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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ESTUDIO EN PSICOLOGÍA PRACTICADO DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA EN EL PROCESO PENAL A UN MENOR DE EDAD VÍCTIMA DE DELITO, A CARGO DEL PERITO OFICIAL PUES, POR REGLA GENERAL, ES ÚNICO E IRREPETIBLE, SIN QUE ELLO LIMITE LOS DERECHOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y OPORTUNIDAD PROBATORIA DEL DEFENSOR Y DEL IMPUTADO. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. · Registro digital (IUS): 29799
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-05-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Pág. 2073.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE MARZO DE 2021. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA (PRESIDENTE), MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ, ABRAHAM CALDERÓN DÍAZ, JULIO RAMOS SALAS, RICARDO MARTÍNEZ CARBAJAL Y REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO, QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA.

7. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, pues no obstante la reforma al artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo del presente año, por virtud de la cual no subsiste la competencia de este Pleno de Circuito para conocer de criterios contradictorios entre los sustentados por Tribunales Colegiados del propio Circuito, otorgándose ahora tal facultad a los Plenos Regionales, sin embargo, en esta fecha se acordó, por unanimidad de votos, la conservación de la competencia para tramitar y resolver el presente asunto, hasta en tanto entre en vigor la legislación secundaria, de conformidad con lo establecido por el transitorio segundo de la indicada reforma constitucional; por tanto, se funda la actuación del Pleno de Circuito, con base en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre.

SEGUNDO. LEGITIMACIÓN.

8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por un Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

TERCERO. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

9. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

10. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, con el título y subtítulo (sic):(1) "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

11. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

12. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

13. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

A) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

B) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

C) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

14. Condiciones que se reflejan en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010 y 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala del Alto Tribunal, con los títulos y subtítulos (sic): "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(2) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.",(3) respectivamente.

15. En ese sentido, es conveniente precisar las consideraciones en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a la interrogante relativa a si existe o no una contradicción de criterios.

A. CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

16. El referido Tribunal Colegiado de Circuito en la parte que interesa, resolvió el amparo en revisión penal 654/2019, que confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó el juicio de amparo.

17. El acto reclamado fue la audiencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en la que el Juez de Control determinó negar el auxilio al quejoso para recabar las baterías de prueba que sirvieron de base para la elaboración del dictamen en materia de psicología practicado a la menor víctima.

18. En el juicio de amparo indirecto se decretó el sobreseimiento, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado no era de imposible reparación ni afectaba derechos sustantivos.

19. El Tribunal Colegiado de Circuito ubicó el acto reclamado en la etapa de investigación formalizada.

20. Entre otros criterios, se apoyó en la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al estudiar el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con el título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

21. Estimó que el acto reclamado es una determinación de naturaleza procesal relacionada con el descubrimiento probatorio que establece el artículo 337 del código adjetivo penal nacional.

22. Afirmó que no impide o restringe el ejercicio de alguno de los derechos fundamentales tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, sino que constituye, en todo caso, una posible violación adjetiva o procesal cometida dentro del procedimiento de origen que puede desaparecer, sin dejar huella en la esfera jurídica del inconforme, si obtiene sentencia favorable, caso en el cual no ocasionará agravio alguno a su esfera de derechos.

23. Se agregó que la eventual violación al derecho fundamental de defensa sólo podría apreciarse cuando se dicte la sentencia definitiva donde se analizaría si fue ajustada a derecho o no la valoración de los medios de prueba ofrecidos por la representación social, si ello repercutió en el sentido del fallo en perjuicio de los inconformes, lo que en ese momento no podía dilucidarse.

24. También se destacó el contenido del artículo 372, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el criterio 1a. XII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el título y subtítulo: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CIVIL. EL JUEZ DEBE DAR OPORTUNIDAD A LAS PARTES QUE LO SOLICITEN, PARA HACER COMPARECER E INTERROGAR A LOS PERITOS CON RESPECTO A LOS DICTÁMENES QUE RINDAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."

25. Al respecto se ponderó que en materia penal existe la obligación de que los Jueces permitan a la defensa del inculpado al interrogar a testigos, y aun a peritos, en las comparecencias respectivas, o cuando menos, la obligación de que en las propias comparecencias puedan formularse observaciones a las personas que como testigos expertos o peritos, aportarán al juicio opiniones relevantes para el sentido de la resolución que se emita.

26. A partir de esa premisa, se dijo que el desahogo de las diligencias de ratificación de los dictámenes periciales, es hasta el juicio oral cuando se permite a los quejosos y su defensa, interrogar a los expertos o, en su caso, formular las observaciones pertinentes en relación con su opinión técnica, por lo que incluso la defesa podrá estar igualmente apoyada de expertos en el tema que se debate. Ello, en respeto del principio de contradicción, aplicado a la prueba pericial, que forma parte de las garantías de debido proceso que deben respetarse en la materia penal, toda vez que el valor probatorio puede ser desestimado por el Tribunal de Enjuiciamiento al dictarse sentencia, siendo, en todo caso, hasta ese momento en que le cause una afectación de imposible reparación.

27. De modo que el artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe ser interpretado conforme al apartado A, fracción V; apartado B, fracción IV; y apartado C, fracción II, del numeral 20 de la Constitución Federal, que establecen el principio de igualdad, al garantizar que en el procesamiento penal, por un lado el Ministerio Público y la víctima y, por otro, el imputado y su defensa tendrán "igualdad procesal" para sostener sus respectivas hipótesis, lo cual desarrolló al enunciar sus derechos y estructurar el nuevo sistema, estableciendo, en esencia, que desde la investigación inicial contarán con el derecho de intervenir en el proceso penal, en todas sus etapas, y en el caso del imputado, de recibirle los testigos y demás datos de prueba que ofrezca.

28. En ese sentido, de la interpretación sistemática del mencionado artículo 372, con los diversos 66, párrafo segundo y 115, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sostuvo que tales preceptos otorgan, por igual, a las partes procesales, la posibilidad de intervenir en el desahogo de las audiencias para manifestar, alegar o argumentar lo que a su interés convenga, independientemente de la participación que el defensor tenga en el juicio, en resguardo de los derechos de su representado.

29. Se agregó que el artículo 8.2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos da un mayor alcance, pues establece como un derecho humano, plenamente exigible, el derecho a interrogar en el proceso a los atestes de cargo, lo que evidentemente se traduce en la posibilidad de someter a contradicción la declaración del testigo o perito con inmediación del Juez.

30. Lo mismo dijo el Tribunal Colegiado de Circuito sobre lo dispuesto en el artículo 14.3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos o peritos de cargo.

31. En consecuencia, resolvió que el derecho de defensa, se actualiza y, por ende, se pudiera afectar, hasta el debate en el juicio oral, cuando la defensa y el imputado tienen la oportunidad de cuestionar la declaración del perito.

32. Lo anterior se consideró especialmente evidente cuando la víctima del delito resulta ser un menor de edad y se pretende obtener una prueba relacionada con un dictamen psicológico lo cual podría implicar una revictimización.

33. Con apoyo en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de ese mismo año de la que deriva el principio relativo al reconocimiento de la persona humana en su niñez, particularmente los artículos 1 al 41 que enuncian los derechos para la niñez, se resaltó que en el sistema jurídico mexicano aparece el concepto "interés superior de la niñez", contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

34. Luego, se refirió a que en el caso de las víctimas como los menores o de aquellas que fueron sujetas a una agresión sexual o malos tratos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1072/2014, señaló, esencialmente, que la revictimización implicaba una amenaza contra su seguridad y con consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impedían lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida. Criterio que corresponde a la tesis 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.), con el título y subtítulo: "MENORES (SIC) DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN."

35. Por lo tanto, de permitirse que la defensa del imputado integre una prueba igual a la que ya fue recaba (sic) por el Ministerio Público (valoración psicológica de la menor víctima) vulneraría el interés superior del menor en el sentido de que las entrevistas ocasionan una revictimización.

36. Así, para evitar someter a la menor víctima a la presencia de esos sentimientos nocivos, la prueba al respecto debe ser única, misma que, como se explicó anteriormente, podrá ser controvertida hasta el debate en juicio oral y en su caso, la eventual violación al derecho fundamental de defensa sólo podrá apreciarse cuando se dicte la sentencia definitiva en el amparo directo que se promueva, donde se podrá analizar si fue ajustada a derecho o no la valoración de los medios de prueba ofrecidos por la representación social, incluido el dictamen psicológico.

B. CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

37. En sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, resolvió el recurso de revisión número 186/2017, en el que revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado.

38. El acto reclamado consistió en la resolución dictada por la Juez de Control que negó la petición de la diligencia de investigación consistente en realizar a la menor una valoración por peritos en psicología propuestos por el imputado, esto debido a que con anterioridad se había practicado una pericial por peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado.

39. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que no es un acto de imposible reparación, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

40. Contrario a lo resuelto por el a quo, precisó que el acto reclamado sí causa un daño de imposible reparación, pues al confirmar la negativa en el auxilio para la diligencia en cuestión –ocurrido en la etapa de investigación formalizada–, implica que el imputado ya no podrá prepararla en esa etapa [ante la imposibilidad de hacerlo por sus propios medios de acuerdo al caso concreto], de manera que a pesar de que nada le impida ofrecerla en la audiencia intermedia, aun de admitirse, la realidad jurídica es que ante su falta de preparación, no podrá ser desahogada en juicio.

41. Bajo esa premisa, la negativa en cuanto al auxilio para preparar la prueba, tampoco podrá hacerla valer como violación mediante el recurso previsto contra la sentencia definitiva, ni aun mediante el juicio de amparo directo que contra ella se promoviera.

42. Se explicó que de acuerdo a los lineamientos que al respecto estableció la superioridad, el quejoso, en la etapa de investigación formalizada, solicitó al Ministerio Público el auxilio para obtener una prueba pericial para examinar a la víctima, lo cual le fue negado y, ante ello, previo a la audiencia intermedia, acudió ante la autoridad judicial para hacer valer su inconformidad contra la determinación del fiscal, a lo cual el órgano jurisdiccional responsable confirmó la decisión de la representación social, lo que dio lugar a que contra esta última determinación, el disconforme promoviera juicio de amparo indirecto.

43. Bajo ese contexto, resultó claro que el acto reclamado ocurrió dentro de la etapa de investigación formalizada, esto es, antes de la audiencia intermedia; además de que ya había un pronunciamiento por la autoridad judicial en el sentido de confirmar la negativa de la recepción de una prueba a favor del imputado.

44. Por lo que al tratarse del sistema penal acusatorio y oral, caracterizado por la independencia de las etapas que lo integran, incluso, con distinto juzgador quien la lleva a cabo, ya no puede considerarse lo desahogado en una previa; por tanto, no podía estimarse en forma general que las violaciones que se cometan en una etapa no sean de imposible reparación.

45. Para efecto de poner en evidencia la imposible reparación de las violaciones alegadas en cuanto al acto concreto, consideró conveniente precisar que no toda clase de medios de prueba deben ser preparados –para juicio– en la etapa de investigación formalizada.

46. Ello, porque habrá supuestos en los que bien pueda tratarse de un testigo, una documental, incluso una pericial que el imputado esté en aptitud de obtener por sus propios medios y, ante ello, válidamente prepare sus medios de prueba y se limite a su ofrecimiento en la audiencia intermedia a fin de que el juzgador determine si resulta procedente que se desahoguen en juicio.

47. Por ejemplo, si se tratare de una documental privada en poder del imputado, o bien, una documental pública de la cual pueda obtener sin auxilio una copia certificada; también de un testimonio de cargo que pueda presentar voluntariamente, incluso, si no pudiera o si se trata de uno de cargo, puede solicitar, al ofrecer la prueba, el auxilio de la autoridad judicial a fin de que sean citados a declarar en juicio –si la prueba llegase a ser admitida–; también, si se refiere a una pericial sobre la persona del propio imputado, no tendría dificultad alguna para que su perito lo examinara, por ende, para desahogarla en la etapa de juicio, previa su admisión en la audiencia intermedia.

48. Agregó que todos esos casos, son ejemplos de medios de prueba que no requieren para su preparación u obtención el auxilio del Ministerio Público en la etapa de investigación formalizada, de manera que su negativa para ese efecto, no involucraría una imposibilidad para que el imputado las preparara por sus propios medios.

49. No obstante, estimó que habrá otros casos en los que sí se requiera dicho auxilio, pero además, que su preparación forzosamente deba tener verificativo en la etapa de investigación formalizada, porque ya no sería posible en una etapa posterior.

50. Lo anterior consideró, tiene cabida en el caso, donde se solicitó el auxilio para desahogar una pericial sobre una persona diversa al imputado (menor de edad) y la cual no puede preparar por sus propios medios.

51. No se soslayó que nada impide al imputado que ofrezca la misma pericial en la audiencia intermedia [sobre la persona de la víctima], pero se dijo, que la realidad aun en el hipotético de que le fuere admitida, no podría desahogarla en juicio, por su falta de preparación y la imposibilidad que tiene para hacerlo por sí.

52. Esto es, aun cuando nada le impida ofrecer la prueba pericial en la audiencia intermedia, lo cierto es que:

53. • Existe determinación judicial en el sentido de confirmar la negativa del auxilio del Ministerio Público para la valoración psicológica de la menor víctima.

54. • En la audiencia intermedia no puede preparar la prueba, pues la misma se ciñe al ofrecimiento y admisión de pruebas, así como a la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral.

55. • Inclusive, de admitírsele, posterior a esa etapa y antes del juicio, el imputado no podría por sus propios medios –perito– obtener la valoración de la menor víctima, por las circunstancias ya expuestas.

56. • En la etapa de juicio, no estaría en condiciones de desahogar la pericial, pues ésta se sujeta únicamente al interrogatorio y contrainterrogatorio.

57. Así las cosas, se advirtió la irreparabilidad del acto reclamado, pues se dejaría al imputado en estado de indefensión, porque el desarrollo de la pericial en juicio, se limita al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, sin que sea posible que el experto valore psicológicamente a la menor víctima; de manera que la única etapa donde podría preparar esa prueba sería en la de investigación formalizada y con auxilio del Ministerio Público; por tanto, consideró procedente el amparo indirecto.

58. Lo antes expuesto se corroboró al tenor del artículo 361 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, pues dispone que los peritos en la audiencia de juicio oral deberán ser interrogados personalmente, y su declaración no podrá sustituirse por lectura; además, que su declaración se sujetará al interrogatorio de las partes, quienes intervendrán en un orden específico y, después, el tribunal podrá interrogar a los peritos e incluso autorizar un nuevo interrogatorio.

59. Bajo ese contexto, la norma delimita el desahogo de la pericial en juicio, al respectivo interrogatorio y contrainterrogatorio, de modo acorde con el sistema, la pericial debe estar debidamente preparada en juicio, esto es, no existe la posibilidad de que en la audiencia el perito examine la cosa, el hecho o la persona, sino que ello debió necesariamente ocurrir antes; siendo, en el caso, el momento oportuno la etapa de investigación formalizada.

60. Se estimó que considerar lo contrario, implicaría una restricción al derecho de defensa del imputado al dejarlo en estado de indefensión, porque la violación alegada no puede ser reparada en otro momento procesal, al concluirse la etapa donde naturalmente debe prepararse ese medio de prueba, conforme al artículo 287 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, esto es, la etapa de investigación formalizada.

61. Además, el código procesal penal no prevé algún medio de defensa ordinario para combatir el acto reclamado; si bien se encuentran previstos en el capítulo de recursos –artículo 399– el de revocación, apelación, casación y revisión, los mismos señalan expresamente en qué casos son procedentes, sin contemplar, cómo se ha dicho, el caso específico que una vez superada una etapa, exista la posibilidad de analizar lo sucedido en ella.

62. Aunado a que la recepción de las pruebas en el procedimiento penal acusatorio, constituye un derecho fundamental consignado en el artículo 20, inciso B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

63. Destacó que en la propia Constitución se reconoce a favor del imputado, el derecho a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca para su defensa.

64. Por consiguiente, consideró incorrecto lo que señaló el a quo en la resolución combatida, en el sentido de que el quejoso puede hacer valer la violación que reclama, bien sea en el recurso contra la sentencia definitiva, o bien en el amparo directo que contra ésta se promueva.

65. Lo anterior es así, pues una vez dictada la sentencia en el juicio oral, si ésta fuera desfavorable a los intereses del recurrente, tiene a su alcance el recurso de casación, que puede concluir en la celebración de un nuevo juicio, enviando el auto de apertura de juicio oral a un tribunal competente, integrado por Jueces distintos a los que intervinieron en el juicio anulado, por lo que solo se invalida la audiencia de debate del juicio oral, no lo resuelto en la audiencia intermedia, pues el auto de apertura de juicio queda intocado.

66. Por tanto, si como se especifica en el artículo 423 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, al ordenarse la celebración de un nuevo juicio, queda intocado (sic) auto de apertura de juicio oral, dictado por el Juez de Garantía (artículo 315 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua), por ende, estimó que no existía forma de que se volviera a analizar si la negativa del Juez de Control de realizar la diligencia de investigación en materia de psicología a la menor víctima, fue violatoria de derechos o no al imputado.

67. Ello es así, porque sólo procede reponer el procedimiento a partir de la audiencia de juicio, ordenando la celebración de un nuevo juicio, enviando el auto de apertura de juicio oral a un tribunal nuevo, el cual queda intocado, de manera que al superarse una etapa por otra, no hay forma de que se vuelva a revisar si la negación de realizar la diligencia de investigación fue conforme a derecho o no.

68. En el estudio de fondo, supliendo la queja, resolvió que para decidir si el acto reclamado es o no violatorio de derechos humanos, debía efectuarse un ejercicio de ponderación entre los derechos que se encuentran en colisión, esto es, el derecho de ofrecer pruebas del imputado, con el derecho de una menor a no ser revictimizada.

69. Siguiendo los argumentos de la ejecutoria que dio origen a la tesis 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y subtítulo: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN.", así como la definición de la revictimización, tratándose de niñas y niños y adolescentes, establecida por la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN), a través de la Opinión Técnica Consultiva No. 001/2014, dirigida al Ministerio Público de la República de Panamá; además de la opinión de diversos instrumentos internacionales, entre éstos el artículo 12.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10.1 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el artículo 6 de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Salud Mental aprobada por la Federación Mundial de la Salud Mental, y el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyó que la salud física y mental de los menores es un derecho sustantivo que debe ser interpretado desde el interés superior del niño, lo que significa que las autoridades deben velar por la protección de la salud psicológica de los niños en cualquier acto que realicen en ejercicio de la potestad jurisdiccional.

70. Se apoyó en la interpretación que sobre el interés superior de los menores ha sido sustentada en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y subtítulo (sic): "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO."

71. De ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la estabilidad emocional y su desarrollo en un ámbito libre de estrés, o como en el caso, al tratarse de un delito de índole sexual, evitar al máximo posible su revictimización.

72. Aplicó al respecto la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL."

73. Destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo tercero dice: "En todas las medidas concernientes a los niños ... una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

74. Que así se desprende también de la tesis 1a. XLVII/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y subtítulo (sic): "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL."

75. Luego, el Tribunal Colegiado de Circuito abordó el derecho humano de acceso efectivo a una defensa adecuada, que tutela el artículo 20 constitucional y sostuvo q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29799-458d5dd7/juicio-de-amparo-indirecto-es-improcedente-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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