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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUERON ELECTOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OFICIO FECCEV/FA/006/2020, DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DEL CUAL LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SOLICITÓ AL CONGRESO DEL ESTADO SUSPENDER O REVOCAR EL MANDATO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA SÍNDICA ÚNICA, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN; DICTAMEN PREVIO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE SRM-LXV.SG.01-2020, POR EL QUE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LAS COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO LOCAL DETERMINARON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE MANDATO; Y, ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, EN EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE INSTRUCTORA DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO LOCAL ADMITIÓ LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE MANDATO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2020. · Registro digital (IUS): 200798
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2020. ACTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 2 DE FEBRERO DE 2021. DEMANDADO: FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Colaborador: Juan Manuel Angulo Leyva

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al dos de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 17/2020, promovida por el Municipio de Actopan, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de la solicitud por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz de suspender o revocar el mandato del Presidente Municipal y la Síndica Única del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, así como la admisión y calificación de legal de la misma por parte del Congreso del estado.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes de los actos impugnados. El primero de enero de dos mil dieciocho, tomaron protesta como autoridades municipales electas del municipio de Actopan, Veracruz, José Paulino Domínguez Sánchez, en su calidad de Presidente Municipal propietario y José Alfredo López Carreto como suplente y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, en su calidad de Síndica propietaria y Nayeli Toral Ruiz como suplente, entre otros, para integrar el ayuntamiento para el periodo del primero de enero de dos mil dieciocho a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

2. El ocho de enero de dos mil veinte, José Alfredo Corona Lizárraga, en su carácter de Encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicitó al Congreso de dicho estado la suspensión o revocación de mandato de Lucero Jazmín Palmeros Barradas y José Paulino Domínguez Sánchez, Síndica y Presidente del Municipio de Actopan, Veracruz Ignacio de la Llave. Lo anterior, para efecto de que la Fiscalía pudiera proceder penalmente contra tales ciudadanos por la posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública.(1)

3. El veintidós de enero de dos mil veinte, los miembros de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura de Veracruz declararon procedente la solicitud referida y, por tanto, en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, la Comisión Permanente instructora inició el procedimiento de "Pedimento de Suspensión y Revocación de Mandato".

4. Demanda de controversia constitucional. El siete de febrero dos mil veinte, Lucero Jazmín Palmeros Barradas y José Paulino Domínguez Sánchez, en su carácter de Síndica y Presidente del Municipio de Actopan, Veracruz, respectivamente, comparecieron a promover demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia, en la cual plantearon la invalidez de:

a. El oficio FECCEV/FA/006/2020, de ocho de enero de dos mil veinte, por medio del cual la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz solicitó al Congreso de dicho estado suspender o revocar el mandato del Presidente Municipal y de la Síndica Única del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.

b. La emisión del dictamen previo de veintidós de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente SRM-LXV.SG.01-2020, por el que los miembros que integran las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz determinaron la procedencia de la solicitud de suspensión o revocación de mandato referida en el punto anterior.

c. El acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, en el que la Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz admitió la solicitud de suspensión o revocación de mandato.

5. Conceptos de invalidez. En su demanda, el municipio actor expuso los siguientes conceptos de invalidez:

• El Encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Veracruz no está facultado para solicitar un procedimiento de suspensión o revocación de mandato, ni el Congreso local de admitir y dar trámite a dicha solicitud indebidamente fundada.

• El Encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Congreso local invaden la esfera jurídica competencial del Gobernador, porque el artículo 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz,(2) en el que funda su actuar, no contiene taxativamente ninguna disposición en la cual quede facultado para solicitar al Congreso local la suspensión o revocación de mandato en contra del Presidente o la Síndica municipal. Por el contrario, tal atribución es exclusiva del Gobernador de Veracruz Ignacio de la Llave, de acuerdo el artículo 49, fracción XIV, de la Constitución de Veracruz.(3) El Congreso local asimismo aplica de manera incorrecta los preceptos legales, pues indebidamente funda su determinación en ellos.

• Las autoridades demandadas violentan el principio de legalidad y debido proceso, al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento que conlleva la suspensión o revocación de mandato, ya que no se acreditó la actualización de alguna causa grave ni se siguió el procedimiento previsto tanto en la Constitución Política del País, en su artículo 115, fracción I, como en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en sus artículos 125 y 127.(4) No basta que el fiscal haya fundado la procedencia de su acción en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como el 125, fracción III de dicha ley,(5) pues para tener por acreditada la existencia de los delitos a los que refiere dicho ordenamiento, es necesario que de manera previa se lleve a cabo el procedimiento de desafuero en contra del Presidente y Síndica Municipal, y posteriormente se ventile el proceso penal respectivo en términos del artículo 127 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,(6) para que una vez dictada la sentencia correspondiente, cualquier particular se encontrara en condiciones idóneas para promover la acción popular referida.

• El fiscal se extralimitó en sus funciones al haber presentado la solicitud de suspensión o revocación de mandato popular, al amparo de una supuesta representación de intereses difusos y de acción popular, en lugar de presentar una declaración de procedencia como proceso individual colectivo tradicional, toda vez que la solicitud elevada, surge a partir de una denuncia penal presentada por la entonces tesorera del municipio de Actopan, poniendo en conocimiento del solicitante, una supuesta malversación de fondos municipales.

• Existe una confusión en el ejercicio de las atribuciones del encargado de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que, al haber presentado la entonces tesorera municipal la denuncia penal ante la Fiscalía, en términos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,(7) el Fiscal toma dicha denuncia y sin integrar debidamente su carpeta de investigación, activa la acción popular ante el Congreso sobre la suspensión o revocación de mandato, cuando justamente su competencia es la de la investigación de los delitos que se le señalan a los ediles y en su caso la solicitud de Declaración de Procedencia, en términos del artículo 67, fracción I, de la Constitución local, así como el 35 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,(8) y no la de suspensión y revocación de mandato por afirmaciones aun no investigadas de manera exhaustiva por el fiscal.

• La representación social del Ministerio Público no es una llave maestra para abrir instancias o desplegar acciones que expresamente no tiene conferidas, pues tiene una competencia que representa al interés social, pero de manera limitada, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.(9)

6. Además, el municipio actor solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador número SRM-LXV-SG-01-2020, iniciado en su contra por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el efecto de que no se suspendiera ni revocara el mandato del Presidente y Síndica Municipal, hasta en tanto no se resolviera la presente controversia constitucional.

7. Radicación y turno. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar el expediente, registrarlo bajo el número 17/2020 y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

8. Decreto de revocación de mandato. El veinte de febrero de dos mil veinte, la Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz Ignacio de la Llave emitió el dictamen con proyecto de decreto en el que propuso la revocación del mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, como Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, al considerar que los hechos que les atribuyó el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Veracruz son causa suficiente para ello. En el citado dictamen se expuso que, una vez que éste se aprobara por el pleno de la Legislatura, debía llamarse a los suplentes respectivos para que ocuparan los cargos respectivos.

9. El cuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto 554, por el que la citada legislatura revocó el mandato de los referidos ediles.(10)

10. Juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El seis de marzo de dos mil veinte, José Alfredo López Carreto y Nayeli Toral Ruiz, en su carácter de suplentes del Presidente Municipal y de la Síndica de Actopan, promovieron juicio para la protección de los derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave. En su demanda se inconformaron porque el Congreso local no los llamó para ocupar los cargos respectivos, a pesar de que previamente solicitaron al citado Congreso que los llamara para tal efecto.

11. Nombramiento de Presidente Municipal y Síndica interinos. El doce de marzo siguiente, el cabildo de Actopan celebró la sesión en la que nombró a Eduardo Carranza Barradas y a Alma Delia Méndez Mendoza (personas distintas a los suplentes referidos en el párrafo anterior), como Presidente Municipal y Síndica interinos, respectivamente.(11)

12. Admisión y trámite de la controversia constitucional y la suspensión. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo por presentada la controversia únicamente por quien se ostentó como Síndica del municipio actor,(12) y tuvo como autoridades demandadas al Poder Legislativo y la Fiscalía General, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.(13)

13. En el incidente de suspensión, en la misma fecha, la Ministra instructora concedió la medida cautelar solicitada para el efecto de que el Poder Legislativo de Veracruz Ignacio de la Llave, se abstuviera de hacer efectiva la resolución que, en su caso, se dictara en el procedimiento de suspensión o revocación de mandato, hasta que este alto tribunal se pronunciara sobre el fondo de la controversia.

14. Toma de protesta de la Síndica suplente. El uno de abril de dos mil veinte, el Cabildo de Actopan, celebró sesión en la que Nayeli Toral Ruiz (Síndica suplente) rindió protesta como Síndica del Ayuntamiento del municipio referido. La Presidencia Municipal permaneció a cargo de Eduardo Carranza Barradas.

15. Primera sentencia en el juicio electoral local. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Tribunal Electoral de Veracruz dictó sentencia en el juicio referido en el párrafo 10, en la que calificó como infundados los argumentos en que el Presidente Municipal y la Síndica suplentes del Municipio de Actopan se inconformaron porque el Congreso local no los llamó para ocupar los cargos respectivos. Respecto de Nayeli Toral Ruíz, dijo que de las constancias de autos advirtió que ya había tomado protesta como Síndica; por lo que hace a José Alfredo López Carreto, señaló que el mismo renunció a ejercer el cargo de Presidente Municipal.

16. Primer juicio electoral federal. Inconforme, José Alfredo López Carreto presentó demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

17. El dieciséis de junio de dos mil veinte, la Sala Regional Xalapa revocó la resolución dictada por el Tribunal local y le ordenó emitir una nueva en la que se pronunciara sobre la pretensión del actor de ocupar la Presidencia Municipal de Actopan, al no tener por actualizada su renuncia al cargo, tomando en cuenta: i) los alcances de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 17/2020 y ii) el análisis de la legalidad de la designación del Presidente Municipal interino por parte del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.

18. Segunda sentencia en el juicio electoral local. En cumplimiento a lo anterior, el veintidós de junio de dos mil veinte, el Tribunal Electoral de Veracruz dictó una nueva sentencia en la que consideró que José Alfredo López Carreto tenía vigentes sus derechos político-electorales como Presidente Municipal suplente y como consecuencia:

• Revocó el acta de sesión de cabildo de doce de marzo de dos mil veinte, en lo relativo al nombramiento del Presidente Municipal interino, al considerar que dicho órgano no tenía competencia para determinar quién debía ocupar la Presidencia Municipal ante la ausencia total de un propietario. Expuso que lo procedente era llamar al Presidente Municipal Suplente y no a un Regidor y que, en todo caso, era el Congreso local el que debía hacer la designación.

• Ordenó al Congreso local que: i) diera respuesta a la solicitud en que José Alfredo López Carreto pidió que se le llamara para ocupar el cargo de Presidente Municipal suplente; ii) determinara, de manera fundada y motivada, quién debía estar frente a la Presidencia Municipal de Actopan Veracruz, atendiendo a la controversia constitucional 17/2020.

19. Segundo juicio electoral federal. Inconformes con lo anterior, Nayeli Toral Ruíz, como Síndica única y representante del Ayuntamiento de Actopan, Eduardo Carranza Barradas, como Presidente Municipal interino de dicho ayuntamiento, el Congreso de Veracruz y José Alfredo López Carreto, como Presidente Municipal suplente, promovieron diversos juicios electorales para la protección de los derechos político electorales del ciudadano:

• Los dos primeros alegaron que: i) el Tribunal local extralimitó su competencia al invalidar la sesión de cabildo de doce de marzo de dos mil veinte; ii) el Tribunal local vulneró la suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la CC 17/2020 y iii) José Alfredo López Carreto no tiene derecho a ocupar el cargo de Presidente Municipal porque la revocación de mandato del Presidente Municipal propietario, contenida en el Decreto 554, de cuatro de marzo de dos mil veinte, no ha causado estado, pues ello está sujeto a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la CC 17/2020.

• El Congreso local alegó que el Tribunal local le impuso cargas que invaden su competencia y cuyos efectos vulneran la suspensión otorgada en la controversia constitucional 17/2020, porque en la sentencia local se le ordenó pronunciarse sobre actos que son materia de la referida controversia.

• José Alfredo López Carreto alegó que: i) la suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 17/2020 se emitió con posterioridad al Decreto 554, en que se revocó el mandato del Presidente Municipal propietario, por lo que sus efectos no deben constituir un obstáculo para que se le llame a ocupar el cargo como Presidente Municipal suplente; ii) la designación de Eduardo Carranza Barradas como Presidente Municipal interino por parte del Cabildo de Actopan vulneró el voto popular, pues a éste se le eligió como Regidor Segundo propietario, no como Presidente Municipal.

20. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por su parte, el veintiséis de junio de dos mil veinte, el Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dio contestación a la demanda de controversia constitucional.

21. En primer lugar, advirtió que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones V, VI y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a la fecha de la presentación de la demanda porque:(14)

a. Los actos reclamados al Congreso local, a decir el procedimiento de suspensión y revocación de mandato, han cesado sus efectos, al haber concluido dicho procedimiento con la publicación del Decreto 554 que revoca mandato a José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas como Presidente Municipal y Síndica del ayuntamiento de Actopan, Veracruz de Ignacio de la Llave.

b. Los actos impugnados provienen de un proceso no concluido, es decir, que tienen continuidad a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, siendo esa la vía legal que en su caso tendría que agotar para cumplir con el principio de definitividad.

c. La Síndica Municipal, quien se ostenta como representante del municipio actor, no comparece en provecho del poder referido en el artículo 105, fracción i), ni reúne el carácter previsto por el artículo 10, fracción I,(15) pues acude a defender intereses personales y no los propios del municipio, en virtud de que se trata del inicio del trámite de suspensión y revocación de mandato, que versa sobre su desempeño como servidor público, no demostrando algún principio de agravio al ente público.

22. Ahora bien, por lo que hace a los conceptos de invalidez, el Poder Legislativo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifestó en esencia, lo siguiente:

• El argumento por parte del poder actor, en torno a que el Fiscal Especializado no tiene facultad para solicitar ante el Congreso local la suspensión o revocación de mandato, es falsa, pues la competencia del Gobernador del estado de Veracruz de conformidad con el artículo 49, fracciones XIV y XV de la Constitución local,(16) no tiene el carácter de exclusiva, al existir otro procedimiento aparte del enunciado, para la suspensión y revocación de los miembros de los ayuntamientos por parte de las legislaturas locales, de conformidad con el artículo 33, fracción IX, inciso c), de la Constitución local, en relación con los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.(17)

• El actor argumenta violación al debido proceso, sin embargo, la admisión y trámite a la petición que se duele no son actos definitivos, sino que, en esas etapas procesales, únicamente se verifica que se cumpla con los requisitos que marca la ley, por lo que dicha fase no es el momento legal oportuno para presentar una defensa sobre violaciones al debido proceso, no obstante que, al momento, se ha cumplido con todas las etapas que conlleva el mismo.

• Contrario al argumento por el poder actor, el Fiscal Especializado sí cuenta con facultades para iniciar un trámite ante el Congreso de suspensión o revocación de mandato, con carácter de representante social en tutela de los intereses públicos de la sociedad, al ejercer la acción popular a que hace referencia el artículo 132 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado,(18) además de que no es requisito de procedencia verificar la legitimación del solicitante, sino únicamente se debe verificar que el denunciado sea servidor público, si la denuncia contiene descripción de los hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba alegados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y probable responsabilidad del denunciado.

• Se cumple con el principio de seguridad jurídica, toda vez que, dentro del procedimiento de suspensión o revocación, una vez emplazados el Presidente y la Síndica municipales, deben ser citados para que comparezcan personalmente o por escrito para manifestar lo que a su derecho convenga.

23. Segunda sentencia del juicio electoral federal. Por su parte, el diecisiete de julio de dos mil veinte, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en los juicios referidos en el párrafo 19, en la que:

• Confirmó la invalidez del acta de Cabildo de doce de marzo de dos mil veinte, en lo relativo al nombramiento del Presidente Municipal interino, al considerar que la ley aplicable no prevé dicho cargo: ante la revocación del mandato de algún miembro del ayuntamiento se debe llamar al suplente. Además, dijo la Sala, si se tiene en cuenta que cuando se emitió el acta no se había dictado la suspensión en la controversia constitucional 17/2020, lo procedente era cumplir con el propio Decreto 554, en que se revocó el mandato del Presidente Municipal propietario, y llamar al suplente.

• Consideró que la sentencia local no vulneró los alcances de la suspensión decretada en la controversia constitucional 17/2020, porque dicha suspensión se decretó para efecto de que, si bien se continuara el trámite del procedimiento de suspensión o revocación de mandato, no se ejecutara la resolución que llegara a dictarse, esto es, para que el Poder Legislativo local se abstuviera de hacer efectiva la resolución que, en su caso, dictara en dicho procedimiento hasta que la Suprema Corte resolviera la controversia. Expuso que el Tribunal local fue cuidadoso de ese aspecto porque dijo que estaba impedido para hacer cualquier pronunciamiento en relación con los actos ordenados por la Suprema Corte, y que el pronunciamiento sobre la vigencia de los derechos político electorales del Presiente Municipal suplente no trastocó lo relacionado con el procedimiento de revocación de mandato del Presidente Municipal propietario, máxime que el Tribunal local acotó su decisión al mencionar que la vigencia de los derechos político electorales de José Alfredo López Carreto se reconocía para que fuera tomado en cuenta si llega a faltar el Presidente Municipal Propietario, sin que el Tribunal local se pronunciara respecto a lo que sucedería con el Presidente Municipal propietario, por ser materia de la referida controversia constitucional.

• Consideró infundada la pretensión de José Alfredo López Carreto, relativa a que se le llame a ocupar el cargo de Presidente Municipal, sobre la base de que la suspensión decretada en la controversia constitucional 17/2020 fue para el efecto de que, si bien se continuara el trámite del procedimiento de suspensión o revocación de mandato, no se ejecutara la resolución que llegara a dictarse, por lo que el Tribunal local no podía ordenar desde su sentencia que el Presidente Municipal suplente asumiera el cargo.

• Consideró que el Tribunal local no debió ordenar al Congreso local que defina quién debe estar al frente de la Presidencia Municipal, pues esa situación es parte de la suspensión otorgada en la controversia constitucional, 17/2020 en la que se señaló que no se puede ejecutar la revocación de mandato. En consecuencia, modificó la sentencia local únicamente por la orden al Congreso local de proveer sobre quién debe estar al frente del Ayuntamiento de Actopan, para quedar ahora la orden en el sentido de que "el Congreso debe llamar al Presidente Municipal propietario para que reasuma el cargo para el que fue electo democráticamente, en virtud de los efectos de la suspensión dictada en la controversia constitucional 17/2020 y, solo en caso de que eso no sea posible o el propietario no acuda, se deberá llamar a José Alfredo López Carreto como suplente, para que asuma el cargo hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional".

24. Recurso de Queja 8/2020-CC. Inconforme con la sentencia referida en el párrafo anterior, el veinticuatro de julio de dos mil veinte, el Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave interpuso recurso de queja, en el que alegó que los efectos de la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo obligaban a vulnerar la suspensión dictada en la controversia constitucional 17/2020.

25. Contestación de demanda de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por su parte, el diez de septiembre de dos mil veinte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dio contestación a la demanda de controversia constitucional.

26. Como causas de improcedencia señaló las siguientes:

• El poder actor no plantea la existencia de un agravio en su perjuicio, que haya generado una invasión a la esfera jurídica del ayuntamiento, siendo que la controversia constitucional fue instaurada para garantizar el principio de división de poderes donde se plantea una invasión de las esferas competenciales de la Constitución Política del País.

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria vigente al momento de su presentación,(19) toda vez que la solicitud del procedimiento para la suspensión o revocación de mandato de los miembros del ayuntamiento, constituye un acto cuyos efectos son instantáneos, que se consuman en su totalidad en cuanto el Congreso del Estado recibe y admite a trámite la misma, además de que por la naturaleza propia del mismo, se sabe que los actos que a partir de la solicitud elevada por el Fiscal, se realicen por el Congreso del Estado, se dan en un espacio dotado de inmunidad constitucional, de ahí que carezca de objeto analizar la corrección o incorrección de la solicitud, pues no podría resolverse lo primero sin afectar el contenido de lo segundo, que es inatacable, además de que en todo caso la valoración de fondo de la misma correspondería a un juzgador penal.

• El ayuntamiento de Actopan, Veracruz de Ignacio de la Llave, carece de legitimación activa para promover el presente medio de control constitucional, contra la Fiscalía General de la República, al ser esta un organismo constitucional autónomo local con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con los artículos 67, fracción I, de la Constitución local(20) y 2, párrafo primero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave,(21) siendo que el artículo 105, fracción I de la Constitución Política del país, dispone de manera expresa los supuestos en los que esta Suprema Corte puede conocer de las controversias constitucionales, sin estar comprendida la hipótesis relativa al conflicto suscitado entre un municipio y un órgano constitucional autónomo local.

27. En contestación a los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, el Fiscal General manifestó esencialmente que:

• Se tuvieron por colmados los requisitos establecidos por los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como el artículo 19 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(22) en la solicitud planteada relativa al inicio del procedimiento de suspensión o revocación de mandato de los ciudadanos José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, toda vez que i) quedó debidamente justificada la descripción de los hechos, y ii) se acreditaron los elementos probatorios que presumen la existencia de la infracción y probable responsabilidad de los denunciados.

• El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción sí cuenta con facultades para iniciar trámite de suspensión o revocación de mandato ante el Congreso local, en su carácter de representante social en tutela de los intereses públicos de la sociedad veracruzana, a ejercer la acción popular a que hace referencia el artículo 132 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Siendo que, si bien es cierto que dentro de las atribuciones no se encuentra establecida la de promover Juicio Político, también es cierto que no lo prohíbe.

28. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por presentadas las contestaciones a la demanda presentadas.(23)

29. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, el Ayuntamiento del Municipio de Actopan, Veracruz, celebró la 116ª Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que, a propuesta de la Presidencia Municipal, se aprobó por unanimidad de votos la designación de José Altamirano Ramírez, quien ejercía el cargo de Regidor Cuarto, como Síndico único interino municipal.

30. Recurso de Queja 2/2021-CC. Mediante escrito presentado a través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del estado de Veracruz, interpuso un segundo recurso de queja. En este, denunció nuevamente la posible violación a la suspensión, derivada de la resolución dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que ordenó al Tribunal Electoral de Veracruz el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de julio de dos mil veinte (relatada en el resultando décimo quinto).

31. Resolución del recurso de queja 8/2020-CC. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, esta Primera Sala resolvió el recurso de queja 8/2020-CC, declarando como infundados los argumentos del Congreso local, en esencia, por que, el hecho de que la Sala Regional Xalapa ordenara la restitución de José Paulino Domínguez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200798-a66e5420/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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