I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA). III. DIVISIÓN DE PODERES. FINALIDAD Y LÍMITES DE ESE PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLAS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. V. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO, EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A AQUÉL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO E IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN SU PERJUICIO (INVALIDEZ DE LA OMISIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA DE ENTREGAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA SUFRAGAR LAS NECESIDADES DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA PARTE DEL MES DE FEBRERO, ASÍ COMO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO LOCAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS (INVALIDEZ DE LA OMISIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA DE ENTREGAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA SUFRAGAR LAS NECESIDADES DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA PARTE DEL MES DE FEBRERO, ASÍ COMO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 6 DE ABRIL DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 42/2021, promovida por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en contra del Poder Ejecutivo de la entidad, en la que impugna la indebida retención por parte de la demandada de los recursos necesarios para materiales y servicios generales, aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el año dos mil veintiuno y que forman parte del presupuesto asignado al Poder Judicial.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, Enrique Inzunza Cázarez, quien se ostentó como Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, promovió controversia constitucional por escrito presentado mediante el sistema electrónico.
2. En la demanda señaló como demandado, así como acto impugnado los que a continuación se precisan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
Actos y omisión cuya invalidez se demanda:
• La indebida retención por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa de los recursos necesarios para materiales y servicios generales, aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el año de dos mil veintiuno y que forman parte del presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado, en lo que corresponde a la ministración de la segunda parte del mes de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de $9'981,638.77 (nueve millones novecientos ochenta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos 77/100 moneda nacional), así como la primera y segunda parte del mes de marzo de dos mil veintiuno, por las cantidades de $9'141,902.32 (nueve millones ciento cuarenta y un mil novecientos dos pesos 32/100 moneda nacional) y $9'141,902.32 (nueve millones ciento cuarenta y un mil novecientos dos pesos 32/100 moneda nacional), respectivamente.
3. Artículos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial Estatal expone en su único concepto de invalidez lo siguiente:
Único. Sostiene que la indebida retención de los recursos correspondientes al rubro materiales y servicios generales por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa vulnera los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el de división de poderes, contenidos en los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal."
Aduce que de los preceptos constitucionales citados se desprende la garantía de independencia como aspecto subjetivo de quienes integran los órganos jurisdiccionales, así como la autonomía de la que deben gozar las instituciones judiciales.
Manifiesta que dichas garantías se ven vulneradas cuando el Poder Judicial sufre intromisiones injustificadas por parte de otros poderes, en las competencias o atribuciones que le confiere la normatividad, aduce que la vulneración se agudiza cuando el acto antijurídico propicia, o pretende propiciar dependencia o subordinación.
Así, asegura que en el caso concreto nos encontramos ante actos que pretenden propiciar dependencia y subordinación del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, debido a que, al retener indebidamente recursos asignados al Poder Judicial, impide que cumpla con los fines constitucionales que le son encomendados.
Considera importante destacar que, de permitir que el Ejecutivo continúe reteniendo los recursos asignados al Poder Judicial, se estaría validando una forma de presión a las funciones jurisdiccionales, misma que fomentaría la dependencia o subordinación de un poder respecto de otro, lo que atenta contra el principio de división de funciones.
Así, solicita al Tribunal Pleno que decrete la invalidez del acto impugnado y se ordene al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa la entrega de los recursos asignados al Poder Judicial para sufragar las necesidades de materiales y servicios generales, correspondientes a la ministración de la segunda parte del mes de febrero, así como de la primera y segunda parte del mes de marzo del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.
5. Admisión y trámite. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 42/2021, y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
6. Por auto de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor previno a la parte actora para que enviara a este Alto Tribunal el original del escrito de demanda de la controversia constitucional, así como señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
7. Mediante acuerdo de veinte de mayo siguiente, el Ministro instructor tuvo por cumplido el requerimiento anterior, por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la demanda, con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar sentencia; se le tuvo por delegado y ofreciendo pruebas.
8. Aunado a lo anterior, no tuvo por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el Estado de Sinaloa, en virtud de que las partes están obligadas a designar uno en la ciudad sede de este Alto Tribunal; por lo que se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado auto de tres de mayo de dos mil veintiuno y señaló que las notificaciones derivadas de la tramitación y resolución del asunto que debieran practicarse por oficio deberán hacerse por medio de lista, hasta en tanto lo señalara.
9. En dicho auto se reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, se ordenó su emplazamiento; se le requirió para que presentara su contestación y que al hacerlo señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de lo contrario, las subsecuentes se harían por lista hasta en tanto cumpliera con lo indicado y además, se le requirió para que remitiera copia certificada de las documentales relacionadas con el acto impugnado, bajo el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.
10. Aunado a lo anterior, en dicho auto se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de manifestar lo que a su representación conviniera.
11. Finalmente, en cuanto a la solicitud de suspensión formulada por el promovente, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
12. Acuerdo que tiene por no rendida la contestación y requerimiento al Poder Ejecutivo del Estado. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor del presente asunto, toda vez que transcurrió el plazo legal concedido al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa para que presentara su contestación, sin que a la fecha haya comparecido, hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno respecto de las notificaciones.
13. Por otra parte, en el citado auto se le requirió nuevamente a la mencionada autoridad para que diera cumplimiento al requerimiento ordenado en el proveído y remitiera copia certificada de las documentales relacionadas con el acto impugnado en un plazo de tres días hábiles, apercibida que, de no hacerlo, se le impondría una multa en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
14. Asimismo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
15. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.
16. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
17. Radicación en la Primera Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución.
18. Avocamiento. Mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Primera Sala dispuso que la misma se avocara al conocimiento del presente asunto, y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración de la resolución correspondiente.
CONSIDERANDOS:
I. COMPETENCIA
19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Sinaloa y el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
20. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(3) procede ahora determinar los actos impugnados respecto de los que versa la impugnación en la presente controversia constitucional.
21. De la lectura integral de la demanda se advierte que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa impugna los siguientes actos:
• La indebida retención por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa de los recursos necesarios para materiales y servicios generales, aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el año de dos mil veintiuno y que forman parte del presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado, en lo que corresponde a la ministración de la segunda parte del mes de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de $9'981,638.77 (nueve millones novecientos ochenta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos 77/100 moneda nacional), así como la primera y segunda parte del mes de marzo de dos mil veintiuno, por las cantidades de $9'141,902.32 (nueve millones ciento cuarenta y un mil novecientos dos pesos 32/100 moneda nacional) y $9'141,902.32 (nueve millones ciento cuarenta y un mil novecientos dos pesos 32/100 moneda nacional), respectivamente.
III. OPORTUNIDAD
22. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(4) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día.
23. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(5) Sin embargo, respecto de actos de carácter omisivo la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional.
24. Estos actos, por su naturaleza, son aquellos que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad; dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan.
25. Esta peculiaridad que conllevan las omisiones conduce a que, en la generalidad de los casos, y dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para la impugnación de las mismas también se actualice día a día, permitiendo entonces en cada una de esas actualizaciones la impugnación de la constitucionalidad de dicho no actuar de la autoridad.
26. En vista de lo anterior, es de concluirse que, tratándose de la impugnación de omisiones, la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras ésta subsista, por lo que la demanda será oportuna, bajo ese mismo criterio.
27. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, impugna actos omisivos por parte del Poder Ejecutivo del Estado, aun cuando los señale como la indebida retención de los recursos necesarios para materiales y servicios generales, aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el año de dos mil veintiuno y que forman parte del presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, pues al valorarse como una omisión total de entrega de recursos, la oportunidad para impugnarla se actualiza de momento a momento y, por ende, la controversia se promovió en tiempo.
28. El criterio sobre la oportunidad de la demanda ya fue respaldado por el Tribunal Pleno el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, al resolver la controversia constitucional 135/2016.(6)
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
29. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"h) Dos poderes de una misma entidad federativa."
30. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(7) señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de los Estados, en relación con la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
31. En el sumario que se examina se tiene que la demanda fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa por conducto del Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, quien cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con los artículos mencionados; y porque esa personalidad la acreditó con copia certificada del acta de la sesión del Pleno de ese tribunal, de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, en la que fue electo y se le tomó protesta para el cargo con el que se ostenta.
32. Además, dicho funcionario cuenta con facultades para representar al Poder Judicial del Estado de Sinaloa en términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad.(8)
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
33. Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.
34. Conforme a los artículos 10, fracción II,(9) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
35. Ahora bien, en el caso concreto, por auto de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor, conforme a los artículos 10, fracción II, de la ley reglamentaria, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que ordenó emplazarlo para que diera contestación a la demanda y remitiera copia certificada de las documentales relacionadas con el acto impugnado.
36. No obstante, el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa no dio contestación a la demanda, de ahí que no es posible analizar la representación de la autoridad demandada.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
37. Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y tampoco se advierte de oficio alguna otra. En consecuencia, procede entrar al estudio de los conceptos de invalidez planteados por el Poder Judicial actor.
VII. ESTUDIO DE FONDO
38. El actor sostiene que el Poder Ejecutivo omitió la entrega de los recursos asignados al Poder Judicial para sufragar las necesidades de materiales y servicios generales, correspondientes a la ministración de la segunda parte del mes de febrero, así como de la primera y segunda parte del mes de marzo del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el año dos mil veintiuno.
39. Refiere que con dicha omisión se vulneran los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el de división de poderes, contenidos en los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal.
40. Señala que con dicho acto se pretende propiciar dependencia y subordinación del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, debido a que, al retener indebidamente recursos asignados al Poder Judicial mediante el presupuesto de egresos, impide que cumpla con los fines constitucionales que le son encomendados. Considera que es importante destacar que, de permitir que el Ejecutivo continúe reteniendo los recursos asignados al Poder Judicial, se estaría validando una forma de presión a las funciones jurisdiccionales, misma que fomentaría la dependencia o subordinación de un poder respecto de otro, lo que atenta contra el principio de división de funciones.
41. En este contexto, la materia de estudio de la presente controversia constitucional es determinar si la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa– ha incurrido en la omisión de entrega de los recursos asignados al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para sufragar las necesidades de materiales y servicios generales, correspondientes a la ministración de la segunda parte del mes de febrero, así como de la primera y segunda parte del mes de marzo del ejercicio fiscal dos mil veintiuno y si ello resulta violatorio de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.
42. Para analizar si el actuar del poder demandado deviene contrario al Texto Constitucional, partiremos del estudio del conjunto de normas jurídicas que determinan el sistema de distribución de competencias de los entes públicos, previstas desde la Constitución, de los principios constitucionales considerados vulnerados y la interpretación efectuada por esta Suprema Corte de los mismos. 43. Así tenemos que, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esa Ley Fundamental.
44. Este sistema federal garantiza la soberanía interna de cada uno de los Estados de la Nación, siguiendo siempre los principios que establece la Norma Fundamental.
45. Así, el artículo 41 de la Constitución Federal establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en lo que concierne al ámbito federal y, por lo que hace al local, por medio de los Poderes de los Estados, en los términos de la propia Constitución Federal y de cada una de las Constituciones de las entidades federativas las cuales, en ningún caso, podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
46. En concordancia con lo anterior, el artículo 133 constitucional acoge el principio de supremacía constitucional, que a la letra dispone:
"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.". (Énfasis añadido)
47. En esta línea, el artículo 49 constitucional consagra el principio de división de poderes conforme a lo siguiente:
"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."
48. Así, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. En este tenor, la finalidad del principio de división de poderes es limitar y equilibrar el poder público, a efecto de impedir que un poder se coloque por encima de otro y evitar que un individuo o corporación sea el depositario de dos o más poderes.
49. Este Alto Tribunal ha establecido que el esquema de división de poderes no supone un fin en sí mismo, sino una técnica que exige un equilibrio entre los distintos poderes de la Federación y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías.(10)
50. En este sentido, en los Estados Unidos Mexicanos, la división funcional de atribuciones de los poderes públicos no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del Estado de derecho. Como se refirió con anterioridad, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna.
51. Tal criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia 41 del Tribunal Pleno, cuyo rubro es el siguiente: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA."(11)
52. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece pues, de forma general, las funciones que corresponden a cada uno de los tres poderes, con el fin de distribuir el ejercicio del poder público y, al mismo tiempo, controlarlo; no obstante, existen excepciones y temperancias que la misma Constitución permite para la interrelación de los poderes; sin embargo, es necesario que se lleve a cabo dentro del marco que la propia Constitución Federal establece o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas.
53. En este sentido, se ha aceptado que el Constituyente Local establezca funciones a favor de un determinado Poder, que corresponden a la esfera de otro, pero limitado a que se encuentre expresamente en la Constitución Federal, y que esa función sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas.
54. Se deduce entonces que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno y otro de los Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
55. Paralelo al principio de división de poderes, se coloca el de autonomía, como principio complementario de los poderes públicos, que recorre transversalmente la Constitución, otorgando dicha autonomía a los Poderes de la Unión, a los Poderes Locales y a los entes constitucionalmente autónomos, entre otros, facilitando el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, sin presiones externas y sin correr el riesgo de que tales facultades y obligaciones, sean usurpadas por el resto de los poderes públicos.
56. En forma genérica podemos definir a la autonomía como la facultad que tiene una institución o entidad para establecer y seguir sus propias normas de funcionamiento, elegir sus autoridades y funcionarios y administrarse a sí misma, dentro del marco de la normativa aplicable y sus ámbitos de competencia.
57. Precisados los términos en que esta Suprema Corte de Justicia ha definido el concepto y alcance del principio de división de poderes, así como el de autonomía, conviene analizar el referido principio a nivel local.
58. El principio de división de poderes está expresamente previsto para el ámbito local en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) cuyo primer párrafo establece que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, principio que se recogen también en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.(13)
59. Ahora bien, el Tribunal Pleno determinó que ninguno de los poderes públicos de los Estados de la Federación podrá realizar actos que den lugar a la intromisión, a la dependencia o a la subordinación de otro poder, estableciendo las modalidades en que pueden presentarse tales actos de intromisión, los cuales se materializan bajo las siguientes condiciones:
a) Intromisión: es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.
b) Dependencia: conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.
c) Subordinación: se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
60. Lo señalado encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 80/2004, que a la letra dice:
"DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de v
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30823-ca95999e/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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