DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). NO ES FACTIBLE EXIGIR AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD QUE EL ESCRITO RELATIVO ESTÉ SIGNADO CON SU FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), EN ATENCIÓN AL ESTADO DE VULNERABILIDAD EN QUE SE ENCUENTRA Y A SU NULA POSIBILIDAD DE TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA Y A INTERNET [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)].
QUEJA 36/2021. 6 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DANIEL GUZMÁN AGUADO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ DUARDO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Se aprecia que en el proveído impugnado el titular del Juzgado ********** de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó desechar la demanda de derechos presentada mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en razón de que no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso en ese escrito de demanda.
Pues dijo, no se expresó su voluntad de dar trámite a la demanda, al no contener la firma electrónica del quejoso; por tanto, iteró, no se aprecia la voluntad de instancia de parte.
Sustentó lo anterior en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.),(1) de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."
Agregó que, en el caso, no se actualizaba la excepción a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, o el diverso 22 de la Constitución Federal, en atención a la naturaleza del acto reclamado, a cuyo efecto, se tiene que éste consiste en:
"La negativa de la autoridad responsable de tramitar el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, notificada verbalmente al suscrito en fecha 18 de marzo de 2021."
El cual atribuye a la autoridad responsable Juzgado ********** Penal de la Ciudad de México.
En ese contexto, se estima que el actuar del juzgado de amparo fue incorrecto.
Se afirma lo anterior, toda vez que del escrito de demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, se destaca que el solicitante de amparo ********** se encuentra privado de la libertad en el interior del centro ********** por, entre otros, el delito de secuestro, y promovió el juicio constitucional por propio derecho en contra del citado acto reclamado.
Al efecto, es pertinente precisar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en relación con los diversos artículos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(3) incorpora el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, entendida ésta en su sentido más amplio, como el derecho de las personas a formular pretensiones o defenderse de ellas ante un órgano jurisdiccional, a través de un juicio en el que se respeten las garantías del debido proceso, se emita una sentencia y, en su caso, se logren su plena y efectiva ejecución.
En esa tesitura, los Estados tienen el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva mediante distintos mecanismos legales que satisfagan los estándares mínimos, como lo puede ser el derecho a un recurso efectivo, una justicia completa, pronta y gratuita, entre otros.
Así, los estándares mínimos del derecho a un recurso efectivo implican no sólo su previsión formal en la ley, sino que, además, sea el idóneo para los fines creados, esto es, que se garantice una tutela efectiva contra los actos o normas lesivas de derechos fundamentales.
En ese tenor, las autoridades jurisdiccionales deben ser garantes, a fin de que durante la tramitación del juicio de amparo se otorguen al gobernado las condiciones mínimas necesarias para que se esté en posibilidad real de proteger, asegurar y hacer valer los derechos comprometidos.
Es así que de conformidad a las "Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad"(4), se deben garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, de manera que se permita el pleno goce de los servicios del sistema judicial y, en ese mismo sentido, los operadores del sistema de justicia otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.
En ese orden de ideas, es que la situación de reclusión, ya sea temporal o permanente, se considera una condición de vulnerabilidad,(5) puesto que puede generar dificultades para ejercer con plenitud –ante el sistema de justicia– el resto de los derechos de los que se es titular (seguridad, alimentación, salud, integridad y vida, entre otros aspectos); de ahí que lo que se pretenda es que se le brinde un proceso justo, ya que sus derechos fundamentales no han sido limitados o suspendidos durante su reclusión.
En seguimiento a esta línea argumentativa, cabe precisar que el artículo 3o.(6) de la Ley de Amparo establece las formas en que el juicio de amparo debe promoverse, mismas que resultan ser, de forma oral y, de manera optativa para el promovente, presentar su escrito de manera impresa o electrónicamente.
En efecto, el legislador estableció en el invocado artículo como una opción para el justiciable, presentar las promociones, entre ellas, la demanda de derechos, en forma impresa o electrónicamente.
Si decide presentarla de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL), conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, sin que ello quede sujeto a que toda la tramitación del juicio de amparo, en cualquiera de sus instancias, deba realizarse únicamente a través de esa vía, pues dicha presentación y tramitación, se itera, es optativa para el quejoso, tal como se dispone en el considerando noveno del Acuerdo General Conjunto 1/2015.
Acorde con la exposición de motivos por la que se introdujo en la Ley de Amparo la posibilidad de presentar y tramitar el juicio de amparo en la vía electrónica (contenido en el artículo 3o.), se destacan las siguientes cuestiones:
"... Modernización en la tramitación del juicio de amparo (firma electrónica).
"Hoy en día los dispositivos digitales ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana.
"Su presencia ha tenido enormes repercusiones en los campos de la comunicación, el gobierno, la investigación científica y la organización del trabajo.
"Es un hecho incontrovertible que el uso de la computadora y el acceso a las redes globales de información están alterando las pautas de comportamiento de los individuos y sus familias, y el funcionamiento de la sociedad, los gobiernos y las empresas.
"Estos avances tecnológicos han permeado prácticamente todas las actividades del ser humano y han permitido el desarrollo de la sociedad mediante la sistematización de datos que anteriormente requerían para su consecución de largos periodos y de considerables esfuerzos, ya que tanto las bases de datos como el manejo de los mismos, han adoptado procesos de naturaleza muy expedita que facilitan a los usuarios el envío, manejo, recepción y control de la información que es de su interés.
"En México existen muchas instancias, tanto del sector público como del privado, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya aplicación ha simplificado por mucho el desarrollo de sus actividades.
"Así, es cada vez más frecuente la realización de actos jurídicos y de numerosas negociaciones a través de medios electrónicos, los cuales se han constituido en el mecanismo fundamental para el intercambio de información, no siendo la excepción el ejercicio en la aplicación de políticas públicas.
"Uno de estos medios tecnológicos es la llamada firma electrónica, utilizada en cuestiones bancarias, fiscales, comerciales, informáticas, entre otras, con gran aceptación por la seguridad que brinda a los usuarios. La regulación de estos medios electrónicos se ha realizado conforme ha ido avanzando su utilización.
"Así por ejemplo, debido a los efectos positivos que ha generado, la firma electrónica ha cobrado carta de naturalización en nuestro sistema jurídico en las siguientes materias:
"A) En el ámbito de la función pública, se ha demostrado que la utilización de la firma electrónica ha contado con resultados muy satisfactorios y con altos niveles de eficiencia en el cumplimiento –por parte de los servidores públicos– de la presentación de declaración patrimonial.
"B) En el ámbito del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha empleado el mecanismo conocido como ‘Firma Electrónica Avanzada’, que es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.
"Ambos mecanismos representan importantes avances en la perspectiva de gobierno electrónico, el cual debe permitir a la postre la minimización de trámites, tiempos de espera y reducción de requisitos y la maximización de la transparencia, produciendo, además, procesos muy ágiles de la interacción entre la autoridad y los gobernados.
"• Las tecnologías de la información en el ámbito de la impartición de justicia.
"Uno de los objetivos de la presente iniciativa es, precisamente, trasladar las experiencias positivas que ha venido generando el uso de las tecnologías de la información en otras materias al ámbito de la impartición de la justicia constitucional, lo cual, dicho sea de paso, favorecerá en mucho el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es Parte.
"De hecho, debe reconocerse que el ámbito de la impartición de justicia no ha permanecido ajeno a los procesos tecnológicos en el manejo de la información. Por un lado, la sistematización de la información jurídica ha permitido una más amplia difusión de los alcances de las sentencias que conforman tesis y criterios jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales y, por otra parte, se ha contado con herramientas que han permitido avanzar hacia una impartición de justicia más expedita.
"Sobre este particular, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizó en 2003 la ‘Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano’. Los resultados obtenidos fueron concluyentes: los órganos jurisdiccionales requieren emprender un proceso de modernización en el que se consideren, cuando menos:
"A) Permitir como instrumentos jurídico-procesales las aplicaciones de mensajes de datos, Firma Electrónica Avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada mediante medios ópticos, electrónicos o cualquier otra tecnología equivalente.
"B) Es urgente la promoción de la conversión de información contenida en papel a medios virtuales, para un manejo de la información más ágil.
"C) Analizar la posibilidad de que el correo electrónico pueda utilizarse como medio válido para la remisión de correspondencia oficial entre órganos del Poder Judicial de la Federación.
"D) Promover la utilización de la firma electrónica para permitir la consulta de expedientes, tomando como antecedente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se encuentra en operación desde 2001.
"En esta lógica, no pasa desapercibido para los legisladores que suscribimos la presente iniciativa, que ya existen experiencias en esta materia en el ámbito de la impartición de justicia. Tal es el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano el cual ha impulsado cambios y ejercicios cuyo alcance es congruente a las conclusiones anteriormente descritas.
"A su vez, el Sistema de Justicia en Línea es un sistema informático establecido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tiene por objeto registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancia ante el mismo. Sobra decir que este mecanismo es muy similar al Sistema (sic) de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial de la Federación que se encuentra en funcionamiento desde 2001 y que actualmente se encuentra albergado en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal.
"De hecho, a raíz de esta experiencia, es de destacarse que el Ejecutivo Federal presentó, con fecha 3 de septiembre de 2009, una iniciativa con proyecto de decreto que propuso la reforma y adición –precisamente– a diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuyo objetivo es simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas.
"Por lo anterior, la homologación de los mecanismos con los que cuentan los órganos encargados de la impartición de justicia es una de las preocupaciones primordiales de los que suscribimos la presente iniciativa.
"• Inclusión de la firma electrónica a través de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
"Por otra parte, uno de los ejemplos de las nuevas exigencias en torno a la impartición de justicia es el caso del alto número de demandas recibidas con motivo de la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las recibidas en contra del impuesto empresarial de tasa única (IETU).
"Por lo que respecta a la Ley del ISSSTE, durante 2007 se recibieron aproximadamente 169,000 demandas de amparo, mientras que en contra de la aplicación del IETU fue un aproximado de 30,172.
"La presentación, seguimiento y desahogo de acciones presentadas, han determinado la necesidad de inclusión de nuevos mecanismos para la atención de éstas, siendo indispensable el uso de tecnologías de la información para garantizar la justicia expedita a la que nos hemos referido.
"Estas circunstancias originaron que el Consejo de la Judicatura Federal tomara medidas inmediatas para hacer frente a esa extraordinaria carga de trabajo.
"Lo anteriormente señalado es muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Toda vez que existen experiencias de aplicación muy exitosas desde el ámbito del Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de la firma electrónica y una plena conciencia y permanente labor del Poder Judicial de la Federación en actualizar sus formas de impartición de justicia, es que hemos incluido como un punto fundamental de la presente iniciativa, la modernización en el trámite de los juicios de amparo a través de la firma electrónica.
"Además, con esta propuesta de reformas y adiciones, se otorgará mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales, ya que incorpora al texto de la nueva Ley de Amparo, la regulación del mecanismo de firma electrónica, así como otros temas que coadyuvan en la agilidad del procedimiento y a la participación de las autoridades responsables de promulgación y publicación, en tratándose de amparo contra normas generales.
"• Descripción del contenido de la reforma.
"La presente iniciativa propone establecer que en los juicios de amparo todas las promociones puedan hacerse por escrito, o bien, que la parte que así lo solicite expresamente pueda hacerlo vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, entendida ésta como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
"Con motivo de la utilización de este mecanismo, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán integrar un expediente físico y, paralelamente, un expediente electrónico. Para el cumplimiento de esta disposición, los titulares de los órganos jurisdiccionales serán responsables respecto de la digitalización de las promociones y los documentos que presenten las partes. A través de la firma electrónica podrán presentarse promociones electrónicas hasta veinticuatro horas previas al día de su vencimiento. Asimismo, se establece que la presentación de las demandas o promociones de término podrán hacerse también ante la oficina de correspondencia común respectiva.
"Se señala que las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente al en que se hubiesen pronunciado y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución. Sin embargo, se adiciona que las notificaciones podrán realizarse por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. En cuanto a las notificaciones por lista se establece que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Debe destacarse que en caso de que alguna de las partes del juicio no se presentaren a oír la notificación personal, o no hubiesen generado la constancia electrónica de la consulta de los expedientes respectivos, en tratándose de que las partes cuenten con la firma electrónica, se tendrá por hecha.
"Además, se prevén las notificaciones electrónicas, siempre que las partes así lo hayan solicitado expresamente.
"Las partes que cuenten con firma electrónica les será generada una constancia de la consulta realizada, misma que acreditará que el usuario se hizo sabedor de una determinación judicial, la que, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por la otra, hará una impresión que agregará al expediente físico correspondiente como constancia de notificación para que surta todos los efectos legales correspondientes.
"De igual manera se prevé que el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tenga capacidad legal, quienes además podrán interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedan, pero, en estos casos, el quejoso o tercero perjudicado deberá comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, toda vez que la utilización de la misma equivale a la firma autógrafa de quien siendo parte del juicio lleva a cabo cualesquiera de las referidas promociones.
"Por lo que hace a las notificaciones dirigidas al titular del Poder Ejecutivo Federal, se prevé que puedan ser llevadas a cabo mediante el uso de la firma electrónica.
"Se propone establecer que las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados que hayan solicitado el uso de la firma electrónica, la primera notificación les sea entregada por oficio escrito, o bien, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, o a través de la firma electrónica, en el entendido de que este último supuesto solamente operará en los casos en los que así se hubiere solicitado expresamente.
"En este orden de ideas, también se establece la obligatoriedad para las autoridades responsables que cuenten con la firma electrónica, de ingresar al sistema de información electrónica todos los días, a fin de obtener su constancia de consulta electrónica respectiva en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, salvo las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión que será en el plazo de veinticuatro horas. Se entiende generada la constancia de consulta electrónica cuando el sistema de información electrónico produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico.
"La iniciativa también establece medidas para evitar que la autoridad responsable, o bien, el quejoso o tercero perjudicado se abstengan de ingresar al sistema con el fin de no generar la constancia de consulta, para lo cual se propone facultar al órgano jurisdiccional para tener por hecha la notificación en esos casos, o bien, en asuntos que por su especial naturaleza así lo requieran, ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien, además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.
"Como se dijo anteriormente, uno de los principales aspectos que motivan este aspecto de la iniciativa es promover la simplificación de la actuación procesal, tanto para los órganos jurisdiccionales como para los usuarios del sistema de impartición de justicia, como una medida que contribuya a la desregulación. Por ello, se prevé que en aquellos asuntos en los que, por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, como por ejemplo, en tratándose de altas cargas de trabajo debidamente justificadas por la presentación de demandas masivas –como sucedió respecto de la expedición de la Ley del ISSSTE–, podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta.
"La resolución que recaiga a esta solicitud podrá ser recurrida a través del recurso de queja, previsto en la propia Ley de Amparo. Finalmente, como un mecanismo complementario que permitirá la agilización del procedimiento y la forma en la que intervienen las autoridades señaladas como responsables en tratándose de amparo contra normas generales, se establece que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios, con lo cual se pretende evitar la ociosa y costosa intervención de estas autoridades en el juicio que se ha venido desarrollando, aun cuando en la generalidad de los casos sus actos no son impugnados por vicios propios, sino por la simple circunstancia de intervenir en el proceso de formación de la ley y ser señaladas como autoridades responsables, a pesar de que, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos, carecen de legitimación para defender el contenido de la norma general que se impugne y aun concediéndose el amparo resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de estas autoridades.
"En congruencia con lo anterior, se propone señalar que, en tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hubieren intervenido, únicamente rendirán informe previo cuando la impugnación refiera vicios propios de dichas autoridades. La omisión de la presentación de informe no dará lugar a sanción alguna, ni tampoco impedirá al órgano jurisdiccional que examine los actos referidos, si se advierte un motivo de inconstitucionalidad.
"Una hipótesis jurídica de naturaleza semejante se propone en tratándose del informe con justificación. De esta manera, y de forma complementaria al mecanismo de firma electrónica, la iniciativa propuesta en este rubro contribuye al ahorro de recursos."
Con motivo de lo anterior, en el artículo décimo primero transitorio del decreto a través del cual se expidió la Ley de Amparo vigente (abril 2013), se dispuso:
"Décimo primero. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el reglamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica.
"Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
"Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto."
En atención al invocado artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como a la necesidad de establecer las bases de la firma electrónica y de integración del expediente electrónico en todos los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se expidió inicialmente el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico que, en lo que interesa, establece lo siguiente:
"DÉCIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales."
De lo anteriormente anotado se destaca que las razones de la inclusión del trámite de demandas y otras promociones por vía electrónica, a que se refiere el multicitado artículo 3o. de la Ley de Amparo, se circunscriben a las siguientes razones:
- La modernización en el trámite del juicio de amparo.
- Las disposiciones digitales ocupan un lugar relevante en la actividad humana.
- El uso de computadoras y el acceso a redes globales de información, cambiaron el comportamiento del individuo, de las familias, de la sociedad, del gobierno y las empresas.
- Los avances tecnológicos han permeado en todas las actividades del ser humano, que lo ha llevado a una sistematización de datos, para generar en los usuarios el envío, manejo, recepción y control de información que le interesa.
- La necesidad de tecnologías de la información en la impartición de justicia.
Ahora bien, es de destacar que con motivo de la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se emitió el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Estableciéndose en el capítulo primero "Disposiciones Generales", específicamente en el artículo 1, que el citado acuerdo general tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámites, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias.
En el artículo 6 del citado acuerdo se indicó que las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de firma electrónica, en los términos precisados en el propio acuerdo.
Y, en su artículo 9 se indica que en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, con independencia del tipo del asunto o materia de que se trate, se realizaran a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones del señalado acuerdo general y atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia.
De ahí que la persona que quiera presentar una demanda de derechos o una promoción, únicamente puede realizarlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello la firma electrónica (FIREL).
Lo que indudablemente indica que ha sido elemental el uso del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para confrontar la pandemia en la administración de justicia.
Sin embargo, también dicha situación conlleva que actualmente no es factible que los promoventes tengan la opción de presentar sus promociones por escrito o vía electrónica, tal como lo marca el invocado artículo 3o. de la ley de la materia, ante la crisis de salud en que nos encontramos, sino que su presentación tendrá que realizarla por medio del mencionado sistema electrónico.
Lo anterior, precisamente, con la facilidad de acceso a los medios técnicos e informáticos.
Pero no puede pasarse por alto que no todos los justiciables tienen la disposición de contar o accesar a una computadora o Internet, herramientas indispensables para ingresar a dicho Sistema Electrónico del Poder J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29881-d97f1ea0/demanda-de-amparo-indirecto-presentada-via-electronica-durante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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