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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. V. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. TIENEN UNA DOBLE FACETA, INDIVIDUAL Y SOCIAL, QUE EXIGE QUE LOS INDIVIDUOS NO VEAN IMPEDIDA SU POSIBILIDAD DE MANIFESTARSE LIBREMENTE, Y QUE SE RESPETE SU DERECHO COMO MIEMBROS DE UN COLECTIVO A RECIBIR CUALQUIER INFORMACIÓN Y A CONOCER LA EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO AJENO. VI. LIBERTAD DE REUNIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REGLAS Y CONDICIONES PARA SU LIMITACIÓN. VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CONDICIONES PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES ULTERIORES COMO LÍMITES DE AQUÉLLA. IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. XI. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. IMPLICA QUE EL DERECHO PENAL DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES FRENTE A LOS ATAQUES MÁS GRAVES QUE PUEDAN SUFRIR. XII. DELITO DE ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO. EL QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS DE ORGANIZAR, INCITAR, PROMOVER O PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CIERRE, BLOQUEO U OBSTACULIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA VÍA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL, POR CUALQUIER MEDIO MASIVO O REDES SOCIALES, CON LA FINALIDAD DE HACER PROMOCIÓN PERSONAL, RESULTA SOBREINCLUSIVO Y NO PRESENTA UNA PRECISIÓN SUFICIENTE PARA EVITAR SANCIONAR EL EJERCICIO VÁLIDO DE LIBERTADES AMPARADAS EN DERECHOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 125 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XIII. DELITO DE ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO. EL QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS DE ORGANIZAR, INCITAR, PROMOVER O PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CIERRE, BLOQUEO U OBSTACULIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA VÍA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL, POR CUALQUIER MEDIO MASIVO O REDES SOCIALES, CON LA FINALIDAD DE HACER PROMOCIÓN PERSONAL, RESTRINGE LOS ALCANCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REUNIÓN AL ESTABLECER CUÁLES MENSAJES PUEDEN SER PERMISIBLES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y CUÁLES NO MERECEN TOLERANCIA POR PARTE DE LA SOCIEDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 125 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XIV. DELITO DE ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO. EL QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS DE ORGANIZAR, INCITAR, PROMOVER O PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CIERRE, BLOQUEO U OBSTACULIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA VÍA PUBLICA DE COMUNICACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL, POR CUALQUIER MEDIO MASIVO O REDES SOCIALES, CON LA FINALIDAD DE HACER PROMOCIÓN PERSONAL, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, AL RESPONSABILIZAR AL GOBERNADO AL CONOCIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICABLE, ASÍ COMO SU INTERRELACIÓN PARA DETERMINAR EN QUÉ MOMENTO SU EJERCICIO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AFECTA LA MOVILIDAD DE TERCEROS EN ALGUNA FORMA SANCIONABLE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 125 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 125 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 125 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 159/2022. · Registro digital (IUS): 32325
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-05
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.503.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 159/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 159/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 125 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, adicionado mediante Decreto Número 28855/LXIII/22, publicado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la demanda. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ("CNDH", en adelante) presentó su demanda en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Autoridades emisora y promulgadora. Las autoridades respectivas son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.

3. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna el artículo 125 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, adicionado mediante Decreto Número 28855/LXIII/22, publicado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

4. Concepto de invalidez. La CNDH formula un único concepto de invalidez en el que señala que el artículo 125 Bis impugnado contiene una descripción típica demasiado amplia y ambigua que genera inseguridad jurídica a los destinatarios y permite castigar conductas amparadas constitucionalmente bajo los derechos de libertad de expresión y reunión. Asimismo, sostiene que se vulneran el principio de legalidad en sus vertientes de taxatividad y última ratio.

5. La promovente sostiene que el término "vía pública de comunicación estatal o municipal", previsto en el precepto impugnado, debe ser entendido en términos de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, es decir, como todos aquellos espacios públicos del Estado y sus municipios a través de los cuales pueden transitar peatones, ciclistas y vehículos tanto particulares como de transporte público.

6. En este sentido, el legislador local determinó sancionar con pena privativa de la libertad, multa y trabajo en favor de la comunidad a la persona que organice, incite, promueva o participe en alguna actividad que implique el cierre, bloqueo u obstaculización total o parcial de dichas vías, con la finalidad de hacer promoción personal por cualquier medio masivo o redes sociales. Y si bien, se pretendió atender como finalidad la eficiencia en tiempos de traslado y evitar afectaciones al derecho a la movilidad; lo cierto es que la norma resulta ser una disposición amplia, ambigua y sobreinclusiva que vulnera diversos derechos humanos, además de no generarse un daño grave a la sociedad con la conducta punible.

7. El concepto de invalidez expuesto por el accionante se divide en tres aspectos que considera vulnerados.

8. Derechos a la libertad de expresión y reunión. La CNDH argumenta que el precepto impugnado inhibe los derechos a la libertad de expresión y reunión con el pretexto de garantizar el adecuado tránsito de las personas por las vías de comunicación estatales y municipales. Esto, pues la norma comprende un amplísimo margen de aplicación, permitiendo la sanción de personas que por cualquier motivo lícito busquen obtener la aprobación o difusión social por medio de campañas de promoción, por el único hecho de afectarse el tránsito o la movilidad de terceros.

9. El legislador omitió considerar que el ejercicio de estas libertades puede causar molestias en espacios públicos, pero las mismas deben ser sobrellevadas tanto por las autoridades como por el resto de la población al ser manifestaciones admisibles de las ideas en una sociedad democrática, plural y respetuosa de los derechos humanos. Enfatizando que el uso o apropiación del espacio público constituye un cauce para que las personas puedan expresar eficazmente sus ideas, pensamientos, inconformidades o reclamos.

10. En este sentido, la norma impugnada no supera un escrutinio estricto de proporcionalidad, toda vez que no satisface el requisito de necesidad en una sociedad democrática en tanto la restricción no es instrumental para satisfacer los intereses que pretende proteger, y entre las opciones para alcanzar el fin pretendido, la restricción establecida no es aquella que restringe en menor escala los derechos de libertad de expresión y reunión.

11. Lo anterior es así ya que la sanción penal no es una medida necesaria para lograr el adecuado tránsito de las personas, existiendo una serie de alternativas para evitar sacrificar de forma irrazonable un derecho sobre otro.

12. Las conductas que pueden ser válidamente sancionadas deben realizarse de forma violenta y tener un objeto ilícito o provocar la alteración del orden público, de tal forma que la afectación a derechos de terceros resulte desproporcionada y deban ser prohibidas. No obstante, la descripción típica del precepto impugnado carece de claridad y precisión permitiendo la punibilidad de conductas constitucionalmente protegidas.

13. El precepto impugnado en sí mismo prohíbe aquellas campañas de difusión personal lícitas amparadas por la libertad de expresión y de reunión, e inclusive por los derechos de petición, a votar, y a ser votado.

14. Derecho a la legalidad. La CNDH considera que la norma impugnada también transgrede el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en tanto su amplitud permite sancionar penalmente manifestaciones legítimas de los derechos de libertad de expresión y reunión.

15. La conducta típica carece de claridad, dado que: 1) prohíbe una diversidad de actividades que pueden tener la finalidad de hacer promoción personal y que no están prohibidas por el régimen constitucional, 2) contiene una multiplicidad de conductas como puede ser la obstaculización, la afectación o el cierre, y que pueden aplicarse indiscriminadamente; 3) no se precisa si la promoción personal debe ser propia o puede ser de otra persona o la forma de acreditar que se lleva a cabo tal conducta; y, 4) se establece que las conductas solamente serán punibles cuando se realicen en contravención a las disposiciones legales y normativas aplicables, sin precisar al ciudadano cuáles serán todos los supuestos válidos.

16. Es decir, la norma impugnada es amplia, vaga e imprecisa, lo que no permite descifrar cuáles serán las actividades permitidas con suficiente claridad.

17. Principio de mínima intervención del derecho penal. Finalmente, la CNDH sostiene que la norma impugnada vulnera el principio de mínima intervención del derecho penal (o de última ratio), toda vez que el Congreso local debió acudir a otras medidas legislativas que resultaran menos lesivas en los derechos de las personas para proteger el bien jurídico que pretende tutelar, ya que la sanción penal no es estrictamente indispensable para lograrlo.

18. Las conductas previstas por la norma no pueden calificarse de manera genérica como contrarias a la ley penal, sino que únicamente en circunstancias particulares, principalmente en aquellos casos donde se promuevan discursos de odio o se lleven a cabo conductas delictivas, será cuando podrá establecerse una sanción ulterior.

19. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 159/2022 y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que fungiera como instructor.

20. Auto de admisión. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco a fin de que rindieran el informe correspondiente.

21. Informe del Congreso del Estado de Jalisco.(1) En su informe, el Poder Legislativo local indica que la adición del artículo 125 Bis al Código Penal local no conlleva una restricción al derecho a la libertad de expresión pues pretende la sanción de conductas individuales que tengan como finalidad la promoción personal en medios masivos o redes sociales, es decir, sanciona una conducta única y particular en la que se organice, incite, promueva o participa en actividades que impliquen el cierre, bloqueo u obstaculización parcial o total de la vía pública de comunicación estatal o municipal solamente con dicha finalidad; además, el precepto exige que se produzca la afectación a la movilidad de terceros en contravención de las disposiciones aplicables.

22. Al respecto, considera que el precepto impugnado pretende proteger el derecho al libre tránsito, que puede verse afectado por conductas de individuos que, en un afán de promoción personal, someten a la ciudadanía a sus caprichos y ocurrencias mediante el cierre de vía de comunicación. Así, la norma no se relaciona con el derecho de las personas a manifestarse libremente, expresar ideas o desplegar su discurso.

23. Por otra parte, el Congreso local sostiene que el precepto impugnado tipifica debidamente la conducta antijurídica punible, pues deben concurrir las condiciones de: 1) el bloqueo de las vías de comunicación, 2) con la finalidad de la promoción personal en medios masivos de un individuo; y, 3) el nexo de causalidad entre ambos supuestos. Con esto, el legislador definió con claridad tanto al sujeto como la conducta punible, condicionando la aplicación de la pena a la existencia simultánea del acto y el propósito de realización de la conducta. Inclusive, el margen de la sanción prevista permite la individualización por parte del juzgador.

24. La norma satisface el principio de taxatividad porque define con suficiente precisión las conductas prohibidas y las sanciones que se impondrán a quienes incurren en ellas, además, contiene todos los elementos esenciales del tipo penal, de tal forma que el ciudadano conozca con claridad lo que se encuentra prohibido.

25. Aclara que, para la determinación de cuál es la "vía pública de comunicación estatal o municipal", no debe atenderse a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte local, invocada por el promovente, sino que es un aspecto que queda a juicio del juzgador en cada caso.

26. Por último, el Congreso local sostiene que la norma impugnada no transgrede el principio de mínima intervención penal. La facultad para regular y calificar conductas antisociales que merezcan un tipo penal corresponde, por mandato constitucional, a los poderes legislativos locales, lo cual se materializa en el artículo 35 de la Constitución local.

27. El artículo 125 del Código Penal local ya preveía la conducta sancionable en la norma impugnada de manera general, al regularse los ataques a las vías de comunicación, esto es, se presupone la validez del artículo 125 Bis y el cumplimiento del principio de mínima intervención, toda vez que el Código ya preveía con anterioridad la imposición de penas a quien impida u obstaculice el funcionamiento de las vías de comunicación. El precepto impugnado únicamente actualiza una norma anterior a la nueva realidad que ha surgido en el Estado, tal y como se detalla en la exposición de motivos.

28. Informe del Poder Ejecutivo local.(2) El Ejecutivo local considera que cumplió a cabalidad los actos que le corresponden respecto de la promulgación del Decreto cuya invalidez se reclama, de conformidad con los artículos 31, 32, 46 y 50 de la Constitución local. Aunado a lo anterior, sostiene que, la adición del artículo 125 Bis al Código Penal local es una atribución del Congreso de Jalisco, mediante la cual buscó prohibir una conducta específica con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la movilidad, en términos del artículo 4, párrafo decimoséptimo, de la Constitución Federal.

29. Auto por el que se tienen rendidos los informes. En un auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.

30. Alegatos. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.

31. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.

32. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal no formuló opinión alguna.

33. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el doce de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.

II. COMPETENCIA

34. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(5) Ello es así, toda vez que la CNDH controvierte una norma local que estima violatoria de diversos derechos humanos.

III. OPORTUNIDAD

35. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(6)

36. El artículo 125 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco fue adicionado mediante el Decreto Número 28855/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, el plazo para su impugnación transcurrió del veinte de octubre al dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

37. En el caso, la demanda de la CNDH se recibió vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, cabe concluir que resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

38. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas, o de tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.(7)

39. Dado que en la demanda la CNDH impugna una norma del Código Penal local por estimar que vulnera, entre otros, los derechos a la libertad de expresión y reunión, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

40. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional,(8) establecen que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, están facultados para representarlos. Asimismo, que se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.

41. Suscribe la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de su designación emitido por el Senado de la República. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su Presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(9) Por lo tanto, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

42. En su informe, el Poder Legislativo sostiene que se debe sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad toda vez que el promovente no presenta un razonamiento de fondo para desvirtuar la constitucionalidad de la norma. Así, pretende la defensa de un derecho humano que no guarda relación alguna con el artículo impugnado.(10)

43. La causal de improcedencia planteada se considera infundada toda vez que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues la afectación o no a un derecho humano únicamente puede determinarse mediante el estudio pormenorizado respectivo.(11)

44. Al no haberse planteado otra causal de improcedencia, ni advertirse alguna de oficio, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.

VI. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

45. De conformidad con el artículos 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) se precisa que, de una lectura integral de la demanda, el concepto de invalidez planteado por la CNDH versa únicamente sobre la invalidez del artículo 125 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

VII. ESTUDIO DE FONDO

46. A fin de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 125 Bis del Código Penal local, en primer lugar, (A) se abordará el parámetro de regularidad constitucional en relación con el derecho a la libertad de expresión, enseguida, (B) se analizará si en el caso concreto la norma impugnada cumple con tales mandamientos.

A. Parámetro de regularidad constitucional

El derecho a la libertad de expresión y su relación con la libertad de reunión y la protesta social

47. El derecho a la libertad de expresión se encuentra previsto, entre otros, en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal,(13) 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(14) así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(15)

48. Esta Suprema Corte de Justicia ha reconocido que la libertad de expresión es un derecho que tiene una dimensión individual y también una dimensión social o colectiva.(16) Ello es así porque este derecho no se limita a ser un vehículo para la libre expresión y autorrealización individual. Además de ello, tutela el que todas las personas, como miembros de un colectivo, puedan recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo que resulta necesario para que la sociedad esté adecuadamente informada y sea auténticamente libre. En gran medida por esta dimensión social, se ha señalado que la libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia constitucional.

49. En efecto, la libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y para la formación de la opinión pública. A través de ella, ya sea mediante palabras o actos, las personas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones e ideas, incluidas las políticas, desplegando su autonomía individual. En la dimensión individual, la persona puede manifestarse libremente sin ser cuestionada sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. A su vez, la dimensión individual se complementa por la social o colectiva, que comprende el derecho a comunicar las propias ideas y a recibir las expresiones e informaciones libremente divulgadas de los demás, contribuyéndose al fortalecimiento del debate público y del pluralismo ideológico.(17)

50. Debe tenerse en cuenta que la libertad de expresión, como garantía para la realización de otros derechos y libertades, tiene una íntima relación con los derechos de asociación, reunión, petición, o votar y ser votado, entre otros, al constituir un elemento funcional que determina la calidad de la vida democrática de un país, constituyéndose en ocasiones como premisa indispensable para poder ejercer plenamente tales derechos. 51. En este sentido, dada su íntima relación, cabe señalar que la libertad de expresión se encuentra íntimamente ligada con la libertad de reunión prevista en el artículo 9o. de la Constitución Federal(18) y 15 de la Convención Americana,(19) que consiste en que todo individuo pueda congregarse o agruparse intencional y temporalmente con otras personas, en un ámbito privado o público con un propósito concreto, pacíficamente, y con un objeto lícito, sin que se forme una persona jurídica autónoma.(20) Abarcando cualquier tipo de motivación, sea esta religiosa, cultura, social, económica, deportiva, política, etcétera, como podría darse a través de marchas, plantones, manifestaciones, procesiones o peregrinaciones, entre muchas otras.(21)

52. Una peculiaridad de la libertad de expresión consiste en que una manera de ejercerla es en la vía pública a través de la reunión de un grupo de personas. Las movilizaciones sociales o reuniones de personas son formas de expresión en donde se interrelacionan las diferentes dimensiones del derecho a expresarse, lo cual forzosamente provoca que se tenga incidencia en otros derechos humanos.

53. Al respecto, los Estados deben actuar sobre la base de que las protestas o manifestaciones públicas son lícitas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público, a través de un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de participación ciudadana, considerando las calles y plazas como lugares privilegiados para la expresión pública. Los participantes en congregaciones públicas tienen tanto derecho de utilizar los espacios públicos durante un periodo razonable como cualquier otra persona. El uso del espacio público como parte de la protesta social debe considerarse tan legítimo como su uso más habitual para la actividad comercial o el tráfico peatonal y vehicular.(22)

54. Es decir, el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en espacios públicos implica necesariamente cierta interferencia o injerencia con el goce y ejercicio de otros derechos. No obstante, las molestias que puedan generarse en el uso de las plazas públicas y vías de comunicación deben ser sobrellevadas tanto por las autoridades como por el resto de la población.(23)

55. El legislador no debe llegar al extremo de penalizar per se cualquier manifestación en la vía pública cuando éstas se realizan en el marco de los derechos enunciados, por el contrario, debe generar normas que faciliten los medios necesarios para que las personas puedan expresarse, pues constituye una obligación ineludible para las autoridades tolerar toda actitud o comportamiento que no dañe o ponga en peligro a otras personas o bienes jurídicamente tutelados, conforme a las posibles limitaciones bajo el parámetro de regularidad.

56. También debe señalarse que la existencia de disposiciones sobreinclusivas, que faciliten la detención y privación de libertad de una persona, basada exclusivamente en el acto de participar en una protesta o manifestación pública no pueden considerarse proporcionales. Aunado a que tienen el efecto inmediato de impedir el ejercicio del derecho a la protesta social de la persona detenida y generar un efecto inhibitorio respecto a la participación del resto de la población en manifestaciones públicas, todo lo cual afecta el goce y el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta social.

57. Inclusive, este Alto Tribunal ha señalado que el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público no puede condicionarse ni restringirse a una autorización previa por parte del Estado, pues ello implicaría que el disfrute de ese derecho en bienes de uso de dominio público dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de respaldo en la Constitución Federal ni en las disposiciones convencionales relevantes.

58. Por último, la libertad de expresión también comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. La expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de la posibilidad de divulgación representa directamente, un límite al derecho de expresarse libremente.

Las restricciones a la libertad de expresión

59. La amplitud con la que se protege la libertad de expresión no debe llevar a concluir que se trata de un derecho absoluto, su papel fundamental en la autorrealización individual y, sobre todo, la especial importancia de su dimensión social, en el adecuado funcionamiento de nuestra democracia exigen que sus restricciones o limitaciones cumplan con reglas y requisitos especiales para poder considerarse legítimas.

60. Una de estas reglas, de una importancia fundamental, es la prohibición de censura previa del ejercicio de la libertad de expresión, prevista en los artículos 7o. de la Constitución Federal y 13.2 de la Convención Americana. Conforme a estos artículos, las restricciones o limitaciones a la libertad de expresión únicamente pueden consistir o tener como consecuencia la imposición de responsabilidades ulteriores al ejercicio del derecho.

61. Sin embargo, no toda responsabilidad ulterior es admisible, sino que están sujetas a diversas condiciones, las cuales deben interpretarse de modo estricto.(24)

62. En este sentido, las responsabilidades ulteriores deben satisfacer: a) la existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas por ley, incluyendo su definición expresa y taxativa; b) la legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas; y, c) que la medida sea necesaria para asegurar los mencionados fines.(25) Por otra parte, como límites del derecho se prevé: i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública.(26)

63. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una restricción sea compatible con la Convención debe cumplir los siguientes requisitos:(27)

a) Estar establecida por ley. La palabra ley no puede entenderse en otro sentido que el de una ley formal, es decir, una norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado, dictada por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

b) Fin legítimo. El objetivo de la restricción debe ser de los permitidos por la Convención, esto es, la protección de los derechos o reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral públicas.

c) Necesidad en una sociedad democrática. La restricción debe estar orientada a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. No es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho en cuestión.

64. Aunado a lo anterior, debe reiterarse, las autoridades no pueden vetar o sancionar el objetivo de una reunión ni mucho menos su mensaje. No por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a actos delictivos, permite considerarse que la congregación ya no es pacífica ni lícita.

65. Lo que torna ilícita y no pacífica una concentración de personas es la existencia real de actos delictivos o la existencia o inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio. Inclusive, los actos esporádicos de violencia u otros actos punibles cometidos por individuos no deben privar al resto de las personas pacíficas de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Es decir, las responsabilidades por el ejercicio del derecho no pueden establecerse de forma previa, y al surgir ulteriormente, estás deben dirigirse a los individuos en particular que cometan acciones punibles y no al grupo de personas que ejercen sus derechos de forma pacífica.

66. Tan es así, que al resolverse la acción de inconstitucionalidad 64/2019, este Tribunal Pleno señaló que la policía, en cuanto al control de las manifestaciones y la posibilidad del uso de la fuerza debe ser capaz de diferenciar entre reuniones lícitas y pacíficas, reuniones ilícitas, pero no violentas, y reuniones violentas, precisando diferentes niveles de actuación.(28)

Libertad de expresión en las normas penales y el principio de taxatividad

67. Las normas que restringen la libertad de expresión, sobre todo aquellas en materia penal, deben ser especialmente diseñadas para cumplir con las exigencias del principio de taxatividad a fin de evitar su aplicación arbitraria. La taxatividad, como vertiente del principio de legalidad en materia penal, previsto en el artículo 14 constitucional, exige que las conductas típicas y las penas aplicables estén redactadas en las normas penales de manera clara, precisa y exacta. Si bien no se obliga al legislador a redactar las normas penales con la mayor precisión imaginable, ni a definir cada palabra que utiliza al redactar el tipo penal, sí requiere un suficiente grado de claridad y precisión para evitar la arbitrariedad en la aplicación de la norma penal, así como para que sus destinatarios puedan conocer, de antemano, las posibles consecuencias de sus actos.(29)

68. Ello es congruente con lo determinado por la Corte Interamericana respecto de la interpretación del artículo 13.2 de la Convención Americana en la Opinión Consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatori

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32325-0077f9d6/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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