COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE) PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE COGENERACIÓN. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.
III. COMPETENCIA
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo Plenario 5/2013;(4) toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferente circuito, aunado a que la contradicción corresponde a una de las materias competencia de esta Segunda Sala y para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno.
IV. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo,(5) porque fue formulada por un Juez de Distrito, el cual conoció de los asuntos que motivaron la emisión de los criterios materia de la presente denuncia.
V. SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS
7. A continuación, se sintetizan los antecedentes y consideraciones de esos asuntos.
V.1. Conflicto competencial 3/2021, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
8. Demanda de amparo indirecto. Una persona moral presentó demanda de amparo indirecto en la cual señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes:
"III. Autoridad responsable.
"La Comisión Reguladora de Energía.
"II. Omisión reclamada:
"De la Comisión Reguladora de Energía, se reclama la omisión de resolver, en el plazo legal previsto en el artículo 23, fracción II del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, la solicitud ... para la modificación del permiso para la inclusión de nuevos socios autoconsumidores y la modificación de puntos de carga de ciertos socios autoconsumidores previamente incluidos en el permiso, presentada en fecha 22 de octubre de 2019, en violación al derecho fundamental de petición de la parte quejosa ..."
9. Prevención. La demanda fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, donde se formó el expediente número 211/2021 y cuyo titular dictó acuerdo en el que previno a la promovente para que acreditara la personalidad de quien, a nombre de la persona moral quejosa, instó al juicio de amparo.(6)
10. Incompetencia. El motivo de la prevención fue atendido por la parte quejosa y, ante ello, el Juez de Distrito determinó carecer de competencia legal por razón de especialización(7) al estimar, en lo que interesa, lo siguiente:
• Constitucionalmente, de la subespecialidad en competencia económica deriva que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto ante Jueces y tribunales especializados.
• Así, en principio, tal subespecialidad deriva de que se reclamen normas, actos u omisiones de las autoridades en la materia (como la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones).
• Para que se actualice la competencia especializada, no basta que la parte quejosa argumente que un acto emitido por una autoridad administrativa distinta a la Comisión Federal de Competencia Económica o al Instituto Federal de Telecomunicaciones afecta la competencia económica.
• En el caso, la Comisión Reguladora de Energía otorgó a la quejosa un permiso para la cogeneración de energía eléctrica y el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la permisionaria solicitó a dicha autoridad la modificación del permiso otorgado, a fin de incluir nuevos socios y modificar sus centros de carga. Dicha solicitud fue admitida y, en su momento, se requirió a la permisionaria la presentación de diversa información, lo cual fue desahogado por la solicitante; sin embargo, la autoridad no ha dado respuesta al trámite instado, lo cual se reclama en el presente juicio.
• La naturaleza de la omisión reclamada corresponde a la materia administrativa genérica pues la conducta cuestionada no se encuentra directamente vinculada con normas, procedimientos o actos encaminados a vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de competencia económica, de radiodifusión o de telecomunicaciones, ya que únicamente versa sobre la falta de respuesta a una solicitud de modificación de un permiso.
• Así, los elementos que obran en autos no resultan suficientes para deducir que la litis en el presente expediente encuadra dentro de los supuestos de competencia especializada que se establecen en los ordinales 28, párrafo vigésimo, fracción VII, 94, párrafo sexto, y décimo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto sexto del Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que debe remitirse la demanda y sus anexos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno.
• No obsta lo expresado por la quejosa en el sentido de que el juzgado especializado debe avocarse al conocimiento del asunto porque simultáneamente se está tramitando un diverso juicio de amparo promovido en contra de la resolución RES/1094/2020 que elimina la posibilidad de incluir nuevos socios en los permisos de generación en sus distintas modalidades; sin embargo, tal hecho resulta insuficiente porque en este asunto la litis únicamente versa sobre la falta de respuesta a una solicitud, siendo que su solución no requiere de conocimientos especializados ni técnicos en esta especialidad y materia, aunado a que la competencia de un órgano de amparo no se determina por lo expresado por la parte quejosa en la demanda o los conceptos de violación, sino a partir de la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.
11. Remisión de la demanda. La demanda fue remitida y turnada al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual formó el expediente número 439/2021 y determinó no aceptar la competencia declinada(8) al considerar, sustancialmente, que:
• Al resolver la contradicción de tesis 49/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, cuando el ejercicio de algún derecho esté relacionado con algún aspecto de competencia económica, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia.
• Se difiere de lo expresado por el órgano remisor pues el asunto corresponde a la violación de lo previsto en el artículo 8o. constitucional, pues de la lectura integral de la demanda y anexos se desprende que se trata de la omisión de resolver un trámite administrativo seguido en forma de juicio especializado en materia energética, lo cual transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal, pues al señalar que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar la resolución en el mismo, esa conducta atenta contra la administración de justicia pronta y expedita, cuya dilación debe ser analizada.
• En el caso, la parte promovente aduce que la autoridad responsable no ha resuelto su trámite, que fue presentado en términos del artículo 23 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, precepto que confiere un plazo de sesenta días para resolver lo conducente.
• Así, se trata de un procedimiento ante un ente regulador como lo es la Comisión Reguladora de Energía; asimismo, normativamente existe un procedimiento de análisis y evaluación técnicos, en el cual la autoridad puede requerir al ente regulado que proporcione información complementaria.
• De la causa de pedir subyacente en la demanda se advierte que no se reclama la falta de contestación a un simple escrito de petición, sino la omisión de resolver dentro del término legal que establece el artículo 23, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, una solicitud de modificación de permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de cogeneración emitido por la Comisión Reguladora de Energía, por lo que el análisis de esa dilación no podría realizarse desde la perspectiva de un derecho de petición, sino de una omisión atribuida a un órgano autónomo, regulador de competencia económica, sucedida dentro del marco de la legislación especial en materia de competencia económica relativa (Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Ley de la Industria Eléctrica; y Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras).
• Lo anterior conduce a concluir que el asunto se circunscribe dentro de la materia de competencia económica, la cual está asignada a órganos jurisdiccionales especializados.
12. Conflicto competencial. Devueltos los autos al juzgado especializado, su titular dictó acuerdo en el cual insistió en declinar su competencia por razón de especialización, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, para el conocimiento del conflicto competencial suscitado.
13. Trámite y resolución del conflicto competencial. El asunto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, donde se formó el expediente número 3/2021 y, seguido el trámite del asunto, en sesión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dicho órgano dictó resolución en el sentido de determinar que es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Dicha resolución se apoyó en las consideraciones siguientes:
• Al resolver la contradicción 3/2018 y analizar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho administrativo, como género, se refiere a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración, materia dentro de la cual se han identificado diversas subespecialidades, entre ellas, la de competencia económica, la de radiodifusión y la de las telecomunicaciones.
• En los artículos 28 y 94, párrafo sexto, de la Constitución se creó en el ámbito del Poder Judicial de la Federación una subespecialidad en materia administrativa vinculada con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento corresponde a los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
• Posteriormente reseñó lo expresado por esta Segunda Sala en las ejecutorias correspondientes a las contradicciones de tesis 49/2015, 348/2017, 3/2018, 113/2017, 204/2017, 205/2017 y 519/2019, así como a los conflictos competenciales 27/2016, 1/2014, 84/2014, 265/2015, 9/2016, 27/2016, 110/2016, 111/2016, 177/2016, 323/2017 y 428/2018, y a lo determinado por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en las contradicciones de tesis 5/2014 y 3/2018, de las cuales se sigue que la competencia en favor de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones se surte en aquellos asuntos que entrañan el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad (competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado, esto es, debe atenderse centralmente a la naturaleza del acto reclamado, dado que la creación de esos órganos obedeció a la necesidad de la exigencia de contar con órganos jurisdiccionales que conocieran los aspectos técnicos de alta complejidad que existen en estas sub-materias para lograr la aplicación efectiva de la normatividad de las mismas.
• Así, en principio, para actualizar esa competencia especializada es necesario que el acto o resolución reclamadas sean emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, pero también debe analizarse si para la resolución del asunto se requieren conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, pues de lo contrario, la competencia para conocer del asunto corresponderá a un órgano jurisdiccional en materia administrativa (en general) aun cuando el asunto de que se trate verse sobre cuestiones relacionadas con estas materias, pero no entrañen el análisis de aspectos técnicos de su regulación.
• En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la pretensión de la quejosa no se circunscribe únicamente a que se le dé respuesta a su petición o solicitud, sino que su verdadera intención es que la Comisión Reguladora de Energía autorice la inclusión de nuevos socios autoconsumidores y la modificación de puntos de carga de socios previamente incluidos al permiso de generación de energía eléctrica, bajo la modalidad de cogeneración, otorgado por dicha autoridad, por lo que la naturaleza del acto reclamado es una omisión de una autoridad administrativa para responder una solicitud formulada por una sociedad titular de un permiso de generación de energía, con el objeto de autorizar la adhesión de nuevos socios autoconsumidores y la modificación de puntos de carga de socios previamente incluidos a su permiso.
• Si bien la omisión de dar contestación a la solicitud presentada por la quejosa encuadra dentro de la materia administrativa (por tratarse de relaciones entre un órgano del Estado y un particular), lo cierto es que tal acto se vincula directamente con la autorización de modificación de un permiso de generación de energía eléctrica previamente expedido, para la inclusión de nuevos socios autoconsumidores y la modificación de puntos de carga de socios previamente incluidos en dicho permiso, de tal suerte que la materia del asunto podría no sólo implicar la respuesta lisa y llana que en su caso se dé a la quejosa, sino que podría entrañar el análisis de aspectos técnicos que involucren la libre competencia y concurrencia, al pretender la modificación de un permiso de generación de energía eléctrica, en relación con (I) la inclusión de nuevos socios autoconsumidores y (II) la modificación de puntos de carga de socios previamente incluidos a dicha autorización.
• Lo anterior, porque la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de la Industria Eléctrica, lo cual implica que para la correcta resolución del juicio es necesario contar con conocimientos técnicos y especializados en la materia, pues al tratarse de una solicitud de modificación de un permiso de generación de energía eléctrica para incluir nuevos socios autoconsumidores y modificar los puntos de carga de los socios previamente incluidos a dicho permiso; la materia del asunto podría entrañar el análisis de aspectos técnicos que involucren temas competenciales y de mercado.
• Sin que obste que no se trate de un acto emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica ni del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues no es indispensable que ello sea así para estimar la competencia del órgano jurisdiccional especializado, pues basta determinar la naturaleza del acto reclamado y esclarecer si podría incidir o entrañar cuestiones en materia de competencia económica, como en la especie acontece.
V.2. Conflicto competencial 15/2021, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
14. Demanda de amparo indirecto. Una persona moral presentó demanda de amparo indirecto en la cual señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes:
"III. Autoridades responsables:
"1. El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.
"2. El jefe de la Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía.
"3. El jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía.
"IV. Actos u omisiones reclamados:
"De las autoridades señaladas como responsables se reclama la omisión en resolver dentro del plazo establecido en el artículo 23, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, la solicitud de modificación del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de cogeneración ... presentada ... ante la Comisión Reguladora de Energía con fecha 13 de diciembre de 2019 y admitida a trámite desde el 16 de enero de 2020.
"Lo anterior, conforme a las facultades de dichas autoridades responsables establecidas en los artículos 18, fracción III, 32, fracción III, y 36, fracción XIV, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía."
15. Trámite del juicio. La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se formó el expediente número 839/2020 y se admitió a trámite.(9)
16. Incompetencia. Seguido el juicio, el Juez dictó auto(10) en el cual concluyó su incompetencia en razón de la especialización para conocer del juicio, al estimar, en esencia, lo siguiente:
• El veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, en cuya adición al artículo 28 constitucional se creó la Comisión Reguladora de Energía, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órganos encargados de regular la materia energética del país.
• En la iniciativa de reformas correspondiente se señaló que la Comisión Reguladora de Energía tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara.
• También se señaló que dicha comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente, o ambos de manera conjunta, teniendo como misión el fomentar la sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, así como proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
• Por su parte, conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, corresponde a esa comisión, promover la competencia en el sector energético.
• A partir de lo anterior, dado que los actos reclamados se atribuyen a la referida comisión, entonces el conocimiento del asunto corresponde a los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues el acto reclamado está vinculado con un tema de competencia económica ya que involucra el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de garantizar y lograr la competencia efectiva en el mercado, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión.
• No obsta que el acto reclamado sea una omisión atribuida a la Comisión Reguladora de Energía; es decir, una violación al derecho fundamental previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la interpretación armónica del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se obtiene que corresponde conocer de las demandas de amparo que en su caso se promuevan contra actos u omisiones de las autoridades dependientes de la Comisión Federal de Competencia Económica, a los Jueces y Tribunales Especializados.
• Ante lo expuesto, se ordenó la remisión del asunto a un juzgado en materia administrativa, especializado en las referidas submaterias.
17. Remisión de la demanda. Por cuestión de turno, la demanda fue asignada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo titular formó el expediente 1432/2021 y determinó no aceptar la competencia declinada,(11) al tenor de las consideraciones que a continuación se sintetizan:
• En el caso, la quejosa se duele de que la autoridad responsable ha sido omisa en resolver su solicitud, así como de las consecuencias que tendrá dicha conducta en su esfera jurídica; en ese sentido, resulta claro que, considerando la naturaleza propia de la omisión que se reclama, es de concluirse que ésta se encuentra relacionada con la materia administrativa genérica porque de los elementos que obran agregados en autos, se puede advertir que la conducta cuestionada no se encuentra directamente vinculada con normas, procedimientos o actos encaminados a vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de competencia económica, de radiodifusión o de telecomunicaciones, pues únicamente versa sobre la falta de respuesta a una solicitud de modificación de un permiso.
• La litis del asunto se centra en analizar si la autoridad responsable incurrió en la conducta omisiva que se le atribuye, sin causa que lo justifique, es decir, verificar si estaba obligada a actuar en el sentido que propone la quejosa y, de resultar fundado el reclamo, la consecuencia será constreñirla a que dé una respuesta definitiva a la solicitud presentada por la justiciable, por lo que el juicio no exige de conocimientos técnicos para resolverlo.
• Además, no se reclaman actos de los órganos autónomos a los que se refiere el artículo 28 constitucional (Comisión Federal de Competencia Económica o Instituto Federal de Telecomunicaciones).
• Ante lo anterior, se ordenó la devolución de los autos al juzgado remisor.
18. Conflicto competencial. Devueltos los autos al juzgado administrativo, su titular dictó acuerdo(12) en el cual insistió en declinar su competencia por razón de especialización, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para el conocimiento del conflicto competencial suscitado.
19. Trámite y resolución del conflicto competencial. El asunto fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se formó el expediente relativo al conflicto competencial número 15/2021 y, seguido el trámite del asunto, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, dicho órgano dictó resolución en el sentido de determinar que es competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Dicha resolución se apoyó en las consideraciones siguientes:
• La naturaleza del acto reclamado es de un acto omisivo, consistente en no resolver la solicitud de modificación de un permiso de energía eléctrica en el tiempo establecido en el artículo 23, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
• Atendiendo a la naturaleza del acto se obtiene que, para dirimir la litis planteada, no se requiere de conocimientos técnicos complejos relativos a la materia de competencia económica pues no se tendrá que dilucidar si la solicitud de la modificación cumple con determinados requisitos para establecer su procedencia, ya que el estudio respectivo versará única y exclusivamente en verificar el tiempo en que se promovió la solicitud respectiva y si, efectivamente, existió respuesta o no a la misma en el tiempo que señala el precepto legal, por lo que se reitera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en general.
• Al resolver los conflictos competenciales 110/2016, 111/2016, 117/2016 y 323/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no se surte la competencia en favor de los órganos judiciales especializados para conocer del recurso de revisión fiscal en contra de la resolución dictada en el recurso de inconformidad interpuesto por las actoras del juicio contencioso en contra del fallo emitido en un procedimiento de licitación en materia de telecomunicaciones, pues para la resolución del asunto respectivo no se requerían de conocimientos especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica.
• Así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, éste se encuentra inmerso en la materia administrativa en general, ya que el fondo de la controversia deriva en determinar si se incumplió o no con el término para dar contestación a la solicitud de la parte quejosa, para cuya solución no se advierte que se requiera analizar e interpretar aspectos técnicos complejos relativos a las materias de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, y tampoco se advierte que guarden relación directa con los temas propios de esas sub-especializaciones.
• Ante ello, el órgano competente para conocer del asunto es el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
20. El Pleno de este Tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(13)
21. Del criterio precisado se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo formen parte de la historia procesal del asunto de origen.
22. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
23. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30295-4ebf598d/competencia-para-conocer-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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