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Modo: Corpus Pro

SISTEMAS PENALES TRADICIONAL O ACUSATORIO. PARA EFECTOS DE ESTABLECER CUÁL HA DE REGIR, DEBE ATENDERSE A QUE EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, QUERELLA U OTRO REQUISITO EQUIVALENTE, ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN TRANSITORIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MATERIA EN EL ESTADO DE TABASCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2021. · Registro digital (IUS): 30765
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON SEDE EN VILLAHERMOSA, TABASCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIM
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo IV, Pág.3768.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON SEDE EN VILLAHERMOSA, TABASCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 24 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFREDO BARRERA FLORES (PRESIDENTE), ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO, EDUARDO ANTONIO MÉNDEZ GRANADO, JAIME FLORES CRUZ, CARLOS SOLÍS BRICEÑO, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ Y JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO. SECRETARIO: RAMÓN SOSA OLIVIER.

Villahermosa, Tabasco, acuerdo del Pleno del Décimo Circuito sin especialización (sic), correspondiente a la sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 18/2021; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio P-III-711, de treinta de julio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano en el amparo en revisión 133/2019, y el diverso planteado por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz –en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito–, al resolver los amparos en revisión 440/2019 (auxiliar 118/2019) y 32/2020 (auxiliar 158/2020).

SEGUNDO.—Remisión del asunto. La denuncia de mérito fue remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por acuerdo de su presidente de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 1 a 3) se declaró que ese Máximo Tribunal, funcionando en Pleno o en Salas, carece de competencia legal para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito y especialización, especificando que en el caso, aun cuando uno de los criterios contendientes fue emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, esto se efectuó prestando ayuda a un tribunal que pertenece al mismo Circuito (Décimo) del contendiente; circunstancia por la cual determinó que esta contradicción corresponde conocer al Pleno de Circuito de tales órganos colegiados.

Asimismo, comunicó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada contradicción de tesis que guarde relación con el tema a dilucidar en la presente.

TERCERO.—Trámite y turno del asunto. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (fojas 100 a 102) el presidente del Pleno del Décimo Circuito tuvo por recibidos los autos y admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis; solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivan esta contradicción se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós (foja 131) se tuvo a la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, informando que el criterio sustentado en el amparo en revisión 133/2019, se encuentra vigente.

Luego, en autos de veintitrés de febrero y tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 134 y 141) la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, informó que el criterio sustentado en los amparos en revisión 440/2019 y 32/2020, también se encuentra vigente.

En ese último proveído se ordenó turnar los presentes autos al Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracciones VI y VII, 28 y 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.

No se desatiende la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, en lo que interesa, en el artículo 94(1) se estableció la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, a quienes se les otorgó la facultad de resolver las contradicciones de criterios que se generen por distintos Circuitos que conforman determinados territorios, y así, se defina un solo criterio obligatorio en varios Circuitos de una misma región.

Al respecto, mediante circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en cumplimiento a lo decidido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", se informó que en su punto de acuerdo primero(2) se determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta el inicio de la vigencia de las leyes secundarias relativas a la reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, se sostiene que este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad; por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios denunciados como contradictorios. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, atendiendo a su orden cronológico.

–CASO A)–

A) El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en sesión de once de julio de dos mil diecinueve resolvió por unanimidad de votos el amparo en revisión 133/2019, en el cual analizó los preceptos transitorios de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, referente a la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el país y los requisitos para su incorporación en las entidades federativas.

Estudio del cual determinó que para definir la aplicación del sistema penal (tradicional o acusatorio) debe atenderse a la fecha en que inicia el procedimiento penal y sostuvo que éste ocurre cuando la autoridad ministerial o fiscalía conoce de un delito o hecho ilícito, mediante la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente.

En la citada ejecutoria se expusieron las consideraciones que enseguida se transcriben:

(Inicia transcripción)

"SÉPTIMO.—Decisión. Uno de los agravios resulta fundado.

"Cierto. Asiste razón jurídica a la parte disidente cuando alega que el Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al conceder el amparo en el fallo sujeto a revisión, pues aunado a que el juzgador pasó por alto que la pretensión de la parte quejosa no se centró en la procedencia de la revisión y/o modificación de la medida cautelar de que es objeto en la causa de origen, sino que sólo radicó en la legalidad de la negativa de la libertad provisional bajo caución, pero nada más, con lo que se desatendió la congruencia que hay en todo juicio, incluido el amparo, ya que fue más allá de la litis constitucional, el a quo también perdió de vista la aplicación de los dos sistemas penales en nuestro país, esto es, el tradicional y el mixto, mezclándolos sin justificación en el caso concreto.

"En la causa de origen se tiene no sólo que a la parte quejosa se le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa –cometido con arma de fuego–, sino también que el proceso que se le sigue es de corte tradicional, en el cual, por cierto, solicitó el beneficio de la libertad provisional bajo caución, con la aplicación de la ley procesal penal estatal y bajo el proceso penal tradicional. Al respecto, la parte impetrante expuso lo siguiente:

"‘... SEGUIDAMENTE SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL DEFENSOR PARTICULAR, QUIEN MANIFIESTA: Estimando que el inculpado es una persona íntegra socialmente, de buena familia, una persona de buena costumbre y que también cuenta con domicilio fijo en esta ciudad donde puede ser localizado, tiene un trabajo estable al ser empleado de **********, con número de ficha **********, y porque no existe el riesgo fundado de que el indiciado puede darse a la fuga y que no tiene antecedentes penales con fundamento en el artículo (sic) 19, 113, fracciones I y XVII, del código procesal, solicito se decrete a favor de mi defendido, libertad provisional bajo caución el cual solicito sea asequible a sus condiciones, solicitando copia simple del expediente, conforme al numeral 36 del Código de Procedimientos Penales, siendo todo lo que tengo que manifestar. ...’

"Mediante acuerdo de 3 de julio de 2018, la responsable negó a la parte quejosa el beneficio de que se trata, por considerar que es grave el delito que se le reprocha en la causa penal relativa y que fue cometido con arma de fuego, en los términos del artículo 145 de la ley procesal penal estatal. Sobre el particular, el Juez del conocimiento acordó lo que sigue:

"‘... SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO JUEZ ACUERDA: ... Cuarto. En atención a lo peticionado por la defensa, en relación a que se le fije la libertad bajo fianza al indiciado, es de decírsele que como se le hizo saber al indiciado mediante auto de tres de julio del presente año, en el punto 4/o (sic), conforme a lo establecido por el artículo (sic) 16 constitucional y 144, 145 y 163 de la ley adjetiva penal en vigor, el delito por el cual se encuentra detenido consistente en TENTATIVA DE HOMICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 110 en relación al 11 y 67 del Código Penal en vigor, por su naturaleza SÍ se encuentra considerado como delito grave, ya que la pena es mayor a nueve años, ocho meses, que el mismo fue cometido con arma de fuego y, por ende, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que NO tiene derecho a obtener su libertad provisional bajo caución, por lo que no es procedente conceder el beneficio peticionado por la defensa. ...’

"Inconforme con tal decisión, la parte quejosa acudió al amparo origen de este recurso. Para apoyar su pretensión no sólo alegó la incompetencia de la responsable, según ella, porque la autoridad legalmente competente es un Juez de Control con la aplicación del sistema oral acusatorio y la ley nacional procesal penal, mas no el sistema tradicional con la ley procesal penal local, sino que también aseveró que sí procede la libertad caucional conforme a tal legislación procesal estatal.

"Ya en el juicio de amparo, seguidas las fases condignas, el Juez Federal concedió a la parte quejosa la protección constitucional respectiva, bajo la consideración toral de que la responsable no aplicó de forma retroactiva los artículos 14 y 19 constitucionales, en los que el homicidio no figura como de los ilícitos que exigen prisión preventiva oficiosa, ni procedió a la revisión oficiosa, de la medida cautelar –prisión preventiva– a la luz de la ley nacional procesal penal –quinto transitorio–.

"Para este órgano colegiado el Juez del conocimiento no estuvo en lo correcto en la decisión de que se trata, en principio porque no atendió a la pretensión seguida por la parte quejosa en el juicio de amparo.

"Basta imponerse del juicio de amparo para fácilmente colegir que la pretensión de la parte impetrante sólo se centró en la legalidad de la negativa de la libertad provisional bajo caución, a la luz de la legislación procesal penal y bajo el proceso penal tradicional, pero nada más.

"Es más, a lo sumo la parte quejosa cuestionó el acto reclamado en el amparo bajo el matiz de la incompetencia legal de la propia responsable, por razón de la vía, o sea, que la vía idónea para seguirle el proceso penal no es la tradicional, sino la acusatoria, pero, se insiste, bajo el tamiz de una falta de competencia legal, desde luego, sin ir más allá y abarcar los elementos expuestos por el Juez Federal.

"Queda claro, entonces, que la pretensión de la parte quejosa en ningún momento se sustentó en la revisión y/o la modificación de la medida cautelar de que es objeto en la causa penal de origen, ni en su procedencia legal y, mucho menos, con la aplicación de la ley nacional procesal penal y bajo el sistema acusatorio penal, pues no hay dato o elemento jurídico al efecto. En verdad no.

"Luego, en lugar de que el Juez de Distrito examinara el acto en el juicio de amparo, en los términos en que lo hizo en el fallo que ahora nos ocupa, lo conducente fue que lo hiciera a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa en el propio amparo, lo que no sucedió en el caso, con lo que, como bien lo alega la parte recurrente, no se atendió el principio de congruencia que existe en la vía constitucional.

"Esto no es todo. Como también acertadamente lo manifiesta la parte disidente, en este caso el proceso aplicable es el tradicional mas no el acusatorio penal y, menos aún, con la aplicación de la ley nacional procesal penal.

"A efecto de dar cuerpo a tal aserto, por principio de cuentas cabe destacar que por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el propio Constituyente Permanente decidió reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones XXI y XXIII del precepto 73, la fracción VII del numeral 115 y la fracción XIII del apartado B del diverso 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Importa hacer hincapié en que tal reforma, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 constitucional, es eminentemente procesal, al establecer los principios generales bajo los cuales se regirá el procedimiento y establecen los derechos procesales del imputado y de la víctima o del ofendido, puesto que así se desprende en la redacción del propio dispositivo fundamental, lo que, incluso, así ya lo sostuvo la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, que ya es un hecho por demás notorio.

"Al conjunto de esos cambios se les ha denominado, de forma general, la reforma de 2008 y, más particularmente, aunque con mayor equivocidad, la reforma de los juicios orales en materia penal. Con independencia de la simpleza de las denominaciones legales al uso, indudablemente se trata de una de las reformas más importantes a nuestra Carta Magna en materia de procesos penales y organización judicial, tanto por la inclusión de los principios de oralidad y adversariedad, como y, más allá, por la incorporación de una gran cantidad de ajustes y cambios en otros temas que, con cierta generosidad, también quedan insertos en la materia penal.

"Dicha reforma constitucional y, en concreto, la instauración del sistema procesal penal acusatorio, desde una perspectiva de su vigencia, se halla condicionada a los términos expresamente previstos por el Constituyente en los transitorios relativos. Tales normas de tránsito son del tenor siguiente:

"‘Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.—Segundo. El Sistema Procesal Penal Acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.—En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el Sistema Procesal Penal Acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.—En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales.’

"De acuerdo con los transitorios de que se trata, no queda duda que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deben expedir y poner en vigor las modificaciones y los ordenamientos legales que sean necesarios a efecto de incorporar el sistema procesal acusatorio.

"Así pues, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, adoptarán el Sistema Penal Acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales de que se trata, los Poderes Legislativos correspondientes deben emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la cual establezcan expresamente que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido incorporado en los propios ordenamientos y, en consecuencia, que los derechos previstos en nuestra Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales.

"Es importante traer a colación que el Constituyente Permanente, consciente de que unas entidades federativas de nuestro país ya habían adoptado el Sistema Penal Acusatorio Oral, estableció la manera en la que, en ellas, entraría en vigor y operaría el Sistema Penal Acusatorio, por lo menos desde una perspectiva congruente con el propio Pacto Fundamental, lo que reflejó en el tercero transitorio del Decreto que aquí nos ocupa. Tal norma de tránsito dice así:

"‘Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el Sistema Procesal Penal Acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo.’

"Como queda claro en la disposición transitoria de que se trata, respecto de las reformas constitucionales que corresponden al Sistema Procesal Penal Acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente para su entrada en vigor fijó dos supuestos que son los contemplados en los artículos segundo y tercero que hoy nos ocupan. "En lo particular, el segundo transitorio establece que el Sistema Procesal Penal Acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de 8 años, contado a partir del día siguiente de la publicación del Decreto que nos ocupa.

"En el párrafo segundo de este transitorio se impone el deber a la Federación, a los Estados y al Distrito Federal, de expedir los ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el Sistema Procesal Penal Acusatorio y juicios orales y, a la par, se les faculta para que, cuando implementen el Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, puedan imprimirle ciertas modalidades relativas a su aplicación por regiones o por tipo de delito.

"En el subsecuente párrafo se impone una obligación más a los Poderes Legislativos para que, en el momento de publicar los ordenamientos legales en esta materia, emitan una declaratoria en la que se establezca expresamente que el Sistema Procesal Acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos.

"Con lo anterior se descuella que los imperativos previstos en el transitorio segundo de que se habla, son para aquellas entidades que no se habían anticipado a la reforma constitucional sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en cuyo caso deben hacerlo en un plazo que no debe exceder de los ocho años, contado a partir del día siguiente en que surte efectos la publicación del Decreto.

"Esto no es todo. En tal reforma hay un tercer grupo normativo que es el contemplado en el tercero transitorio del Decreto de que se habla, cuya hipótesis es: el Sistema Procesal Acusatorio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes. Se trata, pues, de normas preconstitucionales, o sea, emitidas antes de la reforma constitucional relativa.

"Cabe hacer notar que aunque el Constituyente determinó que, en el propio supuesto legal, el sistema procesal entra en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto de que se trata, lo cierto es que la vigencia de dichas reformas constitucionales está también condicionada a la emisión de la declaratoria, tal como se advierte en la parte final del transitorio tercero que nos ocupa.

"En tal tesitura, por disposición expresa del segundo y tercero de los transitorios de la reforma constitucional que nos ocupa, no queda duda que la entrada en vigor del Decreto atinente a tal reforma depende de la emisión de la declaratoria respectiva.

"Sobre ese particular, cabe citarse las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubros y textos son los siguientes:

"‘ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).’ (Transcribe texto y cita datos de localización)

"‘SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO.’ (Transcribe texto y cita datos de localización)

"Tratándose del Estado de Tabasco, que es el que nos ocupa, se tiene que es una de las entidades que no se anticiparon a la reforma constitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio, por lo cual se vieron en la necesidad de hacerlo en un plazo que no debe exceder de los 8 años, contado a partir del día siguiente en que surte efectos la publicación del Decreto respectivo, razón por la cual encaja en el segundo grupo normativo del Decreto de la reforma constitucional, que es el establecido en el transitorio segundo del propio Decreto, de ahí que, por ello, la entidad se vio constreñida a emitir la declaratoria relativa.

"Sin duda, esa declaratoria se reflejó en dos momentos distintos en esta entidad federativa, para lo cual se atendió a la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio con una ley procesal local penal y, posteriormente, a la incorporación de tal sistema con la legislación nacional procesal penal.

"En efecto, en un primer momento en el Decreto 211, publicado en el Periódico Oficial estatal el 26 de septiembre de 2012, se fijó la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio con el código procesal acusatorio local, por cierto, con aplicación diferida, por regiones y gradual para las distintas localidades de la entidad, entre las que figura el Municipio de Centro, en cuyo caso dicha incorporación iba a tener lugar a partir del 6 de junio de 2016.

"Ya en un momento posterior en el Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial local el 5 de agosto de 2014, se estableció la incorporación del Sistema Procesal Acusatorio Penal con la ley nacional procesal penal, por cierto, también con aplicación por regiones y gradual para las distintas localidades de la entidad, entre las que destaca el Municipio de Centro, en cuyo caso dicha incorporación ocurrió el 6 de junio de 2016, con lo que, desde luego, a partir de esto quedaron abrogadas las leyes procesales penales locales –sistema tradicional y acusatorio estatal– y, sólo rigen para los procedimientos iniciados con antelación, sin duda, por disposición expresa del legislador tabasqueño en la propia declaratoria.

"Así las cosas, el Sistema Penal Acusatorio con la aplicación de la ley nacional y local procesal penal tiene como punto de partida el inicio del procedimiento penal relativo, por lo cual, sin duda, no es necesario sino verdaderamente indispensable conocer en qué momento da inicio, en sí, el procedimiento penal, ya sea el del sistema tradicional y el del acusatorio.

"Tratándose del sistema tradicional las actividades desempeñadas por el juzgador hasta la segunda instancia, corresponden por antonomasia al proceso penal, por lo cual las desarrolladas por el Ministerio Público y las propias autoridades a su cargo, son características del procedimiento penal que, desde luego, está comprendido de diversas fases o procedimientos.

"Esto coincide, por cierto, con lo establecido por la ley nacional procesal penal, pues aunque no contempla una diferencia entre procedimiento penal y proceso penal, lo cierto es que sí delimita el proceso como tal, para lo cual prevé que da inicio con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme, tal como así se advierte en el artículo 211, in fine, de la propia legislación, que es del tenor que sigue:

"‘Artículo 211. Etapas del procedimiento penal.—El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:—I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación; e, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;—II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y,—III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento.—La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.—El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.’

"En esas condiciones, es factible identificar cuándo se habla del procedimiento penal y en qué momento hablamos del proceso penal, ya en el sistema tradicional ya en el acusatorio, porque ambos coinciden en prever que las actividades de las autoridades investigadoras en la indagación del delito o hecho ilícito, según el sistema, propiamente encajan en lo que es el procedimiento penal, como tal, en tanto que las actividades desempeñadas por los juzgadores atañen al proceso penal, en particular, hasta la firmeza de la sentencia relativa.

"Queda claro, entonces, que en materia penal el procedimiento engloba a todo el conjunto de actividades y formas regidas por el derecho penal, que se inician desde que la propia autoridad ministerial o fiscalía tiene conocimiento de que se ha cometido un delito o hecho ilícito y lo investiga, y se prolongan hasta la sentencia definitiva, en tanto que el proceso penal forma parte del procedimiento penal, en sí, refiriéndose exclusivamente a la actuación de la autoridad judicial, que es a la que constitucional y legalmente le atañe decidir si un hecho es o no delictuoso o ilícito, así como acerca de la responsabilidad del procesado y, en su caso, le toca imponer las penas y medidas de seguridad que procedan conforme a la ley.

"En otras palabras: el procedimiento penal abarca la totalidad de las actividades, formas y términos regidos por el derecho pen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30765-9888450f/sistemas-penales-tradicional-o-acusatorio-para-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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