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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE VACUNAR CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 AL PERSONAL MÉDICO DEL SECTOR PRIVADO, PARA EL EFECTO DE QUE SE LES APLIQUE EN LA MISMA FECHA Y EN IGUALES CONDICIONES QUE AL PERSONAL DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2021. · Registro digital (IUS): 30836
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, Pág.3287.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LILIANA HERNÁNDEZ PANIAGUA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar: 1) Si en los casos en que se reclama la omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 al personal médico del sector privado, ya sea porque se encuentra en la primera línea de atención a los pacientes de COVID-19, o bien, porque de manera cotidiana, presta atención médica a este tipo de pacientes, en iguales condiciones que al personal de salud del sector público, procede la suspensión a petición de parte, o de oficio y de plano; y, 2) Si se debe conceder la medida cautelar.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por escrito recibido el ocho de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 52/2021 y el sustentado por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja 44/2021.

2. Trámite de la denuncia. Admisión y turno. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, la registró con el número 152/2021, solicitó a los órganos contendientes que remitieran vía electrónica, en original o copia certificada, las ejecutorias en que emitieron los criterios denunciados e informaran si éstos se encontraban vigentes; además, determinó que la competencia para conocer del asunto, al derivar de la materia administrativa, corresponde a la Segunda Sala de este Alto Tribunal; finalmente, por razón de turno, designó como ponente al Ministro José Fernando Franco González Salas, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

3. Avocamiento. Por acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, la presidenta de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento de ésta al conocimiento de este asunto.

4. En el proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Sala tuvo debidamente integrado el expediente de la contradicción de tesis y ordenó remitirlo al Ministro ponente.

5. Returno. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala sesionó el proyecto de sentencia presentado por el Ministro José Fernando Franco González Salas, el cual fue desechado por mayoría de tres votos, consecuentemente, por acuerdo de nueve del mismo mes, la presidenta de esta Segunda Sala ordenó returnar el presente asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.

I. Competencia

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; así como el tercero transitorio(1) del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I,(2) y primero transitorio, fracción II,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los criterios contendientes los sustentaron Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y versaron sobre la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

II. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

III. Criterios denunciados

8. Con el fin de determinar si existe la contradicción de tesis es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:

A. Criterio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (recurso de queja 44/2021).

9. Una persona física (médico particular), por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del presidente de la República y de autoridades dependientes del Sector Salud, consistentes en: "... La omisión de las autoridades responsables de vacunar al quejoso contra el VIRUS COVID-19, a pesar de ser médico cirujano y brindar de manera cotidiana la atención médica necesaria a los pacientes enfermos de COVID-19 ..."

10. Del asunto conoció el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 317/2021, en donde se admitió a trámite la demanda y fue negada la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado.

11. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente QA. 44/2021, el cual en sesión de cinco de abril de dos mil veintiuno, declaró infundado el recurso de queja, confirmó el auto recurrido y negó la suspensión provisional, esencialmente, al considerar que:

• Son infundados los agravios del recurrente, ya que no se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, puesto que los actos omisivos reclamados no importan, por sí mismos, peligro de privación de la vida.

• Tampoco se actualizan los demás supuestos previstos en el numeral 126 de la Ley de Amparo, por lo que fue correcto que el Juez de amparo negara la suspensión de plano solicitada por el quejoso en su demanda inicial.

• El hecho de que le sea aplicada la vacuna hasta la fecha en que precisa el calendario de vacunación propuesto en el programa reclamado, esto es, a más tardar en el mes de abril de dos mil veintiuno, no necesariamente implica que éste se contagie, ni mucho menos que, de hacerlo, esté en riesgo de perder la vida.

• No pasa inadvertido que el recurrente haya referido que tiene mayor riesgo de contagio, dadas sus condiciones de salud, el trabajo y los pacientes que atiende con COVID-19, puesto que con el otorgamiento de la suspensión solicitada pretende desconocer el esquema de vacunación previsto en México, lo que ocasionaría una vulneración a una disposición de orden público, cuyo fin es lograr el mayor beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto, en la medida que la situación mundial así lo permita.

• Tampoco le asiste la razón respecto de la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que su pretensión es que se le suministre la vacuna primero, al asumirse como médico particular que atiende pacientes con COVID-19, lo que es contrario a las directrices implementadas para la inoculación de toda la población mexicana.

• La vacuna, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, resultando que su aplicación constituya un mecanismo preventivo del contagio del virus y de reducción de sus efectos y consecuencias en el organismo humano; de ahí que su no aplicación únicamente implicará no acceder a un beneficio clínico.

• Este Alto Tribunal ha sustentado criterio en el sentido de que cuando el juicio de amparo verse sobre el tema de la omisión de brindar atención médica para resolver si se debe conceder o no la suspensión de oficio y de plano, se debe llevar a cabo un juicio valorativo en el que se pondere si la omisión que se reclama compromete gravemente la dignidad humana de la parte quejosa o si puede tener consecuencias irreversibles en su salud o, inclusive, producir la pérdida de la vida, pues será en estos casos cuando se justifica otorgar la medida suspensiva.

• No se desconoce la situación sanitaria imperante en el país; sin embargo, la posibilidad que existe de contraer el virus que origina el COVID-19 no conlleva, indefectiblemente, a la pérdida de la vida, aunado a que dicho argumento parte de una situación hipotética.

• El hecho de que se le aplique la vacuna no necesariamente impide que el quejoso se contagie del virus, pues si bien es cierto que su aplicación reduce la posibilidad de que ello acontezca, también es cierto que no se puede afirmar que, a partir de ella, el inconforme será inmune a aquél.

• Es infundado el agravio relacionado con la acreditación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, toda vez que el juzgador negó la suspensión solicitada, lo que hace que el estudio de esa institución sea innecesario. Consideración que sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA."

B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (recurso de queja 52/2021).

12. Diversas personas físicas que laboran en una clínica privada no adscrita a la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) y que desempeñan distintas funciones, tales como médicos generales, médicos cirujanos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de intendencia, cocineros y personal administrativo, promovieron demanda de amparo indirecto contra actos del presidente de la República y autoridades dependientes del Sector Salud, tanto Federal como Local, por el acto consistente en el "... incumplimiento a la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Versión 4.0, del 11 de enero de 2021, y la Estrategia Conjunta de Vacunación Nacional, que llevan a cabo las autoridades federales y estatales, materializado en la omisión de vacunar a los quejosos, no obstante que son trabajadores de la salud de primera línea de contacto con pacientes infectados del virus en cuestión ..."

13. El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, conoció del asunto bajo el número de expediente 271/2021, en el cual se negó la suspensión de plano del acto reclamado.

14. Contra dicha determinación, los quejosos, por conducto de su autorizado, interpusieron recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, bajo el expediente QA. 52/2021 y, en sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, declaró fundado el recurso de queja, medularmente, bajo las consideraciones siguientes:

• El análisis realizado por la juzgadora fue incorrecto, ya que los elementos que tomó en consideración para negar la suspensión de plano no justifican de modo alguno su determinación, puesto que su estudio no corresponde a los casos en los que se solicita la suspensión de plano.

• No resulta viable considerar que el derecho a la vida pueda ser ponderable frente al interés social al resolverse sobre la medida cautelar en un juicio de amparo, incluso, va en contra del juicio como recurso judicial efectivo en la protección de los derechos humanos.

• La suspensión tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio.

• De conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

• Con la incorporación de la teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en la suspensión del acto reclamado, se debe hacer un examen preliminar y superficial de constitucionalidad de los actos reclamados para conceder la suspensión, porque su finalidad es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia.

• Para que proceda el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano, el asunto debe versar sobre actos, cuya naturaleza jurídica sea de entidad sumamente grave y requiera la intervención del juzgador constitucional para paralizarlos de inmediato.

• La Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 266/2017, determinó que atento a la irreparabilidad de la ejecución de los efectos del acto reclamado sobre los derechos más importantes de una persona, como su vida y su salud, dados los efectos y consecuencias de los actos reclamados en un contexto específico, procede proveer sobre la suspensión de oficio y de plano. De dicho asunto derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2018 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO."

• Además, la Primera Sala también ha establecido que puede actualizarse el supuesto de procedencia de la suspensión de plano cuando, a partir de un juicio valorativo de las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, se advierte que la falta de atención médica reclamada compromete gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, cuando pudiera tener consecuencias irreversibles en la salud o la pérdida de la vida del solicitante del amparo. Determinación que sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO."

• El desempeño de las funciones de los quejosos no implica, por regla general, poner en riesgo su vida o su salud de una forma irreparable; sin embargo, al involucrar la primera línea de atención de pacientes infectados con el SARS CoV-2 y al tomar en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que pueden encontrarse, en el contexto de la pandemia actual, sí estarían en riesgo si no se les aplica la vacuna conforme a la Política Nacional de Vacunación en las mismas condiciones que el personal de salud que trabaja en el sector público.

• Del análisis realizado a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, sí se está en el caso de la suspensión prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de oficio y de plano, porque los efectos y consecuencias de los actos ponen en peligro la vida, pues el riesgo que corren sin haber obtenido la vacuna, podía llevarlos a perder la vida, a ser contagiados con el virus y contagiar, a su vez, a otras personas con las que tengan contacto, lo que desde luego en nada beneficiaba a la sociedad.

• No es obstáculo que se haya señalado como acto reclamado una omisión, puesto que la naturaleza de los actos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, sino que debe analizarse en función de sus consecuencias, lo que es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran, o debe restituirse provisionalmente.

• Consecuentemente, concedió la suspensión de plano, para efecto de que las autoridades responsables les aplicaran a los quejosos la vacuna en las mismas condiciones que al personal de salud del sector público, al encontrarse en la primera línea de atención de pacientes enfermos de COVID-19, y, además, porque algunos de ellos son personas mayores de sesenta y de cincuenta años, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

IV. Existencia de la contradicción

15. En principio, resulta importante destacar que la circunstancia de que los criterios contendientes no constituyan jurisprudencia no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

16. Al respecto, resultan aplicables(4) la jurisprudencia P./J. 27/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(5) y la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de esta Segunda Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(6)

17. Ahora, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una contradicción de tesis existe cuando concurren los siguientes supuestos:

• Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

• Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

18. Además, el Pleno de esta Suprema Corte ha determinado que la contradicción de tesis es existente, independientemente de que las resoluciones contendientes partan de aspectos fácticos distintos, siempre y cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, esto se refleja en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(7) 19. Asimismo, se ha considerado que para que exista la contradicción es indispensable que lo afirmado en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el propósito de unificar criterios y, en consecuencia, dar seguridad jurídica.

20. En ese sentido, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

21. De ahí que, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque a partir de dichos elementos particulares se construyó el criterio jurídico o la legislación o, incluso, la jurisprudencia aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse ya que no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar una jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.

22. Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, esta Segunda Sala advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que los tribunales contendientes examinaron una misma cuestión jurídica, consistente, por un lado, en la procedencia o no de la suspensión de oficio y de plano cuando lo que se reclama es la omisión de las autoridades responsables de vacunar, en la misma fecha que precisa el calendario de vacunación propuesto en el programa reclamado para el personal de salud del sector público, contra el virus SARS-CoV-2, a quienes son trabajadores de la salud del sector privado y que se encuentren dentro de la primera línea de contacto con pacientes infectados del virus en cuestión o médicos cirujanos que presten, de manera cotidiana, la atención médica necesaria a dichos pacientes; y, por otro, si es procedente o no conceder tal suspensión, y arribaron a conclusiones discrepantes.

23. Lo anterior, puesto que, por un lado el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al estudiar la legalidad del acuerdo por el que se le negó al quejoso la suspensión provisional del acto reclamado, confirmó dicha determinación, al considerar que el recurrente no se encontraba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues los actos omisivos que reclamó no importaban, por sí mismos, peligro de privación de la vida, por lo que fue correcto que el Juez de amparo negara la suspensión solicitada por el quejoso en su demanda inicial.

24. Sostuvo que no soslayaba que el recurrente refirió que tenía mayor riesgo de contagiarse de COVID-19, dadas sus condiciones de salud, trabajo y los pacientes que atendía; pues con el otorgamiento de la suspensión solicitada, se pretendía desconocer el esquema de vacunación previsto en México, lo que ocasionaría una vulneración a una disposición de orden público, cuyo fin era lograr el mayor beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto, en la medida que la situación mundial así lo permitiera.

25. Asimismo, sustentó que no se actualizaba la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, ya que la pretensión de la parte quejosa era que se suministrara la vacuna primero a quien se asumiera médico particular que atiende pacientes con COVID-19, lo que era contrario a las directrices implementadas para la inoculación de toda la población mexicana, pues la aplicación de la vacuna no necesariamente impedía que se contagiara del virus, puesto que solamente se reducía la posibilidad de que esto aconteciera.

26. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al examinar el acuerdo por el que se negó a la parte quejosa la suspensión de plano del acto reclamado, determinó declarar fundado el recurso de queja y conceder la suspensión de plano a los peticionarios para el efecto de que las autoridades responsables les aplicaran la vacuna, en las mismas condiciones que al personal de salud del sector público.

27. Indicó que no era viable considerar que el derecho a la vida pudiera ser ponderable frente al interés social, al resolverse sobre la medida cautelar en un juicio de amparo; asimismo, señaló que para que procediera el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano, era necesario que el asunto versara sobre actos cuya naturaleza jurídica fuera de entidad sumamente grave y requiriera la intervención del juzgador constitucional para paralizarlos de inmediato.

28. Destacó que, si bien era cierto que el desempeño de las funciones de los quejosos no implicaba, por regla general, poner en riesgo su vida o su salud de una forma irreparable; también era cierto que al involucrar la primera línea de atención de pacientes infectados con el SARS-CoV-2 y, al tomar en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que podrían encontrarse en el contexto de la pandemia actual, sí estarían en riesgo si no se les aplicara la vacuna conforme a la Política Nacional de Vacunación, en las mismas condiciones que el personal de salud que trabaja en el sector público.

29. Por tanto, determinó que del análisis realizado de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, se desprendía que sí se actualizaba la suspensión prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de oficio y de plano, porque los efectos y las consecuencias de los actos ponían en peligro la vida de los quejosos.

30. En efecto, de los elementos relatados, como se adelantó, se advierte la existencia de la contradicción de tesis, en tanto que los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron respecto a: A) Si la suspensión se debe abordar de plano o a petición de parte, cuando se reclama la omisión de las autoridades responsables de vacunar contra el virus SARS-CoV-2, en la misma fecha que precisa el calendario de vacunación propuesto para el personal de salud del sector público, a quienes son trabajadores de la salud del sector privado y que se encuentran dentro de la primera línea de contacto con pacientes infectados del virus en cuestión o médicos cirujanos que prestan, de manera cotidiana, la atención médica necesaria a dichos pacientes; y, B) Si se debe o no conceder la medida cautelar.

31. Lo anterior, ya que mientras el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa de la suspensión provisional del acto reclamado, al considerar en principio, que el recurrente no se encontraba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dado que los actos omisivos reclamado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30836-3c2e25e9/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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