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Modo: Corpus Pro

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI SE CONCEDE EL AMPARO POR LA ILEGAL RECEPCIÓN O DESAHOGO DE UNA PRUEBA, O POR LA INVALIDEZ DE ALGUNA CONSTANCIA O ACUERDO DICTADO EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, LA JUNTA DEBE SUBSANAR LOS ASPECTOS AFECTADOS DE ILEGALIDAD Y PROVEER LO CONDUCENTE RESPECTO A LAS ACTUACIONES AFECTADAS EN VÍA DE CONSECUENCIA, PERO CONSERVANDO EL PROCESO SUSTANCIADO DONDE NO SE VIOLARON DERECHOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 116/2013. · Registro digital (IUS): 24700
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 894.

AMPARO DIRECTO 116/2013. 15 DE MARZO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIA: MARÍA TERESA AGUILAR LOMBARD.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son inoperantes en parte y fundados en lo restante los motivos de inconformidad del impetrante, cuyo análisis resulta de estricto derecho, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro: 197696

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo VI, septiembre de 1997

"Materia(s): laboral

"Tesis: 2a./J. 42/97

"Página: 305

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora.

"Contradicción de tesis 61/96. Entre las sustentadas, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y, por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.

"Tesis de jurisprudencia 42/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora Pimentel."

En sus motivos de inconformidad, el Ayuntamiento quejoso adujo que, de manera indebida se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida en el juicio, pues al ofertarla se cumplió con lo establecido en los artículos 813, fracción II y 814 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se manifestó la imposibilidad de presentarlos; sin embargo, el tribunal laboral al admitir la probanza, impuso al quejoso la carga de lograr su presencia en la fecha de desahogo de la prueba, lo que trajo consigo su deserción.(23)

Así, la simple afirmación de la responsable en el sentido de que la manifestación de imposibilidad del oferente era insuficiente para que la citación de los testigos se hiciera por conducto de su personal, contravino lo dispuesto en los artículos de referencia y lo dejó en estado de indefensión ante la imposibilidad de acreditar sus defensas.

En apoyo a lo cual citó los criterios de rubros: "PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. SI EL OFERENTE AL OFRECERLA PROPORCIONA EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, MANIFIESTA SU IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS, SOLICITA SU CITACIÓN POR CONDUCTO DE LA JUNTA, Y ÉSTA AL ADMITIRLA LE IMPONE LA CARGA DE PRESENTARLOS CON EL APERCIBIMIENTO DE DESERCIÓN Y POSTERIORMENTE LO HACE EFECTIVO, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.",(24) "PRUEBA TESTIMONIAL. SU OFERENTE NO ESTA OBLIGADO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR A LOS TESTIGOS.",(25) "TESTIMONIAL. ES ILEGAL DECLARAR DESIERTA LA PRUEBA, CUANDO EL OFERENTE SOLICITA A LA JUNTA LABORAL QUE POR SU CONDUCTO SE ORDENE CITAR A LOS TESTIGOS."(26) y "PRUEBA TESTIMONIAL. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE CITAR A LOS TESTIGOS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE SER PRESENTADOS POR EL OFERENTE."(27)

Tales manifestaciones se estiman esencialmente fundadas y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada.

En principio es oportuno destacar que, de conformidad con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(28) y el diverso 158 de la ley de la materia,(29) el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo.

Ahora bien, el diverso numeral 159 del propio ordenamiento(30) hace una enumeración ejemplificativa de diversos casos en los que se considera que se infringen las formalidades esenciales del procedimiento y ello trasciende a las defensas del impetrante, entre las cuales se encuentra la relativa a que no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se desahoguen conforme a la ley, lo cual se encuentra previsto en la fracción III del invocado precepto.

Dicho de otro modo, la indebida recepción o desahogo de pruebas ofrecidas por la parte quejosa constituye una violación que afecta sus defensas al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo.

Se afirma lo anterior, toda vez que la violación procedimental consistente en la indebida forma en que el tribunal pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa, en el momento en que se produce, ocasiona una afectación a derechos adjetivos o procesales al obligarlo a cumplir con las condiciones que se le hayan señalado para la recepción y el desahogo de la probanza respectiva, o bien, al aplicarle las consecuencias que deriven de su incumplimiento, razón por la cual se afectan las defensas del quejoso en la medida en la que se le imposibilita acreditar sus pretensiones en juicio, lo que sin lugar a dudas tendrá trascendencia en la resolución que se dicte.

Corrobora lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia:

"Octava Época

"Registro: 205484

"Instancia: Pleno

"Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número: 76, abril de 1994

"Materia(s): común

"Tesis: P./J. 6/94

"Página: 13

"Genealogía:

"Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 420, página 280.

"PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: ‘EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto.

"Contradicción de tesis 39/90. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de marzo de 1993. Mayoría de trece votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada del martes quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro asignó el número 6/1994 a esta tesis de jurisprudencia aprobada en la ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, al resolver la contradicción de tesis número 39/90. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro."

En las relatadas circunstancias, si el tribunal que conozca del caso pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa de manera indebida, dicha actuación será violatoria de derechos.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo,(31) de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el oferente de la prueba testimonial indicará los nombres y domicilios de los declarantes y, de existir algún impedimento para presentarlos, señalará la causa o motivo y solicitará al tribunal su citación.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se debe hacer una prudente estimación de los motivos aducidos por los oferentes en el sentido que se encuentran imposibilitados para la presentación de los testigos al desahogo de la probanza, ello con base en la lógica y en la experiencia de acuerdo a las características del caso concreto, sin que los motivos expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley.

Asimismo, en caso de que no se expresen las razones de esa imposibilidad, la autoridad laboral estará facultada para no acordar favorablemente la solicitud de ordenar la citación, dejando al oferente la carga de efectuar su comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los presenta, pero si existe duda por parte de la autoridad laboral, respecto a si son o no suficientes las razones alegadas, deberá citar a los testigos a través de su personal.

Es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro: 185627

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XVI, octubre de 2002

"Materia(s): laboral

"Tesis: 2a./J. 114/2002

"Página: 297

"TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE. Si al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de presentar a los testigos, pidiendo que la Junta los cite, además de proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar las razones o motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; ante ello, la Junta debe hacer una prudente estimación de los motivos de la imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la experiencia de acuerdo al caso concreto, sin que los motivos expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley. En caso de no satisfacer el último requisito mencionado, la autoridad laboral estará facultada para no acordar favorablemente la solicitud de ordenar la citación, dejando al oferente la carga de efectuar su comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los presenta, pero si existe duda por parte de la autoridad laboral, respecto de si son o no suficientes las razones alegadas, debe ordenar citar a los testigos.

"Contradicción de tesis 90/2002-SS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

"Tesis de jurisprudencia 114/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de octubre de dos mil dos."

Luego, si la autoridad laboral soslaya los motivos de imposibilidad aludidos por el oferente de la prueba, su determinación en el sentido de ordenar la presentación de los testigos por parte de a quien interesa su testimonio, será violatoria de derechos, en tanto implica la recepción de una prueba o su desahogo en contravención a lo dispuesto en la ley de la materia.

Ahora bien, para establecer si la determinación de la responsable en cuanto a imponer al quejoso la carga de presentar a sus testigos se encuentra ajustada a derecho se debe tener en consideración la forma en que fue ofrecida dicha testimonial; así, en el escrito de contestación de demanda el Ayuntamiento de **********, Morelos, ofreció:

"Por lo anterior y para efecto de acreditar la jornada del actor se ofrece como prueba la testimonial. A cargo de los CC. ********** y **********, quienes tienen su domicilio respectivamente el ubicado en la calle ********** y el ubicado en la calle ********** de Cuernavaca, Morelos, personas que solicito sean citadas por conducto del C. Actuario adscrito a esta H. Junta, toda vez que bajo protesta de decir verdad manifiesto que no dependen económicamente de mi representado y más aún que le han expresado que para poder justificar su inasistencia a sus respectivas fuentes de trabajo el día que se desahogue la presente probanza, necesitan citatorio de una autoridad como es el caso. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, debiendo de observar las siguientes jurisprudencias para poder citar a los testigos."

Sobre tal petición, la responsable se pronunció en los siguientes términos:

"Acuerdo: Visto el ocurso de cuenta y atendiendo a su contenido se tiene al apoderado legal de la patronal en el juicio, realizando consecución en tiempo y forma al requerimiento expuesto por este órgano jurisdiccional el nueve de julio de la anualidad en curso, teniéndosele por hechas sus manifestaciones para los fines jurídicos a que haya lugar. Ahora bien y en cognición de que se tiene ofertando medio de convicción, resulta conducente admitir la prueba testimonial, a cargo de los CC. ********** y **********, con domicilio en calle ********** y calle **********, ambos en esta ciudad capital respectivamente; y para su desahogo se señalan las nueve horas del día veintitrés de agosto del año dos mil doce, día y hora en la que deberán comparecer personalmente el oferente y la contraria, quedando a cargo del oferente la presentación de los testigos propuestos, en virtud de no haber argumentado a juicio de este tribunal una causa justificada que impida hacerlo considerando que según su dicho los testigos necesitan justificar su inasistencia ante sus centros de trabajo, misma que puede darse con el simple hecho de exhibir ante sus patrones una copia debidamente autorizada y cotejada del presente acuerdo si se considera que de acuerdo a la fracción X del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de los patrones ‘permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión ... del Estado’, por lo que a la luz de tal razonamiento es que se surte la imposición de la carga procesal al oferente para presentar a sus testigos, debiendo en su caso expedirse las copias necesarias para que éstas sean exhibidas por los atestes en sus centros de trabajo. Por los motivos antes expuestos se apercibe al oferente que en caso de no presentarlos sin justa causa, se le decretará la deserción de su prueba bajo su más entero perjuicio y a la parte actora en caso de incomparecencia se le tendrá por perdido su derecho a formular preguntas indirectas y formular sus tachas de ley. Lo anterior con fundamento en lo que disponen los artículos 776, fracción III, 813, 815 y 818 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, así como la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ..."

De esa manera, en la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil doce, señalada para el desahogo de tales testimoniales, la secretaria certificó que los declarantes no comparecieron, por lo que el tribunal decretó la deserción de dicho medio probatorio.

Ahora bien, al pronunciarse respecto a la procedencia del tiempo extraordinario, el tribunal responsable sostuvo:

"IX. En lo atinente, a la prestación ejercitada con el inciso H) consistente en tiempo extraordinario, es menester invocar que, es aquel lapso considerado excedente de la jornada legal establecida para el trabajador derivado de encontrarse a disposición de la parte patronal, y cuyo pago se rige por el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos. En ese orden de ideas, el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos, dispone que: ‘... Cuando por circunstancias especiales se aumenten las horas de jornada máxima, este trabajo se considerará como extraordinario y nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana. Estas horas de jornada extraordinaria se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.’

"Así tenemos que la parte actora manifiesta: ‘... a) Jornada laboral: Con motivo de su nombramiento mi mandante contó con una jornada de labores de las 8:00 a las 18:00 hrs. de lunes a viernes, descansando los días sábados y domingos de cada semana ...’

"En esa tesitura, era obligación de la demandada acreditar con algún otro medio de prueba, la jornada laboral ordinaria que devengaba el accionante; y, al no ofrecer medio probatorio alguno para tal efecto, se debe condenar al pago de tiempo extraordinario; empero, la demandada hizo valer la excepción de prescripción a que alude el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, siendo suficiente que sólo haga alusión al numeral indicado, por tratarse de prestaciones que de forma periódica se reciben, para que se tenga por cumplida la carga de precisar los elementos necesarios para su estudio, tal y como se sustenta con la siguiente tesis: ...

"Por lo que, es menester absolver a la demandada del pago de las prestaciones que nos ocupa, al haber prosperado la excepción de prescripción opuesta por el Ayuntamiento demandado, respecto de todas aquellas prestaciones que no fueron exigidas previas a un año anterior a la fecha de presentación del escrito inicial y que han sido declaradas como procedentes en párrafos que anteceden. Por lo tanto, se condena a la municipalidad demandada, por el periodo del 18 de julio del 2007 al 2 de junio del 2008, al haber resultado procedente la excepción de prescripción hecha valer por la patronal; sin embargo, dicho pago sólo opera respecto al restante del excedente de 48 horas a la semana por ser el tiempo máximo legal que debe desempeñar un trabajador burócrata, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con número registro 200646, por lo tanto, si el actor laboraba 10 horas de lunes a viernes, 50 horas a la semana, y lo permitido es de 48 horas semanales; luego entonces el tiempo excedente laborado a la semana es el de 2 horas, tiempo que se deberá tomar en cuenta para el cumplimiento de dicha condena. Lo anterior, se sustenta en las tesis que a continuación se invocan: ..."

Lo antes narrado revela que el proceder de la autoridad laboral constituye una trasgresión a las normas que rigen el procedimiento que queda comprendida en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo,(32) toda vez que se arrojó al quejoso la carga de presentar a los testigos soslayando que las razones expuestas por el oferente constituyen una manifestación del patrón en el sentido de que la presencia de las personas que propuso como testigos, no dependen de su oferente, sino de las labores de cada declarante, los cuales le manifestaron que sólo declararían si eran citados por una autoridad.

Por ello, en términos de la jurisprudencia citada, el tribunal responsable debió ordenar su citación haciendo uso de las medidas de apremio establecidas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo,(33) tal como se lo permite el artículo 819 del mismo ordenamiento,(34) e, inclusive, hacerlos presentar por conducto de la policía en términos del numeral 814 de la misma ley,(35) de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Violación que trascendió al resultado del fallo, en tanto al analizar el reclamo de tiempo extraordinario, estimó que la patronal no había ofertado prueba al respecto, de ahí que la imposición de la carga al oferente de presentar a sus testigos, con el apercibimiento de deserción de tal probanza con base en el hecho de no haber argumentado a juicio de ese tribunal una causa justificada que le impidiera hacerlo, actualiza la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, lo que hace procedente la concesión del amparo solicitado para los efectos que más adelante se precisan.

En otro aspecto, el impetrante refiere que el considerando tercero del laudo reclamado en el que se le condena al pago de la prima de antigüedad es incongruente, ya que fue el actor quien decidió dar por terminada la relación laboral de manera voluntaria y no cumplió los quince años necesarios para su otorgamiento.

Tal planteamiento resulta inoperante, ya que con él, la parte quejosa no combate las consideraciones que tomó en cuenta la autoridad responsable para resolver en el sentido que lo hizo.

En efecto, si bien los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible que la expresión de los conceptos de violación se hagan con formalidades rígidas o solemnes y que la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo.

Sin embargo, los conceptos de violación deben satisfacer requisitos mínimos para su estudio, como que en alguna parte del escrito de demanda se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, la resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, empero, siempre en contraposición con la resolución o acto reclamado, para que el juzgador de amparo deba estudiarlo; de no reunir los anteriores elementos de procedencia, el concepto de violación será inoperante.

Luego, si la responsable expone diversas consideraciones y el impetrante lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por aquélla para apoyar su determinación, sus argumentos deben declararse inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Corrobora lo expuesto, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia:

"Octava Época

"Registro: 207328

"Instancia: Tercera Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989

"Materia(s): común

"Tesis: 3a. 30

"Página: 277

"Genealogía:

"Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 9, página 77.

"Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 1, página 67.

"Gaceta número 19-21, julio-septiembre de 1989, página 83.

"Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 36, página 23.

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.

"Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de Ortiz. 16 de marzo de 1988. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño.

"Octava Época, Tomo I, Primera Parte, página 273.

"Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa.

"Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 196.

"Amparo en revisión 1877/88. Ibaur Chem, S.A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez.

"Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 196.

"Amparo en revisión 1885/88. Bufete de Asesoría Administrativa, S.C. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García.

"Octava Época, Tomo III, Primera Parte, página 308.

"Amparo en revisión 3075/88. Paulino Adame Flores. 10 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez.

"Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión privada de diecisiete de agosto de mil nov

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24700-c8876fdf/reposicion-del-procedimiento-laboral-si-se-concede-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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