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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS (ARTÍCULO 126 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE VERACRUZ). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA EL DECRETO EMITIDO POR LA LEGISLATURA LOCAL EN EL QUE SE DECLARÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE UN AYUNTAMIENTO COMO MEDIDA CAUTELAR DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE DESAPARICIÓN DEL MISMO, AL SER UN ACTO QUE AFECTA SU INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO 273, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO Y SE DESIGNÓ UN CONCEJO MUNICIPAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE). V. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. VI. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. LA INTERVENCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBE RESTRINGIRSE A SU REVISIÓN DURANTE UN PLAZO DETERMINADO. VII. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO. EL ACUERDO DICTADO POR EL CONGRESO LOCAL POR EL QUE SE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN DE LA TESORERÍA, VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL, AL NO ESTAR RESTRINGIDO A UN PLAZO DETERMINADO (INVALIDEZ DEL ACUERDO DICTADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN EN LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO A FIN DE SUPERVISAR Y EVALUAR EL GASTO PROGRAMADO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ). IX. SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO. SON ACTOS QUE AFECTAN SU INTEGRIDAD, AL TRATARSE DE SANCIONES QUE RECAEN EN EL ÓRGANO EN SÍ MISMO CONSIDERADO Y NO EN ALGUNO DE SUS INTEGRANTES. X. SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE MANDATO DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. SON ACTOS QUE AFECTAN SU INTEGRACIÓN, AL TRATARSE DE SANCIONES QUE RECAEN EN SUS INTEGRANTES CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE. XI. SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO Y SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS. CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA ENTIDAD EMITIR LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE POR ACUERDO DE CUANDO MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, POR ALGUNA DE LAS CAUSAS GRAVES QUE LA LEY LOCAL SEÑALA PARA SU PROCEDENCIA Y OTORGÁNDOLES A AQUÉL O A SUS MIEMBROS, SEGÚN SEA EL CASO, LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA PREVIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO Y SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS. LA FACULTAD EXTRAORDINARIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA DECLARARLAS ES UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL SOBRE LA INTEGRIDAD DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, LO QUE IMPLICA QUE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CADA UNA DE ELLAS SEAN DISTINTOS. XIII. SUSPENSIÓN DE UN AYUNTAMIENTO. CORRESPONDE AL CONGRESO LOCAL SU DECLARACIÓN, PREVIO DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY LOCAL, EN LA QUE SE ESTABLEZCA UN PLAZO DETERMINADO PARA SU VIGENCIA, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DEL PERIODO PARA EL QUE FUE ELECTO DICHO AYUNTAMIENTO. XIV. DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DECLARÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VULNERA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TANTO QUE DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL NO PREVÉ A ÉSTA COMO UNA MEDIDA CAUTELAR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO 273, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO Y SE DESIGNÓ UN CONCEJO MUNICIPAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE). XV. DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DECLARÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL MUNICIPIO ACTOR PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 267/2019. · Registro digital (IUS): 30770
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-07-08
Promovente: MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Pág.2350.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 267/2019. MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 267/2019, promovida por el Municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO

1. Presentación de la demanda. El quince de julio de dos mil diecinueve, Ricardo Pérez Marcos, en su carácter de síndico único del Municipio de Mixtla de Altamirano, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante, el "Municipio" o el "actor"), interpuso una demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, en la que impugnó los actos y normas que se señalan a continuación:(1)

a) El Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se autoriza la intervención en la Tesorería del Municipio a fin de supervisar y evaluar el gasto programado.

b) El Decreto 273, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el diez de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se decreta como medida cautelar la suspensión provisional del Ayuntamiento del Municipio por la presunta pérdida del orden y la paz pública y se designa un concejo municipal.

c) Los artículos 126 y 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz (con motivo de su primer acto de aplicación).

2. Antecedentes del asunto. Estos actos y normas se relacionan con los siguientes antecedentes:(2)

a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, ********** –tío de Maricela Vallejo Orea, presidenta municipal de Mixtla de Altamirano electa para el periodo 2018-2021– fue encontrado muerto en el interior de una camioneta sobre la carretera Jilalpilla-Tlilapan. Ese mismo día, Maricela Vallejo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de amenazas, en la que planteó que su vida corría peligro en tanto no renunciara como titular del Ejecutivo municipal.

b) El quince de enero de dos mil dieciocho, ya con la nueva administración municipal en funciones, fueron presuntamente tomadas las instalaciones del Ayuntamiento municipal; actos que presuntamente se repitieron el veintiuno de agosto siguiente. Sin embargo, semanas más tarde, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la presidenta municipal, su esposo y su chofer fueron privados de la vida en un poblado próximo a la cabecera municipal de Mixtla de Altamirano; lo que provocó que el Congreso del Estado llamara a Margarita Montalvo Acahua, en su calidad de suplente, como presidenta municipal.

c) Ante estos eventos, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el gobernador del Estado de Veracruz presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Mixtla de Altamirano por la pérdida del orden y la paz pública;(3) requiriendo a su vez la suspensión provisional del Ayuntamiento, como medida preventiva, en tanto se llevara a cabo el procedimiento de desaparición.

d) La solicitud anterior fue turnada a la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado de Veracruz, misma que dictó un acuerdo el veinticinco de junio del dos mil diecinueve en el que ordenó el emplazamiento inmediato del Municipio. Este acuerdo fue notificado al día siguiente al Municipio y, el día veintiocho del mismo mes y año, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la que acudieron los representantes del Municipio.

e) El cuatro de julio del dos mil diecinueve, el Pleno del Congreso del Estado emitió un acuerdo en el que aprobó la intervención en la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio, el cual fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial del Estado. El objeto del acuerdo fue supervisar y evaluar que el gasto programado cumpliera con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que lo rige.

f) Días más tarde, el ocho de julio de dos mil diecinueve, la Comisión Permanente Instructora presentó ante el Congreso del Estado un dictamen en el que se proponía conceder la medida cautelar solicitada por el gobernador. Este dictamen fue aprobado, dando lugar al "Decreto 273 por el que como medida preventiva se declara la suspensión provisional del H. Ayuntamiento del Municipio por la presunta pérdida del orden y la paz pública del Municipio y se designa un concejo municipal", publicado el diez de julio del mismo año en la Gaceta Oficial del Estado.

3. Argumentos de invalidez. El Municipio actor sostuvo los siguientes conceptos de invalidez a lo largo de los diferentes apartados de su demanda:(4)

En los apartados de interés legítimo y suspensión de los actos reclamados.

a) La línea argumentativa encaminada a combatir el Decreto 273 comienza en el capítulo de la demanda titulado "interés legítimo". En este, el Municipio plantea que durante el ejercicio del Ayuntamiento en funciones no ha existido ningún señalamiento en el sentido de que sus integrantes han actuado u omitido actuar en contra del interés público.

b) A continuación, dentro del mismo capítulo de "interés legítimo", el Municipio afirma que la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz distingue como acciones diferentes las denuncias de desaparición y las solicitudes de suspensión de los Ayuntamientos. En el caso que nos ocupa, la solicitud del gobernador y todo el procedimiento seguido hasta el momento ha sido de desaparición, por lo que no procedía la suspensión del Ayuntamiento.

c) Asimismo, afirma el Municipio actor, en el supuesto de que procediera la suspensión como una medida cautelar, la imposición de la misma debería sujetarse al procedimiento específico de suspensión que prevé la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, el cual prevé la garantía de audiencia en favor del Ayuntamiento. Sin embargo, se aclara, en los hechos el Municipio nunca fue emplazado para el desahogo de ningún procedimiento de suspensión.

d) Aunado a lo anterior, en el propio capítulo de "interés legítimo" de la demanda, se aduce que el decreto impugnado contraviene el principio de presunción de inocencia, pues el mismo decreta la medida cautelar de mérito por una presunta pérdida del orden y la paz pública en el Municipio; es decir, sin una comprobación de los hechos que fundamentan la suspensión. Este argumento, en adición a los anteriores, es lo que dice el Municipio actualiza el interés legítimo para acudir a la presente controversia.

e) Dicho lo anterior, en el apartado titulado "suspensión del acto inconstitucional reclamado", se advierte que el Municipio actor alude que la desaparición de Poderes solicitada por el gobernador atiende a motivos políticos y no jurídicos. Para el Municipio, permitir que siga este procedimiento equivaldría a consentir un abuso de autoridad y esto abriría la puerta a que cualquier Municipio que no comulgue con los intereses del gobernador se encuentre sujeto a la discrecionalidad de este último.

f) A su juicio, no puede pasarse por alto que el artículo 115, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal se interpreta en el sentido de que la facultad de los Congresos Locales de designar un concejo municipal sólo surge cuando se ha declarado la desaparición del Ayuntamiento. Partiendo de esa interpretación, afirma que resulta claro que es inconstitucional que el Poder Legislativo demandado haya designado un concejo municipal sin que antes haya declarado la desaparición del Ayuntamiento.

g) Por su parte, en el propio capítulo de suspensión, se argumenta que resulta inválido el acuerdo que autoriza la intervención en la Tesorería del Ayuntamiento, publicado por el Congreso Local el cuatro de julio de dos mil diecinueve, una vez que se había solicitado la desaparición del Ayuntamiento. En primer lugar, porque carece de una fundamentación y motivación adecuadas. El artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz(5) señala que la designación de un interventor se llevará a cabo una vez que se haya declarado la suspensión del Ayuntamiento. Por ende, la declaración de suspensión es un presupuesto necesario e insalvable para que se pueda nombrar un interventor. Sin embargo, en los hechos, tal acuerdo que autoriza la intervención se expidió el cuatro de julio del dos mil diecinueve, mientras que la suspensión del Ayuntamiento ocurrió hasta el día diez del mismo mes y año; es decir, varios días después de la intervención; lo cual tiene como consecuencia que el acuerdo de intervención no respete la norma que le da origen.

h) De igual manera –continúa argumentando el Municipio–, no es posible soslayar que artículo 115 constitucional prescribe la libertad de los Municipios en la administración de su hacienda. Por lo tanto, las intervenciones en la hacienda municipal por parte de un ente distinto y ajeno al Ayuntamiento no son autorizadas por el Texto Constitucional, limitación que no es respetada dado el alcance del acuerdo cuestionado.

En el apartado específico de conceptos de invalidez.

i) Expuesto lo anterior, ya en el apartado de conceptos de invalidez de la demanda, el Municipio formula expresamente tres razonamientos de invasión de competencias: el primero destinado a combatir los artículos 126 y 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz y los últimos dos en contra del Decreto 273.

j) El primer concepto de invalidez comienza con dos argumentos en contra del artículo 147 de la legislación local. En primer lugar, el Municipio sostiene que este artículo va más allá de las facultades previstas para las Legislaturas Locales en la fracción I del artículo 115 constitucional. Esto porque permite que el Congreso Local suspenda de manera preventiva o provisional a los Ayuntamientos; supuesto no habilitado por el marco constitucional.

k) En segundo lugar, plantea que la norma no prevé un tiempo determinado para la suspensión provisional, pues únicamente señala que una vez que se dicte la resolución a la que se refiere el artículo "se continuará con el procedimiento ordenado en el presente capítulo". Deficiencia normativa que provoca que los Ayuntamientos no cuenten con ninguna seguridad jurídica sobre el tiempo que durará la suspensión y se abra la puerta a que la suspensión que se supone temporal sea en realidad definitiva.

l) De aquí el Municipio pasa a cuestionar la constitucionalidad del artículo 126 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz –aun en el contexto del primer concepto de invalidez–. Para ello, afirma que de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma al artículo 115 constitucional de dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, las Constituciones Locales y las leyes relativas deben señalar con toda precisión las causas graves que puedan tener como consecuencia el desconocimiento de los Poderes municipales. Estas causas graves deben quedar perfectamente delimitadas: no cabe en ellas la posibilidad de interpretación ni discrecionalidad por parte de las Legislaturas Locales.

m) Bajo ese tenor, se alega que el artículo 126 deviene inconstitucional, ya que prevé explícitamente que "el Congreso del Estado tiene competencia para calificar la gravedad, según el caso, para la procedencia de la suspensión o la revocación de mandato" de los miembros del Ayuntamiento. La cuestión es que esta calificación de la gravedad debe atender a un criterio objetivo y no a la discrecionalidad del legislador local, lo cual no es solventado por la norma reclamada.

n) En el segundo concepto de invalidez el Municipio regresa a argumentar en contra del Decreto 273. En concreto, sostiene que la inconstitucionalidad del artículo 147 de Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz (por los argumentos sostenidos anteriormente) implica la invalidez del Decreto 273, pues este último se fundamentó en dicha norma jurídica.

o) Por último, en el tercer concepto, destaca que el Decreto 273 presenta una falta y/o incorrecta fundamentación, pues además de utilizar el artículo 147 impugnado como fundamento y de basarse en meras presunciones, el mismo omitió una parte esencial del procedimiento necesario para suspender al Ayuntamiento. Esto último, recalca el Municipio, debido a que no se siguió un procedimiento de suspensión, sino uno de desaparición.

4. Trámite y admisión de la demanda. El quince de julio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 267/2019 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve (en adelante, la "Comisión de Receso"), admitieron la demanda y ordenaron emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No obstante, negaron la solicitud de tener a la editora de Gobierno del Estado como autoridad demandada, pues se trata de una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo demandado.

6. En otro aspecto, dieron vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación correspondiera. Respecto a la suspensión solicitada, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo con copia certificada de las constancias que integran el expediente.

7. Incidente de suspensión. En relación con la medida cautelar, el Municipio actor requirió la suspensión de los efectos: (a) del acuerdo mediante el cual se autoriza la intervención en la Tesorería del Municipio y (b) del Decreto 273, los cuales incluyen la suspensión provisional del Ayuntamiento, la designación de un concejo municipal y el inicio y trámite del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento municipal.

8. En respuesta a esta solicitud, el propio dieciocho de julio de dos mil diecinueve, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso dictaron un acuerdo en el que manifestaron lo siguiente:(6)

a) Por un lado, negaron la suspensión respecto al acuerdo que autoriza la intervención en la Tesorería del Municipio, así como al Decreto 273 en cuanto a la suspensión provisional del Ayuntamiento, la designación del concejo municipal y el inicio del procedimiento de desaparición. Esto bajo la consideración de que estos actos constituyen actos consumados para efectos de la suspensión.

b) Asimismo, respecto al trámite del procedimiento de desaparición también se negó la suspensión, pues el Congreso de Veracruz está facultado constitucional y legalmente para llevar a cabo este procedimiento.

c) Sin embargo, concedieron la suspensión para que las autoridades demandadas no ejecutaran la resolución definitiva que pudiera dictarse en el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento municipal hasta tanto no se resolviera la controversia constitucional. La razón de la concesión de esta medida cautelar fue garantizar que no quedara sin materia el asunto y salvaguardar la hacienda municipal y el normal desarrollo de su administración pública.

9. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. El Poder Legislativo Local dio contestación a la demanda por medio de la subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, delegada de la Mesa Directiva. En síntesis, se sostuvo lo que sigue:

a) Causales de improcedencia. Por lo que hace a este aspecto, el Poder Legislativo afirma que el Ayuntamiento actor no actúa como órgano municipal en funciones, pues el mismo se encuentra suspendido en virtud de la medida cautelar impuesta en el Decreto 273. Esto provoca que se actualice la improcedencia de la controversia por falta de interés legítimo. En todo caso sería al concejo municipal nombrado por el Poder Legislativo a quien correspondería actuar en nombre del Municipio e instar un procedimiento constitucional.

b) Adicionalmente, se alega que la controversia también resulta improcedente porque el Decreto 274 (a) es de carácter provisional y no se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, así como que (b) no le causa ningún perjuicio al Municipio. El decreto es parte del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento municipal, de modo que el Municipio en todo caso deberá esperar al dictado de la resolución definitiva; esto es, la declaración de desaparición. La ausencia de efectos perjudiciales radica en que el mismo decreto instituyó un concejo municipal con todas las funciones del Ayuntamiento.

c) Fondo del asunto. Ahora bien, al margen del cumplimiento de los presupuestos procesales, el Congreso Local sostiene que la suspensión provisional del Ayuntamiento fue una medida dictada de acuerdo con las exigencias del artículo 21 constitucional, el cual encomienda la preservación de la seguridad pública a los diferentes órdenes de gobierno. Dado el contexto grave de violencia, el vacío de autoridad y el estado de ingobernabilidad del Municipio, este Poder se vio obligado a responder con una medida adecuada y de manera expedita para remediar estas alteraciones del orden y la paz pública.

d) Al respecto, considera que la suspensión provisional del Ayuntamiento fue el remedio elegido, pues el gobierno municipal había demostrado su incapacidad para ocuparse de la situación de ingobernabilidad. Con ésta se pretende proteger los derechos de la población del Municipio y, por ende, encuentra amparo bajo nuestro orden constitucional.

e) Sobre esta cuestión, se reconoce que el artículo 148 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz (artículo que norma el procedimiento de desaparición de los Ayuntamientos) no prevé expresamente la posibilidad de decretar medidas cautelares. Empero, dicho artículo tampoco excluye esta posibilidad y, de hecho, si se realiza una interpretación armónica con el artículo 147 del mismo ordenamiento, resulta que esto sí es posible. Además, resulta lógico que, si el Congreso de Veracruz tiene la facultad de desaparecer un Ayuntamiento, por mayoría de razón también puede suspenderlo. Ésta es una medida menos lesiva y de carácter provisional, por lo que es indudable la facultad del Congreso en este respecto.

f) De igual manera, se aduce que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la falta de detalle normativo no debe implicar que sea imposible jurídicamente proteger los derechos de las personas. Así, dado que la medida cautelar en cuestión atiende a garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del Municipio, la falta de previsión del artículo 148 debe ceder ante estas consideraciones.

g) Por último, en cuanto al acuerdo que autoriza la intervención en la Tesorería del Ayuntamiento, el Poder Legislativo plantea que tal determinación se hizo de acuerdo con sus facultades de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos por parte de los Municipios del Estado. En concreto, dicha intervención se autorizó debido a la pérdida de confiabilidad en la información financiera y presupuestal del gasto programado del Municipio.

10. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Poder Ejecutivo contestó la demanda por medio del secretario de Gobierno del Estado de Veracruz en los siguientes términos:

a) Por lo que hace a la publicación del decreto impugnado (acto impugnado respecto de este Poder) es un acto secundario y accesorio a la aprobación del dictamen por parte del Congreso Local. Además, esta publicación encuentra fundamento en el artículo 49, fracción II, de la Constitución del Estado, la cual faculta a este Poder para publicar decretos. b) Respecto al contenido del decreto impugnado, argumenta que la facultad del Poder Legislativo Local de suspender provisionalmente los Ayuntamientos se encuentra implícita en la legislación. Esto porque si este Poder puede declarar su desaparición, por mayoría de razón puede suspenderlos provisionalmente.

11. Referencia a la opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

12. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el tres de diciembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, la "ley reglamentaria de la materia") y se puso el expediente en estado de resolución.

13. Radicación. Mediante escrito de fecha cinco de febrero de dos mil veinte,(7) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual acordó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de once de febrero de dos mil veinte.(8) Finalmente, en proveído de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(9)

II. COMPETENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Mixtla de Altamirano y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LA LITIS

15. En términos del artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(10) esta Suprema Corte debe fijar los actos y normas efectivamente cuestionadas en una controversia; obligación que, entre otros aspectos, debe cumplimentarse a través de una valoración integral del escrito inicial de demanda. En ese sentido, esta Primera Sala llega a la convicción de que la materia de la presente controversia constitucional es la que se detalló en los incisos a), b) y c) del párrafo primero de esta ejecutoria (el Decreto 273, el acuerdo de intervención y dos normas de la ley local). Lo anterior, en atención a las consideraciones que siguen.

16. En primer lugar, en el capítulo "IV" de la demanda, el Municipio señaló genéricamente que reclamaba la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la suspensión provisional del Ayuntamiento –imputado al Poder Legislativo Local– y la promulgación y publicación del Decreto 273 –imputado al Poder Ejecutivo de la entidad–. Esto en los siguientes términos:

"IV. Acto cuya invalidez se reclama y el medio oficial en el que se publicó.

"La aprobación por el H. Congreso del Estado, del dictamen denominado ‘De la Comisión Permanente Instructora, dictamen con proyecto de decreto por el que se declara, como medida preventiva, la suspensión provisional del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz de Ignacio de la Llave, en tanto se desarrolla el procedimiento de desaparición y el Congreso de Veracruz emita resolución definitiva.’, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso de Veracruz, en fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, dictamen que conlleva la promulgación y publicación por parte del gobernador del Estado del ‘Decreto Número 273 por el que como medida preventiva se declara la suspensión provisional del H. Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Ver. por la presunta pérdida del orden y la paz pública del Municipio y se designa un concejo municipal’, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el diez de julio de dos mil diecinueve, decreto que también se solicita declarar inválido."

17. Atendiendo a este texto y al resto del contenido de la demanda de controversia constitucional, esta Suprema Corte considera que lo realmente reclamado por el Municipio actor es el Decreto 273, sin necesidad de tener como propios actos reclamados algunos de los que integran su procedimiento de creación. A nuestro juicio, si bien el actor alude a la aprobación de un dictamen legislativo, es notorio que lo que busca el Municipio actor es cuestionar la afectación que se genera con el contenido final del decreto (el dictamen es sólo un medio para llegar a la decisión final); por lo que debe tenerse como acto impugnado el Decreto 273, el cual lógicamente presupone como parte de su contenido y procedimiento de creación el correspondiente dictamen.

18. Siendo importante aclarar que la aprobación de un dictamen por parte del Poder Legislativo ha sido identificado en otros asuntos como el acto reclamado en sí mismo.(11) No obstante, en el caso que nos ocupa, el Decreto 273 resulta ser la resolución definitiva que puso fin al asunto objeto del dictamen y es el que les da vida jurídica a los efectos que el Municipio combate argumentativamente; a saber, (a) la suspensión provisional del Ayuntamiento y (b) la designación de un concejo municipal.(12) Por ello, no resulta viable tener por impugnados de manera diferenciada el dictamen y el producto del dictamen.

19. En segundo lugar, a pesar de que el actor únicamente aludió de manera expresa al referido decreto en el capítulo "IV" de su demanda, de una valoración integral del escrito se desprende que también fue su intención cuestionar la invalidez de los artículos 126 y 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como del acuerdo del cuatro de julio de dos mil diecinueve mediante el cual se autoriza la intervención en la Tesorería del Municipio.

20. En relación con las normas, en el capítulo de conceptos de invalidez el Municipio solicitó explícitamente que se "declare la invalidez de los artículos 126 y 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz", y formuló diversos argumentos con los que sostiene su inconstitucionalidad. Así, no hay duda alguna sobre la impugnación de estos artículos.(13)

21. En cuanto al acuerdo que autoriza la intervención en la Tesorería del Municipio, aunque no se detalla al inicio de la demanda como uno de los actos reclamados, a lo largo de su escrito, el Municipio formuló dos argumentos para controvertirlo. En específico, sostuvo que ese acuerdo de intervención (a) no contiene una fundamentación y motivación adecuadas y (b) que contraviene la garantía constitucional de libre administración de la hacienda municipal. Esto se advierte del siguiente fragmento de la demanda:

"En relación con el inciso c) se solicita la suspensión de la designación de un interventor en el Municipio de Mixtla de Altamirano, por ser claramente inconstitucional, por las razones siguientes:

"La designación del interventor, cuya designación se solicita quede sin efectos mediante la suspensión del acto por parte del Ministro instructor, se llevó a cabo sin respetar el fundamento legal, ya que fue designado antes de declarar la suspensión del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano.

"En efecto, la suspensión de dicho Ayuntamiento fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el 10 de julio del presente año, sin embargo el interventor fue designado por el Congreso del Estado el 2 de julio, y publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 4 de julio al tenor siguiente: ‘Acuerdo por el que se autoriza intervenir a la Tesorería del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano Ver., a fin de supervisar y evaluar el gasto programado’, lo que hace que dicha designación sea inconstitucional, ya que no está debidamente fundada y motivada.

"Se afirma lo anterior, ya que la Ley Orgánica del Municipio Libre señala que, para designar un interventor en algún Ayuntamiento, es requisito indispensable que dicho Ayuntamiento haya sido supeditado en sus funciones, como se puede ver a continuación: ...

"‘Artículo 146. Toda resolución en la que se declare la suspensión de un Ayuntamiento, además de contener la orden para que se llame a los que lo sustituyan, contendrán las siguientes prevenciones:

"‘I. La designación de un interventor que reciba todo lo relativo a la administración municipal, se encargue de mantener el orden y la paz pública y atienda los servicios públicos urgentes; y’

"Por lo tanto, la designación del interventor, de fecha de publicación el 4 de julio, es inconstitucional e ilegal, ya que la suspensión de Poderes se llevó a cabo casi una semana después, el 10 de julio, y es que al designarse un interventor antes de la suspensión, dicha designación no fue llevada a cabo conforme a derecho, por lo que se solicita al Ministro instructor la suspensión de dicho acto, es decir que deje sin efectos la designación del interventor.

"Dicha designación, que ya se probó es inconstitucional, también contraviene el artículo 115 constitucional, ya que este señala que el Ayuntamiento administrará libremente su hacienda, como se puede ver a continuación:

"‘I. (sic) Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:’

"Lo anterior significa que una intervención ajena al Ayuntamiento, no está permitida, lo que no significa que nos opongamos a la trans

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30770-eb730c2d/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-extemporaneidad-en-razon · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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