I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EVALUACIÓN DE LAS REGLAS EN MATERIA DE GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO PUEDE DESVINCULARSE DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO AUNQUE NO SE HAYAN HECHO VALER POR PARTE DEL ACCIONANTE. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. FASES QUE LO COMPONEN. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN CASOS DE NOTORIA URGENCIA (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LA SOLA PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN LEGISLATIVO EN LA GACETA PARLAMENTARIA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA URGENCIA U OBVIEDAD DE LA DISPENSA DEL TRÁMITE RESPECTIVO (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LA DISPENSA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE SIN HABERSE CONSTATADO LA REUNIÓN DE UNA MAYORÍA CALIFICADA NI HABER MOTIVADO LA URGENCIA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL POR CULMINAR EN LA IMPOSICIÓN DE UNA MAYORÍA PARA REDUCIR LAS POSIBILIDADES REALES Y EFECTIVAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MINORÍAS LEGISLATIVAS (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LA DETERMINACIÓN DE LA DISPENSA DE LOS TRÁMITES REGLAMENTARIOS ES JUSTIFICABLE Y SU VALIDEZ SE CONDICIONA A LA SATISFACCIÓN DE UN ESTÁNDAR DE MOTIVACIÓN APROPIADO A LA IMPORTANCIA DE ÉSTA, GRADUADA EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS MINORÍAS LEGISLATIVAS (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ. AUSENCIA DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE POR PARTE DEL LEGISLADOR PARA SUSTENTAR LA DISPENSA DEL TRÁMITE LEGISLATIVO (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON EFECTOS GENERALES QUE SURTEN A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL PARA QUE INICIE UNO NUEVO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS FIJADOS Y EMITA LA LEY CORRESPONDIENTE A MÁS TARDAR DENTRO DEL PERIODO INMEDIATO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LEY NÚMERO 248 DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE ENERO DE 2021. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se impugnan diversas disposiciones de la Ley 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial Local el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.
La pregunta constitucional que este Pleno debe responder es si las violaciones del procedimiento legislativo identificadas en suplencia de la queja alcanzan el grado suficiente de potencial invalidatorio.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "en su conjunto y en lo particular los numerales 4, fracción VIII, en la porción normativa ‘Son los que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos’, 12 en las porciones normativas ‘Se procurará que’ del primer párrafo y ‘se procurará que’ del tercer párrafo, así como los artículos 30 y 32 de la ley de mérito, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa el 17 de mayo de 2019."
2. En su demanda, la accionante señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz y señaló como derechos humanos violados los relativos a la libertad de expresión, acceso a la información, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al principio de legalidad, reconocidos en los artículos 1o., 6o., 7o., 14, 16 y 134 de la Constitución Federal, y en diversos instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los siguientes cuatro conceptos de invalidez:
a) Primero. La ley impugnada viola el parámetro exigido por el artículo 134, párrafos primero, octavo y noveno, en relación con el 7o. de la Constitución Federal, ya que no establece reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto en comunicación social, en los términos determinados por la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1359/2015.
b) Ello, ya que afirma que no garantiza que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con la finalidad de garantizar la libertad de expresión. Afirma que la deficiente regulación deriva en una transgresión indirecta a la libertad de expresión en su dimensión colectiva.
c) En este apartado, el actor desarrolla los argumentos por los cuales concluye que la libertad de expresión y el acceso a la información tienen una dimensión colectiva que resulta trascendente para garantizar una sociedad democrática, por lo que, afirma, el Estado debe desplegar acciones para remover los obstáculos y generar las condiciones idóneas de ejercicio de dichos derechos, lo que incluye aquellas necesarias para la existencia de una pluralidad de medios de comunicación, los cuales son instrumentos importantes para el desarrollo de la vida democrática.
d) Enseguida argumenta que existen parámetros objetivos que debe contener la normativa aplicable a la contratación de publicidad, los cuales derivan de las normas constitucionales citadas, especialmente, el 134 constitucional, ya que se establece que deben existir reglas que garanticen que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como el respeto a los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, todo con la finalidad de promover, respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, así como al libre acceso a la información plural y oportuna.
e) Alega que: "es necesario que la asignación y contratación de publicidad oficial por parte de los gobiernos sea objetiva, clara, transparente y no discriminatoria, lo anterior, en virtud de que, a diferencia de cualquier otro servicio que pueda ser contratado por la Federación o los Gobiernos de los Estados, la asignación y contratación de publicidad oficial posee características especiales, derivadas de la posibilidad de su uso como un "medio para ‘premiar o castigar’ líneas editoriales o contenidos normativos."
f) La Comisión trae a colación los principios sobre regulación de publicidad oficial en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales destaca las exigencias relativas al establecimiento de leyes especiales, claras y precisas, de los objetivos legítimos de la publicidad oficial, de los criterios de distribución de la pauta estatal, la planificación adecuada, los mecanismos de contratación, la transparencia y acceso a la información, así como respecto del control externo de la asignación publicitaria y el pluralismo informativo.
g) Afirma que la ley impugnada es inconstitucional, al no respetar el principio de reserva de ley establecido en el artículo 134 constitucional, ya que del análisis de los artículos 5, último párrafo, 16, 23, 25, segundo párrafo, 30, 32 y tercero transitorio, del decreto por el que se expide la Ley Número 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz, se observa que se delega a una autoridad administrativa el establecimiento de las reglas de asignación de la publicidad oficial, lo que se traduce en una excesiva discrecionalidad que permite la violación a la libertad de expresión. Afirma que dicha ley no establece reglas sobre la selección de medios de comunicación para la asignación de publicidad oficial y que delega a las secretarías administradoras la obligación de establecer dicha normatividad.
h) Reconoce que es legítimo que se establezca un padrón estatal de medios de comunicación; sin embargo, alega que debe ser la ley la que determine los lineamientos de su organización, especialmente los requisitos de inscripción, pues sólo así se pueden cumplir los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
i) Afirma que la "habilitación a favor de una autoridad administrativa, para establecer las bases y condiciones de inscripción de medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social, abre la puerta para la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial que permitiría presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas."
j) Si bien el artículo 134 constitucional, así como los principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, prevén la posibilidad de que exista un sistema de sanciones en materia de publicidad oficial, afirma que cuando el legislador lo reglamente debe hacerlo con respeto de los principios constitucionales y alega que los artículos 37 y 38 de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz "establecen una definición muy amplia de cuáles son las infracciones a la misma, sin establecer claramente las sanciones de índole administrativa, civil o penal que serán aplicables."
k) También reprocha que el referido artículo 38 se limite a establecer "se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, a la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables", lo que es irregular, ya que deja al arbitrio de los propios superiores jerárquicos la facultad de determinar si efectivamente proceden quejas al respecto, siendo omisa en el establecimiento de garantías respecto de las infracciones a la ley.
l) En su argumentación, la comisión actora abunda en las consideraciones de la ejecutoria del amparo en revisión 1359/2015 resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte y destaca el contenido de los principios de legalidad, de reserva de ley y de jerarquía normativa, los cuales, en su opinión, son vulnerados por la ley impugnada por insuficiencia regulatoria.
m) Ello, ya que el artículo 5, último párrafo, establece que la secretaría administradora deberá contemplar en los lineamientos que emita los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente; el artículo 16 porque dispone que la unidad administradora emitirá anualmente los lineamientos que contengan las reglas relativas a la difusión de las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y publicidad que promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generen algún ingreso para el Estado; el artículo 23, porque establece que serán las dependencias y entidades las que remitirán sus propuestas de estrategias, programas anuales y respectivas campañas de comunicación social a la unidad administradora, observando los lineamientos que ésta emita y el tercero transitorio porque habilita a la coordinación general para emitir los lineamientos y le otorga noventa días naturales para integrar el padrón estatal de medios de comunicación.
n) Si bien es cierto que la ley puede delegar para su reglamentación algunas cuestiones, ésta no puede ser ilimitada, ya que debe respetar los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a la ley, en términos de la jurisprudencia de este Pleno, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES."
o) Estas deficiencias normativas generan un efecto disuasivo en la libertad de expresión, porque los medios de comunicación pueden decidir no criticar al gobierno para no dejar de recibir recursos públicos; por tanto, la ley impugnada se traduce en un mecanismo de restricción indirecta de la libertad de expresión.
p) Segundo. En este concepto de invalidez, alega que el artículo 4, fracción VIII, de la ley combatida, en la porción normativa que establece: "Son los que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos", viola los derechos de igualdad y libertad de expresión porque esta definición de medios de comunicación excluye a todos aquellos que no cuenten con la capacidad de ser captados por un gran número de personas.
q) Así, afirma que son dos los requisitos exigidos legalmente, a saber, ser captados simultáneamente y tener una audiencia de una "gran" cantidad de individuos, lo cual es dañino para la libertad de expresión, pues la protección de los medios de comunicación no debería depender del tamaño de su audiencia, pues en ese caso se excluiría a aquellos que sólo tienen audiencias pequeñas. Así, afirma que la norma es discriminatoria por excluir a un grupo de los medios de comunicación de la posibilidad de obtención de recursos y sólo favorecer a aquellos que tienen las estructuras suficientes para lograr tener auditorios amplios.
r) Alega que "la norma general no puede restringir el acceso a ejercer la libertad de expresión al imponer limitantes de alguna índole a medios de comunicación para poder participar en mecanismos formales de contratación frente a otros medios, cualquiera que sean sus circunstancias en relación a su capacidad económica para difundir campañas oficiales."
s) Tercero. Aquí la accionante afirma que el artículo 12, en las porciones normativas: "Se procurará que" del primer párrafo y "se procurara que" del tercer párrafo de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz vulneran la garantía de accesibilidad de las personas con discapacidad y comunidades indígenas, toda vez que no atiende a sus necesidades particulares en la materia en detrimento de su derecho a tener la oportunidad efectiva sobre una base de igualdad para acceder a la información, participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo cual contraviene lo dispuesto por los artículos 1, 5, 9 y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 3.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
t) Se invoca como aplicable lo resuelto por este Pleno al conocer de la acción de inconstitucionalidad 47/2018 y su acumulada 48/2018, en cuya ejecutoria se determinó que la utilización del vocablo "procurará" es inconstitucional cuando se refiere al cumplimiento de obligaciones respecto de las personas con discapacidad y concluye "que la porción normativa impugnada vulnera los derechos de las personas con discapacidad al eludir la responsabilidad del Estado de Veracruz de proporcionar campañas de comunicación social para las personas con discapacidad, pues no garantiza que mediante éstas conozcan sus derechos", argumento que hace de manera análoga respecto de las comunidades indígenas.
u) Cuarto. Finalmente, en este apartado la accionante alega que los artículos 30 y 32 de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, así como el tercero transitorio del decreto por el que se expide la misma, vulneran el derecho humano a la seguridad jurídica, al establecer que los medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán inscribirse en el padrón estatal y disponer que la Coordinación General de Comunicación Social del Estado se encargará de integrar dicho padrón, para lo cual emitirá los lineamientos a que deberán sujetarse los medios que pretenden inscribirse en éste.
v) Ello, ya que la delegación a dicho órgano administrativo para la emisión de los lineamientos viola el principio de reserva de ley, previsto en el artículo 134 constitucional, así como el de seguridad jurídica, pues se deja al arbitrio de una autoridad administrativa la potestad de establecer las reglas de organización y contratación.
w) Aquí se insiste en que la exigencia del empadronamiento de los medios de comunicación en un padrón estatal puede instituirse como una limitante de la libertad de expresión e incluso como una presión indirecta del Estado para silenciar su labor informativa, pues la falta de seguridad jurídica a la que se hizo referencia "puede generar que mediante los lineamientos ya mencionados se provoque un castigo o premio en atención a sus líneas informativas."
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar la acción relativa con el número 61/2019, así como ordenar el turno del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del asunto.
5. Por acuerdo de dieciocho de junio siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron la ley combatida, por lo que les solicitó su informe en un plazo de quince días hábiles. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República para la formulación del pedimento correspondiente; se requirió al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados y se dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
6. Trámite e informes. Hecho lo anterior, se siguió la instrucción y trámite del asunto, por lo que hace a las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente:
7. Informe del Poder Legislativo. La subdirectora de Servicios Jurídicos y delegada de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en representación del Poder Legislativo de esa entidad, por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de esta Suprema Corte el seis de agosto de dos mil diecinueve, presentó el informe requerido y sostuvo lo que se detalla en seguida:
a) Afirma que la comisión no tiene legitimación activa en el presente juicio, ya que de conformidad con lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 22/2009 y 49/2009, ésta sólo puede hacer valer violaciones a los derechos humanos, lo que no incluye la posibilidad de alegar violaciones a los principios sobre regulación de publicidad oficial del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, además de que no señala qué derechos humanos se encuentran violados, y sólo reitera los argumentos desarrollados en otra demanda distinta (aquella promovida contra la Ley General de Comunicación Social).
b) Por otra parte, afirma que la ley combatida es regular desde la perspectiva constitucional, ya que ésta se emitió en cumplimiento del régimen transitorio de la Ley General de Comunicación Social y se armoniza con los fines constitucionales de febrero de dos mil catorce al artículo 134.
c) Finalmente, desestima los argumentos contenidos en los conceptos de invalidez, ya que alega que la ley se ajusta a los principios constitucionales del artículo 134 constitucional, sin que se observe la deficiencia normativa denunciada. "Además, tampoco se puede derivar transgresión alguna al derecho de libertad de expresión, en su dimensión colectiva, pues la ley impugnada es de reglamentación concurrente del artículo 134, octavo párrafo, constitucional, no del artículo 6o. constitucional o de la ley que reglamenta la libertad de expresión".
d) También afirma que la definición que se da de los medios de comunicación en la ley es idéntica a la prevista en la Ley General de Comunicación Social; tampoco existe una violación a los derechos de las comunidades indígenas o de las personas con discapacidad, ya que el vocablo "procurará" también es utilizado por la Constitución. Finalmente, tampoco existe vicio de invalidez en la reglamentación, ya que ésta también reproduce el diseño de la ley general.
8. Informe del Poder Ejecutivo Local. A través de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación;
a) La ley combatida no es deficiente normativamente, ya que regula con precisión las reglas y mecanismos de distribución de gasto en comunicación social, tal como se desprende de sus distintos apartados.
b) La definición de los medios de comunicación ofrece suficientes referencias normativas para garantizar una aplicación precisa y no discriminatoria de la ley.
c) Lejos de implicar una violación a los derechos de las personas con discapacidad o de las comunidades indígenas, la ley establece protecciones en su favor.
9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
II. Competencia
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acude a demandar la posible contradicción entre diversos preceptos de una ley local y la Constitución General y varios tratados internacionales.
III. Oportunidad
11. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.
12. Ahora bien, la ley combatida se publicó el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del dieciocho de mayo al domingo dieciséis de junio de dos mil diecinueve, por lo que siendo inhábil este último día, en términos del primer párrafo del artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, debe entenderse que la demanda podía presentarse hasta el lunes diecisiete de junio de la misma anualidad.
13. Consecuentemente, dado que la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se interpuso en la Oficina de Certificación Judicial y Jurisprudencia el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se satisface el requisito de oportunidad.
IV. Legitimación
14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por un órgano legitimado y por su debido representante, tal como se evidencia en las consideraciones y razonamientos que se detallan en seguida.
15. El inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional establece que podrá interponer este juicio "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte."
16. Por su parte, quien suscribe la demanda respectiva es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, que tuvo verificativo el trece de noviembre de dos mil catorce, por lo que debe reconocerse a éste legitimación activa.
17. Finalmente, cabe precisar que la norma constitucional limita la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impugnar leyes que puedan violar derechos humanos, extremo que debe tenerse por acreditado, ya que en su demanda la accionante formula cuatro conceptos de invalidez en contra de diversas disposiciones de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, en los que alega violaciones a distintos derechos humanos como lo es la libertad de expresión, seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, así como violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y personas con discapacidad.
18. Así, debe desestimarse el planteamiento del Poder Legislativo Local por el cual afirma que la comisión no tiene legitimación activa en el presente juicio, alegando que de conformidad con lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 22/2009 y 49/2009, ésta sólo puede hacer valer violaciones a los derechos humanos, lo que no incluye la posibilidad de alegar violaciones a los principios sobre regulación de publicidad oficial del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, además de que no señala qué derechos humanos se encuentran violados, y sólo reitera los argumentos desarrollados en otra demanda distinta (aquella promovida contra la Ley General de Comunicación Social).
19. Si bien es cierto que una parte central de la argumentación de la accionante se basa en alegar violaciones a los principios del artículo 134 constitucional, los cuales se refieren a la actividad contractual del Estado, este Pleno coincide con el criterio de la Primera Sala que dicho precepto constitucional no puede desvincularse del derecho a la libertad de expresión cuando se evalúan las reglas en materia del gasto en publicidad oficial. Tiene aplicación el criterio de rubro (sic): "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA OMISIÓN DE EXPEDIR UNA LEY QUE REGULE EL GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL VULNERA LA."(2)
20. Además, como se ha demostrado, la accionante realiza otros planteamientos independientes de violaciones a derechos humanos, lo que, por sí mismo, es suficiente para tener por acreditado su legitimación activa.
V. Causas de improcedencia y sobreseimiento
21. La única causal de improcedencia invocada por las partes fue la planteada por el Poder Legislativo, consistente en la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –supuestamente por no aducir violaciones a derechos humanos–, la cual ya fue desestimada. Así, no existiendo otras causales de improcedencia aducidas por las partes y no observándose otra de oficio, este Pleno procede a analizar el fondo del asunto.
VI. Estudio de fondo
22. Del análisis de la demanda se observa la existencia de cinco núcleos argumentativos que pueden abordarse temáticamente para evaluar los planteamientos de fondo dirigidos en contra de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 1) violaciones transversales de toda la ley; 2) delegación de poderes normativos a las autoridades administrativas para asignar publicidad oficial y registrar a los medios de comunicación en el padrón estatal; 3) definición de sanciones y facultades de las autoridades, 4) definición legal de los "medios de comunicación"; y, 5) obligaciones referidas a las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
23. Sin embargo, debe recordarse que en la acción de inconstitucionalidad aplica una amplia suplencia de la queja, aun en ausencia de conceptos de invalidez, en términos del primer párrafo del artículo 71 de la ley reglamentaria.(3) En ejercicio de dicha facultad, este Pleno puede detectar violaciones al procedimiento legislativo a pesar de no haberse hecho valer por parte del accionante. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia de este Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS."(4)
24. De acuerdo con nuestros precedentes, esta Suprema Corte debe analizar en primer lugar las violaciones procesales, por tener prioridad lógica, ya que en caso de resultar fundadas sería innecesario analizar las violaciones alegadas en el contenido de las mismas, pues las primeras pueden ser suficientes para lograr la declaratoria de invalidez.(5)
25. En el resto del siguiente apartado, se procederá a demostrar la existencia de las siguientes violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, cuya consideración conjunta, a la luz de la integridad de su desenvolvimiento e impacto en los atributos de las posibilidades de una deliberación democrática, nos lleva a concluir que producen un efecto invalidante suficiente para declarar su invalidez: 1) dispensa del trámite legislativo sin constatarse la votación calificada requerida, así como 2) la falta de motivación alguna para acreditar la hipótesis de urgencia.
26. Esta Corte ha construido una doctrina jurisprudencial aplicable para evaluar violaciones al procedimiento legislativo que se ha hecho gravitar alrededor de un parámetro de control constitucional preocupado por la calidad de las condiciones de deliberación democrática. Aunque se trate de la verificación del cumplimiento de las reglas procesales, hemos dicho que el escrutinio debe hacerse desde los valores sustantivos de la democracia representativa y deliberativa. Así, el actual criterio no se limita a resguardar la aplicación de la regla de mayoría. En una democracia deliberativa se valora la reflexión y la deliberación y, por ende, esta concepción sobrepone el valor de las reglas que garantizan dichas condiciones.
27. Tienen aplicación las tesis de este Pleno con los siguientes rubros: "FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO."(6) y "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL."(7)
28. Así, conforme a nuestra doctrina actual, lo que debemos verificar en un procedimiento legislativo no sólo son las condiciones de formación de una mayoría legislativa. El actual criterio de la Corte es que la regla de mayoría sólo adquiere valor constitucional si se respetan las condiciones de deliberación, garantizadas mediante el cumplimiento de las reglas que disciplinan las distintas etapas del procedimiento. Estas reglas tienen valor constitucional porque protegen los derechos de participación de las minorías y porque aseguran que quienes integran las mayorías legislativas tengan garantías de reflexión para tomar posición.
29. Por tanto, se ha estimado que la capacidad invalidante de dichas irregularidades debe equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio de economía procesal, el cual prescribe evadir, en lo posible y pertinente, la reposición de etapas procedimentales cuando esto no redundará en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada. Así, no debe otorgarse efecto invalidante a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto.
30. Un segundo principio en juego es el principio de equidad en la deliberación parlamentaria, el cual prescribe una actuación contraria. Esto es, que no deben considerarse automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación ajustada a las previsiones legales.
31. Este último principio está estrechamente vinculado con la esencia y valor de la democracia,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29891-414d51f1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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