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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS DENUNCIADA ANTE UN PLENO DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CRITERIO DE UNO DE LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES HA SIDO SUPERADO POR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ANTERIOR A LA DENUNCIA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. · Registro digital (IUS): 30486
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Pág. 2717.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GRISELDA GUADALUPE GUZMÁN LÓPEZ (PRESIDENTA), HÉCTOR LANDA RAZO, JESÚS ALBERTO ÁVILA GARAVITO (EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR), CECILIA PEÑA COVARRUBIAS, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ Y ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la contradicción de tesis 2/2021.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. El Magistrado Héctor Pérez Pérez, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito remitió vía correo electrónico al Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el oficio 4/2020, de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual denunció una posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar los amparos directos 166/2020 y 117/2020, respectivamente.

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. La presidenta del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, y la registró con el número 2/2021; estimó innecesario solicitar copias de las ejecutorias que motivaron los criterios contendientes, toda vez que dichas sentencias constituyen un hecho notorio para este Pleno de Circuito, al estar publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran si los criterios se encontraban vigentes o, en caso de que se tuvieran por superados o abandonados, señalaran las razones que sustentaran las consideraciones respectivas, y remitieran la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio; lo anterior, para estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente.

TERCERO.—Turno del asunto. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se turnaron los autos a la ponencia a cargo del Magistrado Héctor Landa Razo, para la elaboración del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis planteada, en términos del artículo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, por lo que el trámite del presente asunto se rige por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque deberán dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas por dos Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, correspondientes a este Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado Héctor Pérez Pérez, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, en su texto anterior a la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios contendientes. La posible contradicción de criterios versa sobre la postura del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 166/2020, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el amparo directo 117/2020.

Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (amparo directo 166/2020):

• Un trabajador demandó, a quien resultara ser la propietaria de la fuente de trabajo donde laboraba, el pago de la indemnización constitucional por despido injustificado, salarios vencidos hasta la total solución del conflicto, la prima de antigüedad, entre otras prestaciones.

• Conoció de la demanda la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, quien por auto de cuatro de julio de dos mil doce, la admitió, y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, misma que se celebró el veintinueve de agosto de dos mil doce, ante la presencia de la parte actora y la ausencia de la demandada, no obstante encontrarse emplazada.

• Aperturada la audiencia y en la etapa correspondiente a la conciliación, se tuvo por inconforme a la demandada con cualquier arreglo, dada su inasistencia y falta de interés; enseguida se procedió a la apertura de la fase de demanda y excepciones, en la que se tuvo a la actora ratificando su demanda inicial y sus aclaraciones, asimismo, por contestada la demanda en sentido afirmativo a la parte demandada. Luego, se procedió a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que se tuvo a la actora ofreciendo los medios de convicción que propuso, y se declaró por perdido el derecho de la demandada; asimismo, la Junta ordenó llevar a cabo las gestiones pertinentes para identificar a la fuente de trabajo demandada.

• Hecho lo anterior y seguida la secuela procedimental, se acordó que las partes habían sido omisas en formular alegatos, y se procedió a poner el asunto a la vista del presidente auxiliar de la Junta, con la finalidad de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

• El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se dictó el laudo combatido, en el que se condenó respecto de la acción principal y se absolvió de prestaciones accesorias.

• En contra de dicha determinación, la parte patronal promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, lo registró con el número 166/2020, y fue resuelto el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, donde se negó el amparo solicitado; con base en las consideraciones siguientes:

"Al respecto, es infundado el concepto de violación en donde se aduce que el laudo reclamado carece de las firmas autógrafas de los integrantes de la Junta responsable, sus nombres y cargos, pues contrariamente a lo manifestado, dicho fallo sí se encuentra suscrito, además de asentarse el nombre y cargo de quienes lo signan.

"...

"Es inoperante el diverso motivo de disenso relativo al acuerdo de radicación de cuatro de julio de dos mil doce, toda vez que del contenido del concepto de violación de que se trata, la parte quejosa no precisa la forma en que trascendió en su perjuicio al resultado del fallo, la invalidez que invoca de la actuación a la que hace alusión; aspecto que era menester plasmarlo en sus conceptos de violación para que este Tribunal Colegiado estuviera en posibilidad de abordar su estudio, en términos de lo que dispone la última parte del primer párrafo del artículo 174 de la Ley de Amparo.

"Para poner de relieve lo inoperante de los motivos de inconformidad reseñados, se estima pertinente tener presente el contenido del artículo 174 de la Ley de Amparo, que establece, para la impugnación de las violaciones procesales, lo siguiente: ‘Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El Tribunal Colegiado de Circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.’. Del precepto transcrito se desprende que la parte quejosa debe hacer valer en su demanda de amparo principal o adhesiva todas las violaciones procesales que estime se cometieron en el procedimiento, dado que, en caso contrario, las mismas se tendrán por consentidas, y que al hacerlas valer deberá precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

"Asimismo, señala que el Tribunal Colegiado que conozca de la demanda de amparo deberá resolver respecto de todas las violaciones que se hagan valer y de aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Por último, precisa que no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior, las violaciones procesales que no se plantearon en un primer amparo ni se analizaron oficiosamente por el Tribunal Colegiado. De lo anterior, se colige que, por regla general, debe ser la parte quejosa quien precise la forma en que las violaciones procesales trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo para que proceda el estudio del concepto de violación, salvo en aquellos casos en que proceda la suplencia de la queja, en los que advertida la violación cometida, el Tribunal Colegiado deberá hacer el estudio relativo si considera que trascendió al resultado del fallo. Como se puede observar, la intención del legislador fue imponer a los Tribunales Colegiados de Circuito la obligación de examinar todas las violaciones procesales que se hagan valer y de suplir la queja deficiente sólo en los casos en los que la misma proceda, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. Ahora bien, si se toma en cuenta que el artículo 174 de la Ley de Amparo vigente, se concreta a regular el estudio de las violaciones procesales, resulta razonable que establezca aquellos requisitos con los que deben cumplir los conceptos de violación relativos para que sea procedente el estudio de las mismas. Así, el propio inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional, establece que en el amparo directo sólo se estudiarán las violaciones procesales ‘que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo’, y se parte de la base de que la suplencia de la queja sólo procede en los casos previstos expresamente en la propia Ley de Amparo, supuesto en el cual el Tribunal Colegiado, advertida la violación procesal y la forma en que trascendió al resultado del fallo, deberá examinarla. Por tanto, resulta por demás razonable que la ley exija que la parte quejosa precise las violaciones procesales para proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos que puedan ser necesarios para proceder a su estudio, incluyendo la precisión de por qué trascendieron al resultado del fallo. Atendiendo a lo anterior, se estima que el numeral 174 de la vigente Ley de Amparo, debe ser interpretado en el sentido de que es carga procesal de la parte quejosa precisar en sus conceptos de violación, por qué la violación procesal trascendió al sentido del fallo, para que sea procedente el estudio que aduce, en el entendido de que excepcionalmente podrá omitirse el cumplimiento de tal requisito cuando proceda la suplencia de la queja en los términos del artículo 79 de dicha Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se tiene que en el particular, la parte quejosa, en sus conceptos de violación, se limita a aseverar que la actuación de cuatro de julio de dos mil doce, consistente en el auto admisorio, carece de validez y, que por ende, debe declararse nula, porque no contiene todas las firmas de los integrantes de la Junta.

"Manifestaciones que de ninguna forma precisan la forma en que trascendieron tales violaciones procesales reclamadas en su perjuicio al resultado del fallo.

"Por lo que la omisión en precisar la trascendencia al fallo de la violación a la que alude impide atender la inconformidad planteada en el motivo de disenso en cuestión y, en ese tenor, resulta inoperante el mismo. Es aplicable de manera obligatoria, la jurisprudencia 2a./J. 126/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA.’. No pasa desapercibido que en los conceptos de violación la quejosa señala diversos criterios jurisprudenciales de otros órganos jurisdiccionales, sin embargo, dichos criterios no obligan a este Tribunal Colegiado, ya que son sostenidos por órganos de la misma jerarquía distintos a este órgano colegiado; además, existe el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado en el párrafo precedente, que está por encima de la tesis de referencia y cuya aplicación es obligatoria, en términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, no se desconoce que la Segunda Sala del Alto Tribunal publicó, en febrero de este año, la jurisprudencia 2a./J. 68/2020 (10a.), de rubro y texto siguientes:

"‘REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. ANTE LA FALTA DE FIRMA DEL PRESIDENTE O DEL AUXILIAR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE INTERVINIERON EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO Y ORDENAR AQUÉLLA PARA SUBSANAR ESA IRREGULARIDAD, INCLUYENDO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES.

"‘Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, pues mientras uno sostuvo que ante la falta de firma del presidente o del auxiliar de una Junta de Conciliación y Arbitraje, así como del secretario de Acuerdos que intervinieron en alguna de las etapas de la audiencia trifásica debía reponerse el procedimiento y dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la audiencia de demanda y excepciones, pruebas y resolución, para ordenar nuevamente el desahogo de la misma y hecho lo anterior, se siguiera el cauce legal que correspondiera, el otro aseveró que en la reposición del procedimiento se debían subsanar solamente las formalidades omitidas, pero dejando intocado el proceso sustanciado en todo aquello donde no hubo pronunciamiento sobre violaciones de derechos.

"‘Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ante la falta de firma del presidente o del auxiliar, así como del secretario de Acuerdos que intervinieron en alguna de las etapas de la audiencia trifásica, la responsable debe dejar insubsistente el laudo reclamado y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la fase de la audiencia trifásica en la que se cometió la violación, incluidas las subsecuentes actuaciones, para que posteriormente se continúe el cauce legal que corresponda.

"‘Justificación: Ello en atención a que ante la falta de firma necesaria para la validez de esa determinación, no podrán constatarse en términos precisos la litis sometida a consideración de la responsable, ni las pruebas que se desahogaron como producto de tal ilicitud, como tampoco es factible pronunciarse sobre posibles vulneraciones a derechos, que derivan de omisiones o ilegalidades en la apreciación de los escritos y las posturas asumidas por las partes, pues de otra forma se convalidaría un acto viciado de origen. Ante ello, se estaría soslayando la incorrecta integración y desahogo que la ley aplicable dispone para la fijación de la litis; esto es, como dicha violación implica que aquella diligencia sea inexistente y no produzca efectos jurídicos, por haberse practicado en forma distinta a la prevista en la ley, la concesión del amparo debe ser en los términos apuntados.’

"De lo anterior se desprende que la Segunda Sala emitió una directriz obligatoria respecto del análisis tratándose de la falta de firma del presidente, auxiliar o el secretario de la Junta en cualquiera de las etapas de la audiencia trifásica, ordenando la reposición del procedimiento cuando se advierta la ausencia de la signatura de algunos de los integrantes antes señalados. Criterio, que si bien no se desconoce su carácter obligatorio para casos similares, en el presente asunto al versar sobre una temática distinta y referirse a contextos, así como normas diferentes, no resulta aplicable. De la revisión del engrose del cual derivó la jurisprudencia en cuestión, se advierte que los criterios contendientes (de amparo 1001/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y los amparos directos 839/2012, 797/2012 y 575/2011 del entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito) fueron resueltos en su mayoría (con excepción del amparo directo 1001/2017) a la luz de la Ley de Amparo anterior, la cual, en su redacción, no preveía el requisito de señalar la trascendencia del fallo respecto de las violaciones procesales. Es decir, a diferencia de los asuntos estudiados por nuestro Máximo Tribunal, en el presente atendiendo a la norma vigente, es decir, el artículo 174 de la Ley de Amparo vigente a partir de dos mil trece, resulta necesario que en amparo directo, cuando se aleguen violaciones procesales, la parte quejosa señale la trascendencia o afectación en el resultado del fallo; sobre todo, como en el caso, en el cual quien solicita la protección constitucional es la parte patronal, a quien no le es aplicable la suplencia de la queja. Robustece que no es aplicable el criterio referido, que tanto el rubro y como el texto de la jurisprudencia 2a./J. 68/2020 (10a.), son claros en determinar la reposición del procedimiento sólo cuando falte la firma de determinados integrantes y en ciertas audiencias, siendo que, en el caso, la parte quejosa alude a la ausencia de dichas rúbricas en el auto de admisión, actuación que no se encuentra contemplada en el multicitado criterio y, por ende, no resulta aplicable. En ese orden de ideas, como se señaló, resulta inoperante el concepto de violación de la parte quejosa y, en consecuencia, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (amparo directo 117/2020):

• Un trabajador demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de diversas prestaciones.

• Conoció de la demanda la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que lo registró con el número 2860/2018.

• Seguidas sus etapas procesales, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se dictó laudo definitivo.

• En contra de dicha determinación, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el trabajador, promovieron juicio de amparo directo principal y adhesivo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lo registró con el número 117/2020, se resolvió el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, y se concedió el amparo tanto principal como adhesivo, en los términos siguientes:

"En la especie, no es dable realizar el análisis de las consideraciones en que se apoya el laudo reclamado ni de los conceptos de violación que se expresan tanto en el amparo principal, como en el adhesivo, en razón de que se faltó a las leyes reguladoras del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción XI, de la Ley de Amparo, en la medida que el acta relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, de doce de abril de dos mil diecinueve, insatisface los requisitos previstos en la ley, al carecer de la firma del representante del gobierno, omisión que conlleva declarar su nulidad y la de todo lo actuado con posterioridad, incluido el laudo. Para dar cuenta de lo anterior, conviene tener presente el contenido de los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo:

"‘Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán: I. Con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos; y II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones.’

"‘Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes: I. En el Pleno se requiere la presencia del presidente de la Junta y de la mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones, respectivamente. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad; II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes: a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación. Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la fracción siguiente. c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos. d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del presidente o al del auxiliar; III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del presidente o del presidente especial y de cincuenta por ciento de los representantes de los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos de cincuenta por ciento, el presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; si tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el presidente de la Junta o el de la Junta Especial dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social para que designe a las personas que los sustituyan. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.’

"‘Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes.’

"‘Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y, III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto.’

"‘Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario el día en que las voten, en los términos del artículo 620 de esta ley.’

"En los artículos reproducidos se regula la forma de integración y actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la clasificación de los diferentes actos que emiten, así como los requisitos de forma que deben contener. Se ha dispuesto que las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje se integran, cuando no se trate de conflictos colectivos, por el presidente de la Junta y los representantes de los trabajadores y de los patrones, bastando para su funcionamiento la presencia de cuando menos uno de los representantes ya sea el capital u obrero. Que todas las actuaciones celebradas dentro del procedimiento, deberán ser firmadas por el secretario de la Junta, salvo en los casos en que sea encomendada a un diverso funcionario, así como el que las actas levantadas deberán ser firmadas por quienes intervinieron, y si alguno de los representantes patronal o de trabajo que estuvieran presentes, omitieran firmar el acta respectiva, deberá entonces entenderse que está conforme con las mismas; asimismo, se establece que las resoluciones que emita la Junta deben necesariamente estar firmadas por la totalidad de sus integrantes. Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, el presidente o el auxiliar llevarán la audiencia hasta su terminación, y si están presentes los representantes, se tomará la resolución por mayoría de votos, en caso de que no se encuentre presente ninguno de ellos, el presidente o el auxiliar dictarán las resoluciones que procedan, salvo las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón, conforme a lo dispuesto en el artículo 620, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, casos en los cuales el presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. De ello se sigue que, por regla general, las actuaciones del procedimiento deben estar signadas por los integrantes de la Junta, y que en los casos en que no se encuentren presentes los representantes de los trabajadores o del capital, tanto el presidente especial como el auxiliar se encuentran legalmente facultados para emitir los acuerdos de trámite que resulten necesarios para la prosecución del procedimiento, entre ellos, el auto que cita para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, actuaciones que obligadamente deberán ser firmadas por el presidente especial o auxiliar que las practicó, así como por el secretario de la Junta. En el caso, como se adelantó, del análisis del expediente laboral 2860/2018, concretamente del acta relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se advierte que no está firmada por el presidente especial o el auxiliar de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federación (sic) de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Jalisco (representante del gobierno), licenciado **********, tampoco por la represente patronal, licenciada **********, sólo contiene la firma del representante de los trabajadores, licenciado ********** y de la secretaria de Acuerdos, licenciada **********.

"Por consiguiente, al carecer el acta indicada de la firma del presidente especial o del auxiliar que integra la Junta, con ello se faltó a una de las formalidades legalmente establecidas para la validez de las actuaciones, lo cual denota que esa actuación carece de eficacia jurídica, invalidando así las actuaciones posteriores, en tanto que éstas surgieron de un procedimiento viciado de origen. En apoyo a lo considerado se acude, por las razones que le informan, en cuanto a la nulidad de las actuaciones que carecen de la firma de las autoridades que lo emiten, a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 518 del Tomo XXXIII, abril de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro digital: 162347, que dice:

"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un Tribunal de trabajo o, del secretario de Acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e inde

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30486-81a6ecb1/contradiccion-de-tesis-denunciada-ante-un-pleno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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