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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EL EXAMEN DE LAS PLANTEADAS EN UN AMPARO DIRECTO RELACIONADO CON OTRO EN EL QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES POR LA FALTA DE FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, PARA ANALIZAR LAS COMETIDAS CON POSTERIORIDAD A LA REFERIDA ACTUACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 62/2021. · Registro digital (IUS): 30303
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-01-07
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, Pág. 3130.

AMPARO DIRECTO 62/2021. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: CECILIA PEÑA COVARRUBIAS. PONENTE: HÉCTOR PÉREZ PÉREZ. SECRETARIA: MARÍA MIREYA ACEVEDO MANRÍQUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Unos conceptos de violación son inoperantes, los restantes son sustancialmente fundados.

Previo a justificar tal aserto, es menester señalar que resulta procedente examinar las violaciones procesales hechas valer por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, aun cuando en el asunto relacionado se haya concedido la protección constitucional a fin de que se ordene la reposición del procedimiento a partir de una actuación anterior; esto es, desde la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

Ello, dadas las razones que subyacen a la regla contenida en el artículo 174 de la Ley de Amparo,(9) de que en el primer juicio de amparo se decidan todas las violaciones procesales que se hayan hecho valer, así como aquellas que se adviertan en suplencia de la queja, en los casos en que ésta resulte procedente, consistentes, esas razones subyacentes, en no prolongar la resolución del conflicto laboral y evitar que la autoridad responsable, una vez saneada la violación procesal destacada en el juicio de amparo relacionado, reitere las diversas violaciones procesales a que se hará referencia más adelante.

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el disidente.

En su primer motivo de disenso, el promovente del amparo señala que la Junta responsable contravino el principio de congruencia externa que se debe observar en toda resolución judicial, toda vez que omitió referirse de manera pormenorizada a las pruebas aportadas y desahogadas por las partes.

Asimismo, que la propia autoridad dejó de realizar una apreciación a conciencia de las pruebas, haciendo un estudio vago e impreciso de ellas, sin expresar los motivos y fundamentos legales que se tuvieron en cuenta para resolver en la forma en que lo hizo.

A su vez, en el segundo concepto de violación, el inconforme aduce que la autoridad responsable omitió relacionar, apreciar y valorar las pruebas ofrecidas por sus representadas, ya que de ellas se desprenden elementos suficientes que acreditan las excepciones y defensas que hicieron valer.

Lo así alegado es inoperante, en virtud de que el solicitante de la protección de derechos fundamentales se limita a realizar afirmaciones dogmáticas, sin indicar de forma precisa las pruebas que a su consideración dejó de relacionar, apreciar y valorar la Junta responsable, así como con las que estima quedaron acreditadas las excepciones y defensas opuestas por las demandadas.

Sin ser obstáculo para así concluirlo, que para proceder al estudio de los conceptos de violación, baste que se advierta de ellos la expresión de la causa de pedir; no obstante, ello no implica que el quejoso se limite en realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, dado que le corresponde expresar razonadamente el por qué estima ilegales los actos que reclama, basado no sólo en la afirmación de la violación de sus derechos fundamentales, sino mediante la exposición del punto en el que se consumó la misma, la forma en que se actualizó y cómo es que ésta trascendió al sentido de la determinación cuestionada y, al no haberlo hecho, sus razonamientos expresados de forma genérica devienen inoperantes.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, con número de registro digital: 185425, que prescribe:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Por otro lado, en el tercer motivo de disenso, el quejoso se duele de la deserción de la prueba documental vía informe que ofrecieron sus representadas, a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT); ello, afirma, porque la autoridad responsable se encontraba obligada a requerir directamente a esa dependencia, por no existir disposición alguna en el sentido de que para el desahogo de ese medio de convicción se deban proporcionar algunos datos en particular del trabajador, tales como su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de seguridad social o algún registro patronal, sino que dichas exigencias, en todo caso, dependen de la respuesta que la autoridad requerida manifieste respecto de lo solicitado, así como de los datos que necesite para estar en aptitud de dar respuesta, los cuales, en el particular, ya eran del conocimiento de la dependencia requerida.

Violación procesal que dijo trascendió al resultado del fallo, dado que, al haberse decretado la deserción de dicho medio de convicción, no quedó acreditado el salario del actor, lo que ocasionó que se calificara de mala fe la oferta de trabajo realizada por sus representadas.

Le asiste razón en lo sustancial.

Ese medio de convicción se ofreció como sigue:

"3. Documental de informes. Consistente en el atento oficio que esta H. Autoridad gire al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su domicilio ubicado en avenida **********, No. **********, en Guadalajara, Jalisco, así como en el ubicado en avenida **********, No. **********, en Zapopan, Jalisco, para que informe los ingresos de la trabajadora durante el periodo comprendido del 17 de julio de 2006 al 2 de marzo de 2017, fecha en la que la trabajadora actor (sic) dejó de presentarse a laborar con mi representada.—Este medio de convicción se relaciona con todas y cada una de las partes del escrito de contestación de demanda, en específico con lo relacionado en relación (sic) con el salario del trabajador actor."

Su admisión por parte de la Junta responsable se realizó en los siguientes términos:

"Para el desahogo de la documental de informes que se ofrece por las demandadas **********, ********** y **********, en el apartado 3, gírese atento oficio al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su domicilio ubicado en avenida **********, No. **********, en Guadalajara, Jalisco. Para que de conformidad con el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, en el término de tres días hábiles, contados a partir de que lo reciba, rinda el informe de acuerdo con lo solicitado por la oferente, apercibida de que en caso de no rendirlo en el término concedido, se le impondrán las medidas de apremio que contempla el artículo (sic) 731, fracción I, y 803 de la Ley Federal del Trabajo."

En cumplimiento al referido requerimiento, mediante oficio presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 125 del juicio laboral), la administradora desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1", señaló que, con la finalidad de proporcionar la información correcta, era necesario se indicaran mayores elementos de búsqueda, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la fecha de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del accionante, para evitar alguna homonimia.

Así, mediante proveído de veintiséis de noviembre de la propia anualidad (foja 129, ídem), la autoridad responsable requirió a las demandadas para que en el plazo de tres días proporcionaran el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), o bien, la fecha de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP) del trabajador, bajo apercibimiento de deserción de la prueba por falta de elementos para su desahogo. Determinación que fue notificada a las demandadas el nueve de diciembre siguiente. (foja 132 del juicio laboral)

Ante el incumplimiento de la parte demandada con el requerimiento formulado, por auto de nueve de enero de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, y se decretó la deserción de la prueba documental de informes en cuestión.

Ese actuar es ilegal, de acuerdo con las consideraciones que enseguida se expondrán.

De los artículos 776, 777, 779 y 782 de la Ley Federal del Trabajo(10) se colige que en el proceso laboral son admisibles todos los medios de prueba, siempre que no sean contrarios a la moral y al derecho, y se refieran a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes, además de que aquéllos sólo podrán desecharse o no admitirse cuando no tengan relación con la litis planteada, o bien, fueren inútiles o intrascendentes; también se advierte que, en adición a las pruebas admitidas a petición de parte, la Junta tiene la facultad de realizar las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

Por su parte, del artículo 783 del propio ordenamiento legal (11) se desprende que toda autoridad o persona ajena al juicio se encuentra obligada a contribuir al esclarecimiento de la verdad, cuando la autoridad laboral lo requiera.

En tanto que del numeral 803 de la legislación laboral se extrae que tratándose de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta debe solicitarlos directamente.

En ese contexto normativo, es inconcuso que ante lo manifestado por la administradora desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1", en el sentido de que resultaba necesario que se le indicaran mayores elementos de búsqueda para identificar al trabajador, tales como su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fecha de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP), la Junta se encontraba constreñida a proporcionar directamente la información solicitada, por obrar en autos la fecha de nacimiento del trabajador, en la copia del pasaporte que exhibió al llevarse a cabo su reinstalación, la cual se encuentra glosada a foja noventa y siete del juicio laboral. Para mejor ilustración, enseguida se inserta una imagen digitalizada de dicha constancia:

(se suprime imagen por versión pública)

En efecto, resultaba innecesario requerir a las oferentes para que proporcionaran los datos solicitados por la autoridad hacendaria, dada la obligación que le impone el artículo 803 de la ley obrera, de solicitar directamente los informes ofrecidos como prueba por cualquiera de las partes; máxime porque en autos constaba la fecha de nacimiento del trabajador.

De ahí que fue ilegal la deserción de la documental de informes ofrecida por las demandadas, por haber incumplido con el requerimiento que se les formuló para que proporcionaran el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), o bien, la fecha de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP) del operario.

Tiene aplicación al caso, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 797, con número de registro digital: 2001446, que dice:

"PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE SOLICITAR A LA JUNTA QUE REQUIERA A CUALQUIER PERSONA O AUTORIDAD PARA QUE PROPORCIONE LA QUE ESTIME NECESARIA PARA ESCLARECER LA VERDAD. De los artículos 776, 777, 779 y 782 de la Ley Federal del Trabajo, deriva que en el proceso laboral son admisibles todos los medios de prueba, siempre que: 1) No sean contrarios a la moral y al derecho; y, 2) Se refieran a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes; además de que aquéllos sólo podrán desecharse o no admitirse cuando: a) No tengan relación con la litis planteada; o, b) Fueren inútiles o intrascendentes; también se advierte que, en adición a las pruebas admitidas a petición de parte, la Junta tiene la facultad de realizar las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Ahora bien, acorde con el artículo 783 de la citada ley, toda autoridad o persona ajena al juicio está obligada a contribuir con información, cuando la autoridad laboral lo requiera y ésta debe proveer lo necesario para obtenerla; en ese contexto, el hecho de que el artículo 803 de la mencionada legislación disponga que cuando se trate de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente, no significa que la petición que se haga en ese sentido, a quien no tiene el carácter de autoridad stricto sensu resulte improcedente, pues lo cierto es que no fue intención del legislador coartar el derecho del trabajador de demostrar su verdad real y legal; de ahí que la prueba documental vía informe puede solicitarse a cualquier persona o autoridad, esto es, a petición del trabajador, o bien motu proprio, en uso de sus facultades, la Junta debe proceder en términos del indicado numeral, lo que no implica prohibición a las partes para que le soliciten que recabe la información en poder de un particular."

Por otra parte, resulta igualmente fundado, en lo sustancial, el cuarto motivo de inconformidad, por cuanto en él se aduce que también se faltó a las leyes reguladoras del procedimiento laboral, al decretarse la deserción de la testimonial que ofertaron las demandadas, en razón de que en el escrito relativo se argumentó la imposibilidad de presentar a los atestes; máxime porque la responsable tiene la facultad de realizar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad.

En el entendido de que respecto de la forma en la que trascendió al resultado del laudo la citada violación procesal, se atiende a la causa de pedir, que se desprende de lo manifestado por el promovente del amparo en los siguientes términos:

"Argumentado lo anterior, este tribunal deberá conceder el amparo al quejoso para efecto de que la responsable deje insubsistente el acuerdo de fecha agosto 1, 2018, en el que tiene por desiertas las (sic) prueba testimonial ofrecidas (sic) por las demandadas, hoy quejosas, y ordene la citación de los testigos practicando las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, ya que con su actuar causa un agravio a mi representada, hoy quejosa, al impedirle desahogar un medio de prueba que le permitía acreditar sus excepciones y defensas hechas valer en la contestación de la demanda."

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, con número de registro digital: 191384, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

Esa probanza se ofreció en los siguientes términos:

"2. Testimonial. A cargo de los señores: a. **********, con domicilio en avenida **********, col. **********, Guadalajara, Jalisco.—b. **********, con domicilio en avenida **********, col. **********, Guadalajara, Jalisco.—c. **********, con domicilio en avenida **********, col. **********, Guadalajara, Jalisco.—Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, solicito a esta H. autoridad tenga a bien citar a los testigos por medio del C. Actuario para que de manera personal comparezcan a contestar el interrogatorio que se formulará el día que se señale para el desahogo de la misma, lo anterior en razón de que nuestros representados se encuentran imposibilitados para presentarlos debido a que toda vez que son ajenos a este conflicto y los mismos carecen de representación jurídica, por lo que han manifestado su negativa de comparecer a menos que sean citados por medio de esta H. autoridad por medio del C. Actuario adscrito, mediante citatorio que expida la autoridad competente en ejercicio de sus funciones.—El presente medio de convicción se relaciona con todas y cada una de las partes del escrito de contestación de demanda, a efecto de acreditar que la ahora actora jamás fue despedida por las personas, ni en el tiempo que menciona, ni en ningún otro."

En audiencia de once de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la testimonial dejándose a cargo del oferente la presentación de los testigos, por considerarse insuficientes los motivos expresados por el apoderado de las demandadas para no presentar a los declarantes (foja 91 vuelta del juicio laboral), en los términos que a continuación se reproducen:

"Para el desahogo de la prueba testimonial que se ofrece por las demandadas **********, ********** y **********, en el apartado 2, a cargo de la C. **********, la C. ********** y el C. **********, se señalan las once horas con quince minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve, quedando obligada la parte oferente a presentar a dichos testigos en la fecha antes indicada, en virtud de que esta Junta considera que los motivos que aduce el oferente de esta prueba en el sentido de su imposibilidad para presentar directamente a dichos testigos, no son suficientes para ordenar su citación, quedando apercibida que de no hacerlo así se le decretará la deserción de dicha prueba respecto del testigo o testigos que no presente por su falta de interés jurídico, lo anterior con fundamento en los artículos 780 y 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, sirviendo de apoyo para ello, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/2002, que a la letra dice: ‘TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE.’ (se transcriben texto, precedente y datos de publicación)."

En audiencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, al no haber presentado la parte demandada sus testigos, solicitó se le otorgara el plazo de tres días para acreditar y/o justificar su inasistencia, lo cual se proveyó favorablemente por la Junta. (foja 116 y vuelta del juicio laboral)

Ante la omisión de las patronales de justificar la inasistencia de sus testigos, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 129 y vuelta), se declaró desierta la testimonial que ofrecieron.

Pues bien, con ese proceder se contravino lo establecido por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de su artículo 10, en cuanto permite que la parte que ofrece la prueba testimonial, de estar impedida para presentar a los testigos en forma directa, solicite sea por conducto de la autoridad laboral, con el requisito de señalar el motivo de la imposibilidad para presentarlos y, si bien se tiene la potestad para calificar la causa, para ello debe hacer una prudente estimación de los motivos de la imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la experiencia de acuerdo con el caso concreto, sin que los motivos expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley.

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aludida tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/2002, ponderó que cuando el oferente destaca tal impedimento y expresa las razones o motivos de esa circunstancia, la responsable debe hacer una prudente estimación de los motivos aducidos, basada en la lógica y la experiencia de acuerdo con el caso concreto y bajo su prudente arbitrio pues, de considerarlos suficientes, debe citar a los testigos.

Dicho criterio jurisprudencial es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 297, con número de registro digital: 185627, que a la letra dice:

"TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE. Si al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de presentar a los testigos, pidiendo que la Junta los cite, además de proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar las razones o motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; ante ello, la Junta debe hacer una prudente estimación de los motivos de la imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la experiencia de acuerdo al caso concreto, sin que los motivos expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley. En caso de no satisfacer el último requisito mencionado, la autoridad laboral estará facultada para no acordar favorablemente la solicitud de ordenar la citación, dejando al oferente la carga de efectuar su comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los presenta, pero si existe duda por parte de la autoridad laboral, respecto de si son o no suficientes las razones alegadas, debe ordenar citar a los testigos."

En el caso, se admitió la prueba testimonial y se ordenó la presentación de los testigos por conducto del actor, considerándose insuficiente la causa de imposibilidad para presentarlos que manifestó en su escrito de ofrecimiento, a fin de que se ordenara su citación por conducto de la autoridad; ello, sin hacerse una prudente estimación de los motivos de imposibilidad aducidos.

Omisión que no podría subsanarse, ni siquiera en forma implícita, porque el oferente sostuvo que la imposibilidad de presentar a los testigos consistió en que no podía presentarlos por ser ajenos a la litis, carecer de representación jurídica y haberle manifestado su negativa a comparecer, a menos que fueran citados por conducto del actuario adscrito a la Junta del conocimiento; de manera que, ese irregular proceder trascendió al resultado del fallo, teniendo en consideración que lo pretendido con esa probanza, era acreditar la inexistencia del despido.

Sin que al efecto incida el hecho de que la responsable haya tenido por acreditada la inexistencia del despido con la prueba de inspección ocular ofrecida por el accionante, pues esa determinación se consideró ilegal, al resolver el juicio de amparo relacionado.

Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 105/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 416, con número de registro digital: 180818, que señala lo siguiente:

"PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. SI EL PATRÓN AFIRMA QUE LOS TESTIGOS, QUE SON SUS TRABAJADORES, SE NIEGAN A PRESENTARSE A DECLARAR VOLUNTARIAMENTE, LA JUNTA DEBE ORDENAR SU CITACIÓN. En esta materia ordinariamente corresponde al patrón la carga de presentar a sus trabajadores que ofrece como testigos en el juicio por existir una relación jurídica entre ambos; sin embargo, en términos del artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, si manifiesta que sus trabajadores se niegan a comparecer, la Junta debe citarlos, incluso a través de medidas de apremio, en virtud de que el patrón no tiene la atribución coercitiva para obligarlos a comparecer al juicio laboral, aun cuando entre ellos exista subordinación por la relación de trabajo. Estimar lo contrario implicaría la restricción de una de las formalidades esenciales del procedimiento, consistente en el derecho a ofrecer pruebas con la consecuente posibilidad de lograr su desahogo, lo que no sería acorde, además, con el principio general de que nadie está obligado a lo imposible."

Máxime que en términos de los artículos 813, fracción II, 814 y 819,(12) de la Ley Federal del Trabajo cuando, como en el caso, el oferente de la prueba testimonial manifiesta su imposibilidad para presentar directamente a los testigos, respecto de los cuales proporcionó nombre y domicilio, la autoridad responsable debe ordenar su citación por conducto del actuario adscrito o, en su caso, presentarlos por medio de la policía, haciendo uso de todas las medidas que estime pertinentes a fin de lograr su comparecencia, ya que como órgano del Estado cuenta con los medios necesarios para lograr su comparecencia.

Por ende, fue incorrecto constreñir al oferente bajo el argumento de que los motivos de imposibilidad expresados resultaban insuficientes, habida cuenta de que esa aseveración no reviste la prudente estimación.

En efecto, si en la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial identificada con el punto tres del escrito de ofrecimiento, la oferente no presentó a sus testigos, ni justificó su inasistencia dentro del plazo concedido para ello, y se le declaró por ello desierto el derecho al desahogo de esa probanza, tal proceder constituye la violación a las leyes del procedimiento prevista en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo.

En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo para que la autoridad responsable realice lo siguiente:

1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

2. Ordene reponer el procedimiento a partir, inclusive, de la audiencia de once de febrero de dos mil diecinueve, así como del auto de veintiséis de noviembre siguiente, donde se obligó a las demandadas a hacer comparecer a los testigos **********, ********** y **********, y se requirió a las propias patronales para que proporcionaran el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la fecha de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP) del trabajador y, en su caso:

2.1. Tenga a la parte demandada por manifestada su imposibilidad para presentar a sus testigos directamente y,

2.2. Requiera de nueva cuenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información solicitada por las oferentes, proporcionando la fecha de nacimiento del actor, que se advierte de la copia simple de su pasaporte, la cual obra a foja noventa y siete del juicio laboral.

3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, deberá seguir el juicio por su trámite legal, según corresponda al desarrollo del procedimiento, hasta su resolución.

4. Además, al dictar el nuevo laudo, deberá reiterar aquello que se encuentre desvinculado de los efectos del amparo, en particular lo relativo a la absolución de la indemnización constitucional, prima de antigüedad y veinte días de salario por cada año de servicio, así como la condena al pago proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, correspondientes al año dos mil diecisiete.

5. Adicionalmente, deberá tomar en consideración los efectos para los que fue concedido el amparo relacionado.

Resta señalar que no se hace pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, acorde con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, página 5, con número de registro digital: 2018276, de contenido siguiente:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garanti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30303-b3502f85/violaciones-procesales-cometidas-en-el-juicio-laboral-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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