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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESA COMISIÓN]. III. DIVORCIO. RAZONES DOCTRINALES SOBRE LA CONDICIÓN TEMPORAL QUE LA LEY IMPONE PARA QUE LAS PERSONAS DIVORCIADAS RECUPEREN LA CAPACIDAD JURÍDICA Y PUEDAN VOLVER A CONTRAER MATRIMONIO. IV. DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. V. DERECHO HUMANO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. FUNDAMENTOS, ALCANCES Y ASPECTOS QUE COMPRENDE. VI. DERECHO HUMANO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU LEGITIMIDAD DEPENDE DE QUE NO TRASCIENDA A LA ESFERA JURÍDICA DE TERCEROS DE MODO QUE VULNERE DERECHOS DE ÉSTOS O AFECTE AL ORDEN PÚBLICO. VII. MATRIMONIO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA LIMITACIÓN O PROHIBICIÓN TEMPORAL QUE IMPIDE A LAS PERSONAS QUE SE DIVORCIAN, CONTRAERLO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE AL EN QUE SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL ANTERIOR, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "SIENDO INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE QUE OBTUVIERON EL DIVORCIO", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). VIII. MATRIMONIO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA PROMOCIÓN DEL RESPETO A ESTA INSTITUCIÓN PARA PROCURAR SU FORTALECIMIENTO NO ES CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE COMO FIN PARA LA LIMITACIÓN O PROHIBICIÓN TEMPORAL QUE IMPIDE A LAS PERSONAS QUE SE DIVORCIAN CONTRAERLO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE AL EN QUE SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL ANTERIOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "SIENDO INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE QUE OBTUVIERON EL DIVORCIO", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). IX. MATRIMONIO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA MEDIDA LEGISLATIVA QUE TENGA EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A ALCANZAR OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, DEBE RECONOCERSE COMO UNA RESTRICCIÓN POTENCIALMENTE ADMISIBLE AL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "SIENDO INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE QUE OBTUVIERON EL DIVORCIO", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). X. MATRIMONIO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA LIMITACIÓN O PROHIBICIÓN TEMPORAL QUE IMPIDE A LAS PERSONAS QUE SE DIVORCIAN CONTRAERLO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE AL EN QUE SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL ANTERIOR, NO ES UNA MEDIDA IDÓNEA PARA ALCANZAR EL FIN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "SIENDO INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE QUE OBTUVIERON EL DIVORCIO", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 393, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y 420", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 393, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y 420", Y 420, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SIENDO INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE QUE OBTUVIERON EL DIVORCIO", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2018. · Registro digital (IUS): 30330
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-14
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, Pág. 439.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciocho de junio de dos mil veinte.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 113/2018.

I. Trámite

1. PRIMERO.—Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 420 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción que dice: "siendo indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio", reformado mediante el Decreto 27057/LXI/18 del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La actora formuló los siguientes:

- Sostiene que el artículo 420 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción impugnada, vulnera los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 5, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3, 23 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; esto, porque es contrario a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, y libre desarrollo de la personalidad, en tanto prohíbe que las personas que hayan disuelto el vínculo matrimonial puedan contraer nuevo matrimonio sino hasta que haya transcurrido un año de decretado el divorcio.

- Señala que sobre la base de que no existe un único modelo de familia y que el matrimonio es sólo una de las formas de constituir una, todas deben ser protegidas, pues su constitución atiende al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad que deriva de la dignidad humana y que entraña que todo individuo puede elegir en forma libre y autónoma cómo vivir su vida, y comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, en suma, se trata de la posibilidad de que la persona por sí misma determine su proyecto de vida, sin la interferencia o injerencias arbitrarias del Estado en sus decisiones, quien sólo debe intervenir para diseñar las instituciones que faciliten la consecución de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, y en su caso, para salvaguardar derechos de terceros.

- Aduce que ya en la contradicción de tesis 73/2014, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la previsión normativa que impide al cónyuge culpable contraer matrimonio durante los dos años siguientes al divorcio, constituye un condicionamiento que, al igual que las causales de divorcio, vulnera el libre desarrollo de la personalidad.

-Refiere que la finalidad del decreto de reformas controvertido fue adicionar que el divorcio procede por voluntad de uno de los cónyuges y eliminar el divorcio bajo causales y todo lo referente a este último.

- Precisa que ya el artículo 420, antes de su reforma, preveía la prohibición de contraer matrimonio durante el plazo de un año en el divorcio por mutuo consentimiento, y de dos años tratándose del cónyuge culpable en caso de divorcio necesario; y ahora, luego de la reforma, por una parte, en congruencia con el artículo 1o. constitucional, se incluyó el divorcio incausado y se desapareció el sistema de divorcio bajo causales y todas las disposiciones a él inherentes, y por otra, en contradicción con lo anterior, tanto para el divorcio por mutuo consentimiento como para el divorcio sin causa, se impuso un plazo genérico de un año para poder volver a contraer matrimonio, sin tomar en cuenta que ello vulnera y restringe sin justificación alguna el derecho a contraer matrimonio y el libre desarrollo de la personalidad y es contrario a la dignidad humana, pues disuelto el vínculo matrimonial no hay razón para impedir a las personas, si así conviene a su proyecto de vida, contraer un nuevo matrimonio, por lo que la restricción resulta inconstitucional. Cita como apoyo los criterios de este Tribunal Pleno de rubros: "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES." y "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE."

- Refiere que tangencialmente, la norma da un trato diferenciado injustificado entre las personas solteras que no han contraído matrimonio y las que, habiéndolo hecho, han decidido disolver el vínculo, pues a los primeros se les permite casarse cuando quieran y los segundos tienen que esperar un año a partir del divorcio para volver a casarse.

- Por último, realiza una manifestación en el sentido de que, de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015 en Nueva York, derivó la resolución 70/1, aprobada por la Asamblea General de la ONU, relativa a la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", adoptada por México, que recoge diecisiete objetivos en diversas materias; y conforme a ellos, dicha Comisión se ha planteado promover acciones de inconstitucionalidad para que se declare la invalidez de cualquier norma contraria a derechos humanos, entre ellos, el de igualdad y no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y la presente responde a ello.

3. TERCERO.—Registro y turno. Mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 113/2018 y turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para su instrucción y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(2)

4. CUARTO.—Admisión y requerimientos. Por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco por ser quienes emitieron y promulgaron la norma impugnada, respectivamente, para que rindieran sus correspondientes informes, se requirió al primero el envío de los antecedentes legislativos del decreto y al segundo, un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Jalisco en que se publicó el mismo; también se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República en términos del artículo 66 de la ley reglamentaria de la materia; sin embargo, dicha autoridad no formuló pedimento o alegato alguno.

5. QUINTO.—Informe del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve,(4) se tuvo al gobernador del Estado de Jalisco por conducto del consejero jurídico del Estado de Jalisco, rindiendo el informe requerido y acompañando un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el decreto por el que se expidió la norma controvertida. En concreto, el titular del Poder Ejecutivo Estatal manifestó:

- La porción normativa impugnada no constituye un nuevo acto legislativo, pues ya existía con anterioridad a la emisión del decreto controvertido, en el que su redacción quedó intocada, ya que la única finalidad del decreto fue eliminar del orden normativo las causales de divorcio y no el aspecto que regula el artículo 420 en la parte cuestionada, de manera que no existió un proceso legislativo que dé pauta para la impugnación de la norma, porque no hubo una modificación sustantiva en dicho aspecto que lo torne novedoso o distinto; de ahí que, si el periodo de espera para contraer matrimonio luego del divorcio sigue siendo el mismo regulado en la disposición con antelación a su reforma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 21, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, que obliga a sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, ya que la demanda se presenta fuera del plazo para su promoción.

- En caso de que se estime infundada la causa de improcedencia antes referida, se sostiene la constitucionalidad de la porción normativa impugnada. Esto, porque corresponde a la competencia del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislar en materia familiar, ya que ello no está reservado expresamente a la competencia del Congreso de la Unión, de manera que de acuerdo con el artículo 4o. constitucional, dicho legislador ordinario tiene la facultad y la obligación de legislar en protección a la organización y desarrollo de la familia, por lo que no puede declararse su invalidez, pues la norma emana de las facultades competenciales del legislador estatal, sin que de la Constitución Federal deriven parámetros o principios expresos con los cuales contrastar la norma impugnada para juzgar sobre su validez material.

- Debe confirmarse la validez de la norma cuestionada, porque la misma tiende a proteger la organización y desarrollo de la familia y no a transgredir derechos humanos, pues el legislador consideró que siendo el matrimonio un pilar de la familia, era razonable un periodo de espera de un año a partir de que se obtenga el divorcio, para contraer un nuevo matrimonio, pues ello garantiza que una decisión tan importante no se tome precipitadamente, quizás en un momento de arrebato emocional, sino que sea una decisión meditada y reflexionada, pues como lo ha sostenido esta Suprema Corte, la naturaleza humana es compleja, y en virtud del divorcio, en muchas ocasiones las personas resienten afectaciones en sus sentimientos, siendo la teleología del precepto que dicho plazo de un año sirva para que los ciudadanos tomen una mejor decisión sobre contraer nuevo matrimonio y con quién, lo que redunda en beneficio de la organización y desarrollo de la familia, evitando efectos nocivos de decisiones precipitadas.

- Por otra parte, la norma impugnada tampoco es contraria al derecho de igualdad y no discriminación, pues no hace distinción entre personas o grupos de personas basadas en las categorías o criterios establecidos en el artículo 1o. de la Constitución General de la República; asimismo, tampoco contraviene el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque éste dispone que el derecho a contraer matrimonio será ejercido conforme con las condiciones requeridas por las leyes internas, de modo que no se trata de un derecho absoluto, y el legislador ordinario está facultado para condicionar su ejercicio como lo considere conveniente, siendo que no resulta una carga excesiva que trastoque la dignidad de las personas y su derecho a realizar su libre plan de vida, el imponer el plazo de espera de un año para contraer nuevo matrimonio, pues ello es una limitación razonable para proteger las instituciones del matrimonio y la familia.

- Señala que la parte actora confunde la libertad de contraer matrimonio con los requisitos para celebrar uno nuevo; dice que un requisito para contraer matrimonio es precisamente estar libre de matrimonio, por tanto, aduce, siguiendo el criterio de la parte accionante, se buscaría que se permitiera contraer matrimonios sucesivos, y entiende que, ello implicaría el absurdo de que se puedan tener dos o más matrimonios a la vez y admitir la poligamia, de ahí que debe distinguirse entre el libre desarrollo de la personalidad y los requisitos para contraer matrimonio.

- Concluye señalando que la intervención de ese Poder Ejecutivo Estatal en el proceso legislativo del precepto cuestionado consistió únicamente en dar autenticidad al decreto con su promulgación, sanción y orden de publicación, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de dicha entidad.

6. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve,(5) se tuvo al presidente y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, rindiendo el informe requerido y acompañando copias certificadas del acuerdo por el cual se integra la Mesa Directiva del Congreso Local y de los antecedentes legislativos referentes al decreto materia de impugnación. En el informe se expuso, en síntesis, lo siguiente:

- Que en sesión celebrada el treinta de octubre de dos mil dieciocho se aprobó el Decreto 27057/LXI/18 mediante el que se reforma, entre otros, el artículo 420 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en su porción normativa: "siendo indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio", la cual impugna la accionante bajo la afirmación de que al disponerse que las personas que hayan disuelto el vínculo matrimonial no pueden contraer nuevo matrimonio sino hasta que haya transcurrido un año de decretado el divorcio, se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación y libre desarrollo de la personalidad; lo cual es infundado.

- Refiere que esa norma se emitió conforme a la competencia y facultades que asisten al Congreso de Jalisco para legislar en todas las ramas del orden interior del Estado conforme al Pacto Federal y con fundamento en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; de modo que tratándose de un acto emitido en el límite de sus facultades no es inconstitucional.

- Señala que el examen en torno a si una disposición legal vulnera el derecho de igualdad jurídica y no discriminación, conlleva determinar si la distinción de trato puede considerarse ofensiva a la dignidad humana por carecer de una justificación objetiva y razonable, pues los derechos humanos no son absolutos, pero tampoco pueden restringirse o suspenderse en forma arbitraria; en el caso, la norma cuestionada se expidió con motivo de lo resuelto por esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 73/2014 (Primera Sala), de la que surgió la jurisprudencia de rubro: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)."

- No obstante, como se precisó en el dictamen del decreto impugnado, el hecho de que el divorcio se decrete sin cónyuge culpable al resultar inconstitucional el régimen de causales, ello no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio; siendo que los motivos de la restricción plasmada en el precepto impugnado están contenidos en el dictamen del decreto.

- Señala que debe reconocerse la validez de la norma, porque la restricción combatida sólo es una previsión que establece una temporalidad para recobrar la entera capacidad de contraer un nuevo matrimonio, pero no es una prohibición para volver a casarse, lo que sí vulneraría los derechos y libertades de los interesados, por lo que la norma, de manera armónica, adiciona elementos para que el juzgador tenga parámetros para dictaminar la figura jurídica del divorcio; de manera que dicho legislador sólo hizo uso de la facultad con que cuenta para legislar su régimen interior.

7. SÉPTIMO.—Alegatos. Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a las partes el plazo para formular alegatos;(6) en auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve se tuvieron por expresados los que hizo valer la Comisión accionante; ni las demás partes, ni la entonces Procuraduría General de la República formularon alguno.

8. OCTAVO.—Cierre de instrucción. El veinte de marzo de dos mil diecinueve se cerró la instrucción.(7)

II. Consideraciones

9. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) toda vez que se plantea la invalidez del artículo 420, en la porción normativa que dice: "siendo indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio", del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, reformado por Decreto 27057/LXI/18, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

10. SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado.

11. El artículo 420 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco se expidió mediante Decreto 27057/LXI/18, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Por tanto, el plazo respectivo transcurrió del dieciocho de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

12. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que, atento a la fecha de publicación del decreto en el órgano oficial de difusión, su presentación se advierte oportuna.

13. Ahora bien, como se anticipó, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco hizo valer la causa prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 21 de la ley de reglamentaria de la materia, relativa a la improcedencia de la demanda cuando se presente fuera de los plazos establecidos para su promoción. En concreto, sostuvo que la porción normativa del artículo 420 materia de impugnación, ya existía en los mismos términos antes de la reforma hecha a ese dispositivo en el decreto controvertido, por lo que no se trata de un nuevo acto legislativo en tanto que el precepto no sufrió una reforma sustantiva o material, de acuerdo con el criterio que al respecto ha sostenido este Tribunal Pleno, de ahí que la demanda resulte extemporánea.

14. Así, dado que ese argumento está vinculado con la oportunidad de la demanda, se estima pertinente darle respuesta en este apartado.

15. Es infundado el planteamiento del Ejecutivo Estatal.

16. En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 28/2015, resuelta el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se estableció el actual criterio que sustenta este Tribunal Pleno en torno a la existencia de un nuevo acto legislativo, el cual ha sido reiterado ya en otros precedentes, y consiste en lo siguiente:

17. Para que se pueda hablar de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse, al menos los siguientes dos aspectos:

a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y,

b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

18. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma general, puesto que a partir de ese momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.

19. El segundo aspecto consistente en que la modificación sea sustantiva o material; se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.

20. Una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y, que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones, no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.

21. En otras palabras, esta modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

22. Así, conforme a este entendimiento de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que, por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.

23. Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios normativos que afecten la institución jurídica de que se trate, derivado precisamente del producto del Poder Legislativo.

24. Atento a lo anterior, en el caso, adversamente a lo que afirma el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el actual artículo 420 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Jalisco, reformado mediante el Decreto 27057/LXI/18, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho, sí constituye un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado mediante la acción de inconstitucionalidad, a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del referido decreto en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

25. El primero de los requisitos señalados se cumple, porque para la expedición de dicho decreto de reformas a diversos preceptos del Código Civil de la entidad federativa, se agotaron las diferentes etapas o fases del procedimiento legislativo conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, hasta culminar con la publicación de la norma general impugnada en el órgano oficial de difusión.

26. Ello, porque del expediente relativo a los antecedentes que integran el decreto en cuestión, se advierte: 1) que ante la Legislatura Estatal se presentaron dos iniciativas de reformas a diversos artículos del Código Civil del Estado de Jalisco (entre ellos el 420),(11) que fueron turnadas para su estudio a las Comisiones Legislativas de Justicia y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; 2) el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, las referidas Comisiones presentaron dictamen en el que propusieron modificaciones a los preceptos 404, 409, 410, 419 y 420 del Código Civil y la derogación de los artículos 405, 411, 413 y 417 del mismo código; 3) el dictamen se incluyó para su discusión en sesión ordinaria del Congreso del Estado de treinta de octubre de dos mil dieciocho, y sin que hubiere diputados oradores que abrieran discusión sobre dicho dictamen, se aprobó en lo general y, por lo que hace a cada artículo en particular, por mayoría de veinte votos a favor, catorce abstenciones y cero en contra, luego, se aprobó la minuta de decreto 27057 correspondiente; y, 4) finalmente, el decreto se promulgó por el Ejecutivo Estatal y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

27. De manera que, como se indicó, el requisito formal de existencia de un proceso legislativo del cual emana el precepto 420 del Código Civil aquí controvertido, está satisfecho.

28. Por lo que respecta al segundo requisito, este Tribunal Pleno considera que no hay duda en que la reforma del artículo 420 es de carácter sustantivo, pues dicho precepto sufrió una modificación sustancial indiscutible, como puede constatarse del siguiente cuadro:

Ver cuadro

29. Como se observa, y a reserva de profundizar en los alcances de la modificación en el apartado de estudio de la norma, el precepto 420, antes de ser reformado, regulaba un aspecto sustancial de la figura del divorcio vincular (necesario y voluntario), que en la doctrina civilista se concibe como uno de los efectos de la disolución del vínculo matrimonial en relación con la persona de los cónyuges, que es la capacidad para contraer un nuevo matrimonio, y las condiciones de temporalidad impuestas para que los divorciados pudieran volver a casarse con otra persona; condiciones que se regulaban de manera distinta, según se tratara del divorcio denominado necesario o bajo el régimen de causales, o del divorcio llamado voluntario, pues en el primer caso, la limitación temporal para celebrar un nuevo matrimonio sólo se preveía para la persona que en el juicio de divorcio hubiere sido declarada cónyuge culpable, por haber dado causa a la disolución del matrimonio, no así para el cónyuge inocente; y en el segundo caso, la restricción temporal referida se establecía para ambos cónyuges, aunque por menor tiempo, pues era de un año.

30. En la disposición legal reformada ahora vigente, derivado de que, como se explicará más adelante, las reformas a las diversas normas del Código Civil tuvieron por objeto, en su conjunto, derogar el sistema de divorcio llamado necesario o bajo el régimen de causales y reconocer el nuevo sistema de divorcio sin expresión de causa, el legislador de Jalisco suprimió de dicho artículo el segundo párrafo que hacía referencia específica a la limitación de temporalidad para contraer nuevo matrimonio respecto del cónyuge culpable en el divorcio necesario; asimismo, eliminó el tercer párrafo que contenía la mención específica del divorcio voluntario, y configuró un único párrafo en el que incluyó, implícitamente, los diversos tipos de divorcio ante autoridad judicial que ahora regula el código, es decir, el voluntario y el incausado, para imponer a ambos la condición de que, para poder contraer un nuevo matrimonio los divorciados deben esperar un año luego del divorcio.

31. De manera que no cabe mayor debate en cuanto a que las modificaciones hechas al artículo impugnado fueron de carácter sustantivo, pues finalmente, ante la supresión de la regulación del sistema de disolución del matrimonio con base en causales y la inclusión del divorcio incausado, implican que el legislador consideró que también en este nuevo sistema resultaba aplicable la condición de temporalidad para que las personas divorciadas pudieran celebrar un nuevo matrimonio, y ello, al margen de que se emplee la misma redacción de la condición que antes se preveía en el divorcio voluntario, sin duda, entraña una modificación material de la norma que le da un nuevo alcance, y que supone que el legislador ponderó que, aun con la inclusión del divorcio incausado en el código y la desaparición del divorcio necesario, dicha condición era compatible con las razones de ese nuevo régimen; y es esto, precisamente, lo que motiva la impugnación del precepto en esta acción de inconstitucionalidad.

32. Por tanto, contrario a lo que propone el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, no se acredita la extemporaneidad de la demanda que invoca para afirmar la improcedencia de la acción, pues la reforma al artículo 420 del Código Civil sí constituye un nuevo acto legislativo, y era viable impugnarla a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, como sucedió en el caso, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(12)

33. TERCERO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya transcrito, el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el artículo 18 del reglamento interno de esa comisión,(13) su presidente es el órgano ejecutivo y ejerce su representación legal, además, tiene facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

34. La demanda de la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su entonces presidente Luis Raúl González Pérez, y se intenta para solicitar la declaración de invalidez de una porción de un precepto contenido en una legislación estatal (artículo 420 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Jalisco); por tanto, se formuló por parte legitimada para ello.

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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30330-28814314/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-para-considerar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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