SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE TRAMITARSE OFICIOSAMENTE EN LA VÍA INCIDENTAL CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A ADOLESCENTES DE ENTRE DOCE Y DIECISIETE AÑOS DE EDAD. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A ADOLESCENTES DE DOCE A DIECISIETE AÑOS, SIN COMORBILIDADES, DE LA VACUNA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), Y AÚN NO HA SIDO PROGRAMADO EL PERIODO DE VACUNACIÓN PARA ESE GRUPO POBLACIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 255/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS, MANUEL POBLETE RÍOS Y MANUEL HAFID ANDRADE GUTIÉRREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una asesora jurídica federal denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por tres Tribunales Colegiados de Circuito. La asesora señaló que existe discrepancia en relación con el otorgamiento de la suspensión de plano, cuando el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a personas de entre doce y diecisiete años. Lo anterior, porque un tribunal declaró improcedente la medida cautelar, mientras que los otros dos concedieron la suspensión de plano contra los actos reclamados.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 255/2021, suscitada entre el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito contra los sustentados por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN
1. Denuncia de la contradicción. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, ************, asesora jurídica federal, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 253/2021, en contra de lo resuelto por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de queja 140/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el recurso de queja 113/2021.(1)
2. La denunciante señaló que existe discrepancia entre los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes en relación con el otorgamiento de la suspensión de plano, cuando se reclama la omisión de aplicar el esquema completo de dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, ya que un tribunal declaró improcedente dicha suspensión al considerar que las omisiones reclamadas no ponían en peligro la vida de las personas, mientras que los otros dos tribunales concedieron la medida cautelar en un pronunciamiento de plano al considerar que la vida de las personas adolescentes sí corría peligro ante la falta de vacunación.
3. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente con el número 255/2021, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.
4. En el mismo acuerdo ordenó solicitar a los tribunales contendientes copia certificada de las resoluciones respectivas y que informaran si sus criterios se encontraban vigentes. Al respecto, los tribunales manifestaron que los criterios se mantenían en vigor.
5. Integración. Por acuerdo de seis de diciembre dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que ordenó su envío a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de la resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
6. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia común, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos Judiciales al resolver diversos recursos de queja, interpuestos en contra de resoluciones relacionadas con la suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto.
II. LEGITIMACIÓN
7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la formuló ************, autorizada en el recurso de queja 253/2021, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, criterio denunciado en esta contradicción.(3)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
8. Para una mejor comprensión del asunto y con la finalidad de determinar la existencia de la contradicción de tesis, en este apartado se desarrollan los elementos relevantes de los tres asuntos que fueron analizados por los Tribunales Colegiados y la parte medular de los criterios que son denunciados como contradictorios.
III.1 Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
9. Hechos. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ************, en representación de su hija, quien entonces tenía dieciséis años,(4) promovió juicio de amparo en contra de diversas autoridades locales y federales(5) a quienes reclamó la omisión de aplicarle el esquema completo de dos dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19 a la adolescente.
10. Suspensión. En la demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión de plano para el efecto de que a la brevedad posible fuera vacunada con el esquema completo de dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, autorizado por la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios (en adelante Cofepris) para personas a partir de los doce años de edad.
11. Del asunto conoció el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, donde se registró con el número de expediente ************.
12. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el secretario en funciones de Juez de Distrito declaró improcedente la suspensión de plano al considerar que la omisión reclamada no comprometía gravemente la salud ni la vida de la adolescente quejosa, sino que únicamente implicaba no acceder a un "beneficio clínico". Además, señaló que la posibilidad de contraer el virus SARS-CoV-2 no conlleva indefectiblemente la pérdida de la vida, pues según datos del Gobierno Federal gran parte de las personas infectadas superaron los padecimientos originados por el contagio.
13. Recurso de queja. En desacuerdo con la determinación anterior, la señora ************, por conducto de persona autorizada, interpuso un recurso de queja. La parte recurrente planteó que fue incorrecto que se negara la suspensión ya que la omisión de aplicar la vacuna contra la enfermedad COVID-19 sí podría comprometer gravemente la salud o la vida de las personas.
14. Resolución del recurso. En sesión correspondiente al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito confirmó el acuerdo recurrido y negó la suspensión de plano.
15. El tribunal determinó que no era procedente conceder la suspensión de plano porque no se actualizó alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.(6) Las consideraciones de esa determinación fueron, en esencia, las siguientes:
• El acceso a la vacuna para la prevención de la enfermedad COVID-19 está relacionado con el derecho a la salud, sin embargo, la omisión de vacunar a personas adolescentes conforme a la Política Nacional de Vacunación no constituye un acto que necesariamente implique un peligro de privación de la vida.
• En la Política Nacional de Vacunación no se omitió incluir a las personas adolescentes, pues están contempladas como "resto de la población". A la fecha de la resolución, no ha iniciado la etapa de vacunación para el grupo de la población de doce a diecisiete años de edad, ni ha finalizado la campaña de vacunación.
• La espera de la adolescente para vacunarse, según su grupo etario, no es un elemento que genere por sí algún tipo de contagio, ni se advierte que tenga efectos graves en la salud. Además, la política de vacunación priorizó la aplicación de la vacuna según distintos rangos de edades, conforme al grado de mortalidad en caso de contagio del virus.
• La adolescente quejosa no padece una condición de vulnerabilidad médica, ni cuenta con un diagnóstico clínico que determine que sufre alguna enfermedad que ponga en peligro su sistema inmunológico o respiratorio.
• El derecho a la salud comprende actividades preventivas como la vacunación, pero la omisión de aplicación de la vacuna contra la COVID-19 no implica necesariamente un peligro de privación de la vida, salvo que la parte solicitante presentara alguna lesión o padecimiento de urgencia médica.
• De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunas niñas, niños y adolescentes presentan mayor riesgo de contraer la enfermedad COVID-19 con efectos graves, debido al padecimiento de enfermedades subyacentes o comorbilidades.
• En el caso, no se actualiza esa condición, ya que en la demanda de amparo se señaló que la adolescente tenía un buen estado de salud, sin comorbilidades.
• La suspensión de plano no procede, ya que no hay un peligro inminente de pérdida de la vida y los actos reclamados no son de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política del País.
• El retorno presencial a los centros educativos es voluntario y las autoridades han planeado las medidas necesarias para procurar seguridad sanitaria en las escuelas.
• El interés superior de la niñez y de la adolescencia no implica que cualquier petición realizada por una persona menor de edad sea procedente, ni la inaplicación de los presupuestos procesales de la suspensión de plano.
• El otorgamiento de la suspensión se traduciría en modificar la ejecución de la Política Nacional de Vacunación. El Poder Judicial de la Federación no puede sustituir a la autoridad administrativa y ésta se vería obligada a desatender las etapas y esquemas previstas en esa política.
• La adolescente quejosa está en aptitud de solicitar la suspensión incidental, prevista en el artículo 128 de la Ley de Amparo.(7)
III.2 Criterio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
16. Hechos. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ************, en representación de su hija, quien entonces tenía doce años,(8) promovió una demanda de amparo indirecto en contra de diversas autoridades federales y locales, a quienes reclamó la omisión de autorizar vacunas para adolescentes de entre doce a diecisiete años en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
17. Suspensión. En la demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión de plano para el efecto de que a la brevedad posible fuera vacunada con el esquema completo de dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, autorizado por la Cofepris para personas a partir de los doce años de edad.
18. Del asunto conoció la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien registró el expediente con el número ************. Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la Jueza admitió la demanda y negó la suspensión de plano solicitada.
19. En dicho acuerdo, la Jueza sustentó que, ante la naturaleza y el carácter omisivo del acto reclamado, no procedía otorgar la medida cautelar solicitada porque los actos reclamados no requieren ejecución material alguna. Por lo tanto, consideró inexistente la materia para conceder la suspensión. Asimismo, determinó que en caso de conceder la medida para el efecto de ordenar a las autoridades responsables aplicar las dosis de la vacuna a personas entre los doce y diecisiete años, se alteraría el plan nacional de vacunación establecido por la Secretaría de Salud.
20. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación judicial, la parte quejosa interpuso un recurso de queja al considerar que sí era procedente el otorgamiento de la suspensión, ya que la naturaleza omisiva de los actos no impedía su concesión, además de que la Política Nacional de Vacunación ya había sido actualizada para contemplar a personas adolescentes.
21. Resolución del recurso de queja. En sesión correspondiente al veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la decisión impugnada y concedió la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables tomaran las medidas necesarias a fin de que se aplicara a la quejosa la vacuna Pfizer-BioNTech. Las consideraciones del Tribunal Colegiado fueron, en esencia, las siguientes:
• La naturaleza omisiva del acto reclamado no es suficiente para negar la medida cautelar y tiene efectos en la esfera jurídica de la adolescente quejosa al poner en riesgo su salud.
• El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Cofepris emitió el comunicado 23/2021 en el que modificó la autorización para el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech y estableció la posibilidad de aplicar dicha vacuna a las personas a partir de los doce años; sin embargo, las autoridades de salud no han actualizado la política nacional, por lo que no existe certeza para que las personas adolescentes sean vacunadas.
• En razón de que existe una autorización por parte de la autoridad sanitaria para aplicar la vacuna a personas de doce años o más, el que no se haya considerado al grupo de población de doce a diecisiete años en la política nacional, pone en riesgo su salud.
• La adolescente quejosa goza de un buen estado de salud, pero esa circunstancia no garantiza que, en caso de contagio, su integridad física o psicológica no se comprometan en forma grave y cualquier especulación sobre su salud no constituye un argumento jurídico válido para negar la medida cautelar.
• La finalidad de la Política Nacional de Vacunación es proteger la vida, pero la omisión de contemplar a la adolescente en el esquema de vacunación pone en riesgo su salud, de tal manera que puede afectar su vida en caso de llegar a contagiarse.
• De conformidad con el interés superior de la niñez y de la adolescencia, la naturaleza de los actos reclamados, y en virtud del impacto en el derecho a la salud de la adolescente, resulta necesario y procedente decretar la suspensión de plano.
• El otorgamiento de la suspensión no modifica la Política Nacional de Vacunación, ya que sólo se concede a la quejosa y ninguna política pública puede oponerse al derecho a la salud y al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
• La concesión de la medida cautelar no desestabiliza la dotación, asignación o despacho de las vacunas, porque su distribución se ajusta a las exigencias de salud de la población, además de que el Estado es el encargado de satisfacer tales necesidades.
• Efectos de la suspensión. La suspensión se concede de plano, para que las autoridades responsables tomen las medidas necesarias para aplicar a la adolescente las dos dosis correspondientes de la vacuna Pfizer-BioNTech, siempre y cuando no exista condición física o padecimiento que lo impida.
III.3 Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito
22. Hechos. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, ************ y ************, en representación de su hijo adolescente, quien entonces tenía trece años de edad,(9) presentaron una demanda de amparo indirecto en contra de diversas autoridades federales y locales, a quienes reclamaron, entre otros actos, la omisión de incluir a las personas de entre doce a diecisiete años en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
23. Suspensión. En la demanda se solicitó la suspensión de plano para el efecto de que a la brevedad posible se vacunara al adolescente con el esquema completo de dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, autorizado por la Cofepris para personas a partir de los doce años de edad.
24. Trámite del juicio de amparo. Del asunto conoció el Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, quien lo registró con el número de expediente ************. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Juez admitió la demanda, pero negó la suspensión de plano solicitada, al considerar que no se advertían consecuencias inminentes que pudieran generar peligro de privación de la vida, sino sólo un riesgo a la salud en caso de contagio.
25. Recurso de queja. Inconforme con la determinación judicial, el señor ************ y la señora ************ interpusieron un recurso de queja en el que señalaron que la omisión reclamada sí podría representar un peligro de pérdida de la vida de su hijo.
26. Resolución del recurso de queja. En sesión correspondiente al tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito declaró fundado el recurso de queja y concedió la suspensión de plano.
27. Las consideraciones sostenidas por el tribunal coinciden, en esencia, con las sustentadas por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de queja 140/2021 (criterio contendiente), por lo que concedió la suspensión para los mismos efectos, con base en las siguientes razones torales:
• El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Cofepris emitió el comunicado 23/2021 por el cual modificó la autorización para el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech y estableció la posibilidad de aplicar dicha vacuna a las personas a partir de los doce años, por lo que la omisión de vacunar al adolescente representa un riesgo a su salud.
• El quejoso goza de buena salud, pero esa circunstancia no garantiza que, en caso de contagio, su integridad física o psicológica no pueda verse deteriorada y cualquier especulación sobre su salud no constituye un argumento jurídico válido para negarle la medida cautelar.
• La finalidad de la Política Nacional de Vacunación es proteger la vida, pero es razonable considerar que la omisión de contemplar al adolescente en dicho esquema de vacunación pone en riesgo su salud, de tal manera que podría afectar su vida en caso de llegar a contagiarse.
• La suspensión concedida comprende únicamente al adolescente, por lo que no implica modificar la política de vacunación.
• Efectos de la suspensión. La suspensión se concede de plano, para que las autoridades responsables adopten las medidas necesarias para aplicar al adolescente las dos dosis correspondientes de la vacuna Pfizer-BioNTech, siempre y cuando no exista condición física o padecimiento que lo impida.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
28. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País, así como los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo señalan, entre otras cosas, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten decisiones contradictorias en los juicios de amparo de su competencia o en los recursos derivados de ellos, corresponde a esta Suprema Corte definir el criterio que debe prevalecer.(10)
29. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la existencia de una contradicción de tesis es necesario que los órganos jurisdiccionales involucrados: i) hayan examinado cuestiones jurídicas iguales en las que ejercieron su arbitrio judicial a través de consideraciones lógico-jurídicas para justificar la resolución y ii) que hayan llegado a conclusiones discrepantes sobre esa misma cuestión jurídica divergente en las sentencias respectivas, a pesar de que las cuestiones fácticas no sean iguales.(11) 30. La Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido también que para advertir si se está o no frente a la materialización de una contradicción de tesis, se deben satisfacer los siguientes requisitos:
i) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer su arbitrio judicial mediante un ejercicio interpretativo a través del empleo de un canon o método;
ii) En los criterios interpretativos de dichos tribunales existe al menos un razonamiento en el que la diferencia interpretativa formulada gire en torno a una misma cuestión o problema jurídico; y,
iii) Que ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(12)
31. En esa línea, la unificación de criterios es una cuestión que contemplan la Constitución Política del País y la ley para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan criterios discrepantes de distintos tribunales, y así garantizar certeza y seguridad jurídicas en el razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.
32. Con esas precisiones, este Tribunal Pleno considera que es existente la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados llegaron a conclusiones distintas ante actos reclamados similares y elementos fácticos casi idénticos en cada asunto, como a continuación se observa.
IV.1 Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial
33. Este requisito se satisface porque los Tribunales Colegiados contendientes llevaron a cabo un ejercicio interpretativo respecto de los asuntos sometidos a su jurisdicción y recurrieron a su arbitrio judicial para dictar sentencia. Los tribunales decidieron sobre la procedencia y otorgamiento de la suspensión de plano en el juicio de amparo ante la falta de aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a adolescentes mayores de doce años.
34. Un Tribunal Colegiado declaró improcedente la suspensión de plano por no actualizarse los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, mientras que los otros dos tribunales sí la consideraron procedente y concedieron la medida para efecto de que las autoridades de salud tomaran las medidas necesarias para aplicar a las personas adolescentes la vacuna Pfizer-BioNTech, siempre y cuando no exista condición física u otro padecimiento que lo impida.
IV.2 Segundo requisito. Punto de toque en la cuestión jurídica planteada y diferendo en criterios interpretativos
35. Este segundo requisito también se satisface, ya que existen puntos de toque en el problema jurídico planteado. Al resolver los recursos de queja en cuestión, los tribunales contendientes llegaron a conclusiones distintas en relación con la procedencia de la suspensión.
36. Los Tribunales Colegiados discreparon en cuanto a la procedencia de la suspensión de plano cuando ésta se solicita para que a los adolescentes de doce a diecisiete años se les aplique, a la brevedad, el esquema completo de la vacuna para prevenir la COVID-19.
37. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que los actos reclamados no actualizaban los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que no había peligro inminente de pérdida de vida, sino una afectación a la salud de las personas y dejó a salvo los derechos de la adolescente para solicitar la suspensión en la vía incidental conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo.
38. Cabe aclarar que, si bien el tribunal declaró improcedente la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, no se limitó a ello, sino que emitió argumentos para negar dicha medida cautelar.
39. El Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito consideraron que sí se actualizaba la vía establecida en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados ponían en riesgo la vida de las personas adolescentes quejosas en caso de que llegaran a contagiarse de COVID-19, por lo que concedieron la suspensión en un pronunciamiento de plano, sin considerar la vía incidental como el trámite idóneo para dictar la medida cautelar.
40. En cuanto al fondo de la solicitud de suspensión, el Tribunal del Tercer Circuito consideró que no había elementos para conceder la suspensión, esencialmente porque la falta de vacuna no comprometía de manera grave la salud ni generaba un peligro para la vida, además que de concederse dicha medida se alteraría la Política Nacional de Vacunación. En cambio, los Tribunales del Primer y Octavo Circuitos consideraron que la omisión reclamada sí tenía ese alcance y, por ende, debía ordenarse la aplicación de la vacuna a personas adolescentes.
41. Estos últimos tribunales tomaron en cuenta que mediante el comunicado 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Cofepris dio a conocer que autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en contra de la enfermedad COVID-19 para personas a partir de los doce años, sin que la política nacional fuera modificada para incluir expresamente a las personas de esas edades, por lo que era posible que en dicha política se les tomara en cuenta, principalmente porque la vacuna para ese sector ya fue autorizada por la autoridad competente.
42. Del contraste entre las consideraciones de cada una de las ejecutorias contendientes es posible advertir una genuina contradicción de tesis, ya que los casos planteados a cada tribunal fueron similares, pero cada uno dio tratamiento diferente en cuanto al tema de la suspensión del acto reclamado.
43. Los puntos de discrepancia entre los tribunales contendientes consisten en determinar:
• En primer lugar, la vía procedente en la suspensión: de plano o incidental, y
• En segundo lugar, si se debe autorizar la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a personas de entre doce y diecisiete años que no presentan padecimientos o comorbilidades, cuando el biológico ya fue autorizado por la autoridad sanitaria competente, pero su aplicación no ha sido programada.
44. En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito relativo a la existencia de un diferendo en los criterios interpretativos de los tribunales sobre una misma cuestión jurídica.
IV.3 Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina respecto de la cuestión jurídica
45. Este último requisito se actualiza ya que, a partir del punto de toque y diferendo interpretativo entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes se formulan las siguientes cuestiones:
• ¿La suspensión solicitada por omisión en aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en personas que no padecen comorbilidad debe proveerse de plano o debe tramitarse el incidente correspondiente?
• ¿Debe concederse la suspensión en el juicio de amparo para que las autoridades de salud apliquen la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a adolescentes de entre doce y diecisiete años, cuando el biológico ya fue autorizado por autoridad competente, pero no puedan acceder a dicha vacuna por no estar programada su aplicación?
46. Cabe señalar que el veintiocho de abril del año en curso comenzó el registro para la aplicación de la primera dosis de la vacuna para el grupo de población de doce a diecisiete años de edad, por lo que las cuestiones fácticas, a la fecha en que se emitieron los criterios contendientes, han cambiado. Sin embargo, persiste la necesidad de fijar un criterio que resuelva la discrepancia de criterios porque la medida se solicitó para el efecto de que se aplique el esquema completo de dos dosis y a la fecha en que se resuelve esta contradicción todavía no ha comenzado a aplicarse la segunda dosis al referido grupo etario.
V. ESTUDIO DE FONDO
47. Este Tribunal Pleno considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio relativo a que la suspensión solicitada en el juicio de amparo para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a adolescentes de entre doce y diecisiete años debe tramitarse oficiosamente en la vía incidental y que la misma debe concederse, en cuanto al esquema completo de dosis, aun cuando no ha sido programado el periodo de vacunación para ese grupo poblacional.
48. A fin de explicar las razones que llevan a adoptar esta determinación, se analizan por separado los dos grandes temas identificados.
Primera cuestión: ¿La suspensión solicitada por omisión en aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en personas adolescentes que no padecen comorbilidad debe proveerse de plano o debe tramitarse el incidente correspondiente?
49. La Ley de Amparo establece distintos tipos de tramitación para la suspensión –atendiendo a los actos que se reclamen en el juicio– así como los casos y requisitos para su otorgamiento. A continuación, se desarrollan brevemente esos aspectos:
Suspensión de plano
50. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe otorgar la suspensión de oficio y de plano cuando los actos reclamados impliquen lo siguiente:(13)
• Peligro de privación de la vida.
• Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.
• Incomunicación.
• Deportación o expulsión.
• Proscripción o destierro.
• Extradición.
• Desaparición forzada de personas.
• Actos prohibidos por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política del País.(14)
• Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
• Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comuna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31228-5247150c/suspension-en-el-juicio-de-amparo-debe-tramitarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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