I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LOS FOROS DE CONSULTA PÚBLICA ORGANIZADOS A EFECTO DE PRESENTAR PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO NO PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE (INVALIDEZ DEL DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) NO PUEDEN SER EMPLEADAS COMO UNA EXCUSA PARA NO LLEVARLA A CABO (INVALIDEZ DEL DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS, PARA EVITAR UN VACÍO LEGISLATIVO (REVIVISCENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE ANTES DE LA EMISIÓN DEL DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL A EMITIR LA REGULACIÓN APLICABLE (VINCULACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA QUE SUBSANE EL VICIO DE INVALIDEZ DEL DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS!, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO POLÍTICO LOCAL TODOS POR VERACRUZ, PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS! 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y MONSERRAT CID CABELLO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática (150/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos por Veracruz (154/2020), Movimiento Ciudadano (229/2020), Revolucionario Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! (252/2020),(1) en contra de diversas normas generales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
I. TRÁMITE.
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las acciones de inconstitucionalidad que aquí se analizan se presentaron de la siguiente manera:
Ver fechas
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
3. Normas generales cuya invalidez se reclaman. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las normas generales siguientes:
Ver acciones de inconstitucionalidad
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes, en sus conceptos de invalidez, manifestaron lo que se sintetiza a continuación:
I. Partido político nacional de la Revolución Democrática (acción 150/2020). El partido señala que se violan los artículos 41, bases II y V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b), c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, apartado A, incisos a) y b), y 67, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; en relación con el artículo 98, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2, párrafo tercero, 99, 100 y 108, del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El partido formula los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
I.1 Vulneración en la autonomía del Organismo Público Local, por la desaparición de los Consejos Municipales. En su primer concepto de invalidez señala que el artículo 66, apartado A, incisos h) e i), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se ajusta a lo previsto en el artículo 41, base V; y fracción IV, inciso c), del artículo 116 de la Constitución Federal, al decretarse la desaparición de los Consejos Municipales del Organismo Público Local del Estado de Veracruz (OPLEV, en adelante), facultando a los Consejos Distritales para que se encarguen de los cómputos de la elección de Ayuntamientos, así como los mecanismos de democracia directa, participación ciudadana, paridad de género y educación cívica en el ámbito territorial de su competencia.
I.2 A su parecer, con ello se viola la autonomía orgánica, de gestión y operativa del OPLEV, puesto que los órganos encargados de la organización de las elecciones a nivel local no deberían subordinarse ni orgánica ni jerárquicamente a ningún otro órgano público o de poder público, para que sus decisiones se aparten de eventuales influencias de órganos externos y brinden certeza al no encontrarse supeditadas.
I.3 Resalta la naturaleza del OPLEV, como un órgano constitucional autónomo, su organización y facultades, específicamente, por lo que hace a los Consejos Municipales, acorde a lo previsto en el artículo 146 del Código Electoral estatal. Antes, durante y después de la elección en sus respectivos Municipios.
I.4 Refiere que la norma impugnada deja de asegurar la autonomía e independencia que la Ley Fundamental otorga al OPLEV ya que se afecta su normal funcionamiento aunado a que se trastocan los principios fundamentales de la función electoral, al desaparecer los Consejos Municipales, órganos desconcentrados encargados de realizar, entre otras funciones, el cómputo de la elección de ediles de un Ayuntamiento, la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría correspondientes, lo cual generará un encono social en virtud de que son los propios ciudadanos de una demarcación municipal los encargados de vigilar que se les respete su decisión de elegir a sus representantes.
I.5 Destaca que dadas las condiciones sociales y políticas en cada una de las regiones del Estado de Veracruz, realizar acciones, como el traslado de la paquetería electoral de una casilla hacia una sede distrital, generaría una falta de certeza que puede ocasionar a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos Distritales, quema de paquetería electoral, afectando no sólo la elección de un Ayuntamiento, sino también la de diputaciones locales y demás Municipios que sean concentrados en determinada sede distrital.
I.6 Indica que un Consejo Distrital se encontrará rebasado formal y materialmente para hacerse cargo de dos elecciones, por una parte de la de diputaciones, y por otro la de ediles integrantes de un Ayuntamiento. Siendo, además, que en Veracruz existen 30 distritos locales, entre los que un par cuenta con 18 Municipios cada uno, haciendo formal y materialmente imposible realizar el cómputo de cada una de las elecciones, además de que no se debería soslayar que ha habido conatos de violencia posteriores a la jornada electoral que han ocasionado incluso la quema de la paquetería electoral.
I.7 Aunado a lo anterior, plantea que los legisladores violaron lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque no sustentan detalladamente una razón basta (sic) y necesaria para decretar la desaparición de los Consejos Municipales Electorales, tan así que ni siquiera se solicitó la opinión técnica jurídica del organismo local respecto del efecto en su estructura orgánica, con independencia de que los propios Consejos Municipales se instalan a partir de que se van a elegir a los ediles integrantes de un aAyuntamiento. Es decir, su funcionamiento no representa un gasto permanente a las finanzas del Estado, ni alegando una presunta austeridad basada en el buen manejo de los recursos económicos.
I.8 Financiamiento Público. En su segundo concepto de invalidez, el partido demanda la invalidez del artículo 19, párrafos cuarto, quinto, octavo y noveno reformados, así como el párrafo quinto adicionado a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al aducir que reducen el financiamiento público, apartándose de las bases establecidas en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, con lo cual se impone una restricción al correcto funcionamiento de los partidos políticos.
I.9 Señala que la fórmula para establecer el financiamiento público a los partidos políticos es inconstitucional, porque los parámetros para el cálculo de los montos de financiamiento público de los partidos políticos deben atender a lo dispuesto en la Constitución, así como a la Ley General de Partidos Políticos, tal y como se consideró por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 5/2015.
I.10 Refiere que el artículo 51, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, aunado a las bases establecidas en el artículo 41, fracción II, incisos a), b) y c), de la Constitución Federal, señalan la forma y términos, respecto a cómo se deben calcular los montos de financiamiento tanto para partidos políticos nacionales como locales, así como para su distribución.
I.11 En ese sentido, alega que la disposición normativa impugnada contempla un catálogo en el que se precisan diversos porcentajes para calcular el monto del financiamiento que se debe entregar a los partidos políticos, mientras que la legislación general contempla expresamente el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización.
I.12 Razón por la cual, considera que el legislador local inobservó lo dispuesto en el artículo 51, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, puesto que no parte de la base mínima para su cuantificación, ni tampoco atiende al procedimiento de repartición equitativa previsto en el artículo 41, base II, inciso a), de la Constitución Federal.
I.13 Arguye que el artículo 51, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que a los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso Local, se les deberá entregar el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.
I.14 Aunado a ello, afirma que las reglas para la cuantificación del financiamiento público de los partidos políticos, establecidas en el artículo 19 de la Constitución Local, resultan contrarias a las bases fundamentales, toda vez que el parámetro previsto para cuantificar esos recursos es el financiamiento público anual ordinario que corresponde a cada entidad de interés público, por lo tanto, con dicha norma se establece una reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, y sobre esa disminución existe otra reducción mayor para campañas electorales, en suma, se reduce el financiamiento para campañas electorales de hasta un setenta y cinco por ciento.
I.15 El esquema de financiamiento público a los partidos políticos se distorsiona de manera flagrante en virtud de que a los partidos políticos estatales se contempla asignar un financiamiento con base a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, esto es, el artículo 51 de la citada ley.
I.16 Aduce violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, a la luz de lo decidido en las acciones de inconstitucionalidad 126/2019 y 129/2019, en las que el Pleno del Alto Tribunal sostuvo que en libertad de configuración del legislador del Estado de Tabasco, el establecimiento de un financiamiento estatal diferenciado sólo debe ser equitativo mas no igualitario, distinguiéndose de lo hecho en Veracruz, en el cual se establece un trato desigual e inequitativo al no estar frente a partidos políticos locales que tengan años de vigencia en la vida democrática de la entidad, tanto y más porque con ese esquema en lugar de reducir el financiamiento total destinado a los partidos políticos, el mismo se verá aumentado de manera desproporcionada, siendo que una de las bases fue el tema de la austeridad en el manejo de los recursos públicos, y con tal medida se da un trato diferenciado, lo cual se aparta de las bases establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.
I.17 Considera que la medida adoptada por el legislador veracruzano no busca consolidar un programa social que detone el bienestar social para priorizar finanzas públicas sólidas y ordenadas, con mayor inversión pública productiva, en virtud de que el ahorro pretendido en ciento setenta y siete millones, busca únicamente eliminar la competencia democrática entre los partidos políticos de la entidad.
I.18 Adicionalmente, señala que la reducción del financiamiento público a la mitad no cumple con el parámetro de necesidad y, por ende, trastoca el principio democrático de certeza, máxime que se hace justo antes de iniciar el proceso electoral 2020-2021.
I.19 Dice que disminuir el financiamiento a los partidos políticos en nada maximiza la eficiencia del gasto público, pues es evidente que se sigue contrayendo deuda tras deuda, y ahora con ese pretexto se afecta la vida democrática en el Estado de Veracruz.
I.20 Luego, contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni la iniciativa presentada por el grupo legislativo de Morena, ni el dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, sustentan con estimaciones de impacto presupuestario respectos de los costos beneficios, en este caso, sobre la disminución del financiamiento público ordinario para los partidos políticos en la entidad veracruzana.
I.21 Omisión legislativa en materia de revocación de mandato. En su tercer concepto de invalidez, reclama la omisión de legislar en materia de revocación de mandato, impidiendo con ello que los servidores públicos de elección popular puedan ser sometidos a dicha figura de la democracia como parte de la prerrogativa de los ciudadanos del Estado de Veracruz, a la libre decisión de mantener o cesar en su cargo a un servidor público electo democráticamente, antes de que éste termine su mandato.
I.22 Manifiesta que existe una evidente omisión legislativa y de configuración por parte del Constituyente veracruzano para realizar las modificaciones a la Constitución Local, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan utilizar no sólo la figura de consulta popular, sino también la de revocación de mandato, en virtud que las mismas son figuras de democracia semidirecta, cuyos fines son totalmente distintos; de ahí que si los cargos de elección popular no pueden ser sometidos a consulta popular, lo real y verdadero es que se dote el mecanismo popular, por tanto la reforma electoral combatida es incompleta y parcial, viola las garantías y derechos establecidos por la Constitución Federal en favor de los ciudadanos veracruzanos.
I.23 Puntualiza que si bien la Suprema Corte sostiene criterio en cuanto a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad tratándose de omisión legislativa, no aplica cuando se trata de una omisión parcial resultado de una deficiente regulación de las normas respectivas.
I.24 Falta de consulta indígena previa. En su cuarto concepto de invalidez señala que se omitió la consulta previa a los pueblos indígenas, al reformar el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Local y adicionar un párrafo tercero, en los cuales se extienden los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de Veracruz, tomando en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley. Sin embargo, no se consultó el decreto mediante algún procedimiento culturalmente apropiado en términos de la Constitución Federal, ni en los artículos 1 y 6, numerales 1 y 2, del Convenio Número 169 de la Oficina Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
II. Partido político Acción Nacional (acción 153/2020). El partido señala la violación a los artículos 1, 14, 16, 25, 39, 40, 41, fracción II, inciso c) y fracción V apartado A; base III, apartado D y base V, apartado A, 70, 72, 116, fracción II y IV; 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 21, 23, párrafo 1, inciso a), 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 1, 2, 25 y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud de lo siguiente.
II.1 Violaciones al procedimiento legislativo. En su primer concepto de invalidez, el partido político señala que se viola el principio de legalidad, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como al principio democrático derivado de los artículos 39 y 40 de dicha Norma Fundamental, pues se cometieron irregularidades con potencial invalidante. Esencialmente, alega la falta de publicación de la convocatoria, orden del día y documentos de apoyo con veinticuatro horas previas a la celebración de la sesión, así como de la lista de asistencia, documentos, actas, registro de votación, minutas, acuerdos, dictámenes y comunicaciones producto de la misma, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su celebración, violando lo dispuesto en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II.2 Violación que dice corroborarse con la certificación del portal oficial del Congreso del Estado en su apartado de parlamento abierto, donde consta que no se cumplió ni previa ni posteriormente con lo señalado en dicho numeral, además de que no existe constancia de la transmisión mediante los medios electrónicos oficiales del Congreso del Estado de la sesión de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, en las que se dictaminó el decreto impugnado, lo que también transgrede lo señalado en el tercer párrafo del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, máxime que la naturaleza de dicha sesión o el asunto de estudio no tenían el carácter de privados.
II.3 Además, afirma que se vulneró el principio de deliberación parlamentaria, consagrado en los artículos 39 y 40 de la Constitución Política, porque el dictamen respectivo de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales no se dio a conocer en los términos previstos en el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.
II.4 El ente político alega que el dos de mayo de dos mi veinte, diputados integrantes del grupo legislativo de Morena presentaron la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave"; misma que fue conocida por el Pleno en sesión de esa misma fecha y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen; por ello, la citada comisión antes de presentar el dictamen al mencionado proyecto de decreto, tenía que sesionar a efectos de discutir y elaborar un dictamen para que éste fuera presentado de manera electrónica e impresa al presidente de la Junta de Trabajos Legislativos, para que se enlistara en el orden del día de la sesión correspondiente y ésta, a su vez, se remitiera inmediatamente a la Secretaría General, en su versión impresa para que se escaneara y distribuyera vía electrónica entre los coordinadores de los grupos legislativos, para que éstos, por la misma vía, la hicieran llegar a sus miembros, así como entre los diputados que no conformaran grupo legislativo, y quedara en observación, por lo menos, durante cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la sesión dentro de la cual se discutiría.
II.5 Asimismo, plantea que se vulneró el procedimiento legislativo ya que no se cumplió con lo establecido en el diverso artículo 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, en el cual se dispone que ningún proyecto de ley puede ser votado sin el dictamen de comisión.(2)
II.6 También señala que se violaron los principios de legalidad y seguridad jurídica por no motivarse la dispensa autorizada en cuanto a circular el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Expone que la dispensa de trámite del dictamen correspondiente permitió que se evitara el desahogo del resto de las fases del procedimiento legislativo posterior a la presentación de la iniciativa, a saber, la celebración de una reunión de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; la circulación a los legisladores cuarenta y ocho horas antes de la sesión de comisión del proyecto de dictamen correspondiente; la aprobación de dispensa por más de las dos terceras partes de los diputados; así como la circulación del dictamen emitido para la consideración del Pleno.
II.7 Para que la dispensa fuera válida tenía que haberse aprobado por más de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, como señala el último párrafo del artículo 35 de la Constitución Local y el último párrafo del artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.(3)
II.8 Así, refiere que al no haberse motivado la dispensa se violó gravemente el proceso legislativo, trastocando los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, así como 39 y 40 de la Constitución Federal.
II.9 Aunado a ello, considera que no puede soslayarse que las violaciones procedimentales también se tradujeron en una mínima argumentación de las razones expuestas para la procedencia de la reforma. En el caso, no se expusieron mayores elementos tendentes a justificar la viabilidad jurídica, económica, política y/o social de la reforma, dejando a las fuerzas minoritarias sin posibilidad siquiera a evidenciar la falta de solidez en las razones que la motivaron.
II.10 Destaca lo que se ha sostenido por el Máximo Tribunal, en cuanto a que es indispensable que el ente emisor del acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso.(4)
II.11 Para evidenciar lo expresado, describió minuto a minuto la sesión respectiva, respecto de lo cual manifestó que se vulneró el proceso legislativo de análisis y discusión, con la falta de transparencia respecto del proyecto de dictamen que fue sometido a discusión, violando las normas que rigen la organización y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado y que son de observancia obligatoria para todos los diputados locales y servidores públicos del Congreso. Incurrir en actos contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar el desempeño de sus cargos, contraviniendo la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias vigentes transgreden los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, así como el principio de deliberación parlamentaria, como uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno representativo y popular, ya que la falta de la deliberación pública afecta la legalidad del procedimiento legislativo.
II.12 Disminución en el financiamiento de los partidos políticos. Por otra parte, en su segundo concepto de invalidez, el accionante considera que se violan los principios de equidad y supremacía constitucional, por virtud de la disminución en el financiamiento de los partidos políticos, para sus actividades ordinarias. Considera actualizada una indebida fundamentación y motivación al determinarse la reducción del cincuenta por ciento en las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos nacionales con registro local, máxime que la fórmula desarrollada por el legislador de Veracruz, aunque realizada al amparo de su libertad configurativa, no satisface los extremos del principio de equidad.
II.13 Señala que no se cuestiona la facultad de libre configuración del legislador, sino el tamiz que deriva de su aplicación con relación al principio de equidad, previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, trastocado en la medida en que su aplicación necesariamente se vincula a la justificación que debe guardarse a fin de evitar que el cambio en las reglas de la democracia misma, en la vertiente de que del sistema electoral, surjan de la oportunidad que significa una mayoría legislativa, en detrimento y debilitamiento de los partidos de oposición al gobierno.
II.14 Al disminuirse el cincuenta por ciento del financiamiento para actividades ordinarias, se disminuye en la misma proporción el financiamiento para la obtención del voto y más aún, en lo que respecta al financiamiento para actividades específicas, pues la base del cálculo es precisamente la bolsa que se genera a partir de la aplicación de la fórmula que se impugna.
II.15 La nueva fórmula de distribución es diferente a la que hasta la fecha se encontraba en vigor en la entidad y que es idéntica a la fórmula constitucional, y como se ha dicho no se cuestiona la libertad configurativa sino cómo se llega a establecer que dicha modificación es o no equitativa para este tribunal constitucional, encargado de observar, no sólo la legalidad, sino la constitucionalidad de los actos impugnados.
II.16 En su tercer concepto de invalidez, el partido político afirma que la reforma al artículo 19 de la Constitución Local modifica la fórmula que se aplica para obtener el financiamiento para los partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado; con lo cual, por una parte, aumentaría el recurso público destinado a los partidos políticos y, por otra, si los partidos políticos locales se inconformaran, es posible que los tribunales puedan darles la razón y se generen dos bolsas para el financiamiento público a los partidos políticos; situación que restaría certeza a los partidos políticos.
II.17 Ello, pues para calcular el financiamiento de los partidos políticos se estará a lo que señala la legislación federal, es decir, que se mantendrá la fórmula de multiplicar el sesenta y cinco por ciento de la UMA por el total del padrón electoral, lo que eventualmente generaría dos bolsas, aumentando de dos mil veintiuno a dos mil veintidós en un cien por ciento el gasto electoral. Lo que iría no sólo en contra de la naturaleza de la iniciativa de reforma que es disminuir el gasto electoral, sino también de la proporcionalidad de los recursos, pues los partidos políticos locales se repartirían una bolsa mayor; y los partidos políticos nacionales (que serán más), se repartiría una bolsa mucho menor.
II.18 En su cuarto concepto de invalidez, reclama que el artículo 19, párrafo 5, inciso b), del decreto impugnado, viola lo previsto en los artículos 41, fracción II, inciso c), y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, así como el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Norma Fundamental, por la violación directa generada al artículo 51.2, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos.
II.19 Específicamente, controvierte que el legislador del Estado de Veracruz estableció una fórmula de distribución diversa a la prevista por el legislador federal, cuando el financiamiento para actividades específicas es un derecho de los partidos políticos, toda vez que se trata de entidades de interés público.
II.20 La norma impugnada establece porcentajes distintos a los previstos en la Constitución Federal para la distribución del financiamiento público para actividades específicas, pues dispone que la totalidad de los recursos se distribuyan igualitariamente, cuando el legislador ha previsto que se distribuyan en un treinta por ciento de esa forma y el resto, es decir el setenta por ciento, de forma proporcional al porcentaje de votos que se hubieren obtenido en la elección inmediata anterior.
II.21 Por lo tanto, dicha disminución deja en desventaja a los partidos políticos nacionales con registro local, ya que aunado al hecho de que bajará el porcentaje de recursos provenientes del financiamiento para actividades ordinarias, no resulta equitativo en proporción con el esfuerzo e impulso que capitaliza cada partido político en cada contienda electoral, lo que no se garantiza con una distribución igualitaria, contraria a lo establecido en la Constitución Federal, en los artículos 41, fracción II, inciso c), y 116, fracción IV, inciso g).
II.22 Desaparición de Consejos Municipales. En su quinto concepto de invalidez, controvierte la desaparición de los Consejos Municipales, en virtud de que transgrede los principios de progresividad, certeza e inmediatez en la materia electoral, previstos en el artículo 41 de la Constitución Federal. Al efecto, expone un estudio histórico, que aduce progresista, respecto de los Consejos Municipales, con el fin de demostrar que la reforma es retroactiva y violatoria de derechos político-electorales.
II.23 Estima inoperante la pretensión de crear "Consejos Municipales Especiales", ya que no le corresponde decidir sobre ellos si no al mismo OPLEV, toda vez que éstos tienen la facultad, y a su vez poseen autonomía e independencia sobre sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado, tal y como se establece en la jurisprudencia P./J. 144/2005, de rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO."
II.24 Arguye que se actualiza una contradicción de leyes federales y local, al modificarse la estructura de los órganos desconcentrados, sin antes modificar por supletoriedad la ley federal, tal y como se expresa en la tesis P. VIII/2007, titulada: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL."
II.25 Además, destaca que la Constitución Federal establece características específicas que poseen todos los organismos autónomos, tales como la personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión. Conforme a la jurisprudencia P./J. 12/2008, de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS."
II.26 En ese sentido, expone que la desaparición de los Consejos Municipales trae aparejado un problema de operatividad de las elecciones que no viene contemplado en la reforma constitucional, es decir, la vulneración a la cadena de custodia en la entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales, toda vez que la materialización de dicha situación podría transgredir los principios de certeza, le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29876-381d084f/i-accion-de-inconstitucionalidad-su-desechamiento-por-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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