INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO. LA DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN LA CARTA DE BIENVENIDA A UBER COMO USUARIO PASAJERO ("RIDER") O SOCIO CONDUCTOR ("DRIVER"), SUSCRITA POR EL MÁNAGER DE ESA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN FAVOR DE LA PARTE QUEJOSA, AL NO SER OBJETADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TIENE PLENA EFICACIA PARA TENERLO POR ACREDITADO EN EL JUICIO QUE SE RECLAMAN NORMAS GENERALES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 20 DE ENERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
II. Competencia
4. Esta Segunda Sala es competente para resolver la contradicción de tesis en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos al resolver amparos en revisión, y la materia sobre la que versa corresponde a la especialidad de esta Sala, por lo que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Legitimación
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 227, fracción II,(1) de la Ley de Amparo, el denunciante de esta contradicción de tesis está legitimado para ello, ya que fue el autorizado de los quejosos de los asuntos resueltos por el Primero y, Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en los que éstos emitieron uno de los criterios contendientes.(2)
IV. Cuestión previa
6. Del escrito de denuncia de contradicción de tesis, se aprecia que el denunciante refirió que uno de los criterios contendientes se emitió en el incidente en revisión 2/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, no obstante, de una búsqueda en el sistema integral de seguimiento de expedientes, como hecho notorio, se tiene que se trata de un amparo en revisión y no de una incidencia, lo que se constata con el nombre de la parte quejosa que aparece en ese amparo en revisión y el que se menciona en el escrito de denuncia, así como con los actos reclamados y autoridades responsables, por lo que lo procedente es que el asunto que se tenga participando en esta contradicción de tesis sea el amparo en revisión 2/2019 del índice del mencionado órgano jurisdiccional.
V. Existencia de la contradicción
7. De acuerdo con los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la configuración de la contradicción de tesis surge si los tribunales contendientes examinaron, en los asuntos implicados en la denuncia, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso si parten de aspectos fácticos distintos, y respecto de tales cuestiones arriban a posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.(3)
8. De igual forma, este Alto Tribunal ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos tenga el carácter de generalidad y no de particularidad o individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo que persigue que es dar certidumbre jurídica.
9. En ese sentido, esta Segunda Sala estima que, por un lado, existe contradicción de criterios y, por otro, no, y para corroborarlo, en primer lugar, es necesario precisar las posturas de los órganos jurisdiccionales que involucra, destacando que en todos los asuntos sometidos a su consideración, los actos reclamados fueron normas que regulan el servicio de transporte prestado a través de plataformas tecnológicas en el Municipio de Tijuana, Baja California, contenidas tanto en el Reglamento de Transporte Público para ese Ayuntamiento, como en el Reglamento Interno de la Dirección Municipal del Transporte Público.
Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en el amparo en revisión 60/2018
10. En el tercer agravio se combate el sobreseimiento decretado por falta de interés jurídico y legítimo.
11. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.
12. Conforme a los artículos 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los reconocidos por la propia Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico.
13. En el caso, para acreditar su interés, la parte quejosa exhibió la carta de bienvenida suscrita por el mánager de Uber-Tijuana, de la que se desprende que se encuentra registrada y dada de alta como pasajero (RIDER) en la plataforma tecnológica de Uber, en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo y a la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas, así como que la zona geográfica en donde se encuentra registrada dicha quejosa es la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar geográfico en donde las normas generales reclamadas tienen su ámbito territorial de validez.
14. Lo anterior es suficiente para demostrar la relación contractual entre aquella empresa y la solicitante de amparo, puesto que de tal documental se deriva el carácter de usuaria del servicio de transporte bajo demanda en aplicación móvil, en tanto que, si bien se trata de una documental privada, no se encuentra expresamente objetada por la autoridad, lo cual permite darle valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
15. Por tanto, no se comparte la conclusión alcanzada por la Juez federal en cuanto a que la carta de bienvenida aportada por la quejosa sólo constituye un indicio, ya que para restarle valor probatorio habría sido necesario que la autoridad objetara este documento privado proveniente de un tercero, lo que no aconteció, de manera que no era exigible imponer a la oferente la carga de robustecer su contenido con otros medios de convicción, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 197 de la legislación adjetiva en cita, máxime que se trata de la elaboración de un acuerdo por medios no tradicionales.
16. Según se advierte de las manifestaciones de la parte quejosa, su incorporación a la empresa de transporte se realizó por medios electrónicos, por lo que basta atender a lo dispuesto en los artículos 1803, 1805, 1811, 1832 y 1834 Bis del Código Civil Federal, según los cuales en los contratos civiles, cada uno se obliga de la manera en que quiso obligarse, sin que para la validez de un contrato se exijan formalidades determinadas, salvo que la ley disponga algo distinto, y el consentimiento puede expresarse por medios electrónicos, para concluir que no puede exigirse a la parte quejosa que exhiba un contrato en forma escrita, con firmas escritas, para demostrar sus afirmaciones, puesto que es legalmente posible la celebración de contratos electrónicos, en donde el consentimiento puede perfeccionarse a través de procedimientos que sólo incluyen la transmisión de mensajes en formas diversas, algunas de las cuales sólo dejan ciertas huellas materiales.
17. En consecuencia, debe declararse esencialmente fundado el agravio, lo cual es suficiente para dejar insubsistente la decisión de la Juez en el sentido de que la parte quejosa no acreditó su interés para promover el juicio de amparo.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en los amparos en revisión 62/2018 y 63/2018
18. En el tercer agravio se combate el sobreseimiento decretado por falta de interés jurídico y legítimo.
19. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.
20. Conforme a los artículos 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los reconocidos por la propia Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico.
21. En el caso, para acreditar su interés, la parte quejosa exhibió la carta de bienvenida suscrita por el mánager de Uber-Tijuana, de la que se desprende que se encuentra registrada y dada de alta como conductor de un automóvil en la plataforma tecnológica de Uber, en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo y a la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas, así como que la zona geográfica en donde se encuentra registrada dicha quejosa es la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar geográfico en donde las normas generales reclamadas tienen su ámbito territorial de validez.
22. Lo anterior es suficiente para demostrar la relación contractual entre aquella empresa y el solicitante de amparo, en tanto que, si bien se trata de una documental privada, no se encuentra expresamente objetada por la autoridad, lo cual permite darle valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
23. Por tanto, no se comparte la conclusión alcanzada por la Juez Federal en cuanto a que la carta de bienvenida aportada por la quejosa sólo constituye un indicio, ya que para restarle valor probatorio habría sido necesario que la autoridad objetara este documento privado proveniente de un tercero, lo que no aconteció, de manera que no era exigible imponer a la oferente la carga de robustecer su contenido con otros medios de convicción, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 197 de la legislación adjetiva en cita, máxime que se trata de la elaboración de un acuerdo por medios no tradicionales.
24. Según se advierte de las manifestaciones de la parte quejosa, su incorporación a la empresa de transporte se realizó por medios electrónicos, por lo que basta atender a lo dispuesto en los artículos 1803, 1805,1811, 1832 y 1834 Bis del Código Civil Federal, según los cuales en los contratos civiles, cada uno se obliga de la manera en que quiso obligarse, sin que para la validez de un contrato se exijan formalidades determinadas, salvo que la ley disponga algo distinto, y el consentimiento puede expresarse por medios electrónicos, para concluir que no puede exigirse a la parte quejosa que exhiba un contrato en forma escrita, con firmas escritas, para demostrar sus afirmaciones, puesto que es legalmente posible la celebración de contratos electrónicos, en donde el consentimiento puede perfeccionarse a través de procedimientos que sólo incluyen la transmisión de mensajes en formas diversas, algunas de las cuales sólo dejan ciertas huellas materiales.
25. En consecuencia, debe declararse esencialmente fundado el agravio, lo cual es suficiente para dejar insubsistente la decisión de la Juez en el sentido de que la parte quejosa no acreditó su interés para promover el juicio de amparo.
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión 492/2017
26. Son infundados los argumentos del recurrente, ya que no le asiste interés legítimo, ni en su vertiente de colectivo como lo denomina, por lo que fue correcto que se sobreseyera en el juicio.
27. Lo anterior, porque las normas impugnadas no tienen impacto sobre la esfera jurídica, en sentido amplio, del quejoso, puesto que no existe margen para tener por acreditado que de concederse el amparo obtendría un beneficio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.
28. Todo lo manifestado por el quejoso de ninguna manera revela su interés legítimo (colectivo), ya que no se aprecia cómo es que la regulación reclamada tiene un impacto en la forma en que se le presta el servicio, es decir, no indica, verbigracia, que los costos se incrementarán; que se reducirá la oferta; que se emplearán tiempos mayores de espera o alguna particular situación, que a su vez debe vincularse con un derecho plenamente reconocido en su favor.
29. El solicitante del amparo pretende sustentar su interés legítimo en una afirmación genérica de que se violentan sus derechos como consumidor, pero no especifica cuáles son infringidos de manera directa o indirecta con una regulación que no se dirige directamente a su esfera jurídica.
30. De manera alguna es suficiente que se diga que se varían las condiciones del servicio, puesto que se trata de una afirmación dogmática, y no resulta notorio y evidente que la forma en que pedía, recibía y solventaba el servicio se modificaron de tal manera que el quejoso sufriría un perjuicio.
31. Además, el hecho de que se aduzca, por ejemplo, que se sobre regula la actividad de "Uber" y que corresponde a la Federación realizarlo y no a los Municipios, tampoco justifica la procedencia del amparo, porque tales cuestiones son inherentes al fondo del asunto y, además, no revelan cómo ello impacta en su esfera de derechos, aun cuando no se dirige a una actividad comercial que lleva a cabo la quejosa.
32. Así, aunque el quejoso acreditó que es usuario de "Uber", destinatario de la norma impugnada, no existe margen para considerar que ello tiene algún impacto indirecto sobre sus derechos, lo que constituye un requisito indispensable, como presupuesto procesal, cuando se ejerce la acción constitucional aduciendo un interés legítimo.
33. Además, el hecho de que las pruebas que ofreció para demostrar su interés no se objetaran, no implica que se considere que demostró su interés legítimo, puesto que para ello debe quedar en evidencia la afectación real a su esfera de derechos, derivada de la norma que no se dirige a su persona, sino a un tercero.
34. Se enfatiza que no cualquier tercero a una ley –que por definición no es destinatario de la norma– puede provocar la función de control constitucional para lograr una evaluación de la decisión democrática a la que se oponga. El principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los Jueces a reconocer interés legítimo únicamente a los quejosos que acrediten una afectación colateral real en un sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural.
35. En esos términos, la obligación de acreditar el interés legítimo recae en el quejoso que lo invoca, por lo que no es factible que por falta de impugnación de lo que afirmó en su demanda se pueda tener por demostrado, puesto que en el caso no se colma con los argumentos que planteó al respecto.
36. Por tanto, son infundados los argumentos mediante los que el quejoso pretende evidenciar la actualización en su favor del interés legítimo, ya que de la forma en que lo planteó y del examen de las cuestiones que se aprecian del asunto de origen, resulta incuestionable que no se colma tal exigencia para la procedencia del juicio constitucional.
37. Sin que la valoración de pruebas que propone el quejoso varíe lo concluido anteriormente, puesto que con aquéllas solamente se acredita que el solicitante del amparo es usuario de "Uber", lo que de manera alguna le confiere interés legítimo.
38. Consecuentemente, ante la ineficacia de los agravios propuestos por la parte recurrente, por motivos diversos a los que se plasmaron en el fallo constitucional impugnado, procede confirmar el sobreseimiento que se decretó en el juicio.
Amparo en revisión 2/2019
39. De acuerdo con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, debe probarse que los actos reclamados producen una afectación real y actual a la esfera jurídica del impetrante.
40. De tal manera que, es a la parte quejosa a quien corresponde probar que tiene ese interés jurídico o legítimo, lo cual podrá hacer durante la tramitación del juicio y aun en la audiencia constitucional, aportando las pruebas idóneas para ello; de lo contrario, dará lugar a que se sobresea en el juicio.
41. Sin que el reconocimiento del acto reclamado por la autoridad responsable implique tener por acreditado el interés de la parte quejosa, ya que son temas diferentes, puesto que el reconocimiento únicamente acredita la existencia del acto, no la afectación o daño que causa éste al solicitante de amparo.
42. Se considera correcto lo concluido por el juzgador, puesto que, en el caso, el inconforme no acredita contar con interés jurídico, por lo que el juicio de amparo es improcedente.
43. El recurrente presentó, entre otros documentos, la documental privada consistente en original de la carta de bienvenida a su favor expedida por el mánager de Uber-Tijuana, en donde dijo: obra su alta como socio y conductor.
44. En relación con esa documental, en el considerando cuarto de la resolución recurrida el juzgador razonó que no era la prueba idónea para acreditar que opera como socio y chofer de un vehículo registrado en una plataforma tecnológica usada en teléfonos inteligentes, que consiste en la posibilidad de establecer contacto con uno de los choferes disponibles, a efecto de que acudan a prestar un servicio de transporte al usuario de la aplicación correspondiente, mediante la realización de un pago (como sería la inspección judicial en un dispositivo de ese tipo).
45. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que las documentales privadas ofertadas dentro del juicio de amparo que no fueron objetadas por la contraparte del quejoso –autoridades responsables–, tienen el efecto de probar en su favor y contra las autoridades responsables.
46. No obstante, el alcance probatorio de los documentos de referencia se establece solamente en contra de los colitigantes que no objetaron la documental privada, en el caso, de las autoridades responsables, lo que es de analizar si efectivamente es o no suficiente para tener por acreditado el interés jurídico que ostentó el recurrente en su demanda de amparo al promover el juicio contra normas autoaplicativas.
47. Por su parte, el artículo 218 del mismo código dispone que las presunciones legales que no admitan prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio; las demás presunciones legales tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas; y el valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente arbitrio del tribunal.
48. Ambos preceptos se encuentran dentro del capítulo IX denominado Valoración de la Prueba, dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que es necesario atender a una interpretación de ese capítulo de manera sistemática.
49. Del contenido del artículo 203 de la legislación en mención se obtiene que refiere al valor probatorio correspondiente a las documentales privadas, estableciendo dos supuestos, cuando éstas son objetadas y cuando no lo son, sujetando su valor de acuerdo a cada supuesto, puesto que en el primero de ellos, el valor de la documental depende de que la verdad de su contenido se demuestre por diversas pruebas, mientras que, en lo que nos interesa, en el supuesto de no ser objetado el documento en cuestión, se tasa el alcance de la prueba en el sentido de que ésta probará en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su litigante, lo que refleja un valor probatorio limitado únicamente a las partes.
50. Adicionalmente, es posible advertir que establece una presunción implícita del valor correspondiente a las documentales privadas, al no prever expresamente que se trate de una presunción probatoria de los documentos privados, sin que además se acote tal validez a que admitan o no prueba en contrario, por lo que podemos sostener entonces que el supuesto de la presunción en cuestión se trata de la hipótesis contenida en el párrafo segundo del artículo 218 citado, de manera que el valor probatorio de esa presunción queda al prudente arbitrio del juzgador, puesto que es de recordar que el precepto 203 dispone que el documento proveniente de un tercero en caso de no ser objetado "sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse de él y contra su colitigante"; sin embargo, no establece que dicho medio deba presumirse con un valor probatorio pleno.
51. De ahí que la documental privada proveniente de tercero no objetada, consistente en la carta de bienvenida, contrario a lo que sostiene el quejoso, no demuestra plenamente su carácter de chofer o driver de la plataforma Uber, por las mismas razones que expresa la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."
52. Criterio en el que se precisa que la objeción genérica es sólo para destruir la presunción del reconocimiento del documento por parte del colitigante; pero ello es independiente del valor probatorio que se le otorgue.
53. Luego, si tal documental contiene una declaración de verdad (que se encuentra registrado el quejoso como chofer o driver en la plataforma Uber), entonces su alcance demostrativo es una presunción, al no hacer fe de los hechos declarados y, por ende, se requería de perfeccionamiento, es decir, hace fe de la existencia de la declaración (que se encuentra registrado el quejoso como chofer o driver en dicha plataforma); mas no de los hechos declarados (que es chofer o drive en esa plataforma).
54. Considerando que la apreciación de la documental en cuestión queda al prudente arbitrio del juzgador, es que debe ponderarse en el juicio de amparo la documental privada aportada por el quejoso, debiendo recordar que tal documental si bien prueba en contra de las autoridades responsables por no haberla objetado, ello no implica que necesariamente se deba reconocer valor probatorio al documento.
55. Por tanto, y dado que era carga probatoria del quejoso acreditar su interés jurídico, es decir, que el mismo fuera usuario, socio y conductor del servicio prestado por la plataforma electrónica, lo cierto es que tal supuesto debe estar plenamente acreditado para efectos de establecer la procedencia del juicio de amparo; en ese sentido, se estima correcta la conclusión del juzgador relativa a que la carta de bienvenida en cuestión no demuestra el interés del quejoso.
56. Ello es así, dado que el interés jurídico en su caso, no puede presumirse, sino que debe quedar plenamente acreditado, por lo que no se considera idónea la documental privada para demostrar que el quejoso es usuario de la plataforma en cuestión por el simple hecho de que las autoridades responsables omitieron objetarla, ya que no se impugna la aplicación de la norma en tal documento, sino lo que el quejoso pretendió es que con esa documental se le reconociera el carácter de usuario, socio y conductor con el que pretende acudir al juicio de amparo.
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión 64/2018
57. Procede evidenciar la ineficacia de los agravios expuestos por el recurrente. Lo anterior, toda vez que se reclama la constitucionalidad de normas de carácter general que regulan el servicio de transporte proporcionado mediante plataformas tecnológicas y dispositivos móviles, y para acreditar su interés legítimo el quejoso ofreció como pruebas las siguientes: i ) Dos hojas de registro en la plataforma de aplicación como usuario (pasajero); ii) Copia simple de la opinión OPN-008-2015, de cuatro de junio de dos mil quince, dirigida a los gobernadores de los Estados, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y Legislaturas de las entidades federativas; y, iii) Copia fotostática simple de un estado de cuenta bancario a nombre del quejoso.
58. Tales probanzas no son suficientes para acreditar el interés legítimo colectivo del quejoso, ya que sólo demuestran: a) que existe una norma constitucional en la que se establece o tutele un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el solicitante de amparo pertenece a esa colectividad, pero no existe en autos dato alguno del cual se pueda advertir; y, c) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva.
59. Así, el concepto de interés legítimo contenido en el artículo 107 constitucional constituye uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las normas generales o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica de las personas dada su especial situación frente al orden jurídico, no existe legitimación para promover tal juicio; de lo que se sigue que el peticionario debe acreditar en forma fehaciente que la norma general, el acto u omisión de autoridad vulnera en su perjuicio un interés legítimo, individual o colectivo, protegido por la norma jurídica.
60. No asiste razón al recurrente en sus agravios cuando afirma gozar de interés legítimo para promover el juicio de amparo que se revisa, con base en el hecho de que acude como un usuario de la aplicación digital de transporte Uber, por verse afectado por las normas reclamadas con su sola entrada en vigor, dado que para ello era necesario advertir, como requisito mínimo, que el solicitante de amparo hubiera resentido un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le otorgue un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente.
61. Esto es, se considera correcto el sentido en que se emitió la sentencia del juicio de amparo, ya que en la especie no se advierte que el quejoso hubiera demostrado su interés legítimo para el ejercicio de la acción constitucional en la vía biinstancial, al no haber probado que el acto reclamado le irrogaba afectación a sus derechos fundamentales por su pertenencia a un grupo específico al que le resultara –de manera directa– el perjuicio alegado en su esfera de derecho o, en su caso, que tal agravio pudiera haberse actualizado por encontrarse en especial situación frente al orden jurídico.
62. De la lectura integral de la demanda de amparo se tiene que el recurrente puso de manifiesto que se encontraban vedados sus derechos constitucionalmente reconocidos, entre otros, en los artículos 1o., 5o., 6o., 9o., 11, 13, 14, 16, 26, apartado B, 28, 73, 89, 115, fracciones II, III y V, inciso h), y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ostentándose como titular de un interés legítimo colectivo contenido en el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, con el objeto de que se salvaguarden sus intereses como consumidor, usuario-pasajero o Uber rider, puesto que al emitirse las normas reclamadas que regulan la prestación del servicio de transporte a través de dispositivos electrónicos o aplicaciones tecnológicas y reglamentarse el modelo de negocio –Uber– se afecta el funcionamiento normal en agravio del público consumidor; toda vez que esa regulación contradice las bases de competencia y libre concurrencia en perjuicio sólo de los consumidores, las cuales ya se encuentran reconocidas por la Comisión Federal de Competencia Económica.
63. Planteamientos que, para efectos del cumplimiento del principio de promoción del juicio de amparo por parte agraviada, no logran colmar la exigencia prevista en el normativo 107, fracción I, de la Constitución, concerniente a la acreditación del interés legítimo, debido a que se observa que los argumentos formulados para tildar de inconstitucional el acto reclamado se formularon desde una perspectiva general de afectación a los usuarios de la plataforma digital mencionada, toda vez que la reglamentación reclamada tiene su objeto de aplicación sobre las personas que habrán de prestar el servicio de transporte, así como los requisitos para ello.
64. Bajo esa línea de razonamiento, contrario a lo aducido por el recurrente, la decisión de la Juez se encuentra dentro del marco de lo legalmente dispuesto para el efecto de la verificación de los presupuestos procesales del juicio de amparo, como es, entre otros, la demostración del interés legítimo.
65. En ese estado de cosas, se estima que el quejoso, ahora recurrente, no demostró la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se tradujera en un beneficio jurídico en su favor, por lo que no es dable aceptar que se encuentra en una situación de afectación o lesión en sentido amplio que permita tener por acreditado el principio de parte agraviada. Consecuentemente, debe concluirse en lo infundado de los agravios y confirmar la sentencia recurrida.
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión 73/2018
66. El quejoso se ostenta como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29730-3ade2acf/interes-juridico-en-amparo-la-documental-privada-consistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. NO SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO LA PARTE QUEJOSA, EN SU CALIDAD DE SOCIA CONDUCTORA DE UNA PLATAFOR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DOCUMENTOS PRIVADOS. SU VALOR PROBATORIO. (I.1o.C.56 C)
- DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL (1a./J. 17/2012 (10a.))
- DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE TERCERO. CUANDO SE OBJETE SU CONTENIDO Y FIRMA, EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDE AL OFERENTE LA CARGA DE ACREDITAR SU AUTENTICIDAD. (XVII.2o.74 L)
- DOCUMENTOS PRIVADOS, DECLARACIONES CONTENIDAS EN LOS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis