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Modo: Corpus Pro

GASTOS Y COSTAS PROCESALES. SU CONDENA O EXONERACIÓN DE PAGO EN LOS JUICIOS DONDE CONCURREN INTERESES DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES O CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS INFANTES Y DE LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. · Registro digital (IUS): 30724
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-06-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, Pág.5481.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MOISÉS DUARTE BRIZ, GUSTAVO ALMENDÁREZ GARCÍA Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: MOISÉS DUARTE BRIZ. SECRETARIO: SALVADOR ÁLVAREZ VILLANUEVA.

Guanajuato, Guanajuato. Resolución del Pleno en Materia Civil del Decimosexto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria del día cuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 2/2021.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Pleno en Materia Civil del Decimosexto Circuito, el Magistrado Roberto Suárez Muñoz, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese tribunal, al resolver el amparo directo civil 514/2021, y el diverso sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, al resolver el amparo directo civil 407/2018.

SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Civil admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis registrándola con el número 2/2021. Asimismo, requirió a los presidentes de los tribunales contendientes, enviaran a la cuenta de correo electrónico indicado, las resoluciones correspondientes de sus respectivos índices en las que sustentaron los criterios en contradicción. Se solicitó también a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes informaran a este Pleno de Circuito si el criterio sostenido, que forma parte de la contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; requirió al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil informara si ha sustentado en algún asunto criterio que pugnara con algunos de los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes en la presente contradicción.

En atención a lo anterior, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil informó que en los asuntos: amparo directo civil 484/2016, amparo directo civil 793/2018, amparo directo civil 1037/2018, amparo directo civil 360/2019 y amparo directo civil 370/2019, se habían emitido criterios relacionados con dichos temas.

TERCERO.—Turno. Una vez que los tribunales requeridos remitieron las copias de las resoluciones relativas a la denuncia de contradicción, por auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por integrado el expediente en que se actúa y ordenó el envío de los autos al Magistrado Francisco Martínez Hernández, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, designado para la elaboración del proyecto respectivo. Posteriormente, el quince de febrero de dos mil veintidós, se acordó el returno de la presente contradicción al Magistrado Moisés Duarte Briz, por ser quien sustituye como integrante del Pleno al Magistrado Francisco Martínez Hernández, ya que por los tiempos ordinarios no alcanzó a transcurrir el plazo para que el ponente presentara el proyecto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Decimosexto Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito. Máxime que, a la fecha en que se falla este expediente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha implementado los Plenos Regionales conforme al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Magistrado de un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, en el juicio de amparo directo civil 514/2021, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en lo que interesa, resolvió:

"QUINTO.—Estudio de fondo.

"En principio se aclara que el estudio de los conceptos de violación se debe realizar bajo el principio de suplencia de la queja en virtud de que el acto reclamado es susceptible de afectar el orden y desarrollo de la familia, aunado a que existe un menor de edad involucrado en este asunto, por tanto, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo.

"Aun así, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento de fondo respecto de la custodia compartida del niño **********, dado que, por un lado, en el juicio de amparo anterior (ADC 265/2020), se advirtió que constituye una determinación que favorece a su interés superior y, por otro, que el peticionario del amparo se inconformó única y exclusivamente respecto de la absolución del pago de costas decretada por la Magistrada responsable a favor de su contraria.

"Al respecto, el quejoso alega que la circunstancia de que se inmiscuyeran derechos de un menor de edad en la controversia no es razón suficiente para exonerar a la actora cuando resultó ser parte perdedora.

"Sostiene que existe transgresión al principio de igualdad, porque la absolución de costas contiene un trato diferenciado a las partes.

"Refiere que los artículos 11 y 12 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establecen que procede la condena en costas en los juicios contenciosos con independencia de la naturaleza del litigio, ya que adopta el sistema de su incumbencia o teoría del vencimiento. Considerar lo contrario implicaría contravenir el principio general de derecho que establece que ‘donde la ley no distingue no debe distinguirse.’

"Señala que se prevé un supuesto de excepción a dicha condena siempre y cuando se reúnan los dos requisitos previstos; consecuentemente, es incontrovertible que existe norma taxativa en torno al tema de costas procesales, de manera que el legislador local no otorgó arbitrio al juzgador para deducir como motivo de exoneración el análisis de la naturaleza de la litis.

"Continúa diciendo que la confirmación de la absolución de costas generadas en la primera instancia es contraria a derecho, toda vez que no existe disposición expresa en materia local, federal e internacional que determine la exoneración de costas por el hecho de que el litigio haya versado sobre derechos relativos al ámbito familiar.

"Manifiesta que en el particular, la actora original y demandada en la reconvención le asiste el carácter de parte perdidosa al haber procedido la acción reconvencional, aunado a que con su actitud provocó la contienda al hacer que acudiera a juicio a defender sus intereses.

"Indica que la jurisprudencia invocada por la responsable no es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, además de que tampoco es aplicable porque interpreta el precepto 104 del código procesal civil de Veracruz, cuyo contenido en (sic) diverso al numeral 11 del similar de Guanajuato.

"Lo anterior así planteado es ineficaz para resolver conforme a sus pretensiones.

"Ciertamente, en el Estado de Guanajuato no existe una salvedad legal similar a la contenida en la parte final del primer párrafo del artículo 104 del código procesal local de Veracruz, que dice:

"‘Artículo 104. Siempre será condenado al pago de gastos y costas que incluirán los honorarios del abogado patrono de la contraparte, el litigante que no obtuviere resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren, salvo en los juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar de menores de edad o incapaces, en cuyos casos no operará.’

"Aun así, las razones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado en relación con la improcedencia de la condena en costas en asuntos de menores de edad y familiares, son aptas y necesarias para complementar cualquier legislación procesal civil del país en cuanto a ese tema, en virtud de su relevancia constitucional, ya que la condena a pagar gastos y costas en ese tipo de casos incide en la organización y desarrollo de la familia –que son objeto de protección jurídica por mandato del primer párrafo del artículo 4o. de la Norma Fundamental–, al afectar la economía de sus integrantes y, por tanto, los recursos de los que dispone la familia.

"Y aunque la eliminación de esas consecuencias jurídicas podría incentivar la promoción irreflexiva –o poco reflexiva– de juicios de índole familiar –esto cuando el promovente del juicio no tiene que pagar servicios jurídicos ni de peritos privados por recibirlos de instituciones públicas–, ese posible efecto es menos nocivo que el de inhibirlos, pues los juicios podrían ser la solución más civilizada e imparcial de los conflictos que no han podido resolverse al interior de las familias.

"Los razonamientos fundamentales que ha sustentado la Primera Sala del Alto Tribunal acerca de la improcedencia del pago de gastos y costas están contenidos en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el amparo directo en revisión 2645/2017.

"‘20. (sic) Tal y como se sostuvo en el amparo directo en revisión 1011/2014, esta Primera Sala advierte que resulta lógico y claro que por el tipo de derechos sustantivos a que atiende la materia familiar –cuyo contenido principal son los derechos como la filiación y el estado civil de las personas– que se excluya de la retribución o reintegración de los gastos y erogaciones derivados de su litigio, en tanto en estos juicios se debaten derechos de los integrantes del núcleo familiar cuya protección es de interés primordial para el Estado, rebasando la defensa de intereses individuales y económicos.

"‘21. (sic) Cabe destacar que, en el precedente señalado, este órgano jurisdiccional analizó la constitucionalidad del artículo 55 del Código Procesal Familiar del (sic) Estado de Morelos, que establece la exclusión de condenar en costas en los juicios en materia familiar, exceptuando de ello a las acciones de quebranto de promesa matrimonial y de la declaración de estado de interdicción cuando ésta sea demandada de forma dolosa, para concluir que el mismo no resulta contrario a los derechos de acceso a la administración de justicia y de igualdad y no discriminación. Para ello se sostuvo que, por existir a favor del legislador una amplia libertad para determinar en qué supuestos son procedentes las costas, bastaba advertir que es razonable su decisión de excluir la materia familiar por el tipo de derechos involucrados.

"‘22. (sic) En esa misma lógica, debe tenerse presente no solamente la naturaleza de los derechos dirimidos, sino la circunstancia de que las cuestiones familiares requieren un pronunciamiento estatal que las partes no pueden exigir extrajudicialmente, aun en el caso de que no exista controversia.

"‘Esta dependencia hacia el Estado justifica que el legislador busque aliviar en la medida de lo posible los costos de acudir a la jurisdicción. Asimismo, la exclusión en el pago de gastos y costas encuentra buen acomodo frente al hecho de que en la materia familiar es habitual la concurrencia de estimación y desestimación parcial de las pretensiones, además de genuinas dudas de hecho o de derecho que pueden generarse en las complejas decisiones que deben adoptarse, lo que se acentúa con la intervención activa del Juez, donde ya no podría responsabilizarse del todo a las partes de su condena o absolución.

"‘23. (sic) De ahí que esta Primera Sala determina que la diferencia de trato establecida en la norma impugnada es razonable y atiende adecuadamente la finalidad perseguida por el legislador. En ese sentido, no le asiste la razón a la parte recurrente cuando afirma que el razonamiento del tribunal federal fue dogmático. Al respecto, debe decirse que el Tribunal Colegiado ofreció argumentos para aplicar un escrutinio ordinario a la disposición impugnada y justificó el tratamiento diferenciado en la prevalencia del principio inquisitorio en la materia familiar, recuperando así la intención legislativa manifestada en la exposición de motivos. Por ende, no podría decirse que su construcción careció de razones.’

"No es obstáculo para que esos razonamientos complementen la legislación procesal civil local, el hecho de que se relacionen con el ejercicio de la libertad de configuración de las Legislaturas Locales –del Estado de Veracruz, en el caso resuelto por el Alto Tribunal–, pues aunque en el Estado de Guanajuato la Legislatura no ha incluido en el código procesal local una porción normativa similar a la del artículo 104 de la legislación adjetiva civil del Estado de Veracruz, esos razonamientos, como ya se explicó, son necesarios para complementar las normas procesales del Estado de Guanajuato en materia de gastos y costas en asuntos familiares y de menores de edad, dada su relevancia constitucional por su finalidad protectora de la organización y desarrollo de la familia.

"Similar consideración se asumió al resolver los amparos directos civiles 212/2021, 791/2020 y 707/2020 del índice de este Tribunal Colegiado.

"No pasa inadvertido que el quejoso informa que la decisión asumida por la responsable respecto a la improcedencia de exonerar en costas procesales en asuntos familiares, controvierte la ejecutoria de tres de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, al resolver el amparo directo civil 407/2018.

"Sin embargo, este tribunal considera que la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2645/2017, es obligatoria en cuanto a su ratio decidendi, en virtud de que en este asunto se dilucidó lo relativo a la condena en costas en los juicios en materia familiar; esto es, porque algunas consideraciones se reflejan por su coincidencia en el caso a examen y no pueden desconocerse. Se explica:

"En principio, se exponen de manera breve algunas nociones generales del precedente judicial.

"Se precisa que es un argumento autoritativo que justifica las decisiones judiciales ‘que encuentran fundamento en decisiones precedentes del mismo tribunal o de otros tribunales’.(1) El cual busca garantizar: ‘La igualdad de tratamiento a los miembros de la sociedad y la previsibilidad de las decisiones judiciales, prescindiendo de las partes involucradas o del Juez que decide la controversia.’

"Al respecto resulta orientadora la tesis 2a. LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, materia común, página 448, Novena Época, registro digital: 189723, de título: ‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.’

"En el caso del sistema jurídico mexicano, diversos académicos han precisado que aun cuando puedan parecer similares, existe una doctrina de jurisprudencia y otra de precedente. Rodrigo Camarena señala: ‘La primera regula bajo qué condiciones los criterios contenidos en resoluciones de juicios de amparo adquieren el carácter de fuente vinculante. La segunda hace lo correspondiente respecto a sentencias de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.’(2)

"De ahí que en el caso del sistema jurisdiccional mexicano se presentara la circunstancia de que, por un lado, existieran criterios jurisprudenciales obligatorios conforme a lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que se resumen en: a) jurisprudencia por reiteración, b) jurisprudencia por contradicción, c) jurisprudencia por sustitución. Sin embargo, en la práctica jurisdiccional se presentaba el hecho de que se resolviera un asunto que no se ubicaba en alguna de estas hipótesis, a pesar de su aprobación mayoritaria el criterio no resultaba con carácter de jurisprudencia.(3)

"En atención a ello, se propuso en la reciente iniciativa de reforma constitucional realizada al Poder Judicial de la Federación, establecer la teoría del precedente como un criterio obligatorio. Así se aprobó el siguiente párrafo décimo segundo del artículo 94 constitucional: ‘Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.’(4)

"En cuanto a la naturaleza del precedente, el propio académico Camarena señala: ‘Los teóricos del derecho suelen afirmar que una sentencia no es vinculante en su totalidad, sino sólo su ratio decidendi. La ratio debe estar vinculada necesariamente con la controversia jurídica, y todo lo demás es obiter dicta, o sea, aseveraciones accesorias.’ De ahí que, en el caso del ordenamiento mexicano, tanto la Primera y Segunda Salas como el Pleno de la Suprema Corte han sostenido de manera coincidente que en caso de incongruencia entre una tesis jurisprudencial y la sentencia es esta última la que prevalece.(5) De tal forma que la vinculación del precedente se considera general mas no absoluta.

"Lo que se busca es que exista una línea o patrón interpretativo común, de manera histórica. En palabras de Neil MacCormick –citado por Camarena González– ‘los precedentes son analizados a partir de precedentes históricos (leading cases) en los que se establece un concepto fundamental y precedentes sucesivos (satellite cases) que lo aclaran, delimitan y señalan sus excepciones.’(6) En el entendido de que en el supuesto de que el precedente no sea análogo al caso que se pretende aplicar, resulta necesario modificar el criterio de manera fundada y motivada. Esto es a lo que la Primera Sala de la Corte Constitucional en la tesis aislada con registro digital: 2010619, denominó como la distinción de un precedente (distinguishing), entendido ello como ‘la técnica argumentativa que consiste en no aplicar la regla derivada de uno que en principio parece aplicable al asunto que se va a resolver, cuando el tribunal posterior identifica en el nuevo caso un elemento fáctico ausente en el precedente que hace inadecuada para el nuevo caso la solución jurídica adoptada anteriormente.’(7)

"Lo expuesto permite evidenciar que sí existen precedentes en los cuales el Tribunal Constitucional llevó a cabo la interpretación de algún derecho humano o precepto de la Constitución Federal –como es en el caso–, tanto las autoridades señaladas como responsables como este órgano colegiado deben acatar lo dispuesto en aquéllos a fin de reiterar el recto entendimiento que debe darse a la Constitución General de la República, evitar interpretaciones divergentes sobre el mismo problema constitucional y con ello dotar de una mayor seguridad a las personas respecto a la operabilidad del derecho.

"Por ende, el desacato a los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional amenaza con socavar la principal política jurisdiccional que subyace a la fijación de criterios judiciales, a saber: asegurar que las decisiones judiciales se apliquen fielmente a los principios correctos del derecho, conforme a lo resuelto por el Máximo Órgano Judicial. "Entonces, con independencia del grado de vinculación u obligatoriedad que suponen los llamados criterios aislados de la Suprema Corte de la Nación, lo cierto es que la pericia reflejada en los precedentes que emite y los valores de uniformidad garantizados por la adhesión nacional a una interpretación única sugieren que los tribunales inferiores deben seguir acatándolos. Ello, pues precisamente una de las funciones esenciales que la propia Norma Fundamental le ha encomendado a aquélla radica en liderar en la interpretación, aplicación y operabilidad de la Constitución.

"Así las cosas, ante lo ineficaz de los motivos de inconformidad analizados, procede negar la tutela federal solicitada.

"Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, al haberse reclamado en vía de consecuencia y no por vicios propios.

"SEXTO.—Por los razonamientos anteriores, se denuncia ante el Pleno en Materia Civil del Decimosexto Circuito la posible contradicción de criterios entre el que este Tribunal Colegiado sostiene en la presente ejecutoria y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, al resolver el amparo directo civil 407/2018 ..."

b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, en el juicio de amparo directo civil 407/2018, en sesión de tres de octubre de dos mil dieciocho, en lo que interesa, resolvió:

"... Por último, es fundado el concepto de violación vertido en relación con la omisión a condenar al pago de gastos y costas de la primera instancia a la parte demandada en la reconvención.

"En efecto, el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece:

"‘Artículo 11. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso.

"‘Se considera que pierde una parte cuando el Juez acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria.

"‘Si dos partes pierden recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas.

"‘Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del Juez y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos.

"‘Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio.’

"Del numeral reproducido se desprende que deberá condenarse forzosamente al pago de costas a la parte que pierda en juicio; y que se considera que pierde una parte cuando el Juez acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria.

"De lo que se sigue que en el indicado precepto se adoptó el sistema o la teoría del vencimiento, dado que para la imposición de la condena al pago de las costas no se atiende a elementos subjetivos como el dolo y la culpa, sino al hecho objetivo del sometimiento.

"Luego, si en el caso que nos ocupa, resultó procedente la acción reconvencional, no así la principal, en consecuencia, el demandado tiene la calidad de parte perdidosa.

"Sin que resultara factible la absolución con motivo de la materia, como lo resolvió la autoridad, ya que no se trata de una posibilidad que se encuentre prevista en la norma aplicable al caso, como se ha dejado expuesto.

"Ilustra sobre los tópicos anteriores la jurisprudencia 1a./J. 23/2011 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 392, Libro VII, abril de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"‘COSTAS. CONDENACIÓN FORZOSA Y POTESTAD DE EXONERAR DE SU PAGO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 11, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece que deberá condenarse al pago de costas a la parte que pierda en juicio, y prevé un supuesto de excepción como facultad del juzgador en caso de que las dos partes pierdan, consistente en exonerarlas de tal obligación. Por su parte, el artículo 12, del mismo ordenamiento prevé otra hipótesis para exonerar de la condena en costas, que se actualiza cuando la parte que pierda no haya, con su actitud, provocado el juicio y hubiera procedido en éste con ecuanimidad, sin haber alterado las cuestiones ni provocado dilación o entorpecimientos injustificados. En consecuencia, como regla general procede la condena en costas a la parte perdidosa en el proceso, y es facultad discrecional del juzgador exonerarla de dicha carga únicamente en los supuestos precisados; lo que no puede traducirse como una obligación de la autoridad de motivar el por qué no es procedente la exoneración, ya que la garantía de legalidad se vería colmada al fundar y motivar debidamente la procedencia de la condena impuesta y cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la adecuada formulación de la condena respectiva conlleva, en sí misma, que no operó la excepción para exonerar a la perdedora; lo anterior, siempre y cuando no haya solicitud de parte en el sentido de que se pronuncie respecto de alguna excepción. Entonces, la condena en sí misma y la eventual cuantificación que determine el juzgador, están sujetas a control constitucional y podrán ser combatidas –agotados los mecanismos procesales respectivos–, a través del juicio de amparo.’

"En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación precisado y ante la violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa; en cumplimiento al deber de reparar este tipo de transgresiones, que emanan de los artículos 1o. y 14 de la Constitución General de la República, se impone conceder la tutela federal solicitada en los términos y para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente.

"SEXTO.—En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, ante la violación señalada en el considerando precedente, se concede la protección.

"Para que la Sala responsable deje sin efectos la resolución constitutiva del acto reclamado y, en su lugar, pronuncie otra en la que, luego de reiterar los aspectos que resultan ajenos a la presente ejecutoria, condene al demandado en la reconvención –**********–, aquí tercero interesado, al pago de gastos y costas de la primera instancia, al resultar parte perdidosa en términos del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.

"Concesión que se hace extensiva en cuanto a los actos de ejecución del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de León, Guanajuato."

c) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto (sic) Circuito, en el juicio de amparo directo civil 484/2016, en sesión de catorce de octubre de dos mil dieciséis, en lo que interesa, resolvió:

"En otro orden de ideas, también resulta ilegal la decisión de la alzada de exonerar a las partes del pago de costas procesales, con el único argumento de no generar mayor distensión entre las partes, pues, como lo afirma la inconforme, la decisión así sustentada carece de fundamentación y motivación, pues no se aduce razón alguna por la cual no resulten aplicables las disposiciones del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y sí las del ordinal 12 de ese mismo cuerpo legal, a más de que, como aduce la quejosa, no es dable estimar que la condena a costas propicie una distención de la familia, cuando se ha disuelto la misma.

"Aquí debe destacarse que este órgano de control constitucional no se encuentra en aptitud de pronunciarse con respecto a la procedencia de la aludida compensación o la condena a costas procesales, pues, como antes se evidenció, la responsable en realidad no ha desplegado su arbitrio judicial para evaluar el cúmulo probatorio para determinar la procedencia o improcedencia de tales prestaciones; situación que impide a este órgano de control constitucional pronunciarse al respecto. En relación con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXVI, página 59 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual es del rubro y texto siguientes: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. Sólo deben tomar en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero al dictarlas, los tribunales federales no pueden sustituirse a la autoridad común, para examinar los hechos y establecer una conclusión diversa.’

"En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita una nueva resolución donde, luego de reiterar las consideraciones que no fueron alcanzadas por la protección constitucional solicitada, emita una nueva resolución, siguientes (sic) los siguientes lineamientos:

"a) Se pronuncie con respecto a la procedencia de la compensación prevista en el artículo 324 A del Código Civil del Estado, teniendo en consideración que «la» temporalidad o la autonomía económica de la quejosa no son los únicos elementos para valorar si la actora se dedicó preponderantemente al hogar; sino que debe tenerse en cuenta, al menos, el lapso por el cual se prolongó el vínculo matrimonial, de tal periodo, cuánto tiempo trabajó, qué horario tenía de labores, si trabajó para aportar al sostenimiento familiar, si se vio obligada a hacerlo por la separación del marido del hogar, que en el periodo que esa separación duró, ella fue quien se quedó a ca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30724-faa4abe8/gastos-y-costas-procesales-su-condena-o-exoneracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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