vivienda identificada como unidad privativa, número **********, número oficial **********, interior **********, sito en Boulevard **********, conjunto habitacional **********, lote **********, manzana **********, fraccionamiento **********, código postal **********, de Tijuana, Baja California.

9. Ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, la acreditante podría dar por vencido anticipadamente el plazo para pagar el adeudo, tornándose exigible, en una sola exhibición, la totalidad del capital adeudado, intereses y demás accesorios convenidos.

10. Las partes convinieron que, en caso de ejecución, la acreditante podría exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones y optar por cualquiera de los procedimientos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, o por los aplicables para todos los demás Estados de la República Mexicana, así como por el Código de Comercio, o por los procedimientos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito.

I.2. Hechos posteriores a la celebración del contrato de crédito:

11. El veintitrés de octubre de dos mil siete, se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable **********, entre **********, como fideicomitente y **********, como fideicomisaria en primer lugar y **********, como fideicomisaria en segundo lugar; con la comparecencia de **********.

El veintitrés de octubre de dos mil siete **********, celebró contrato de cesión de derechos con **********, en su carácter de fiduciaria en el fideicomiso irrevocable **********, de diversos créditos otorgados, con todos los frutos, productos y accesorios que les correspondieran, dentro de los cuales se encuentra el que se otorgó a los demandados, identificado con el número **********.

12. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, los demandados fueron notificados del contrato de cesión, como consta en las actas ********** y **********, expedidas por el corredor público ********** de Tijuana, Baja California.

13 y 14. Los acreditados incumplieron con su obligación de pago desde el dos de agosto de dos mil doce, por lo que operó el vencimiento anticipado.

El detalle de los montos adeudados, sin tomar en cuenta los demás accesorios, es el siguiente:

Ver tabla 1

II. Turno, admisión y emplazamiento. Correspondió conocer del asunto a la Juez Décima Segunda de lo Civil de esta ciudad, quien formó el expediente **********, el doce de junio admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a los demandados (páginas noventa y tres a noventa y seis).

III. Contestación a la demanda. Por escrito de diez de diciembre ********** y **********, se opusieron a las prestaciones reclamadas. Negaron los hechos de la demanda y precisaron lo siguiente: (páginas ciento cincuenta y ocho a ciento setenta y nueve).

1, 3, 8, 9 y 10. Son ciertos.

2. Es cierto. Aclaró que nunca tuvieron conocimiento de la cesión de derechos.

4, 5, 6 y 7. Son ciertos. Añadió que las cláusulas que se señalan son de usura, debido a que cuando se firmó el contrato, el valor de la UDI era de $3,821.37 por peso, y el valor actual es de $6.182783 (sic) por peso; el adeudo se incrementó 98% (noventa y ocho puntos porcentuales).

Remitieron a consultar las páginas electrónicas siguientes, para constatar los valores de la UDI:

http://dof.gob.mx/indicadores_detalle.php?cod_tipo_indicador=159&dfecha=19%2F07%2F2007&hfecha=19%2F07%2F2007

http://dof.gob.mx/indicadores_detalle.php?cod_tipo_indicador=159&dfecha=06%2F12%2F2018&hfecha=06%2F12%2F2018#

11. No se afirma o se niega, por no ser hecho propio.

Reiteraron que nunca se les notificó el contrato de cesión que celebró **********, en favor de **********. Éste se celebró antes del emplazamiento, lo que coloca al juicio en el contexto de derechos de crédito o derechos crediticios, porque la litis no estaba integrada; y que no es lo mismo que cesión de derechos litigiosos. Se les debió notificar de ello para que procediera el juicio hipotecario.

Aunque dentro de las copias de traslado existe la notificación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por conducto del corredor público ********** de la ciudad de Tijuana, Baja California, no existe certeza de que éste haya realizado en forma la notificación de una supuesta cesión de derechos, conocimiento que tuvieron hasta que fueron emplazados a juicio. En todo caso, el corredor público supuestamente fijó la notificación en la puerta del domicilio, por lo que se hace valer el criterio jurisprudencial de rubro: "CORREDORES PÚBLICOS, VALOR DE LAS CERTIFICACIONES HECHAS POR LOS."(1)

12. Es falso, por las razones expuestas en el hecho 11, respecto a la notificación por medio del corredor público.

13. Es falso. **********, aclaró que por estar afiliado al Infonavit, se le descuenta de su cuenta patronal el crédito, por lo que el estado de cuenta presentado por la actora, no refleja la realidad del supuesto adeudo.

De los montos que señaló la actora en el cuadro que exhibe, demuestran que el adeudo original incrementó 98% (noventa y ocho puntos porcentuales).

14. Cierto, pero la actora debió requerir previamente a los demandados, situación que no aconteció.

Opusieron como excepciones o defensas las siguientes:

• Plus petitio, por el cobro excesivo que pretende la actora.

• La de omisión de interpelación judicial, por no probar fehacientemente que se les notificó con los datos, contratos, convenio modificatorio e inmueble, por lo que no se encuentran integrados los elementos de la acción, ni de exigir el vencimiento anticipado del contrato.

• La de falta de acción y derecho, al no haber notificado la cesión o cesiones de derecho que realizó. El contrato de cesión que realizó la acreditante con la actora, fue antes del emplazamiento, por lo que se coloca al juicio en el contexto de derechos de crédito, porque la litis no estaba integrada; esa cesión no es lo mismo que hablar de cesión de derechos litigiosos.

IV. Fallo de primera instancia. El once de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia con el siguiente resultado: (páginas doscientos cuarenta y tres a doscientos sesenta y siete).

a) Se declaró el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito otorgado.

b) Se condenó a ********** a pagar a favor de **********, o a quien sus derechos represente, lo siguiente:

b.1) 133,927.28 UDIS (ciento treinta y tres mil novecientos veintisiete punto veintiocho unidades de inversión), en su equivalente en moneda nacional, como suerte principal, a liquidarse en ejecución de sentencia.

b.2) 5,320.35 UDIS (cinco mil trescientos veinte punto treinta y cinco unidades de inversión), por concepto de saldo de comisión por administración vencida, así como 3,397.50 UDIS (tres mil trescientos noventa y siete punto cincuenta unidades de inversión), por concepto de saldo de comisión por cobertura vencida, ambos en su equivalente en moneda nacional, generados al veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Lo absolvió de las comisiones que se siguieran causando.

b.3) 60,303.18 UDIS (sesenta mil trescientos tres punto dieciocho unidades de inversión), en su equivalente en moneda nacional, por concepto de intereses moratorios del dos de agosto de dos mil doce, hasta el veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

b.4) Los intereses moratorios que se sigan generando a partir del veintiséis de abril del dos mil dieciséis y hasta el pago de la suerte principal, a razón de la tasa que resulta de multiplicar por el factor de 1.5 la tasa de interés ordinaria de 8.60% (ocho punto sesenta puntos porcentuales), a cuantificarse en ejecución de sentencia.

c) Lo absolvió del pago de las prestaciones C, D y G (mensualidades vencidas, intereses ordinarios y seguros reclamados), así como a la prestación J (otorgamiento de la posesión del inmueble dado en garantía).

d) En caso de impago, el trance y remate del inmueble dado en garantía, con respeto del grado de prelación que tiene **********.

Absolvió a los demandados en costas.

SEGUNDO.—Recurso de apelación. ********** y ********** apelaron. Conoció del recurso la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca **********. El once de julio de dos mil diecinueve confirmó la sentencia recurrida. Condenó en costas de ambas instancias. (páginas setenta y cuatro a ciento trece del toca **********)

La notificación de esta sentencia surtió efectos para los quejosos, el cinco de agosto de dos mil diecinueve.

TERCERO.—Juicio de amparo directo. ********** y **********, promovieron juicio de amparo contra la sentencia definitiva, mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. La autoridad responsable proveyó lo conducente. Correspondió conocer del asunto a este Tribunal Colegiado de Circuito. El once de septiembre siguiente se admitió la demanda. El agente del Ministerio Público adscrito no formuló pedimento. El tres de octubre posterior **********, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso **********, a través de su representante **********, por conducto de su apoderado **********, presentó escrito de alegatos en donde no expuso alguna causa de improcedencia del juicio de amparo. Finalmente, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, el asunto se turnó a la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia y procedencia.

En la demanda se reclama una sentencia definitiva, dictada en un juicio especial hipotecario, por una autoridad judicial con jurisdicción en materia civil, residente en este Circuito.

Este tribunal es competente para su conocimiento, de conformidad con los artículos 34 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

La vía de amparo directo es procedente, por imperativo del artículo 170 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.—Existencia del acto reclamado. Quedó acreditada con el documento original donde se asentó, constante en el toca respectivo.

TERCERO.—Sentencia reclamada. La parte considerativa de la resolución reclamada es la siguiente:

"...

"II. En su primer agravio aduce la apelante, que la sentencia definitiva infringe lo dispuesto en los artículos 1908, 1911, 2036, 2917 y 2926 del Código Civil para el Distrito Federal (sic), así como lo previsto en el numeral 5o. del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, además de lo establecido en los artículos 6o. y 20 de la Ley Federal de Correduría Pública, sosteniendo que, en el considerando tercero, en relación a su excepción de falta de notificación de la cesión de créditos, se estableció:

"‘En ese sentido, y al no encontrarse desvirtuadas en cuanto a su alcance y valor probatorio, las documentales públicas consistentes en las actas números ********** (**********) y ********** (**********), ambas de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, con (sic) medio de prueba idónea por los enjuiciados, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 327, fracción I, 402 y 403 de la ley adjetiva de la materia, para tener por demostrado que los reos sí fueron notificados debidamente de la cesión antes referida, así como del adeudo que tiene a su favor y, por tanto, se colige que los reos tienen conocimiento de tales circunstancias. De ahí que las excepciones de omisión de interpelación judicial y falta de acción y derecho, opuestas por los enjuiciados al momento de contestar la demanda resulten infundadas...’

"De lo anterior, manifiesta la apelante, se advierte que a las actas que se identifican con los números ********** y **********, ambas de fechas diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se les otorgó valor probatorio pleno, en términos de los artículos 327, fracción I, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, para tener por cumplimentada la notificación de la cesión de derechos, al no haber sido desvirtuada en cuanto a su alcance y valor por la apelante, determinación que considera errónea en virtud de que fue un corredor público quien autorizó dichas actas, cuyas funciones se encuentran limitadas para actividades de carácter comercial, mismas que se encuentran reguladas en el artículo 75 del Código de Comercio, resultando que en el caso concreto se tramitó un juicio especial hipotecario, en donde existe una garantía hipotecaria, el cual limita el campo de acción de cualquier corredor público, tal como lo prevé el artículo 6o. de la Ley de Correduría Pública, lo cual trae como consecuencia que dicha notificación de cesión sea nula.

"Asimismo, afirma la recurrente que el artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública contiene las funciones de los corredores públicos, en los siguientes términos:

"‘Artículo. 6o. ...I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;

"‘II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;

"‘III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;

"‘IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;

"‘V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil;

"‘VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;

"‘VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y

"‘VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

"‘Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos.’

"En este sentido, considera la apelante que conforme a la interpretación gramatical, y atendiendo a la naturaleza de la función del corredor público, una notificación de cesión de derechos a favor de un tercero es una afectación sobre el inmueble otorgado por el deudor en garantía de pago, por lo cual, este tipo de notificaciones está reservada para las autoridades jurisdiccionales o para un notario público, pero no para un corredor público, tal como está previsto en la fracción V del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, ya que la única facultad que se le concede al corredor público como fedatario público, es la de hacer constar los contratos, actos y hechos de naturaleza mercantil, siempre y cuando no tengan por objeto la afectación de bienes inmuebles.

"También, aduce la recurrente, que de la referida acta se advierte que el corredor público la fijó en la puerta del domicilio, por ser lugar visible, con base en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Correduría Pública; sin embargo, considera la inconforme que de conformidad con la jurisprudencia, que a la letra dice:

"‘CORREDORES PÚBLICOS, VALOR DE LAS CERTIFICACIONES HECHAS POR LOS.’."(2) (la transcribe)

"Se desprende que no es suficiente que en las demandas que den origen a los juicios naturales se señale en el capítulo de hechos, que la notificación hecha por corredor público sirva como aviso a los deudores de la cesión de los derechos derivados del crédito hipotecario, ya que dicho acto jurídico resulta ser un presupuesto para la procedencia de la vía especial hipotecaria que, previamente a intentarla, se haya notificado a los demandados la cesión del crédito consagrado en el contrato de apertura de crédito e hipoteca base de la acción; es decir, la intervención del corredor se constriñe a la mera intervención como asesor en las diferentes transacciones de índole mercantil, como mediador o consejero de las partes que intervienen en los respectivos actos de comercio, y dar testimonio de la legalidad de esos actos, para otorgar certeza jurídica de los actos celebrados, expresando en el respectivo documento todas las circunstancias de que se haya percatado en el evento, esto es, dando fe de cómo se llevaron a cabo los actos o hechos jurídicos en los que se solicitó su intervención como fedatario mercantil.

"En esos términos, afirma la inconforme que para determinar si el corredor público, puede o no dar fe del otorgamiento de una cesión de derechos litigiosos o, en su caso, otorgamiento de un poder, se debe atender al derecho vigente, esto es, al que se aplica conforme a lo que las normas jurídicas establecen, puntualizando que aun cuando el numeral transcrito no dice expresamente que al corredor corresponde dar fe del otorgamiento de un poder, deja abierta esa posibilidad, aunque debe entenderse que lo limita sólo en determinados actos y dentro de la materia mercantil, pues lo autoriza a actuar como fedatario público, para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto tratándose de inmuebles, y para actuar como fedatario en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

"Por ello, sostiene la recurrente que la notificación de la cesión de derechos litigiosos de un contrato inmobiliario con garantía hipotecaria, no se encuentra dentro de las facultades que le corresponde a un fedatario mercantil, y que dicha cesión se encuentra regulada y restringida en el Código Civil para la Ciudad de México, como lo establecen los artículos 1908 (sic) y 1911 (sic).

"Aunado a ello, dice la inconforme que la limitación del corredor público se confirma con lo previsto en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de (sic) la Correduría Pública, que a la letra dice:

"‘Artículo 5o. Para efectos del artículo 20 de la ley, no se consideran prohibiciones:

"‘I. Desempeñar cargos docentes, de investigación o de dirección, en instituciones educativas, así como los que se desempeñen en instituciones de asistencia pública o privada, y los concejiles;

"‘II. Promover, en representación de los interesados, en los procedimientos necesarios para el otorgamiento, trámite o registro de los instrumentos en que intervenga;

"‘III. Desempeñar el cargo de consejero independiente o secretario sin ser miembro del órgano de administración o secretario de actas, miembro de comités de vigilancia o de prácticas corporativas, comisario o delegado fiduciario;

"‘IV. Ejercer las funciones que expresamente le confieran otras leyes y reglamentos en los términos de la fracción VIII del artículo 6o. de la propia ley; sin perjuicio de las facultades que le confieren las leyes o disposiciones locales;

"‘V. Desempeñar el cargo de mediador, síndico o conciliador en la resolución de controversias;

"‘VI. Ser tutor, curador o albacea;

"‘VII. Actuar en representación de su cónyuge o parientes en línea recta ascendiente o descendente sin limitación de grado;

"‘VIII. Ejercer su actividad sin que se considere inhabilitado o impedido para ejercer en el mismo asunto sus funciones de fe pública, perito valuador, árbitro, agente intermediario de comercio o asesor jurídico;

"‘IX. Dar forma a aquellos actos, contratos y convenios mercantiles que sin requerir este requisito las partes intervinientes así quisieren dar, excepto en tratándose de inmuebles;

"‘X. Actuar como fedatario público en la celebración o formalización de cualquier acto de comercio conceptualizado como tal en el artículo 75 del Código de Comercio excepto en tratándose de inmuebles; y

"‘XI. Actividades semejantes que no causen conflicto ni dependencia que afecte su imparcialidad o autonomía.

"‘Para efectos del presente artículo se entiende por mediación la función de establecer comunicación y negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes alternativas concretas de solución para que resuelvan de común acuerdo sus diferencias.’

"Aunado a ello, manifiesta la apelante que en la resolución definitiva se consideró que nunca existió una cesión de derechos del crédito base de la acción, ya que previo a la presentación de la demanda, solamente se había realizado una fusión y cuatro cambios de denominaciones, sin que en algún momento haya existido un acto que, en términos de ley, se haya notificado a la apelante la cesión de derechos, lo que trae como consecuencia que, al no existir tal notificación, la vía especial hipotecaria sea improcedente.

"Además, dice la recurrente que resulta inexacto que tenga la obligación de acreditar la falsedad de dichas actas, ya que esto nunca se alegó, pues lo que hizo valer en la objeción de documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio, fue que no se realizaron conforme a derecho y, por otro lado, la ambigüedad del cercioramiento del domicilio con los vecinos, así como la fijación de la notificación por medio de instructivo; sin embargo, aclara que esto se realizó a las 11 (once) horas con 17 (diecisiete) minutos en un día hábil en el que trabaja de las 8:00 (ocho) horas a las 17:00 (diecisiete) horas; por tanto, no existe la certeza y seguridad jurídica de que haya recibido dicha notificación.

"Asimismo, manifiesta la inconforme que, con base en criterios aislados y superados, se determinó que no existía obligación de notificar a los enjuiciados las referidas cesiones, en virtud de que éstas se subsanaron cuando fueron notificadas, a través del juzgado del conocimiento, violentando de esta manera, los artículos anteriormente citados, destacando que resulta lógico exigir que se notifique al deudor cuando exista una sustitución en el acreedor por transmisión de los derechos de crédito pues, de lo contrario, el deudor no tendría conocimiento del cambio de acreedor y, por ende, no se le podría imputar una falta de cumplimiento de las obligaciones relativas, lo que hace justificable que al no cumplirse este requisito, no se puede perfeccionar mediante una notificación judicial (emplazamiento) pues, como se dijo con antelación, al no comunicarse lo anterior, no se puede considerar que están perfectamente definidos el acreedor y el deudor, que es uno de los requisitos necesarios para ejercitar la acción de pago y rescisión de contrato.

"También, afirma la apelante, que si bien es cierto que las cesiones se realizaron antes del emplazamiento, también lo es que estamos hablando de una cesión de crédito que regula el Código Civil, en sus artículos 1911 (sic) y 1908 (sic); en consecuencia, al no estar integrada la litis no estamos hablando de una cesión de derechos litigiosos, ya que las cesiones son anteriores al emplazamiento, por lo cual considera la inconforme que la sentencia definitiva no está fundada ni motivada, ya que si bien es cierto que por auto de 14 de diciembre de 2018, fecha en que se tuvo a los enjuiciados dando contestación a la demanda y oponiendo excepciones y defensas, también lo es que dichas cesiones ya obraban en el expediente, siendo obligación de la autoridad judicial cerciorarse de las notificaciones a los demandados.

"Bajo ese contexto,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29714-bd63fb44/explotacion-del-hombre-por-el-hombre-debe-hacerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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