AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 15 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de octubre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
Resolución
Correspondiente a la contradicción de tesis 4/2019, suscitada entre los criterios sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. La problemática jurídica a resolver es la siguiente:
Cuando el quejoso opta por ampliar su demanda de amparo ¿debe agotar el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite de un juicio originalmente promovido por violación al derecho de petición?
I. Antecedentes
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 568/2017 el quince de febrero de dos mil dieciocho.(1)
2. En la ejecutoria se determinó que no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, si ya se había admitido la ampliación de la demanda en su contra.
3. Del asunto en cuestión derivó la tesis aislada XXI.1o.P.A.12 K (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, SI SE ADMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN SU CONTRA. En congruencia con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 149/2006 y 2a./J. 205/2008, de rubros: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.’ y ‘CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.’, respectivamente, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, por no agotarse el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, si se admitió la ampliación de la demanda contra esa contestación, en virtud de que sería un contrasentido que, tras haberse admitido ésta a trámite, en la sentencia se determinara la inejercitabilidad de la acción por no agotar previamente los recursos ordinarios procedentes, en tanto que el quejoso conoció dicho acto durante la tramitación del juicio constitucional, en el cual se le otorgó –por economía procesal–, la oportunidad de reclamarlo y, en ese contexto, resultaría denegatorio de justicia que, con posterioridad, al dictarse la sentencia, el Juez considere que debió accionar previamente los medios ordinarios de defensa pues, se insiste, es justamente en cumplimiento a lo determinado jurisprudencialmente por el Alto Tribunal que tuvo la oportunidad de impugnar ese acto, mediante la ampliación de la demanda."(2)
4. A su vez, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió el amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito (**********) el siete de agosto de dos mil dieciocho.(3)
5. En su resolución, el órgano colegiado indicó que la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad en el supuesto de que se promueva juicio de amparo por violación al derecho de petición, si de la respuesta emitida por la autoridad responsable en su informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con la violación reclamada, aun cuando se le haya dado vista para formular la ampliación de su demanda.
6. Del asunto en cuestión derivó la tesis aislada (I Región)7o.1 K (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SE ADVIERTE UN NUEVO ACTO VINCULADO CON LA VIOLACIÓN RECLAMADA, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO SE LE HAYA DADO VISTA PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA. El Juez de Distrito debe dar vista al quejoso con el informe justificado en el cual se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, así como prevenirlo para que, si lo estima conveniente, amplíe su demanda y lo señale como acto reclamado pues, de no hacerlo, incurriría en una violación a las normas del procedimiento que origina su reposición. Sin embargo, ese cumplimiento no imposibilita al Juez para analizar en la sentencia la procedencia de la ampliación de la demanda, ya que, de estimar lo contrario, podrá sobreseer en el juicio, al considerar que se acredita alguna causa de improcedencia. En este sentido, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el nuevo acto como corresponda y estime conveniente, esto es, mediante la ampliación de la demanda inicial, del medio ordinario de defensa que proceda, o de un nuevo juicio de amparo. Ahora bien, si considera que la vía adecuada es la ampliación de la demanda y desahoga el requerimiento en esos términos, debe soportar las consecuencias de su decisión, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, como puede ser que exista un medio de defensa ordinario en su contra, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto debe sobreseer en el juicio, al ser improcedente dicho acto, por no haberse agotado el principio de definitividad, cuando no se actualice alguna excepción a éste. Lo anterior, porque el quejoso estuvo en condiciones de optar por interponer el recurso ordinario, al encontrarse previsto en la legislación aplicable, y no así por la ampliación de la demanda, pues la vista que se le dio no lo coaccionaba a actuar de determinada manera, ya que podía proceder como estimara conveniente para impugnar el nuevo acto de autoridad, pues el Juez únicamente le dio vista para cumplir con la obligación a la que se encuentra constreñido, lo cual no representa una imposición para el quejoso, por lo que si eligió la vía incorrecta, ello es en su propio perjuicio y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio de amparo."(4)
7. El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios arriba mencionados, mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(5)
8. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 4/2019, mediante acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve.(6)
9. En dicho acuerdo, se requirió a los tribunales contendientes para que remitieran versión digitalizada del original o, en su caso, copias certificadas de las ejecutorias en las que sostuvieron los criterios cuya contradicción fue denunciada; se instruyó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito que informara si su criterio se mantenía vigente o, de ser el caso, indicara la causa para tenerlo por superado o abandonado y, finalmente, se turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
10. El presidente de este Alto Tribunal tuvo por cumplido el requerimiento arriba descrito, por acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el cual tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito informando que el criterio denunciado continuaba vigente. De ahí que se declarara integrado el expediente y se ordenara su envío al Ministro ponente, para la elaboración del proyecto de resolución.(7)
II. Competencia
11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia común, suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito.
III. Legitimación
12. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Por tanto, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
13. Este Tribunal Pleno ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
14. El criterio de referencia se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
15. Conforme a dicha jurisprudencia, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales respectivos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
16. Así, para considerar existente una contradicción de tesis, deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
17. En el caso, se actualizan todos los requisitos de referencia, tal y como enseguida se demostrará.
18. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
19. En efecto, consta en autos que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 568/2017 el quince de febrero de dos mil dieciocho. En dicho asunto, la parte quejosa impugnó la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el amparo indirecto **********.
20. El acto reclamado consistió, esencialmente, en la falta de respuesta por parte del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, respecto de una petición del quejoso para que se colocara la señalética en una calle del fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, así como la colocación de la nomenclatura de esa calle.
21. El Juez de Distrito tuvo por recibido el informe justificado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, del cual advirtió que la responsable había dado una respuesta al quejoso a través del oficio **********, de dieciséis de mayo del mismo año.
22. En razón de ello, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, el Juez previno al quejoso para que en el plazo de quince días manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del asunto con las constancias que existieran en el expediente.
23. El quejoso amplió su demanda y señaló como acto reclamado la respuesta que emitió la autoridad responsable a través del oficio **********, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. El juzgador federal requirió el informe justificado y señaló fecha para la audiencia constitucional.
24. El Juez de Distrito dictó sentencia, terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido de sobreseer en el juicio respecto de la omisión de respuesta reclamada al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos.
25. Asimismo, se sobreseyó en contra del acto reclamado en la ampliación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que debió agotarse el principio de definitividad.
26. A su vez, el Tribunal Colegiado dejó firme el sobreseimiento relacionado con la omisión inicialmente reclamada y determinó que contrario a lo resuelto en primera instancia, el quejoso no tenía la obligación de agotar recurso ordinario alguno cuando el acto reclamado hubiera surgido con motivo de la tramitación del juicio y por el cual se hubiera formulado ampliación de la demanda; por lo que resultaba infundada la causa de improcedencia invocada en la sentencia recurrida.
27. Al respecto, se indicó que el Juez Federal actuó de manera dogmática al considerar la procedencia del juicio, sin considerar que el acto que se analizaba había surgido a partir de la rendición del informe justificado y que éste no había sido del conocimiento del quejoso, sino hasta dicha actuación; por lo que exigir agotar el recurso ordinario resultaba incorrecto, ya que se causaría un retardo en la impartición de justicia, en detrimento del artículo 17 de la Constitución Federal, en su vertiente de acceso a la justicia.
28. Al respecto, el órgano colegiado indicó que el acto reclamado inicialmente era la falta de respuesta a la petición remitida a través del oficio **********, de quince de febrero de dos mil diecisiete, a la autoridad señalada como responsable, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez; por lo que, al dar contestación la responsable a dicho escrito durante la tramitación del juicio constitucional, lo procedente fue la ampliación de la demanda inicial, para agregar a la litis un acto del cual el quejoso tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de la demanda.
29. De esta forma, indicó que si bien el principio de definitividad es un presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, ello no podía ser exigido si se había conocido el nuevo acto dentro del juicio constitucional, pues se obligaría al quejoso a no ejercer su derecho a la ampliación de demanda y renunciar a la protección federal.
30. Reforzó sus consideraciones en las jurisprudencias 2a./J. 149/2006 y 2a./J. 205/2008, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN." y "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA."
31. En consecuencia, el Tribunal Colegiado determinó revocar el sobreseimiento y procedió al estudio de los conceptos de violación. Hecho lo cual, determinó que la respuesta de la autoridad responsable no fue congruente con lo efectivamente solicitado, pues dicha autoridad acordó un cambio de nomenclatura de calle, cuando el quejoso solicitó la colocación de nombre a una vialidad de Acapulco de Juárez, mas no su modificación.
32. En consecuencia, el órgano colegiado concedió el amparo para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, dejara insubsistente el oficio número **********, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, y en su lugar, emitiera otro en el que atendiera la solicitud del quejoso en los términos efectivamente planteados.
33. El asunto en cuestión dio lugar a la tesis aislada de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, SI SE ADMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN SU CONTRA."
34. A su vez, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió el amparo en revisión 64/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito (cuaderno auxiliar 566/2018) el siete de agosto de dos mil dieciocho. En dicho asunto, el quejoso impugnó la sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, dentro del amparo indirecto **********.
35. En dicho asunto se reclamó, esencialmente, una violación al derecho de petición por la omisión de la Dirección General del Trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, de pronunciarse respecto de la queja interpuesta el veinte de abril de dos mil diecisiete, por el quejoso, en el que éste solicitó que se llevara a cabo una visita de inspección por la comisión de irregularidades en el reparto de utilidades de dos sociedades mercantiles, durante los ejercicios fiscales dos mil doce a dos mil quince.
36. El Juez de Distrito solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, la cual, al rendirlo, adjuntó una copia del oficio **********, de dos de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el jefe del Departamento de Inspección de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, en donde había dado respuesta a la solicitud del quejoso (por lo que en esa misma fecha, se determinó ya no tener como autoridad responsable a la Dirección General del Trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, para tener con tal carácter a quien emitió la respuesta).(9)
37. En razón de ello, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, el Juez Federal dio vista al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, lo cual efectivamente ocurrió, y se señaló como nuevo acto reclamado la respuesta emitida por la autoridad responsable a través del oficio **********.
38. El Juez de Distrito dictó sentencia el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de sobreseer en el juicio respecto de la omisión reclamada al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, derivado de la respuesta que se dio a la petición del quejoso.
39. Asimismo, se sobreseyó en contra del acto reclamado en la ampliación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que debió agotarse el principio de definitividad, bajo la premisa fundamental de que en contra de la respuesta expresa de la autoridad responsable, procedía el juicio contencioso administrativo contenido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
40. En revisión, el Tribunal Colegiado dejó firme el sobreseimiento relacionado con la omisión inicialmente reclamada y también tuvo por acreditada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, a su decir, el recurrente tenía la obligación de agotar el principio de definitividad en relación con la respuesta emitida por la autoridad responsable.
41. Al respecto, el órgano colegiado consideró correcta la determinación del Juez Federal de que en contra del nuevo acto reclamado, era procedente el juicio contencioso administrativo, pues al tener naturaleza administrativa, le era aplicable el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y no la legislación laboral. De ahí que señaló que el quejoso no se encontraba en un supuesto de excepción al principio de definitividad y, por tanto, estaba obligado a agotar dicho medio ordinario antes de acudir al juicio de amparo.
42. Además, indicó que no compartía el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, relativo a que no existía necesidad de agotar el principio de definitividad, toda vez que la Segunda Sala de esta Suprema Corte determinó en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN."; que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia en el amparo indirecto, está obligado a ponderar si es procedente o no la vía constitucional respecto de la ampliación de la demanda antes de analizar el fondo del asunto, pues los requisitos de procedibilidad son de estudio preferente.
43. Lo anterior, porque el Juez de Distrito está facultado para analizar si el juicio constitucional es procedente respecto de la ampliación de la demanda de amparo, dado que, en caso de estimar lo contrario, puede sobreseer en el juicio al considerar que se acredita alguna de las causas de improcedencia. Sin que ello resulte denegatorio de justicia, pues si el juzgador advierte del informe justificado que la autoridad responsable dio respuesta a la petición formulada por el quejoso, cuya omisión constituye el acto reclamado en el escrito inicial, está obligado a dar vista al quejoso para que manifieste si quiere ampliar la demanda de amparo respecto de dicho acto.
44. En ese sentido, el Tribunal Colegiado expuso que si el quejoso considera que la vía adecuada es la ampliación de la demanda y desahoga el requerimiento en esos términos, debe soportar las consecuencias de su decisión, pues en caso de que se actualice alguna causa de improcedencia, como puede ser que exista un medio de defensa ordinario en contra de la respuesta emitida por la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto debe sobreseer en el juicio por no haberse agotado el principio de definitividad.
45. Finalmente, se indicó que asumir un criterio diverso implicaría que el Juez de Distrito –en aras de economizar el proceso y hacer expedita la administración de justicia–, no observara el principio de definitividad en un caso no previsto por la Ley de Amparo, con lo cual se actuaría en transgresión de lo ordenado por ésta y se establecería de facto una hipótesis de exclusión que no se encuentra permitida. De ahí que el órgano colegiado confirmara la sentencia recurrida.
46. Dichas consideraciones fueron reflejadas en la tesis aislada de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SE ADVIERTE UN NUEVO ACTO VINCULADO CON LA VIOLACIÓN RECLAMADA, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO SE LE HAYA DADO VISTA PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA."
47. De lo anterior se sigue que los Tribunales Colegiados contendientes, efectivamente, ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en si se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite del juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición.
48. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.
49. En primer lugar, es importante referir que los actos que se reclamaron en los respectivos juicios de amparo estaban relacionados con la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a peticiones formuladas por los quejosos. Asimismo, se amplió la demanda para señalar como nuevo acto reclamado la respuesta emitida por las autoridades responsables, cuya existencia se advirtió con motivo de los respectivos informes justificados.
50. Por tanto, es factible concluir que los amparos indirectos que dieron origen al presente asunto derivaron de cuestiones jurídicamente similares. Sin embargo, los órganos contendientes emitieron soluciones diferentes.
51. En efecto, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito considera que no debe agotarse el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable cuyo conocimiento se obtiene durante el trámite de un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, y se admite la ampliación de la demanda en contra de dicha respuesta; el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región considera que el quejoso sí debe agotar el principio de definitividad, aun cuando el quejoso haya tenido conocimiento de la respuesta con motivo de la vista que se le diera con el informe justificado de la autoridad responsable, y se haya admitido la ampliación de la demanda en contra de esa respuesta.
52. En ese sentido, sí existe un punto de toque entre los criterios adoptados por los órganos judiciales contendientes, mismo que amerita ser resuelto en esta instancia a fin de dar seguridad jurídica a los justiciables que promueven un juicio de amparo por violación al derecho de petición y que con motivo de la vista del informe justificado, tienen conocimiento de la respuesta otorgada por la autoridad responsable y optan por ampliar la demanda de amparo para controvertir dicha respuesta.
53. Al respecto, no pasan inadvertidas las jurisprudencias 2a./J. 149/2006(10) y 2a./J. 205/2008,(11) en las cuales se determinó, esencialmente, que si durante el trámite del juicio de amparo la autoridad responsable emite respuesta expresa a la petición del quejoso, éste puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda.
54. Sin embargo, dichos criterios, además de que fueron emitidos con base en la Ley de Amparo abrogada, no definen si en un juicio de amparo originalmente promovido por violación al derecho de petición, debe agotarse o no el principio de definitividad respecto de la respuesta que la autoridad responsable brinda a la petición del quejoso y cuyo conocimiento obtiene este último con motivo de la vista del informe justificado.
55. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Así, el problema a dilucidar en la presente contradicción de criterios puede ser fraseado de la siguiente manera:
Cuando el quejoso opta por ampliar su demanda de amparo ¿debe agotar el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite de un juicio originalmente promovido por violación al derecho de petición?
V. Criterio que debe prevalecer
56. Como respuesta al cuestionamiento anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al tenor de las consideraciones que se desarrollan en el prese
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30050-9e245e99/amparo-promovido-por-violacion-al-derecho-de-peticion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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