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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO LOCAL (ARTÍCULO 44, FRACCIONES XVII Y XVIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. IV. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS. V. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VICIOS QUE AL IMPEDIR LA DELIBERACIÓN PÚBLICA INFORMADA DURANTE SU DESARROLLO PROVOCAN SU INVALIDEZ. VII. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE LAS COMISIONES UNIDAS DEL CONGRESO LOCAL HAYAN ADICIONADO UN PÁRRAFO AL PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS, DESPUÉS DE LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA, SIN EXPONER LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS CON LOS QUE DETERMINARON MODIFICAR EL DICTAMEN PRELIMINAR, NO CONSTITUYE UN VICIO CON POTENCIAL INVALIDATORIO DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR AL DECRETO NÚM. 140 QUE REFORMA POR ADICIÓN DE UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 24 DE MAYO DE 2019). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 150 DE DICHO ORDENAMIENTO, PARA QUE LAS REFORMAS Y ADICIONES QUE SE PROPONGAN SEAN PARTE DE ESA CONSTITUCIÓN, SE REQUIERE SU APROBACIÓN POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO LOCAL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR AL DECRETO NÚM. 140 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 24 DE MAYO DE 2019). X. DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (ARTÍCULO 85, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). XI. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA (ARTÍCULO 85, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). XII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULO 85, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). XIII. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO LOCAL. SUS LÍMITES (ARTÍCULO 85, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). XIV. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA INCORPORACIÓN NORMATIVA HECHA POR EL CONGRESO LOCAL PARA QUE EN EL CASO DE AUSENCIAS INJUSTIFICADAS MAYORES A QUINCE DÍAS HÁBILES DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DE LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Y DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESTATAL, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALICE LA PROPUESTA AL CONGRESO DE QUIENES DEBERÁN OCUPAR DICHOS CARGOS DENTRO DE UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS NATURALES, NO ACTUALIZA UNA INTROMISIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULO 85, FRACCIÓN XXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). XV. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL AL TENOR DE LA CUAL SERÁN INEXISTENTES LOS ACTOS EMITIDOS POR QUIENES OCUPEN LOS CARGOS DE SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 266/2019. · Registro digital (IUS): 30875
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo II, Pág.2099.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 266/2019. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 12 DE ENERO DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de doce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridad demandada y norma impugnada. Por oficio recibido el quince de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Homero Antonio Cantú Ochoa, con el carácter de subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, solicitando la invalidez del Decreto Núm. 140, publicado en el Periódico Oficial Local el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se reformó el artículo 85, fracción XXIV, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El Ejecutivo Local estimó violados los principios constitucionales contenidos en los artículos 16, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, hizo valer como conceptos de invalidez los siguientes:

Primero

Señala que el proceso legislativo del decreto impugnado contiene vicios que trascienden fundamentalmente a la reforma a la Constitución Local emergida del mismo, en contravención al principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en el caso en particular, es patente la violación a lo dispuesto en los artículos 47, inciso c), y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, debido a que en el dictamen de Comisiones no se consignaron, bajo la palabra "consideraciones", las razones y fundamentos con los que los diputados integrantes determinaron modificar las solicitudes o iniciativas originales. Agrega que en el dictamen correspondiente tampoco se le dio a conocer a la asamblea las modificaciones a las iniciativas turnadas para estudio ni los argumentos en los que se hubiese apoyado para modificarlas.

Sobre el particular, menciona que la iniciativa que generó el consecuente procedimiento legislativo se limitó a proponer en relación con la fracción XXIV del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la adición de un solo párrafo, es decir, la del párrafo segundo, bajo la idea de establecer, para el caso de las ausencias mayores a quince días hábiles sin causa justificada de los titulares de los cargos anteriores, que la propuesta se debería realizar por parte del titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado dentro del plazo de noventa días naturales. Que a eso se limitó el análisis de las Comisiones Unidas de Legislación y de Puntos Constitucionales de la Legislatura del Estado.

Sin embargo, aduce que sin justificación alguna, en forma sorpresiva e intempestiva, se sometió en definitiva el proyecto de decreto impugnado, en el cual se incluyó un párrafo más de contenido siguiente: "En caso de no cumplirse las disposiciones antes mencionadas, los actos emanados de quien realiza las funciones, cualquiera que sea su denominación, serán inexistentes", sin que para ello, las referidas comisiones hubiesen realizado el análisis y discusión de dicha porción normativa. Lo cual se corrobora al no existir argumento alguno respecto de la necesidad de modificar la iniciativa original.

Segundo

Sostiene que el mencionado Decreto 140 contraría los principios de legalidad y de división de poderes inmersos en los artículos 16, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de exponer una serie de ideas con relación al principio de división de poderes y lo que sobre el particular ha sostenido este Alto Tribunal, el promovente aduce que la separación, equilibrio, colaboración y coordinación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León se evidenciaban en la versión inmediata anterior a la fracción XXIV del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en congruencia a lo dispuesto en los artículos 81 y 85, fracción X, del referido ordenamiento legal, así como en lo dispuesto en los diversos 2, 9, 15, párrafo segundo, 17, párrafo primero y 18, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

Esto, porque si bien se regulaba la coparticipación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, en lo referente a la propuesta por parte de aquél y a la aprobación de la Legislatura sobre los cargos de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y del titular del Órgano Interno de Control. Lo cierto es que ello se hacía respetando la facultad reglamentaria del gobernador, como titular y depositario del Poder Ejecutivo, reconocida en la fracción X del referido artículo 85 de la Constitución Local y en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

Argumenta que con el decreto impugnado, a través del cual se adicionaron los párrafos segundo y tercero de la fracción XXIV del artículo 85 de la Constitución Local, la separación y el equilibrio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León sufrió una franca ruptura, debido a que contienen una regulación que en el nivel jerárquico de la normatividad constitucional local no tiene justificación alguna, de modo que es inapropiada su incorporación en la Ley Suprema del Estado de Nuevo León, porque se trata de un aspecto vinculado con la administración pública cuyo tratamiento no es de orden constitucional o legal, sino reglamentario, a cargo del gobernador, de conformidad con el artículo 85, fracción X, de la mencionada Constitución Local, en relación con el diverso 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

Que tal afirmación se corrobora con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que establece que: "En los casos de ausencia, el secretario será suplido, en el ámbito de sus respectivas competencias, por los titulares de las autoridades (titulares de las subsecretarías, de la Procuraduría Fiscal, de la Unidad de Fomento a la Inversión y al Financiamiento de Proyectos y Unidad de Información Financiera y Seguimiento), previstas en el artículo 6 de este reglamento." En tanto que el artículo 23 del Reglamento Interior de la Contraloría y Transparencia Gubernamental establece: "El contralor general, en sus ausencias temporales menores a quince días será suplido por el funcionario de la Contraloría y Trasparencia Gubernamental que el propio contralor designe. Cuando la ausencia sea mayor, el gobernador del Estado podrá designar a un encargado del despacho hasta en tanto se reincorpora el titular de la dependencia o se designe un titular, según sea el caso."

Estima que el actual párrafo primero (anterior párrafo único) de la fracción XXIV del artículo 85 en comento, es suficiente para colmar la regulación idónea a nivel de la Constitución Local, en torno a la colaboración y coordinación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales para la designación de los titulares de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y del Órgano Interno de Control Estatal (Contraloría y Transparencia Gubernamental), debido a que se limita a la propuesta y la aprobación de quienes habrían de asumir la titularidad de dichos cargos públicos.

Así las cosas, dice que una vez expedidos formalmente los nombramientos o designaciones, previa protesta de ley, se asume la titularidad de las dependencias respectivas pertenecientes a la administración pública estatal, por lo que considerando que el gobernador es también jefe de ésta y del titular del Poder Ejecutivo, se reserva a su favor la regulación de la estructura orgánica, tal como lo estatuye en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. Agrega, que en dichos aspectos queda implícito lo referente a los de funcionalidad, en la cual está inmersa la previsión de los casos de ausencia de los titulares de diferentes dependencias.

Sostiene que en el decreto impugnado subyace la clara intención de cometer un fraude a la ley, pues sabedor el Congreso del Estado de que, en términos de lo dispuesto en los artículos 86, fracción III, y 151 de la Constitución Local, el gobernador está impedido para hacer observaciones (derecho de veto) respecto de reformas a las disposiciones de índole constitucional local, maliciosamente adicionó en la fracción XXIV del artículo 85, dos nuevos párrafos, con el notorio propósito de evadir en forma artificiosa la previsible oposición por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado, ante la disimulada intrusión del Poder Legislativo.

Asegura que el decreto impugnado es una maniobra del Congreso del Estado para incursionar en la esfera del Ejecutivo, a pesar de ya encontrarse regulada la situación de las ausencias del secretario de Finanzas, del tesorero general del Estado y del titular del Órgano Interno de Control.

Tercero

Considera que el Decreto Núm. 140 transgrede el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque adolece de graves faltas de claridad y de previsión.

Argumenta que en el segundo párrafo de la fracción XXIV del artículo 85 de la Constitución Local, no se hace distinción entre las ausencias definitivas o temporales, tampoco se aclara cuáles son las causas justificativas de la ausencia ni se precisa qué autoridad sería competente para pronunciarse sobre la justificación o injustificación. Así como tampoco el procedimiento que habría de seguirse para emitir el pronunciamiento relativo.

Refiere que falta claridad y precisión en cuanto al plazo de noventa días naturales para que el titular del Poder Ejecutivo realice al Congreso la propuesta sobre los cargos de secretario de Finanzas y del tesorero general del Estado, y del titular del Órgano Interno de Control. Esto, al no indicarse el dato referente para la iniciación de dicho plazo, pues no se expone a partir de cuándo iniciaría el respectivo cómputo cronológico.

En cuanto al tercer párrafo de la fracción XXIV del artículo 85, dice que se deja en la indefinición bajo qué procedimiento se determinará la inexistencia y qué autoridad sería competente para emitir la determinación. Señala que no se indican parámetros para fijar el alcance que tendría la inexistencia prevista en esa disposición de la Constitución Local.

Finalmente, menciona que en el articulado transitorio no se regula la situación que imperaría en relación con los casos que, a la fecha de iniciación de vigencia del decreto, integren los supuestos normativos arrojados por la reforma efectuada a la fracción XXIV del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

TERCERO.—Trámite de la demanda. Mediante proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 266/2019; por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al señor Ministro Alberto Pérez Dayán.

Por acuerdo de dieciocho siguiente, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitieron a trámite la demanda, tuvieron como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, al que se le ordenó emplazar para que formulara su contestación a la demanda y enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado. Finalmente, ordenaron dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para los efectos legales conducentes.

CUARTO.—Contestación de la demanda. La Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, por conducto de su presidente, dio contestación a la demanda mediante oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que sostuvo, fundamentalmente, lo siguiente:

"En relación con las manifestaciones vertidas por la parte actora en el sentido de que el Decreto 140 es producto de un proceso legislativo afectado de vicios que trascendieron fundamentalmente hacia la reforma a la Constitución Local emergida del mismo; refiere que devienen inoperantes dichos planteamientos, porque los argumentos enderezados en ese sentido sólo se encaminan a evidenciar vicios de legalidad, en tanto que, agrega, la controversia constitucional no tiene por objeto resolver ese tipo de alegaciones sino aquellos relativos a un posible problema de invasión de esferas competenciales.

"Sostiene que en el caso en particular el Congreso del Estado de Nuevo León, al expedir el decreto impugnado, cumplió con todas las formalidades del proceso legislativo y con los requisitos de fundamentación y motivación. Además, señala que no se violentaron las garantías de audiencia y seguridad jurídica, ya que el Poder Legislativo no está constreñido por disposición legal o constitucional alguna para escuchar en defensa a los gobernados ante la expedición de la norma.

"Insiste que en la especie no se violaron las formalidades del proceso legislativo con la emisión del Decreto 140 impugnado, antes bien, asegura, se cumplieron con las disposiciones aplicables al proceso de aprobación; a saber: los artículos 65, 66 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; 37, 39, 47, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 Bis, 113, 114, 115, 116, 126, 126 Bis, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

"Refiere que, tratándose de ese tipo de alegaciones, este Alto Tribunal ha sostenido que en principio es necesario determinar si las violaciones al procedimiento legislativo provocan la invalidez de la norma emitida o, si por el contrario, no tienen la relevancia invalidatoria.

"Que en la especie debe considerarse que precisamente conforme a las disposiciones contenidas en la propia Constitución Local, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, se despliega el ejercicio soberano de autorregulación interna de esa soberanía, en el que ejerce sus facultades en lo que no prohíbe la Constitución Federal o la del Estado. Que de esos ordenamientos se desprende que las comisiones elaborarán dictámenes, informes, opiniones o resoluciones relativos a los asuntos que se encomienden.

"Así las cosas, refiere que el límite de la soberanía de la Legislatura del Estado reside en la tutela de los derechos humanos, lo cual se cumplió con la reforma por adición del artículo 85 de la Constitución Local, al respetar las formalidades establecidas por dicha legislación en los artículos 148 a 152.

"Con relación al segundo de los conceptos de invalidez, argumenta que el Congreso del Estado ha sido respetuoso del principio de división de poderes y, por ende, no se transgrede ni se afecta el ejercicio de las competencias atribuidas al Ejecutivo del Estado, pues incluso, refiere, con la citada reforma, únicamente, se propone un plazo determinado para que se haga el nombramiento correspondiente de los cargos de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y del titular del Órgano Interno de Control Estatal, con la finalidad de que los titulares de dichos organismos desempeñen sus funciones en estricto derecho como lo marca el ordenamiento que rige la materia, con lo cual se da certeza jurídica a la investidura que requiere el titular de dicho nombramiento.

"Señala que la adición al artículo 85 de la Constitución Local no viola el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que debe tomarse en cuenta que ese principio no es tajante ni rígido sino flexible y opera sobre la base de la colaboración entre poderes.

"Que la adición constitucional impugnada tiene como propósito el objetivar y dar certeza jurídica con la publicación, a que el Poder Ejecutivo cumpla con su deber constitucional de proponer a los titulares de las dependencias, tal como lo dispone el propio artículo 85, por lo que insiste en que las porciones normativas impugnadas fueron apegadas al procedimiento legislativo.

"Menciona que el Poder Ejecutivo se compone de unidades administrativas de alta jerarquía en comparación con otras instituciones, sus actividades son diversas, sus titulares nombrados y removidos por el gobernador del Estado y su actividad va hacia la perspectiva del desarrollo estatal.

"Así las cosas, aduce que, con las porciones normativas impugnadas, únicamente, se le quiere dar certeza al funcionamiento del Poder Ejecutivo, señalando un tiempo determinado para el nombramiento de los titulares de las áreas involucradas, esto con el simple efecto de no dejar un vacío. Que con ello se respeta el principio de división de poderes, pues el Ejecutivo continúa con su facultad de nombrar las propuestas sobre los cargos de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y del titular del Órgano Interno de Control Estatal, en tanto que al Legislativo le corresponde aprobar dichas propuestas de acuerdo con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 63 de la Constitución Local.

"Con respecto al tercer concepto de invalidez, argumenta que la Legislatura del Estado respetuosa de las atribuciones que la Constitución Local le confiere al Ejecutivo, determinó que se dé un tiempo definido para el nombramiento de los titulares de las referidas dependencias, con la finalidad de que realicen sus funciones en apego y estricto derecho al ordenamiento que rige la materia, además de la certeza que ello genera a la ciudadanía. Que del precepto impugnado no se desprendía un tiempo en el que pudiera ser nombrado el titular de los mencionados órganos, lo cual generaba una laguna que le permitía al titular del Ejecutivo hacer la designación correspondiente en cualquier momento.

"Finalmente, menciona que la violación alegada por el actor no es determinante en la toma de decisiones y mucho menos genera sumisión por parte del Ejecutivo del Estado para su soberanía."

QUINTO.—Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes. Asimismo, se abrió el periodo de alegatos y posteriormente, se puso el expediente en estado de resolución.

Del acta relativa a la audiencia de ley se desprende que el fiscal general de la República no formuló pedimento ni expresó alegato alguno.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea un conflicto suscitado entre dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general. SEGUNDO.—Oportunidad de la demanda. Conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de normas generales, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

Así, para poder establecer si la presente controversia se promovió oportunamente, es necesario tener en cuenta que la parte actora señaló como acto impugnado el Decreto Núm. 140, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se reformó el artículo 85, fracción XXIV, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de dicha entidad federativa.

De lo que se sigue que la precitada norma general se impugna con motivo de su publicación y, por ende, el referido plazo de treinta días hábiles transcurrió del lunes veintisiete de mayo al viernes cinco de julio de dos mil diecinueve.(1)

Por tanto, si la demanda relativa se presentó a través de la Oficina de Correos de México el cinco de julio de dos mil diecinueve(2) y se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el quince de julio de dos mil diecinueve, es dable concluir que la presente controversia constitucional se promovió dentro del plazo legal previsto para ello, atento a lo establecido en el artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2002,(3) de rubro y contenido siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis de precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este Tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia."

TERCERO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General,(4) el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.

En su representación comparece Homero Antonio Cantú Ochoa, con el carácter de subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, cargo que acredita con la copia certificada del nombramiento contenido en el oficio 14-A/2015, de seis de octubre de dos mil quince.(5)

Al respecto, de los artículos 20, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 44, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno,(6) se desprende que el referido subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana no sólo está facultado para representar al secretario general de Gobierno, sino inclusive, al titular del Poder Ejecutivo de la mencionada entidad federativa, en todo tipo de juicios, recursos y procedimientos ante cualquier autoridad judicial, en que este sea parte.

En consecuencia, de conformidad con las disposiciones citadas, en relación con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) procede reconocer la representación del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, para promover la presente controversia constitucional.

Legitimación pasiva. A continuación se analizará la legitimación de la parte demandada, en atención a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte, sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

En representación del Poder Legislativo demandado compareció Juan Carlos Ruíz García, con el carácter de diputado presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, cargo que acredita con la copia certificada del Decreto Núm. 151, expedido el uno de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual quedó aprobada la integración de la directiva para el segundo año del ejercicio constitucional de la LXXV Legislatura del Estado.(8)

Dicho lo anterior, el funcionario está facultado para representar al Poder Legislativo de la entidad, en términos de los artículos 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 24, fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.(9)

En tal virtud, de conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Las partes no expusieron argumentos para sostener la improcedencia de esta controversia constitucional ni este Tribunal Pleno advierte de oficio que en el caso sea aplicable alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados por la parte actora.

QUINTO.—Precisión de la norma reclamada. Del análisis al ocurso inicial de demanda presentado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, se advierte que impugna la validez del Decreto Núm. 140, publicado en el Periódico Oficial Local el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se reformó el artículo 85, fracción XXIV, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de contenido siguiente:

"Decreto

"Núm. 140.

"Artículo único. Se reforma por adición de un segundo y tercer párrafo a la fracción XXIV del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

"Artículo 85. Al Ejecutivo corresponde:

"I. al XXIII. ...

"XXIV. Someter a la aprobación del Congreso, la propuesta sobre los cargos de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y del titular del Órgano Interno de Control Estatal y, en su caso, expedir el nombramiento correspondiente.

"En el caso de ausencias mayores a quince días hábiles sin causa justificada de los titulares de los cargos anteriores se deberá de realizar la propuesta por parte del titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado dentro del término de noventa días naturales.

"En caso de no cumplirse las disposiciones antes mencionadas, los actos emanados de quien realiza las funciones, cualquiera que sea su denominación, serán inexistentes."

SEXTO.—Consideraciones y fundamentos. La síntesis de los conceptos de invalidez formulados por la parte actora revela que el primero de ellos se endereza en tratar de evidenciar las violaciones al proceso legislativo que dio origen al Decreto Núm. 140 impugnado, el cual, de resultar fundado, haría innecesario el estudio del resto de los argumentos hechos valer, encaminados a demostrar, en lo individual, la inconstitucionalidad de las porciones normativas reclamadas.(10)

En ese entendido, por cuestión de método, el examen de los referidos planteamientos se emprende en el propio orden en el que fueron planteados por el demandante.

I. Por lo que ve a las violaciones del proceso legislativo

Según se pudo observar en párrafos precedentes, la parte actora en su primer concepto de invalidez señala que el proceso legislativo del decreto impugnado contiene vicios que trascienden, fundamentalmente, a la reforma de la Constitución Local emergida del mismo, en contravención al principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en el caso en particular, es patente la violación a lo dispuesto en los artículos 47, inciso c), y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, debido a que en el dictamen de Comisiones no se consignaron, bajo la palabra "consideraciones", las razones y fundamentos con los que los diputados integrantes determinaron modificar las solicitudes o iniciativas originales. Agrega

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30875-13828108/i-controversias-constitucionales-requisitos-objeto-y-finalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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