Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE OMISIONES LEGISLATIVAS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS RELATIVAS EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO. IV. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EXISTENCIA DE OMISIONES LEGISLATIVAS RELATIVAS EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO NO CONLLEVA, POR REGLA GENERAL, A LA INVALIDEZ DE LA TOTALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA. VI. USO DE LA FUERZA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE EXPEDIR LA LEY NACIONAL RELATIVA, CON MOTIVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. VII. USO DE LA FUERZA. LA FALTA DE PREVISIÓN DE SU FINALIDAD EN LA LEY NACIONAL DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO (OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO FUNDADA RESPECTO DE LA FINALIDAD DEL USO DE LA FUERZA QUE, COMO PREVISIÓN MÍNIMA, DEBE CONTENER LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA). VIII. USO DE LA FUERZA. LA FALTA DE ESTABLECER SU SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO (OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO FUNDADA RESPECTO DE LA SUJECIÓN DEL USO DE LA FUERZA A LOS PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y OPORTUNIDAD QUE, COMO PREVISIÓN MÍNIMA, DEBE CONTENER LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA). IX. USO DE LA FUERZA. NO SE ACTUALIZA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO RESPECTO DE PREVER EL ADIESTRAMIENTO EN MEDIOS, MÉTODOS, TÉCNICAS Y TÁCTICAS RELATIVAS, MEDIANTE EL EMPLEO DE ARMAS INCAPACITANTES, NO LETALES Y LETALES, ASÍ COMO LA DISTINCIÓN Y REGULACIÓN DE DICHAS ARMAS EN LA LEY NACIONAL DE LA MATERIA (OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO INFUNDADA, RESPECTO DEL ADIESTRAMIENTO EN MEDIOS, MÉTODOS, TÉCNICAS Y TÁCTICAS RELATIVAS, MEDIANTE EL EMPLEO DE ARMAS INCAPACITANTES, NO LETALES Y LETALES, ASÍ COMO LA DISTINCIÓN Y REGULACIÓN DE DICHAS ARMAS QUE, COMO PREVISIONES MÍNIMAS, DEBE CONTENER LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA). X. USO DE LA FUERZA NO SE ACTUALIZA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO RESPECTO DE PREVER LA SISTEMATIZACIÓN Y EL ARCHIVO DE LOS INFORMES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAGAN USO DE ARMAS DE FUEGO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN LA LEY NACIONAL RESPECTIVA (OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO INFUNDADA RESPECTO DE LA SISTEMATIZACIÓN Y EL ARCHIVO DE LOS INFORMES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAGAN USO DE ARMAS DE FUEGO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES QUE, COMO PREVISIONES MÍNIMAS, DEBE CONTENER LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA). XI. USO DE LA FUERZA. EL EMPLEO DEL TÉRMINO "FUERZA EPILETAL" EN LA LEY NACIONAL RESPECTIVA GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA, YA QUE, DE CONFORMIDAD CON SU CONCEPCIÓN, CONLLEVA EL EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO, LO CUAL RESULTA INCONGRUENTE CON LA PRESUNCIÓN RELATIVA A QUE EL USO DE ESE TIPO DE ARMAS ES EXCLUSIVO DE LA FUERZA LETAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN VI, DE LA PORCIÓN NORMATIVA "EPILETAL", DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA). XII. USO DE LA FUERZA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR AUDIOVISUALMENTE, A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y CON FINES DE VERIFICACIÓN, LOS OPERATIVOS EN LOS QUE SE REQUIERE Y AUTORICE DESDE "LA PLANEACIÓN" EL USO DE LA FUERZA LETAL, NO CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD JURÍDICA NI EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUES NO IMPLICA QUE SE AUTORICE EL USO DE LA FUERZA LETAL EN DICHOS OPERATIVOS (ARTÍCULO 36 DE LA LEY SOBRE EL USO DE LA FUERZA). XIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALCANCES DE ESTE DERECHO HUMANO. XIV. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. ALCANCES DE ESTE DERECHO HUMANO. XV. PROTESTAS O MANIFESTACIONES PÚBLICAS. EL ESTADO DEBE ACTUAR SOBRE LA BASE DE QUE NO CONSTITUYEN UNA AMENAZA AL ORDEN PÚBLICO. XVI. PROTESTAS O MANIFESTACIONES PÚBLICAS. SU CLASIFICACIÓN PARA EFECTO DEL CONTROL POLICIAL DE DICHAS REUNIONES Y LA GRADUACIÓN DEL USO DE LA FUERZA. XVII. PROTESTAS O MANIFESTACIONES PÚBLICAS. LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEBEN TOMAR EN CUENTA QUE EJERCEN UNA INFLUENCIA DIRECTA EN EL GRADO Y ESPARCIMIENTO DE LA VIOLENCIA QUE EN ELLAS PUEDA SUSCITARSE. XVIII. PROTESTAS O MANIFESTACIONES PÚBLICAS. LA PRESENCIA DE UNAS POCAS PERSONAS QUE COMETEN ACTOS DE VIOLENCIA NO LAS CONVIER

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2019. · Registro digital (IUS): 30501
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-04-08
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, Pág. 120.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO MONTERROSAS CASTORENA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 64/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que solicita la invalidez de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en su integridad, con motivo de diversas omisiones legislativas relativas en competencia de ejercicio obligatorio, así como la invalidez, en particular, de los artículos 6, fracción VI, en la porción normativa "fuerza epiletal", 27, primer párrafo, 28 y 36, en la porción normativa "desde la planeación", de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, expedida por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en su integridad, con motivo de diversas omisiones legislativas relativas en competencia de ejercicio obligatorio, así como la invalidez, en particular, de los artículos 6, fracción VI, en la porción normativa "fuerza epiletal", 27, primer párrafo, 28 y 36, en la porción normativa "desde la planeación", de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, expedida por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 1 a 81 de este toca).

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y se promulgó por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en síntesis, lo siguiente:

a) El Congreso de la Unión, al expedir la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, no incorporó lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio, fracción III, de la reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que incurrió en diversas omisiones legislativas relativas en competencia de ejercicio obligatorio, por cuanto hace a los numerales 1, 3, 4, 6 y 9 relacionados con la finalidad del uso legítimo de la fuerza; la definición de los principios de racionalidad y oportunidad a que debe sujetarse el uso de la fuerza; la definición de métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales; y la sistematización y archivo en la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. Por tanto, procede declarar la invalidez de la totalidad de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Lo anterior, porque al expedir la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, lo hizo de manera incompleta y deficiente, lo cual se tradujo en una transgresión a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.

Al respecto, precisa que los elementos que se omitieron al expedir la ley combatida son los siguientes:

• La finalidad del uso de la fuerza pública.

• La sujeción del uso de la fuerza a los principios de racionalidad y oportunidad.

• La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el empleo de las armas incapacitantes, no letales y de armas letales.

• La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, letales y no letales.

• La sistematización y archivo de los informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

En ese sentido, considera que las omisiones legislativas en que incurrió el Poder Legislativo al no regular las previsiones constitucionales mínimas relacionadas con la finalidad del uso legítimo de la fuerza, implican un incumplimiento de un mandato constitucional, que genera la transgresión de los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, y que forma un espectro de incertidumbre jurídica en cuanto a la regulación de la materia.

Así, sostiene que dicha omisión imposibilita que el ordenamiento legal en materia de uso de la fuerza se encuentre acotado en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que no permite que el actuar de las autoridades se encuentre limitado, lo cual da pauta a afectaciones arbitrarias a la esfera jurídica de los gobernados.

En cuanto a la finalidad del uso de la fuerza, señaló que la razón por la que afirma que se incurrió en una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, es porque del análisis de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, advierte que no prevé ninguna disposición al respecto.

Por otra parte, respecto a los principios previstos en el artículo 4 de la ley nacional impugnada y los exigidos en la reforma constitucional aludida, sostiene que se advierte un distanciamiento, tal como se aprecia de la tabla comparativa siguiente:

Ver tabla comparativa

En ese contexto, afirma que resulta evidente la omisión legislativa en que incurrió el legislador, en materia de sujeción de los principios de racionalidad y oportunidad requeridos para el uso de la fuerza; no pasa desapercibido que dicha ley incorpora principios no exigidos en la reforma constitucional aludida; sin embargo, dicho aspecto no es óbice para omitir los diversos de racionalidad y oportunidad.

Así, estima importante que la ley general incluya los principios de oportunidad y racionalidad, toda vez que, por un lado, el principio de oportunidad implica que en la medida de lo posible, las actuaciones y reacciones de los miembros de seguridad pública, no se rijan por valoraciones subjetivas o irracionales, sino que se aprecien los hechos tal y como son, con independencia de los prejuicios, pasiones u otros paradigmas particulares que detente el sujeto. Asimismo, significa que cuando se trate de hacer efectiva la potestad del uso de la fuerza, se procure reducir al máximo los daños y afectaciones, tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas.

Por otro lado, sostiene que si bien el principio de racionalidad no ha sido desarrollado de forma abundante, se han hecho pronunciamientos en cuanto a que las instituciones de seguridad pública deben ejercer el uso de la fuerza, conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, racionalidad, profesionalismo, proporcionalidad, congruencia y oportunidad, aunado a que el Texto Constitucional lo exige expresamente.

En otro aspecto, sostiene que el legislador federal al regular lo relativo a armas e instrumentos en materia de uso de la fuerza se apartó de la clasificación exigida por la Constitución Federal, toda vez que, si bien, prevé que los agentes facultados para hacer uso de la fuerza cuenten con una formación en el empleo de armas menos letales, lo cierto es que el Texto Constitucional mandata al legislador a prever capacitación en el empleo tanto de armas incapacitantes, como no letales y sobre todo de armas letales.

Para evidenciar lo anterior, realiza una comparación sobre la diferente clasificación de armas e instrumentos, así como el tipo de capacitación que exige el Texto Constitucional y la que desarrolla la legislación:

Ver comparación

También considera que el legislador omitió establecer las normas para la sistematización y archivo de los informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones; no obstante que el transitorio cuarto, fracción III, numeral 9 del decreto de reforma constitucional referido, exige al legislador incluir dichas normas.

Lo anterior, toda vez que a pesar de que la ley controvertida regula lo relativo a la presentación de informes; no incluye las reglas para su sistematización y archivo, por lo que resulta evidente dicha omisión.

b) Los artículos 6, fracción VI, en la porción normativa "fuerza epiletal"; y 36, en la porción normativa "desde la planeación" vulneran el derecho de seguridad jurídica, el principio de legalidad, así como la obligación de todas las autoridades de proteger y garantizar los derechos humanos, consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, toda vez que, por un lado, por lo que hace al concepto de "fuerza epiletal", la ley no define lo que debe entenderse, además de que dicho término no ha sido desarrollado en los estándares nacionales e internacionales en materia de uso de la fuerza, sino que fue concebido por el legislador, por lo que al no acotarlo, se genera ambigüedad en relación con el mismo, lo que al final se traduce en inseguridad jurídica, tanto para los entes encargados de hacer cumplir la ley como para los destinatarios que se verán afectados por la misma.

Por otro lado, sostiene que la porción normativa "desde la planeación", contenida en el artículo 36 de la ley multicitada, propicia la distorsión en la regulación del uso de la fuerza letal, pues no es congruente con el sistema normativo contenido en la ley nacional que se impugna.

En efecto, si bien el artículo 36 controvertido tiene como finalidad la verificación de los operativos, a través de dispositivos tecnológicos aptos para el registro audiovisual en el desarrollo de esos eventos, para que, posteriormente, sea accesible en investigaciones y procedimientos judiciales, lo cierto es, que da pauta para que desde el momento de la planeación de los operativos, se autorice el uso de la fuerza letal, no obstante que de conformidad con la ley nacional analizada, las autoridades antes de hacer uso de la fuerza letal, deben agotar los grados previos, como son: presencia de autoridad, persuasión o disuasión verbal, reducción física de movimientos y utilización de armas incapacitantes menos letales.

c) Los artículos 27, primer párrafo, y 28 de la ley general controvertida, vulneran los derechos humanos de libertad de expresión y de reunión, así como el principio de legalidad, al establecer la posibilidad de que la autoridad pueda hacer uso de los distintos niveles de la fuerza pública, incluso, la utilización de armas de fuego o de fuerza letal cuando a su juicio las manifestaciones se tornen violentas, lo cual es contrario a lo resuelto por este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014, y 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, en las que sostuvo, entre otras cosas, que no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho de reunión "sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a actos delictivos se deberá considerar que la congregación humana ya no es pacífica ni lícita (el mensaje a veces tiene como contenido referencia a actividades ilícitas)."

Asimismo, refiere que en dichos precedentes también se determinó que lo que hace ilícita y no pacífica una concentración de personas "es la concurrencia real de actos delictivos, la existencia o la inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio. Los actos esporádicos de violencia u otros actos punibles cometidos por otros individuos no deben privar a las personas pacíficas de su derecho a la libertad de reunión". En ese sentido, sostiene que la actuación policial debe tener como objetivo principal la facilitación y no la contención o la confrontación de los manifestantes.

Por tanto, considera que los artículos 27, primer párrafo, y 28 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza son inconstitucionales, pues facultan a las instituciones de seguridad pública para que mientras tiene verificativo una manifestación, califiquen si ésta es o no violenta y si así lo consideran, dentro del propio operativo podrán hacer uso de armas de fuego; no obstante que la ley no define claramente en qué circunstancias los funcionarios encargados están autorizados a recurrir a fuerza letal, lo cual pone en riesgo la vida e integridad de las y los manifestantes.

d) Por último, en relación con los efectos que pudiera tener la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas impugnadas, solicita que también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas.

4. Artículos señalados como violados. El promovente señaló como violados los artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16 y cuarto transitorio, fracción III, numerales 1, 3, 4, 6 y 9 de la reforma de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Registro y turno. Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 64/2019, y el asunto se turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora (ibídem, foja 94).

6. Admisión. En auto de uno de julio siguiente, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus informes (ibídem, fojas 95 y 96).

7. Informe de la Cámara de Senadores. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, rindió informe mediante escrito, recibido el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 108 a 192), en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la demanda de acción de inconstitucionalidad debe contener los nombres y firmas de los promoventes.

Al respecto, sostiene que de la demanda se advierte que quien promueve es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que si de conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y el diverso 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, él es quien representa al citado organismo; en el caso de que este Alto Tribunal advirtiera que no aparece su firma, deberá concluir que quien promueve no se encuentra legitimado para hacerlo y, en consecuencia sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad.

b) El decreto por el que se expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, es acorde al Texto Constitucional, toda vez que el acto legislativo por el que se llevó a cabo la emisión de dicho decreto, se ajustó al procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales, velando en todo momento por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a que se refiere el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo cual se corrobora con el siguiente cuadro:

Ver cuadro

c) Respecto del primer concepto de invalidez, sostuvo que el legislador sí atendió las previsiones establecidas en el artículo cuarto transitorio, fracción III, del decreto de reformas en materia de Guardia Nacional, pues al expedir la ley impugnada definió los elementos establecidos en el artículo transitorio referido, como a continuación se muestra:

• En cuanto a la finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública, plantea que de una interpretación sistemática de los artículos 1 y 4, fracción I, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se advierte que el principal objetivo de la regulación del uso de la fuerza, es para que los miembros de las instituciones de seguridad pública del Estado, así como las Fuerzas Armadas cuando actúen en tareas de seguridad pública, protejan la vida, a través de la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales sobre otra persona, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables.

• Por lo que hace a la sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, señala que en sus artículos 4, 5 y 8 de la ley impugnada se contemplan los principios de proporcionalidad y racionalidad del uso de la fuerza; además de que se establece que el uso de la fuerza debe ejercerse en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos; así como que, se debe apegar a los principios establecidos por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza, esto es, deberá ser evaluado por el personal en relación a la gravedad del delito y al objetivo que se persiga salvaguardar.

• En cuanto al principio de absoluta necesidad, se establece para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz públicos, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor.

• El principio de legalidad, se contempla en la legislación impugnada para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

• En lo que respecta al principio de prevención, se establece que su función es para que los operativos sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar.

• El principio de proporcionalidad se prevé para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

• El principio de rendición de cuentas y vigilancia, se prevé con el fin de que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta ley.

• En cuanto a la previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales, se establece que su finalidad es para que los agentes que con motivo de su empleo, cargo, o comisión hacen uso de la fuerza, cuenten con la formación, educación, capacitación en medios, métodos, tácticas del uso de la fuerza, con base en una doctrina policial fundada en la disciplina y respeto de los derechos humanos.

• Se prevé una distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y letales, establece que el uso de armamento, y se señala que dichos instrumentos deben ser objeto de normas específicas, por lo que es importante dotar de facultades al personal de las instituciones de seguridad, encargados de hacer guardar el orden y cumplir las leyes, en cuanto a la asignación de armamento de sus elementos. Además, que contrario a lo que sostiene la accionante, en los artículos 6 y 11 de la ley controvertida, se regula lo concerniente al empleo de las armas letales y menos letales.

• Se considera que las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo, son requisitos indispensables para la elaboración de los informes que deberán estar a cargo de los miembros de las instituciones de seguridad que utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones.

En ese contexto, afirma que contrario a lo planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se transgreden los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, ya que del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad; y de Estudios Legislativos del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se advierte que el desarrollo legislativo cumplió con las exigencias constitucionales, pues el ordenamiento legal en materia de uso de la fuerza se encuentra acotado en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal, en el entendido que permite que el actuar de las autoridades se encuentre limitada, ya que impide afectaciones arbitrarias a la esfera jurídica de los gobernados.

d) En relación con el segundo concepto de invalidez, apuntó que si bien es cierto que de la literalidad del artículo 6, fracción VI, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se desprende el término "fuerza epiletal", y de la cual no se encuentra expresamente definido en la norma en mención qué es lo que se entiende por ésta; ello no transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que de una interpretación conjunta de la fracción VI, del referido numeral, se colige que el término "fuerza epiletal", se refiere a aquella fuerza que permite el uso de armas menos letales, pero que pueden dañar gravemente; además, que si se parte del término "non-lethal", usado en la industria para definir un arma o dispositivo que tiene menos probabilidades de matar, se tiene que el instrumento usado es "menos letal".

Adicionalmente, señala que tanto el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, como el Manual del Uso de la Fuerza, resultan de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, pues concuerdan al menos con dos niveles de fuerza, esto es, no letal o menos letal y la fuerza letal; de los que se desprende que el objetivo de usar la fuerza epiletal es evitar la muerte del objetivo; por lo que, es dable afirmar que la supervivencia del objetivo es punto primordial del concepto; sin embargo, apunta que no se soslaya que el grado de fuerza puede provocar lesiones, las cuales deben ser localizadas en un sistema, comúnmente el respiratorio y/o muscular, y deben clasificarse como temporales, es decir, orientadas a permitir el libre movimiento del objetivo y su recuperación física en un periodo breve de tiempo.

Por tanto, expone que la fuerza "no letal" se encuentra en un orden jurídico inferior a la letal, por lo que atendiendo a ello, el prefijo "epi" es el correcto en términos de la escala del uso de la fuerza, pues la fuerza epiletal es aquella que se encuentra jerárquicamente sobre la fuerza letal, definiéndola así como "aquel nivel de fuerza que por sus características técnicas permite garantizar, con cierto grado de certidumbre técnica, la supervivencia y recuperación de su objetivo, tanto en operativos de restauración del orden como en defensa personal de los oficiales, generando daños físicos y/o toxicológicos temporales y focalizados en tanto su despliegue se apegue (segundo párrafo página 60 del PDF) a las capacidades y nivel de fuerza cinética y/o química del dispositivo empleado, siendo así la opción inmediata superior a la fuerza letal, en tanto el análisis situacional establezca la proporcionalidad y racionalidad de fuerza correspondiente al evento con un mínimo del daño no deseado o impacto permanente en el ambiente".

En ese contexto, considera que del artículo impugnado se advierte que de manera tácita, sí prevé qué debe entenderse por fuerza epiletal, pues basta con que del contenido de la ley se advierta la fijación de parámetros para hacer efectivo el derecho de que se trate; criterio que se sustenta en la tesis 1a./J. 83/2004, de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR."

Por otra parte, considera infundado el argumento relativo a que la porción normativa "desde la planeación" contenida en el artículo 36 de la ley impugnada es inconstitucional, al permitir que desde antes de que inicie una manifestación se autorice el uso de la fuerza letal; toda vez que, contrario a dicho planteamiento, el artículo combatido al establecer la preposición "desde la planeación" no permite el uso de la fuerza letal de manera directa, pues el mismo numeral determina que ésta se permitirá sólo en los casos que se requiera y autorice, por lo que es evidente que al no existir una agresión real, actual e inminente, la autoridad no podrá hacer uso de ella.

Aunado a lo anterior, señala que el diverso 30 del mismo ordenamiento, en sus fracciones III, IV, V y IX, determinan que dentro de la planeación de operativos siempre debe garantizarse la protección a los derechos humanos de todos los involucrados, por lo que en el uso de la fuerza debe contemplarse para su aplicación, la forma para controlar la eventual resistencia, establecer acciones para repeler, contrarrestar y neutralizar cualquier tipo de resistencia y, en caso de que el uso de la fuerza resulte inadecuado se deberá llevar a cabo el retiro de las autoridades; asimismo, se debe contemplar en el desarrollo del operativo el uso progresivo y diferenciado de la fuerza procurando generar el menor daño posible y evaluar los factores de riesgo, a fin de que el uso de la fuerza letal, no sea empleada hasta que exista una agresión real, actual.

Por tanto, estima evidente que el artículo 36 de la ley controvertida, no permite que el uso de la fuerza letal sea la que se aplique en primer plano para contrarrestar una agresión, pues primero establece que deberán agotarse todos los niveles de uso de fuerza que prevé el artículo 11 de la misma ley; aunado a que se deberán atender los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia que contempla el diverso 4.

e) Por lo que respecta al tercer concepto de invalidez, señala que los artículos 27, primer párrafo y 28 del ordenamiento controvertido, no vulneran los derechos de seguridad jurídica, libertad de expresión, libertad de reunión y el principio de legalidad, toda vez que dichos numerales establecen los elementos que el artículo 4 transitorio, fracción III, estableció que debían tener dichos numerales.

En efecto, en lo que atañe al artículo 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, señala que al establecer que "Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito" (tercer párrafo, página 81), lo único que hace es reiterar supuestos que, bajo los estándares constitucionales, ya se preveían. Es decir, la existencia o no de dicha norma, en nada modifica el orden jurídico vigente.

Por otro lado, señala que si bien el artículo 28 del mismo ordenamiento prevé que: "Cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en esta ley", ello no faculta a las instituciones de seguridad pública para que de manera arbitraria puedan calificar si las manifestaciones se encuentran o no apegadas a las exigencias constitucionales (pacíficas y con objeto lícito), y en caso contrario puedan hacer uso de las armas de fuego; toda vez que si bien le corresponde al Estado proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de los gobernados, específicamente respecto a los derechos de libre expresión y de reunión, también es una obligación garantizar y salvaguardar al público; de ahí que el ordenamiento constitucional puede conceder con antelación razonable, determinados requisitos para poder llevar a cabo el derecho que se pretende ejercer, a fin de conocer su alcance y determinar su procedencia y tomar las medidas de seguridad precisas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en su conjunto.

Además, que no se puede soslayar que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado para que existan la intervención de las autoridades, cuando las manifestaciones se tornen violentas, y que debe existir una evaluación de la situación con el propósito de determinar el uso de fuerza que será utilizada; por tanto, es dable concluir que las autoridades no pueden prohibir ni tienen la facultad de restringir la libertad de asociación o reunión, cuando se lleve a cabo de conformidad con el ordenamiento constitucional.

Adicionalmente, expone que dichos artículos no transgreden los derechos en comento, en tanto que la misma ley en diversos preceptos contempla los elementos que el artículo 4 transitorio, fracción III, de la reforma multicitada estableció que debía contemplar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, tal como se desprende a continuación:

• El artículo 1 de dicho ordenamiento establece como finalidad de la ley, regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública.

• Mientras que los diversos 4 y 5 prevén que el uso de la fuerza se llevará a cabo con pleno respecto a los derechos humanos, así como a los principios que lo rigen; por su parte, el numeral 6 establece la graduación del impacto que tendrá el uso de la fuerza en las personas.

• En tanto que el diverso precepto normativo 7 contempla los supuestos que serán considerados como amenazas letales inminentes.

• Por lo que hace al diverso 9 p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30501-3db8529c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.