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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE TENERSE COMO DEMANDADO AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y NO A LA FISCALÍA GENERAL, LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y A LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DE ESA ENTIDAD, POR TRATARSE DE DEPENDENCIAS SUBORDINADAS A AQUÉL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CESACIÓN DE EFECTOS DE UN ACUERDO POR EL QUE EL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA ASUME EL CONTROL Y MANDO DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE ALGUNOS DE SUS MUNICIPIOS NO SE ACTUALIZA SI NO DEVUELVE AQUÉLLOS A ÉSTE NI SE ABROGA DICHO ACUERDO (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VI. POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL. LA ASUNCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO POR PARTE DE UN ESTADO NO SE ACTUALIZA A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO, SINO QUE SE TRATA DE UNA FACULTAD DE LOS GOBERNADORES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES). VII. POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO. EL LEGISLADOR NO ESTÁ OBLIGADO A PREVER EN LA LEY LAS BASES Y MECANISMOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS EN CASO DE QUE EL PODER EJECUTIVO ASUMA EL MANDO DE AQUÉLLA, CUANDO CONSIDERE QUE EXISTE UNA CAUSA DE FUERZA MAYOR O UNA ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES). VIII. POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO. FACULTAD DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD PARA EMITIR DECRETOS Y DAR ÓRDENES A AQUÉLLA EN LOS CASOS QUE JUZGUE COMO DE FUERZA MAYOR O ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO Y ASUMIR SU MANDO (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES). IX. POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO. LA FACULTAD DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD PARA DAR ÓRDENES A AQUÉLLA Y ASUMIR SU MANDO ES DISCRECIONAL, POR LO QUE NO REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO RESPECTIVO, Y CONLLEVA LA ENTREGA DEL ARMAMENTO Y TODO EL EQUIPO OPERATIVO QUE TENGA ASIGNADO Y EN RESGUARDO EL MUNICIPIO (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES). X. POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO. LA OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD DE EMITIR UN ACUERDO QUE ABROGUE AQUÉL POR EL QUE ASUME SU MANDO NO AFECTA LA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE ESE ÚLTIMO (ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL ASUME EL CONTROL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y LA RELEVA DEL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2018. · Registro digital (IUS): 30021
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-13
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, Pág.3707.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2018. MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 13 DE FEBRERO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA VIANEY GÓMEZ PÉREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan David García Camarena, síndico municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General, la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Publicaciones, todos del mismo Estado, solicitando la invalidez del "Acuerdo del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado asume el control de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", y la releva del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones depositadas a ésta en términos de los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el once de marzo de dos mil dieciocho, y del acto de autoridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco realizado el once de marzo de dos mil dieciocho del cual derivó el "Acta de entrega recepción de bienes muebles de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", y cualquier acto derivado tanto del acuerdo impugnado como del referido acto de autoridad.

SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora narra, en síntesis, los siguientes antecedentes:

1) El once de marzo de dos mil dieciocho a las nueve horas, se presentó personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque e informaron que a partir de ese día la Fiscalía Estatal procederá a realizar los operativos de seguridad y vigilancia en todo el Municipio, por lo que solicitaron la entrega del armamento, equipos de radiocomunicación, municiones, cargadores y aros aprehensores que utilice el personal del Municipio.

2) En virtud del acto anterior se levantó el acta sin número de entrega recepción de bienes muebles de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

3) El mismo día, el Gobierno Municipal tuvo noticia de la existencia del acuerdo impugnado.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda el síndico municipal argumenta, en esencia, que el acuerdo y los actos impugnados carecen de motivación y fundamentación, pues no derivan de un convenio de coordinación y asunción de funciones municipales entre el Estado y el Municipio en el que exista solicitud expresa para que el Estado asuma la prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito; no medió solicitud de la autoridad municipal a fin de que las autoridades estatales ejercieran las funciones policiales; tampoco existe un convenio en el que requiera la coordinación entre los niveles de gobierno para hacer frente a una situación emergente; no derivan de un convenio metropolitano ni de una solicitud expresa del Municipio al Congreso del Estado para que el gobernador asuma la facultad de prestar el servicio público de seguridad y tampoco existe una orden de intervención para investigación, cateo y aseguramiento emitida por autoridad competente que permita al Estado llevar acabo los actos combatidos. En consecuencia, considera que al no actualizarse alguno de los supuestos anteriores, es competencia del Congreso del Estado pronunciarse respecto de la imposibilidad material del Municipio actor para garantizar el servicio de seguridad pública de conformidad con el artículo 115, fracción II, incisos c), d) y último párrafo, de la Constitución General y no al Poder Ejecutivo del Estado.

Del mismo modo, el Municipio argumenta que a pesar de que el Poder Ejecutivo del Estado cuenta con la facultad de dar órdenes a la Policía Preventiva Municipal en los casos que juzgue de fuerza mayor o alteración grave al orden público de conformidad con el artículo 50, fracción XIII, de la Constitución General, eso no implica que tenga la facultad de asumir de manera unilateral el control de la Policía Preventiva del Municipio actor mediante la desposesión de armamento, equipo y vehículos, máxime que el Ejecutivo Estatal omitió expresar en el acuerdo impugnado cuál es la causa de fuerza mayor o la alteración grave del orden público y que al no mediar un acuerdo o convenio de coordinación la autoridad demandada incumplió con lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

En el mismo sentido, el actor estima que la competencia para prestar el servicio de seguridad pública le corresponde al Municipio en términos del artículo 21 de la Constitución General en relación con el Sistema Nacional de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y que la policía preventiva se encuentra a cargo del presidente municipal excepto en el caso de que exista una causa de fuerza mayor, una alteración grave al orden público o que el titular del Ejecutivo Federal resida en el Municipio temporalmente. Sin embargo, el Ejecutivo Estatal ha impedido la prestación del servicio de seguridad pública sin que se actualice alguna de las causas excepcionales lo que afecta el derecho humano de seguridad pública de la población municipal.

Por otro lado, considera que los actos impugnados violan los principios de reserva de ley, racionalidad, proporcionalidad, subsidiariedad, seguridad y certeza jurídica, pues a pesar de que la fracción VII del artículo 115 establezca que la Policía Preventiva del Municipio acatará las órdenes que el gobernador del Estado transmita en los casos de fuerza mayor y perturbación del orden público, lo cierto es que no autoriza al Ejecutivo Estatal a asumir el control de la policía mediante la desposesión de armamento, ni la interrupción de las prerrogativas municipales para la prestación del servicio en comento.

En otro orden de ideas, argumenta que a pesar de que el Gobierno Estatal tuviera la sospecha de que la Policía Preventiva Municipal tuviera nexos con el crimen organizado, eso no justifica la intervención realizada pues dicha sospecha debe encontrarse fundada en carpetas de investigación en las que se señalen los hechos constitutivos del delito y los elementos policiales indiciados, condenados o señalados en una resolución judicial o mandamiento ministerial. En este sentido, también considera que el Poder Ejecutivo Estatal carece de facultades para retener y privar de la posesión del armamento propiedad del Gobierno Municipal, pues el artículo 2 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos únicamente autoriza al presidente de la República y a las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y otras autoridades federales que no intervinieron en el acto reclamado.

Por otra parte, señala que el Poder Ejecutivo Estatal fundó y motivó erróneamente el acuerdo impugnado debido a que las facultades contenidas en los artículos 50, fracciones XIII y XX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las que fundó el acuerdo son insuficientes para que asuma el control de la Policía Preventiva del Municipio, ya que se restringen a autorizar al titular del Poder Ejecutivo a emitir acuerdos para coordinar el quehacer de la administración pública y para ordenar la eficaz prestación de servicios públicos en el ámbito de su competencia, por lo que considera viola los artículos 1, 14, 16, 115, fracción III, inciso h), de la Constitución General.

CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. Se señalaron como violados los artículos 1o., 14, 16, 21 y 115 constitucionales.

QUINTO.—Formación, registro y turno. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho el Ministro presidente ordenó formar y registrar el presente asunto y turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

SEXTO.—Admisión. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, se tuvo por demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación de demanda, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones y enviara copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado, así como de los antecedentes del acuerdo por el cual la autoridad asume el control de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco. Sin embargo, no se tuvo por demandadas a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Secretaría General de Gobierno de la misma entidad, pues son dependencias subordinadas al Poder Ejecutivo y en consecuencia carecen de legitimación pasiva de conformidad con la tesis de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.".(1) Por otra parte, se determinó que no ha lugar a tener como terceros interesados a la Junta de Coordinación Metropolitana y a los Municipios que menciona el actor en su demanda, pues no se advierte que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegase a dictarse. Por último, se dio vista a la Procuraduría General de la República.

SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veinte de junio de dos mil dieciocho, el Poder Ejecutivo Local contestó la demanda y desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

El Poder Ejecutivo Local señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues el acuerdo impugnado quedó sin efectos con motivo de la reintegración total del mando de la policía preventiva al presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por conducto del comisario general de la Policía Preventiva Municipal como se desprende de la constancia de entrega de bienes muebles a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. Del mismo modo, señala que lo que en realidad reclama el Municipio actor no es la invasión de su esfera competencial, sino que se encuentra en desacuerdo con los motivos y fundamentos que sostienen el acuerdo impugnado por lo que considera que es improcedente el análisis de los conceptos de invalidez del Municipio. En este sentido, también señala que los argumentos vertidos por el promovente respecto a la violación a los principios de reserva de ley, racionalidad, proporcionalidad, subsidiariedad, seguridad y certeza jurídica y la falta de descripción de las causas por las que puedan transmitirse las órdenes del gobernador a las instituciones policiales municipales son improcedentes debido a que se limitó a realizar afirmaciones sin sustento jurídico.

Posteriormente, argumenta que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución General la función de seguridad pública está encomendada a los tres órdenes de gobierno, por tanto, la esfera competencial del Municipio actor en materia de seguridad pública no es ilimitada, ya que se trata de una materia concurrente. En este sentido, considera que la Constitución asignó al Ejecutivo Estatal la atribución de proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos con la finalidad de mantener la paz y el orden público. En consecuencia, estima que el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad pública no pueden considerarse invasivas de la autonomía de los Municipios.

Aunado a lo anterior, sostiene que el artículo 115, fracción VII, de la Constitución faculta a los gobernadores de los Estados para dar órdenes a las policías preventivas municipales en los casos que juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. En consecuencia, considera que no se requiere de un acuerdo gubernamental, de coordinación, convenio metropolitano, solicitud expresa realizada por el Municipio al Congreso o un convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Municipio actor, pues se trata del ejercicio directo de facultades por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado cuyo ejercicio debe ser expedito ya que se trata de casos de urgencia derivados de acontecimientos imprevistos e impredecibles que alteran gravemente el orden público, máxime que la Constitución no prevé formalidad escrita o audiencia previa al Municipio para ejercitar dichas facultades. Por tanto, en virtud de que se trata de facultades extraordinarias que requieren de la reacción inmediata de las autoridades no puede exigirse formalidad o solemnidad alguna ni que el acuerdo contenga una fundamentación y motivación exhaustiva.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado señaló que la Policía Preventiva del Municipio no desapareció ni entregó todas las armas a su cargo. Por el contrario, la Policía Preventiva Municipal únicamente entregó las armas registradas en la licencia colectiva número 44 y las que se encuentran contempladas en el contrato de comodato de número CP/099/2017. Por otro lado, se desprende de las comunicaciones emitidas por el comisario de la Policía Preventiva Municipal en las que solicita el apoyo estatal que dicho mando policial no desapareció ni dejó de prestar servicios.

En respuesta al argumento consistente en que únicamente el Gobierno Federal tiene facultades para privar del armamento a la Policía Municipal, la autoridad demandada contestó que el acto reclamado no suspendió ni canceló los permisos; por el contrario, únicamente se ordenó la puesta en disposición del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los equipos que en su caso se les requieran en ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 115, fracción VII, constitucional.

Por último, niega la inconstitucionalidad del acta de entrega y recepción de bienes muebles de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Por un lado, considera que no carece de fundamentación y motivación puesto que se emitió de conformidad con el acuerdo combatido. Aunado a lo anterior, del acta se desprende el consentimiento expreso del comisario general de la Policía Preventiva Municipal por lo que la entrega del armamento y equipo operativo se realizó de manera bilateral y pacífica.

OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. La Procuraduría General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

NOVENO.—Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el trece de octubre de dos mil dieciséis se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución(2) y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.—Pruebas para mejor proveer. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor requirió al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco para que informe si ha dictado algún acuerdo por medio del cual deje sin efectos el acuerdo de once de marzo de dos mil dieciocho.

En consecuencia, por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Poder Ejecutivo Local desahogó el requerimiento manifestando la imposibilidad de remitir la información solicitada. Del mismo modo, mediante escrito presentado en la misma fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Municipio actor manifestó que hasta la fecha de presentación de su escrito el Poder Ejecutivo Local no ha emitido algún acuerdo por medio del cual deje sin efectos el acuerdo impugnado.

DÉCIMO PRIMERO.—Returno. Por acuerdo del tres de enero de dos mil diecinueve, se ordenó returnar los autos para la tramitación y/o elaboración del proyecto de resolución respectivo, al Ministro Luis María Aguilar Morales quien, por determinación del Tribunal Pleno, quedó adscrito a la Primera Sala de este Alto Tribunal, en lugar del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con motivo de su designación como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(3) de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(5) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el Poder Ejecutivo, ambos Estado del Jalisco en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la Litis. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

En su escrito inicial de demanda el Municipio actor señaló como actos impugnados:

a) El "Acuerdo del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado asume el control de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", y la releva del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones depositadas a ésta en términos de los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el once de marzo de dos mil dieciocho.

b) El acto de autoridad llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado de Jalisco el once de marzo de dos mil dieciocho y del cual deriva el "Acta de entrega recepción de bienes muebles de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".

c) Cualquier acto derivado del Acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado de once de marzo de dos mil dieciocho.

d) Cualquier acto de autoridad que pudiera afectar los intereses de los ciudadanos y habitantes del Municipio derivado de las instrucciones que recibió el encargado del despacho de la Comisaría Preventiva de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que realice los operativos de seguridad y coordinación operativa.

De la lectura integral de la demanda, esta Primera Sala advierte que el Municipio actor pretende que se declare la invalidez del acuerdo impugnado, así como del acto de autoridad llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado de Jalisco y de cualquier acto derivado del acuerdo impugnado y las instrucciones recibidas por el encargado del despacho de la Comisaría Preventiva de la Fiscalía General del Estado.

Del análisis del expediente se desprende que son ciertos tanto la emisión del acuerdo impugnado como el acto de autoridad de la Fiscalía General del Estado señalados con los incisos a) y b) respectivamente. Sin embargo, los actos señalados en los incisos c) y d), en los que el Municipio actor manifiesta que impugna "cualquier acto derivado del acuerdo" y "cualquier acto de autoridad derivado de las instrucciones que recibió el encargado del despacho de la Comisaría Preventiva de la Fiscalía General" debe señalarse que el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establece expresamente en sus fracciones IV y VII(7) que el actor deberá señalar la norma general o acto cuya invalidez se demande, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado y los conceptos de invalidez en su escrito de demanda. De lo anterior se desprende que ante una manifestación imprecisa como se da en el presente caso, esta Primera Sala no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos o normas, puesto que como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS.",(8) para que este Alto Tribunal pueda estudiar los actos impugnados es necesario que cuando menos el actor exprese la causa de pedir. En consecuencia, no se tienen por impugnados los actos señalados con los incisos c) y d).

TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(9) señala que tratándose de actos el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme la ley del propio acto surta efectos la notificación del acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso, el acuerdo impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de marzo de dos mil dieciocho, fecha que coincide con la de su ejecución por conducto de la Fiscalía General del Estado de Jalisco que consta en el "Acta de entrega recepción de bienes muebles de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", y en la que el Municipio actor se ostenta sabedor del mismo;(10) por tanto, el plazo de treinta días hábiles transcurrió del doce de marzo al veintisiete de abril de dos mil dieciocho, debiéndose descontar los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciocho por tratarse de días inhábiles, de conformidad con el artículo 3, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia,(11) 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) el punto primero del Acuerdo General Número 18/2013(13) de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo acordado en la sesión privada celebrada el doce de marzo de dos mil dieciocho del Tribunal Pleno. En consecuencia, la demanda resulta oportuna al haberse presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO.—Legitimación activa. La presente controversia constitucional fue presentada por Juan David García Camarena en su carácter de síndico municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Dicho carácter se acreditó con la copia de la constancia de catorce de junio de dos mil quince.(14)

En relación con la representación, el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco(15) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para representar al Municipio en todas las controversias o litigios en los que fuere parte, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales.

De acuerdo con la disposición anterior, el síndico cuenta con la representación del Municipio, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en el criterio P./J. 52/2000, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO."(16)

De lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, el síndico de San Pedro Tlaquepaque posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales, por lo que procede reconocerle legitimación para promover el presente juicio.

Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución General para promover una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.

QUINTO.—Legitimación pasiva. En el auto de admisión de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho(17) se tuvo como demandado únicamente al Poder Ejecutivo de Jalisco y no a la Fiscalía General, la Secretaría General de Gobierno ni a la Dirección de Publicaciones de la misma entidad por tratarse de dependencias subordinadas a dicho Poder.

Así, el Poder Ejecutivo del Estado fue representado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en su carácter de gobernador de la entidad en términos de los artículos 50, fracción XIX,(18) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y el artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,(19) quien además acreditó su personalidad con las copias certificadas del acuerdo legislativo mediante el cual se expide el Bando Solemne para dar a conocer la declaratoria de gobernador electo del Estado de Jalisco(20) que le fue expedida por los integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales de la LX Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial Local el dieciséis de febrero de dos mil trece, por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.

SEXTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco señaló como causas de improcedencia las siguientes:

a) La cesación de los efectos del acto materia de la controversia con motivo de la reintegración en su totalidad del mando de la policía preventiva al presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por conducto de su comisario general de la Policía Preventiva Municipal.

b) La improcedencia del estudio de los actos reclamados identificados con los incisos c) y d) de la demanda debido a que el promovente se limitó a señalar de manera genérica e imprecisa los actos reclamados.

c) La falta de argumentos del Municipio actor dirigidos a evidenciar la invasión de su esfera competencial.

d) La falta de sustento legal de los argumentos del Municipio actor respectivos a la violación de los principios de reserva de ley, racionalidad, proporcionalidad, subsidiariedad, seguridad y certeza jurídica y la falta de descripción de las causas por las que puedan transmitirse las órdenes del gobernador a las instituciones policiales municipales son debido a que se limitó a realizar afirmaciones.

Para resolver la primera causa de improcedencia es necesario recordar lo establecido en el acuerdo impugnado:

"PRIMERO. El Gobernador Constitucional del Estado asume el control y mando de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con las facultades y por los razonamientos señalados en el cuerpo del presente acuerdo, hasta en tanto se restablezca el orden y la paz pública en el citado Municipio.

"SEGUNDO. Las diversas áreas que Integran la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; deberán acatar las órdenes que les emita el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por conducto del fiscal general, y en tal virtud, deberán entregar al momento, al mismo o al personal que al efecto designe, el armamento, equipos de radiocomunicación y en general todo el equipo operativo que tengan asignado y en resguardo del Municipio.

"TERCERO. Los miembros de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; serán sujetos de las responsabilidades establecidas en la ley en caso de desacatar las órdenes que les gire el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por conducto del fiscal general del Estado.

"CUARTO. En tanto se restablece el orden y la paz pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el servicio de seguridad pública será reforzado par los elementos de la Fiscalía General.

"QUINTO. El presente acuerdo surte efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, hasta en tanto no sea abrogado por otro acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado una vez que se restablezca el orden y la paz pública en el citado Municipio."(21)

De la lectura del Acuerdo se desprende lo siguiente: 1) El Gobernador Constitucional del Estado asumió el control y mando de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hasta en tanto se restablezca el orden y la paz pública en el citado Municipio; 2) Las diversas áreas de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque deberán acatar las órdenes que les emita el titular del Poder Ejecutivo del Estado, y en tal virtud deberán entregar al momento, al mismo o al personal que al efecto designe, el armamento, equipos de radiocomunicación y en general todo equipo operativo que tengan asignado y en resguardo del Municipio; 3) el acuerdo impugnado surtirá sus efectos hasta que sea abrogado por uno posterior del Poder Ejecutivo del Estado una vez que se restablezca el orden y la paz pública en el Municipio.

De esta manera, mediante el acuerdo de once de marzo de dos mil dieciocho se llevaron a cabo dos actos distintos. Por un lado, se asumió el control y mando de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y, por el otro, se ordenó la entrega del armamento, equipos de radiocomunicación y en general todo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30021-5130168b/i-controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-manifestaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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