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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE ES AQUELLA EN EL SENTIDO DE QUE, EXCEPCIONALMENTE, SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA FUESE INHÁBIL, ÉSTA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER FISCAL CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN DEBE SER PROPORCIONADA AL SOLICITANTE SIN COSTO ALGUNO CUANDO IMPLIQUE ENTREGAR NO MÁS DE VEINTE HOJAS SIMPLES. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. CONSISTE EN QUE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS MEDIANTE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA AL CONTRIBUYENTE. XI. LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ES DE CARÁCTER RELATIVO Y SÓLO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN A LA CUANTÍA DE LA CONTRIBUCIÓN. XII. LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CÁLCULO DE ALGÚN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESIÓN A ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL. XIII. LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. XIV. LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. XV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS QUE PERMITEN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DETERMINAR LA CUOTA QUE DEBEN PAGAR LOS CONTRIBUYENTES POR MATERIALES EMPLEADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN, DISPONIBLE EN MEDIOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE INGRESOS, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO UNDÉCIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). XVI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. POSIBILIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES PUEDAN COMPLEMENTAR ALGUNO DE LOS COMPONENTES DE LA CONTRIBUCIÓN, CON LA LIMITANTE DE QUE EN LA PROPIA LEY SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS QUE DELIMITEN SU MARGEN DE ACTUACIÓN. XVII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. XVIII. SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO Y DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO DE DERECHOS POR CADA CERTIFICACIÓN, CONSTANCIA O COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO CARTA U OFICIO, RESULTAN DESPROPORCIONALES, AL NO GUARDAR RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (INVALIDEZ DE LOS APARTADOS I, NUMERALES 1.1 Y 1.2, XXII, NUMERALES DEL 1 AL 4, XXIII, NUMERALES 1 Y 2.1., Y XXIV, NUMERAL 1, DE LA "TARIFA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2021. · Registro digital (IUS): 30393
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-02-18
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, Pág. 303.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 35/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversos numerales de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2021; y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante la CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo undécimo, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2021 y diversos apartados de la cuota para el cobro de derechos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, a saber:

Ver cuadro

2. SEGUNDO.—Autoridades demandadas. Los órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan son el Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

Primero

a) El artículo undécimo, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2021, transgrede el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, reserva de ley y legalidad tributaria, porque propicia arbitrariedad e incertidumbre para que la autoridad administrativa determine de forma discrecional el monto de la contribución por el servicio prestado.

b) A juicio de la promovente, el legislador local facultó indebidamente a los sujetos obligados en términos de la normativa de transparencia y acceso a la información, para determinar el monto y la forma en que deberán pagarse los derechos correspondientes, atribución que es propia e indelegable del Poder Legislativo Local, en sentido formal y material.

c) La disposición combatida implica permisión para que cada sujeto obligado determine el precio que habrá de pagarse por la reproducción de la información, sin estar acotada por una ley formal y material, por lo que no existe pauta legislativa que pudiera seguir cada sujeto para establecer la tarifa correspondiente, lo que propicia la actuación arbitraria de los entes públicos en perjuicio de la certeza jurídica de las personas, pues éstas no conocen de manera cierta la cuota que deberán cubrir en el caso de solicitar información pública.

d) Afirma que el legislador delegó de manera absoluta la facultad de imponer la contribución y la tarifa o cuota correspondientes, sin haber un parámetro o método para su determinación, lo que resulta inconstitucional y viola el principio de legalidad tributaria, ya que las personas no conocen de manera cierta el monto a pagar en el caso de solicitar información pública.

e) Se deja al arbitrio del ente público el establecimiento de los elementos esenciales de las contraprestaciones que deban cubrirse por los derechos en materia de reproducción de información pública en detrimento de la seguridad jurídica de los contribuyentes, además de que los derechos por el servicio no se consideran de alta especificidad técnica para que ameriten la delegación referida.

f) Los artículos 14 y 16 constitucionales reconocen el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, así como su relación con el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional; por lo que al atender a la naturaleza jurídica de la contribución, sus elementos esenciales (sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa, tarifa o cuota y época de pago) y las especies (aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos e impuestos) enfocando en los derechos, es evidente que la norma reclamada pertenece a esa categoría.

Segundo

g) Considera inconstitucionales los apartados I, XXII, XXIII –en sus numerales 1 y 2– y XXIV –en sus numerales 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 4– de la tarifa anexa a la ley de ingresos por vulnerar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que rige la materia, contemplado en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; esto se debe a que las cuotas o pagos previstos de un derecho por la reproducción de copias simples o medios digitales de documentos, no se justifican mediante bases objetivas con relación al costo de los materiales empleados.

h) A diferencia de otros servicios prestados por el Estado, respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, impera el principio de gratuidad, por lo que únicamente puede recuperarse el costo derivado de los materiales empleados, el envío o su certificación, aunado a que cualquier cobro debe justificarse por el legislador.

i) La protección al derecho humano de acceso a la información que reconoce el artículo 6o. de la Constitución Federal se rige por los principios y bases contenidos en el propio precepto constitucional dentro de los cuales destaca el principio de gratuidad.

j) A juicio de la actora, las normas impugnadas, en particular las tarifas o cuotas anexas a la ley, no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información; es decir, no se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, tampoco hay algún razonamiento tendente a acreditar el criterio que sirvió para cuantificar la contribución ni los elementos tomados en cuenta para ello, lo cual es necesario para determinar si las tarifas corresponden al costo de los materiales empleados.

k) Debe recaer en el legislador local la carga de demostrar que el cobro establecido en la ley impugnada por la entrega de la información en diversos medios atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitadas, puesto que el derecho de acceso a la información debe ser gratuito.

l) Al no existir algún razonamiento que justifique el cobro por la reproducción de información con una base objetiva, evidencia que las cuotas establecidas se determinaron de forma arbitraria sin contemplar el costo real de los materiales empleados en la reproducción de la información en copias simples y medios digitales.

m) Los preceptos impugnados transgreden el principio de proporcionalidad tributaria, ya que las cuotas son desproporcionadas en atención a que los derechos causados por los servicios de reproducción de documentos no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición.

n) Ello es así porque los preceptos controvertidos se encuentran insertos en el título relativo a "derechos" de los respectivos ordenamientos, por lo que debe tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución de ese servicio y la cuota que se establezca debe ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.

o) En cuanto al cobro de las certificaciones, también es desproporcional, pues si bien involucra tanto la reproducción del documento como la certificación del funcionario público autorizado, no puede existir un lucro o ganancia para éste, por lo que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

p) Las normas impugnadas tienen impacto desproporcional sobre un sector de la población referente al gremio periodístico, que tiene como función social buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas tienen no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.

q) Expone el parámetro nacional e internacional en materia del derecho de acceso a la información, para contrastarlo con los preceptos tildados de inconstitucionales.

r) Finalmente, indica que se soslaya la obligación estatal de garantizar el derecho a la información, porque el Estado no da cumplimiento al Texto Constitucional y desconoce el derecho a la gratuidad imponiendo barreras legales para la consecución de ese derecho de las personas, como son los cobros decretados en los apartados de la tarifa anexa a la ley.

Cuestionamientos relativos a los efectos. Solicita que, de ser tildada de inconstitucional la normativa impugnada, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. CUARTO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente estimó que las normas impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. QUINTO.—Registro y turno. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 35/2021 y, por razón de turno, correspondió a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

6. SEXTO.—Admisión de la demanda. En proveído de diez de febrero siguiente la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes, así como al consejero jurídico del Gobierno Federal y al fiscal general de la República para los efectos legales conducentes.

7. Además, requirió al Poder Legislativo de Chihuahua el envío de copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; y al Poder Ejecutivo un ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se hayan publicado las normas controvertidas.

8. SÉPTIMO.—Informe. Por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto del director general de Normatividad de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua, Francisco Javier Corrales Millán, donde argumentó, en síntesis, lo siguiente.

• Reconoció como cierto el acto reclamado consistente en la promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, así como la tarifa para el cobro de derechos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, pero precisó que la inconstitucionalidad de las normas no le es atribuible al Poder Ejecutivo Estatal, además de que desde el punto de vista formal, no se controvirtió su promulgación y/o publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

• Destacó que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios donde residan, en la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

• En la demanda no se contravienen los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que respetaron sus bases fundamentales, ya que las cuotas encuentran sustento en el destino que se le dan a los recursos que por esos conceptos se recauden y que benefician directamente a la comunidad.

• Las contraprestaciones reclamadas no son violatorias del principio de proporcionalidad, porque el Estado da el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, al establecer una cuota única para los ciudadanos.

• El procedimiento legislativo fue seguido puntualmente y no existen vicios.

• Respecto al primer concepto de invalidez, lo considera infundado porque se respetó la Constitución Federal y la Local, así como la Ley de Hacienda del Estado, al proponer las tarifas contempladas en la ley impugnada, ya que se rigen por los principios de fundamentación y motivación, y se presentaron con base en las circunstancias particulares, geográficas y de desarrollo del Estado, lo que se ve reflejado en los montos, tasas y tarifas de los conceptos de derechos.

• En atención al principio de contribución al gasto público, el legislador local buscó satisfacer las necesidades de la colectividad que se beneficia con la prestación de los servicios, aunado a que las normas son legales dada la competencia para imponer cargas económicas por los conceptos a que se refiere la norma.

• Las referidas contribuciones no contravienen los principios establecidos por el artículo 31, fracción IV, constitucional, además de que el cobro no es un impuesto, sino un derecho; es decir, no participan de la naturaleza de las contribuciones y, por ende, de los principios de legalidad tributaria.

• No es requisito que en la exposición de motivos correspondiente se tenga que manifestar las razones de la creación de una contribución o su aumento, pues basta que el órgano encargado de crearlas actúe dentro del marco legal.

• Las disposiciones impugnadas no atentan contra los principios constitucionales, ya que el cobro de los conceptos sólo representa los gastos que implica brindar el servicio en atención a sus condiciones y diversidad de factores.

• No se contraviene el derecho de acceso a la información y seguridad jurídica, pues las normas que se pretenden invalidar sólo establecen una cuota o tarifa por el disco grabable, disco compacto, así como copias certificadas emitidas por funcionarios públicos y no por la información que pudiera llegar al particular.

• La actora confunde algunos conceptos y distorsiona la entrega de información por medios electrónicos con los gastos que representa la entrega de la información.

• Los casos donde se contemplan cobros por reproducción en discos compactos y digitalización son válidos y no son violatorios de ningún principio, porque puede existir información en tamaño y formato que requiera de alguna forma particular para ser proporcionada y que no esté contemplada, de manera que la Unidad de Transparencia puede determinar el valor comercial de los medios distintos a los señalados en la Tarifa de Derechos anexa a la ley, que se cobrará por concepto de derecho para que se emita la información.

• Respecto al segundo concepto de invalidez, lo consideró infundado, porque las normas impugnadas no vulneran el derecho de acceso a la información tutelado por el artículo 6o., apartado A, fracción III, constitucional, ya que los argumentos de la actora no son acordes con la correcta interpretación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• El principio de acceso a la información sólo protege el derecho de las personas cuando instan el procedimiento ante la Unidad de Transparencia correspondiente, de lo contrario, un sinnúmero de solicitudes que no emanen del ejercicio del derecho de acceso a la información se beneficiarían en perjuicio de las arcas del Estado.

• Precisó que las tarifas por los dispositivos o medios de almacenamiento no violan el derecho de acceso a la información, pues la ley de ingresos no señala que el cobro será por la información brindada, sino únicamente se sujeta al cobro que será por el CD grabable, disco compacto y por los servicios burocráticos en las certificaciones, aunado a que el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los supuestos cuando se podrán generar costos, ya sea por los materiales utilizados, por el envío o por la certificación de dichos documentos.

• El artículo impugnado prevé el cobro de derechos que no están vinculados a los procedimientos de acceso a la información pública, por lo que su análisis no debe hacerse a la luz del principio de gratuidad; aunado a que no se establece una limitación al derecho de acceso a la información, porque el solicitante puede obtener la información que requiera sin costo, además de que para estimar que se trata de cobros injustificados o exceso en el pago de los derechos, es necesaria la existencia de parámetros de valores en dinero o algún otro que sirva de comparación para sostener que los cobros son desproporcionados.

• Los costos que pudieran generarse para la reproducción de la información solicitada no radican en la información en sí misma, pues ésta es gratuita, por lo que no se afectan derechos humanos ni se obstaculiza el acceso a la información, ya que dependerá del medio que el usuario elija para la reproducción lo podría producir el costo por los materiales, aunado a que las cuotas fijadas son montos mínimos para recaudar.

• En relación con la supuesta desproporcionalidad del cobro de derechos por certificaciones, no existe vulneración al principio de proporcionalidad tributaria, ya que la certificación implica actividades del funcionario público lo que sí tiene un costo, pues se deben considerar los insumos y la mano de obra para prestar el servicio.

9. OCTAVO.—En auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para que en el plazo de tres días hábiles rindiera su informe y exhibiera copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

10. Certificación. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de tres días hábiles concedido al Poder Legislativo Estatal para rendir su informe transcurrió del lunes tres al jueves seis de mayo de dos mil veintiuno.

11. En auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se determinó que transcurrió el plazo otorgado al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para que rindiera su informe y quedaron los autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de cinco días hábiles formularan sus alegatos.

12. En diverso proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, se ordenó agregar el oficio y anexos presentados por el Poder Legislativo, a través del titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, donde expuso lo siguiente:

• Precisó que no todos los cobros que la accionante reclamó son relativos al acceso a la información pública; sino que algunos cobros se refieren a la legalización, certificación y expedición de documentos oficiales, que ninguna relación guardan con el acceso a la información pública, por lo que no aplica la Ley Federal de Derechos.

• Si bien es cierto que la Carta Magna contempla la gratuidad en la información pública, no menos cierto es que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite a los Municipios establecer costos relativos a la certificación, impresión de copias, reproducción de información en dispositivos electrónicos, como lo son USB, discos CR-V o DVD, además de que en algunos Municipios los costos de impresión, así como los costos unitarios de los dispositivos electrónicos y discos grabables, son más elevados que en las grandes ciudades, esto atendiendo a las enormes distancias que deben recorrer los proveedores de los Municipios o bien, de los proveedores de los establecimientos comerciales en los que el Municipio adquiere los consumibles necesarios para la impresión de la información.

• En algunos tramos carreteros para recorrer una distancia mínima se requiere un tiempo considerable, lo que eleva el costo de los insumos, por lo que no es posible establecer un mismo costo de impresión o reproducción de la información pública en un Municipio alejado de las grandes urbes que tiene características especiales.

• Se debe tener cierta flexibilidad en cuanto a los costos por las impresiones de información, así como su reproducción en los dispositivos electrónicos, por lo que los cobros no vulneran el principio de gratuidad ni de seguridad jurídica ni legalidad y proporcionalidad tributaria.

• El hecho de que se establezca una tarifa para la reproducción de información y documentos en fotocopias no implica propiamente un costo para el gobernado, por lo que el artículo impugnado no viola el principio de gratuidad, pues éste se dirige a los procedimientos para la obtención de la información no a los eventuales costos de los soportes en los que ésta se entregue.

• Sin prejuzgar sobre la naturaleza y características de los cobros por concepto de acceso a la información en su modalidad de reproducción, los mismos parten de la premisa de que muchos cobros se ubican como derechos, cuando de la ley de ingresos impugnada se advierte que el Congreso del Estado los ubicó en el concepto de productos, por lo que no puede considerarse como una figura jurídica que se encuentre sujeta a los mismos principios de equidad y proporcionalidad a los que sí se sujetan las contribuciones.

• La Corte ha definido que, aunque sea gratuito el acceso a la información, la reproducción de la información genera costos para el Estado y, dado que el legislador local realizó una exposición de motivos, se cumple el requisito de debida motivación; por lo que en el caso corresponde al accionante acreditar que las tarifas establecidas en las leyes no se ajustan a un parámetro de proporcionalidad constitucional.

13. NOVENO.—Alegatos y cierre de instrucción. En proveído dictado el dos de junio de dos mil veintiuno, se tuvieron por formulados los alegatos de la accionante y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno es legalmente competente para resolver la acción de inconstitucionalidad de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 1o. de la ley reglamentaria,(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(5) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

15. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, establece que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

16. Como se precisó en el considerando anterior, en la presente acción de inconstitucionalidad se impugnan disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2021, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

17. En consecuencia, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el viernes uno de enero de dos mil veintiuno y concluyó el sábado treinta de enero del mismo año.

18. Al atender a que el último día del plazo fue inhábil(6) y la acción de inconstitucionalidad fue presentada el primer día hábil siguiente, esto fue el martes dos de febrero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.

19. TERCERO.—Legitimación. Se analiza la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

20. La demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de presidenta de la CNDH, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro (folio 35 del expediente).

21. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CNDH podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes federales o estatales que contraríen el orden constitucional, la cual puede ser legalmente representada por su presidente, de conformidad con los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(7) y 18 de su reglamento interno.(8)

22. Consecuentemente, si en el presente caso la presidenta de la CNDH promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2021, que establece el cobro de derechos de acceso a la información, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por considerar que se vulnera el derecho humano de seguridad jurídica, gratuidad y acceso a la información, legalidad y al principio de proporcionalidad tributaria; por tanto, dicha Comisión a través de su presidenta tiene legitimación para impugnarlos.

23. Ahora, este Tribunal Pleno ha discutido en cuanto a la legitimación de la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad contra normas que estima violan los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

24. No obstante, el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea Parte, sin que establezca otra condición, por lo que dicha Comisión sí está legitimada para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue la violación a un derecho humano, como en el caso acontece.(9)

25. Máxime que el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, sin que establezca otra condición.

26. Aunado a ello, se tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es un análisis en abstracto, inclusive previo a la aplicación de las normas correspondientes, por lo que es inconcuso que tratándose de normas respecto de las que se alega invasión competencial de una autoridad legislativa local a una federal en materia contributiva, tales cuestiones son justiciables a través de este medio de defensa, en tanto las normas emitidas por autoridades incompetentes podrían implicar, desde luego, violación al artículo 16 constitucional respecto a los requisitos que las autoridades deben observar en relación con los actos de molestia que generan en particulares, dentro de los que se encuentra la competencia para ejecutarlos, legalidad y seguridad jurídica.(10)

27. CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

28. El Poder Ejecutivo Estatal planteó la causal de improcedencia referente a la falta de conceptos de invalidez en los que se reclamen vicios propios de los actos de promulgación y de publicación de los decretos impugnados. Se desestima dicho argumento, toda vez que no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(11)

29. Adicionalmente, no era necesario que la accionante atribuyera vicios propios a la promulgación y publicación, ya que lo impugnado fue el resultado del proceso legislativo que culminó con la expedición de las normas generales controvertidas, sobre lo cual la accionante formuló conceptos de invalidez.

30. No existe otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni se advierte de oficio por este Tribunal Pleno, por lo que es conducente precisar las normas impugnadas.

31. QUINTO.—Precisión de normas impugnadas. Con el objetivo de dar mayor claridad al estudio que se llevará a cabo en el presente asunto, conviene pre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30393-9c237df7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-interpretacion-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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