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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA OTORGADO EN ESCRITURA PÚBLICA, NO DESVIRTUADO CON PRUEBA EN CONTRARIO EN CUANTO A SU VALIDEZ EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, SÍ ES APTO PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, SIN QUE SEA NECESARIO QUE SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. · Registro digital (IUS): 30546
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-05-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, Pág.3967.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 28 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARISOL BARAJAS CRUZ, CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN, JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA E ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ. SECRETARIA: KERAMÍN CARO HERRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los artículos 1o., 3o., 4o. y 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece:

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ... III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

De conformidad con el anterior precepto, las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226 de la Ley de Amparo, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

Luego, si en el caso la denuncia de contradicción la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que es uno de los tribunales contendientes en este asunto, es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO.—Reseña de los criterios contendientes. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para lo cual es necesario tener presentes los antecedentes y razonamientos esenciales relativos.

1) Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo 459/2020.

• Antecedentes

I. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, ********** promovió juicio ordinario civil que se radicó bajo el número 1800/2017, contra ********** y **********, el primero reclamó como prestación principal la prescripción positiva de buena fe, respecto del bien inmueble ubicado en **********, de Orizaba, Veracruz, y como consecuencia, la declaración por sentencia judicial que lo acredite como legítimo propietario del citado inmueble; y del segundo, la cancelación de la inscripción número **********, de la sección **********, de fecha dieciséis de febrero de dos mil seis, y la correspondiente inscripción en el propio Registro Público, de la sentencia ejecutoriada que declare procedente dicha acción de prescripción, para que sirva de título de propiedad al accionante.

II. Los demandados dieron contestación a la demanda y opusieron las excepciones y defensas que a sus derechos convino.

III. Una vez concluidas las fases procesales respectivas, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que declaró improcedente la acción intentada.

IV. Inconforme con el fallo anterior, el actor interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, confirmó el fallo apelado.

V. Contra tal determinación, el actor ********** promovió juicio de amparo directo, que se radicó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con el número 459/2020, cuya sentencia es una de las contendientes en la presente contradicción.

VI. En dicha sentencia se acogió como fundados los conceptos de violación relativos a que la Sala responsable aplicó de manera equivocada el supuesto previsto en el artículo 1184 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su fracción I, consistente en que la posesión necesaria para prescribir es la que se ejerce en concepto de propietario, por lo que, contrario a lo sostenido por dicha autoridad, con la escritura pública aportada por el actor (quejoso), sí acreditaba la causa generadora de su posesión, sin que para ello resultara necesario que dicho documento se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad; conclusión que apoyó en las consideraciones medulares siguientes:

1. Que de los artículos 1184, 1185 y 1189 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se desprendía que la posesión necesaria para prescribir, debe ser en concepto de propietario, con justo título, con buena fe, pacífica, continua y públicamente; además, que tal acción se debe ejercer contra la persona que aparezca como propietario del bien en el Registro Público.

2. Que adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el justo título es un acto traslativo de dominio "imperfecto", que quien pretende usucapir el bien a su favor cree fundadamente bastante (sic) para transferirle el dominio, lo que implica que esa creencia debe ser seria y descansar en un error que, en concepto del juzgador, sea fundado, al tratarse de uno que "en cualquier persona" pueda provocar una creencia respecto de la validez del título; como así se constataba de la jurisprudencia 1a./J. 82/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, página 200, materia civil, con número de registro digital: 2008083, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO EXIJA QUE EL JUSTO TÍTULO O ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO QUE CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE FECHA CIERTA, LA CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2008)."

3. Que en ese orden de ideas, el quejoso sí acreditaba la causa generadora de su posesión, esto es, su justo título, con base en la escritura pública otorgada por el titular de la Notaría Pública número ********** de la Décimo Quinta Demarcación Notarial, con sede en Orizaba, de la que se desprendía que el veintisiete de diciembre de dos mil dos, **********, en su carácter de apoderado de ********** y ********** le vendieron el inmueble que pretende prescribir, sin que para ello resultara necesario que dicho documento se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad, dado que la acción de prescripción positiva se podía ejercer con base en un acto jurídico imperfecto, siempre y cuando éste generara convicción bastante de que efectivamente se transfirió el dominio del bien, lo que se consideró así acontecía en el caso.

4. Que además, de exigirse que la escritura pública aludida se encontrara inscrita, ello implicaría hacer nugatorio el derecho del actor para demandar la acción de prescripción positiva, en términos del numeral 1189 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues ésta se debe ejercer contra la persona que aparezca como propietario del bien inmueble en el Registro Público de la Propiedad.

Y en ese tenor, se otorgó el amparo impetrado, para efectos de que la autoridad responsable: "1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y 2) En su lugar emita otra en la que prescinda de las consideraciones que había tenido en cuenta para establecer que el actor no acreditó la causa generadora de su posesión; enseguida, con plenitud de jurisdicción, valore de forma conjunta todo el material probatorio que obra en el sumario y dé respuesta a todos los agravios expuestos, resolviendo lo que en derecho corresponda."

2) Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo 660/2018.

• Antecedentes

I. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz, ********* promovió juicio ordinario civil que se radicó bajo el número 408/2017, en contra de **********, ********** y **********, de quienes reclamó como prestación principal la acción reivindicatoria.

II. La demandada ********** dio respuesta a la citada demanda y opuso las excepciones que estimó pertinentes. En el mismo escrito de contestación, reconvino de **********, la prescripción positiva respecto del inmueble controvertido.

III. Agotadas las fases procesales respectivas, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que consideró acreditada la acción principal reivindicatoria; y en reconvención, absolvió a la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas.

IV. Inconforme con el fallo anterior, la demandada en lo principal y actora en reconvención ********** interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que lo radicó con el número 1012/2018, y mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, confirmó el fallo apelado.

V. Contra tal determinación, la citada ********** promovió juicio de amparo directo, que se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con el número 660/2018, cuya sentencia es una de las contendientes en la presente contradicción.

VI. En dicha ejecutoria federal el Tribunal Colegiado resolvió por mayoría de votos negar el amparo solicitado, y, sobre el tema que se analiza, se calificaron de infundados los conceptos de violación hechos valer; determinación que se apoyó en las consideraciones torales siguientes:

a) Que el contrato de compraventa otorgado en escritura pública, no inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no resulta oponible como causa generadora de la posesión para acreditar la prescripción positiva de un inmueble contra quien aparece como su titular registral, si éste no intervino en la celebración del acto.

b) Que en esa medida, cuando el actor en un juicio de prescripción positiva exhibe un contrato de compraventa celebrado con un tercero y no por quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad, otorgado en escritura pública, el cual debió inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, éste no es apto para tener por acreditada la causa generadora de la posesión.

c) Que lo anterior es así, en principio, porque ante la falta de inscripción, no resulta oponible contra el titular registral que no participó en la celebración del acto jurídico, pues conforme a los artículos 2935, fracción I, 2936 y 2944, fracción I, en el Registro Público de la Propiedad deben inscribirse los documentos públicos que contengan los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, o la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; y la sanción de que el sujeto legitimado no lo haga es que los actos jurídicos que contengan sólo surtirán efectos entre quienes los otorgaron, mas no podrán producir perjuicios contra terceros ajenos a su celebración.

d) Que además, tampoco es apto para acreditar la causa generadora de la posesión, porque al haberse otorgado con las formalidades de ley (en escritura pública) se trata de un título perfecto, el cual transmite el dominio de forma plena y desde su celebración es susceptible de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad; de ahí que, el derecho de propiedad que pudiera tener quien pretendió usucapir en relación a un inmueble inscrito a favor de un tercero deberá dilucidarse a través de diversa vía, pero no mediante la acción de prescripción positiva, pues uno de los efectos de ésta es la obtención de un título inscribible en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, amén de que su objeto no es subsanar la falta de observancia de las disposiciones registrales, en perjuicio de un tercero que sí actúo con la debida diligencia al haber inscrito su derecho de propiedad.

De esta ejecutoria derivó la tesis aislada VII.2o.C.195 C (10a.), de rubro: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA OTORGADO EN ESCRITURA PÚBLICA Y NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, NO ES OPONIBLE AL TERCERO QUE APARECE COMO TITULAR REGISTRAL NI ES APTO PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN DE AQUELLA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo IV, agosto de 2019, página 4609, registro digital: 2020418.

CUARTO.—Requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis. Corresponde ahora establecer cuáles son los requisitos necesarios para estimar si existe contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Respecto de la procedencia de las contradicciones de tesis, es importante señalar que la intervención de los Plenos de Circuito, se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.

En este sentido, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún punto de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean necesariamente contradictorias en términos lógicos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164120, publicada en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

Derivado de lo así expuesto, es dable sostener que si lo que se busca con las contradicciones de tesis es unificar criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de una práctica interpretativa, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.

c) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorios, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 122, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 165077, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."

Bajo ese orden de ideas, se procede a analizar si en el caso se cumplen las anotadas condiciones para que sea procedente la contradicción de tesis de que se trata.

QUINTO.—EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS.

De la confrontación de las consideraciones expuestas en las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, y siguiendo las pautas previamente reseñadas para establecer la existencia de contradicciones de tesis, se llega a la conclusión de que en la especie se dan los requisitos de existencia de una contradicción, por las razones que a continuación se expondrán.

Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver la cuestión litigiosa presentada, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a la decisión que finalmente adoptaron, como lo fueron los artículos 1184, 1185 y 1189 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por tales Tribunales Colegiados de Circuito, las cuales se detallaron en el considerando tercero de la presente resolución.

Segundo requisito. Punto de toque. Este requisito también queda cumplido, pues los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si el contrato de compraventa otorgado en escritura pública no inscrito en el Registro Público de la Propiedad es o no apto para acreditar la causa generadora de la posesión, es decir, el justo título de la acción de prescripción positiva; concluyendo un Colegiado que sí y otro que no.

Tercer requisito. Criterios contradictorios. Según lo expuesto, se considera que la problemática a resolver en el presente asunto consiste en determinar si el contrato de compraventa otorgado en escritura pública no inscrito en el Registro Público de la Propiedad es apto para acreditar la causa generadora de la posesión de la acción de prescripción positiva; o si, por el contrario, al no encontrarse inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no es apto para tener por acreditada la causa generadora de la posesión.

Luego, debe concluirse, que de la confrontación de las consideraciones expuestas en las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y siguiendo las pautas previamente reseñadas para establecer la existencia de contradicciones de tesis, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de tesis, en razón de que respecto a una misma cuestión jurídica llegaron a resultados diferentes.

SEXTO.—Debe prevalecer, como jurisprudencia, el criterio que este Tribunal Pleno (sic) sustenta.

En principio, conviene precisar que la figura jurídica de prescripción adquisitiva, es un medio de adquirir el derecho real de propiedad respecto de una cosa, mediante la posesión pacífica, continua, pública y en concepto de dueño por el tiempo que establezca la disposición legal aplicable.

Ahora bien, el derecho de propiedad implica un poder jurídico directo sobre la cosa para aprovecharla totalmente. Es el derecho real que otorga la mayor potestad jurídica en relación con un bien. Asimismo, cabe señalar que se ha considerado que el abandono de un bien, por parte del propietario, por un periodo prolongado de tiempo, en nada beneficia a la colectividad; en esa medida, el derecho ha optado por reconocer en esos casos, el carácter de propietario a aquellas personas que sí ejerzan los derechos inherentes al derecho de propiedad sobre los bienes que han sido abandonados por sus dueños, sujeto al cumplimiento de diversos requisitos.

Así, para que la usucapión proceda, es indispensable que la posesión tenga ciertas cualidades, es decir, que reúna los requisitos siguientes, atento a lo establecido en el artículo 1184 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

• Que sea "en concepto de dueño o propietario";

• Pacífica;

• Continua; y,

• Pública.

Por su parte, los numerales 862, 1168, 1185, 1189 y 1190 del propio código sustantivo, disponen que:

"Artículo 862. Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción."

"Artículo 1168. Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley."

"Artículo 1185. Los bienes inmuebles se prescriben:—I. En diez años, cuando se poseen en concepto de propietario, con justo título, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;—II. En diez años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;—III. En veinte años, cuando se poseen de mala fe si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y públicamente."

"Artículo 1189. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad."

"Artículo 1190. La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción positiva, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor."

De tales preceptos legales se desprende que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de propietario, con justo título de forma pacífica, continua y pública es apta para prescribir; y que en caso de bienes inmuebles, el tiempo para que opere, es de diez años cuando se es poseedor de buena fe, con esas características, o bien, cuando la posesión haya sido objeto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente; y en veinte años, cuando se es poseedor de mala fe. Que dicha acción se debe ejercer contra la persona que aparezca como propietario del bien en el Registro Público; y que la sentencia ejecutoria que declare procedente la referida acción de prescripción positiva, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor.

Ahora bien, la posesión en concepto de propietario es aquella que equivale a la "posesión originaria", entendida ésta, como un estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento semejantes a los que realiza un propietario. Esto es, quien posee en concepto de dueño se conduce como el propietario de la cosa, a diferencia de la "posesión derivada".

En efecto, la posesión puede ser derivada u originaria: la primera es aquella que ejerce sobre la cosa una persona que no tiene excusa para ostentarse como dueño, porque la causa generadora de su posesión proviene del mismo dueño, de manera que la posesión se ejerce precisamente en nombre o con consentimiento del dueño; es decir, que constituye una posesión indirecta o derivada.

En tanto que, la posesión originaria es precisamente aquella que se ostenta en concepto de dueño, mismo que implica que la persona que posee la cosa se conduce como su propietario, ejecutando actos materiales de aprovechamiento semejantes a los que lleva a cabo quien detenta tal categoría, pero siempre derivado de una situación de derecho o de hecho.

Por regla general, se considera que el poseedor originario de buena fe, posee en razón de un "justo título"; mientras que el poseedor originario de mala fe carece de un título para poseer, esto es, su posesión se deriva de una situación de hecho que tiene lugar cuando se apropia del bien, ya sea porque está vacante, o cuando se adquiere por medio de la violencia, o por la comisión de algún delito, en cuyo caso, el plazo para que proceda la usucapión es mayor, y empieza a contabilizarse a partir de que cesó la violencia y/o prescribió la acción penal por el delito de que se haya tratado.

Asertos los anteriores, que encuentran sustento en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 18/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta, del Número 78, mes de junio de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital: 206602, que dice:

"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE SE ENTIENDA SATISFECHO EL REQUISITO DE LA EXISTENCIA DE LA ‘POSESIÓN EN CONCEPTO DE PROPIETARIO’ EXIGIDO POR EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS DIVERSAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA QUE CONTIENEN DISPOSICIONES IGUALES, ES NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN TÍTULO DEL QUE SE DERIVE LA POSESIÓN. De acuerdo con lo establecido por los artículos 826, 1151, fracción I, y 1152 del Código Civil para el Distrito Federal, y por las legislaciones de los Estados de la República que contienen disposiciones iguales, para usucapir un bien raíz, es necesario que la posesión del mismo se tenga en concepto de dueño o de propietario. Este requisito exige no sólo la exteriorización del dominio sobre el inmueble mediante la ejecución de actos que revelen su comportamiento como dueño mandando sobre él y disfrutando del mismo con exclusión de los demás, sino que también exige se acredite el origen de la posesión pues al ser el concepto de propietario o de dueño un elemento constitutivo de la acción, el actor debe probar, con fundamento en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que inició la posesión con motivo de un título apto para trasladarle el dominio, que puede constituir un hecho lícito o no, pero en todo caso debe ser bastante para que fundadamente se crea que posee en concepto de dueño o de propietario y que su posesión no es precaria o derivada. Por tanto, no basta para usucapir, la sola posesión del inmueble y el comportamiento de dueño del mismo en un momento determinado, pues ello no excluye la posibilidad que inicialmente esa posesión hubiere sido derivada."

Luego, la Primera Sala ha señalado que si bien un poseedor originario se considera de buena fe si posee en razón de un "justo título". Sin embargo, la ley no define, en forma precisa, lo que debe entenderse por tal, pues alude al "justo título" como "la causa generadora de la posesión", tratándose de poseedor de buena fe, en concepto de propietario; pese a ello, del contenido de las disposiciones relativas se puede deducir que el "justo título", se estima equivalente a un "acto jurídico", un acto traslativo de dominio que la doctrina ha denominado "imperfecto", pero "suficiente" para poseer en concepto de propietario, que genere la creencia fundada para transferir el dominio; es decir, no basta la mera creencia subjetiva del poseedor de que celebró un acto traslativo de dominio, si dicho acto no tiene bases objetivas, sino que tal creencia debe ser lo suficientemente fundada para transmitir el dominio; y en tal caso, el accionante para probar su justo título debe aportar al juicio de prescripción positiva, las pruebas necesarias que demuestren que, en efecto, objetivamente existían bases suficientes para creer fundadamente que el enajenante podía disponer del bien, lo cual prueba cierta diligencia e interés en el adquirente en conocer el origen del título que aduce tener su enajenante; así, si dicho acto traslativo de dominio fue oneroso, que se hicieron pagos a cuenta del precio pactado; en caso contrario, tendrá que probar que la transmisión del bien se le hizo en forma gratuita; y la fecha de celebración del acto jurídico traslativo de dominio, la cual deberá acreditarse en forma fehaciente, al constituir el punto de partida para el cómputo del plazo necesario para que opere la prescripción adquisitiva de buena fe.

Razones así sostenidas por la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referirse a la certeza de la fecha del acto jurídico que constituye la causa generadora de la posesión, en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 82/2014 (10a.), consultable en la página 200, Tomo I, Libro 13, diciembre de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2008083, de rubro:

"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO EXIJA QUE EL JUSTO TÍTULO O ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO QUE CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE FECHA CIERTA, LA CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2008)."

En ese orden de ideas, si el promovente de la acción de prescripción positiva, para acreditar la causa generadora de su posesión, esto es, el justo título, aporta al juicio, un contrato de compraventa otorgado en escritura pública, el cual no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, dicho documento se considera que sí es apto para demostrar lo pretendido, en razón de que, en efecto, se estima bastante para que fundadamente se crea que posee en concepto de dueño o de propietario y que su posesión no es precaria o derivada, al habérsele transferido a través de ese acto jurídico, celebrado ante

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30546-be352ab8/prescripcion-positiva-el-contrato-de-compraventa-otorgado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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