CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE OTORGA PARA EL EFECTO DE QUE LA JUNTA RESPONSABLE REPARE UNA VIOLACIÓN PROCESAL Y DICTE EL LAUDO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, ES NECESARIO QUE SE ACATEN AMBOS LINEAMIENTOS PARA TENER POR DEBIDAMENTE CUMPLIDA LA SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 52/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día trece de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que ordenó a la Junta responsable la reparación de una violación procesal, así como el dictado de un laudo con libertad de jurisdicción, es suficiente subsanar la violación procesal reclamada, sin necesidad de dictar el laudo –al estimarse que ello no es propiamente una orden, sino una consecuencia natural del proceso laboral–, o bien, para tenerla por satisfecha debe además culminar con la emisión de tal laudo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción de tesis.
2. Mediante escrito presentado electrónicamente el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y recibido vía MinterSCJN en este Alto Tribunal el veintidós de febrero siguiente, Wilber Alcaraz Domínguez, autorizado de Alberto Balcázar Sánchez, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sostenido por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 16/2021 y lo considerado en las diversas ejecutorias del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver los recursos de inconformidad 17/2016 y 15/2011, respectivamente.
3. Al efecto, el denunciante precisa que el punto de contradicción de criterios estriba en determinar si tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo directo, que ordenó dejar insubsistente el laudo, y ordenó la reposición del procedimiento para determinados efectos, e inclusive se determinó la emisión de uno nuevo con libertad de jurisdicción, debe declararse legalmente cumplida la sentencia de amparo por el solo hecho de que la responsable haya repuesto el procedimiento y haya desahogado determinadas pruebas, pero sin emitir nuevo laudo o resolución, o bien, para tenerla por plenamente satisfecha debe culminar con el dictado de un nuevo laudo.
4. Admisión y trámite.
5. Por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 52/2022, requirió a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a efecto de que remitiera únicamente por conducto del MinterSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la demanda de la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 17/2016 de su índice, del escrito de agravios que le dio origen, así como del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dicho asunto se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio; de igual manera requirió a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito (entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito), a efecto de que remitiera por conducto del MinterSCJN, la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en el recurso de inconformidad 15/2011 de su índice se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de las ejecutorias en que se sustente el nuevo criterio. Asimismo, ordenó el turno del asunto al señor Ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Segunda Sala, y a fin de que su presidenta proveyera respecto a la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. Mediante proveído de uno de abril de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala ordenó el avocamiento del presente asunto.
7. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de criterios, toda vez que se desahogaron los requerimientos descritos en el párrafo 5 precedente mediante las promociones con números de folio 21688-MINTER y 006806.
I. COMPETENCIA.
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, cuya materia corresponde a su especialidad.
II. LEGITIMACIÓN.
9. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por Wilber Alcaraz Domínguez, autorizado en términos amplios de Alberto Balcázar Sánchez, parte tercero interesada y recurrente en el recurso de inconformidad 16/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, –el cual es uno de los órganos que participan en la presente contradicción–.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS.
10. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son las siguientes:
11. I. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 16/2021, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, determinó en lo que interesa, lo siguiente:
• En la sentencia de amparo que se examina, se concedió la protección constitucional para efecto de que la Junta responsable: (I) dejara insubsistente el laudo reclamado; (II) repusiera el procedimiento a efecto de que quedara insubsistente la deserción de la prueba pericial técnica en materia de trabajo ofrecida por la parte actora y, en su lugar, señalara nueva fecha y hora para la rendición del dictamen correspondiente; y, (III) realizado lo anterior, desahogada la probanza de mérito, emitiera nuevo laudo en el cual con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho corresponda.
En ese sentido, si la Junta responsable acreditó que dejó insubsistente el laudo reclamado, repuso el procedimiento para los efectos referidos y señaló fecha y hora para la rendición del dictamen pericial, se estima que el fallo de amparo se encuentra cumplido a cabalidad.
• Sin que sea obstáculo a lo anterior que no se haya emitido aún el nuevo laudo, pues de estimar que ello era indispensable para tener por cumplimentada la sentencia de amparo implicaría que este tribunal se viera obligado a vigilar cada actuación dentro del procedimiento laboral desde la reposición del procedimiento y hasta la emisión del laudo, lo cual implica que la tutela judicial se vería obstaculizada por los términos y plazos que la ley establece y, en consecuencia, se desatenderían los principios que rigen el acceso a la justicia pronta y expedita.
• En ese sentido, conforme a la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en la Ley de Amparo.
Bajo esa óptica, si en una sentencia de amparo directo se ordena dejar sin efectos la resolución reclamada y se repone el procedimiento para determinado efecto, en el caso, el desahogo de la prueba pericial técnica en materia de trabajo, basta que la responsable cumpla con esas directrices para que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito dicte resolución declarando cumplido el fallo protector, sin que sea necesario que emita un nuevo laudo, por más que se hubiese precisado ello en la ejecutoria, dado que tal pronunciamiento no es vinculante cuando en la sentencia no se estudia la omisión o retardo en su pronunciamiento, y sólo se considera una consecuencia natural, dado que no existe en la resolución razonamiento alguno que justifique la necesidad de que se pronuncie, para poder tener por cumplido el fallo protector.
• Entonces, al haberse otorgado la protección constitucional por una violación a las reglas del procedimiento, la cual ya fue reparada en el juicio laboral de origen, con ello se restituyó a la quejosa en el goce del núcleo esencial del derecho fundamental transgredido, de tal suerte que el dictado del nuevo laudo no es una consecuencia necesaria y directa de la sentencia de amparo, sino el resultado normal al que, en su caso, por regla general, conduce el procedimiento.
Cabe señalar que esta determinación no deja en estado de indefensión al inconforme, debido a que las Juntas laborales se encuentran obligadas a emitir sus laudos por ministerio de ley; y en el caso de que se incumpla con esto, se encuentra en condición de hacer valer esa violación a través de los medios de defensa que la ley prevé para tal efecto.
12. II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 17/2016, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, resolvió, en lo que interesa lo siguiente:
• En la sentencia de amparo examinada se concedió la protección federal a la parte quejosa para efecto de que: (I) el encargado de la Dirección de Carrera Magisterial de la Secretaría de Educación de Nuevo León, dejara insubsistente el oficio SDM-DCM/517/13-14 de trece de junio de dos mil catorce; (II) el subsecretario de Desarrollo Magisterial de la Secretaría de Educación de Nuevo León proveyera lo conducente con relación al recurso de revisión recibido por la autoridad señalada en el punto que antecede el tres de junio de dos mil catorce; y, (III) el mencionado subsecretario de Desarrollo Magisterial, proveyera sobre el medio de defensa con libertad de jurisdicción.
En ese sentido, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo no bastaba con dejar insubsistente el referido oficio y que se admitiera a trámite el recurso de revisión, pues la efectividad de tal medio de impugnación se ha visto mermada o se ha hecho nugatoria, en tanto no obra constancia alguna de que se haya seguido la secuela del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es hasta la emisión de la resolución que decida sobre las pretensiones plasmadas en el recurso.
• Lo que se considera necesario para restituir al quejoso en el derecho que se estimó violado, es decir, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que la responsable no ha cumplido cabalmente con la ejecutoria de amparo, pues en la especie sólo se han realizado las actuaciones necesarias para iniciar el procedimiento administrativo.
Si bien en la sentencia de amparo se estableció como efecto, que la autoridad proveyera lo conducente, en forma genérica, con respecto al recurso de revisión, a juicio de este Tribunal Colegiado, y atendiendo a las consideraciones en las que se basa el fallo protector, el efecto de la concesión del amparo no se colmaría sólo con la emisión del acuerdo a través del cual se admita a trámite, sino que, en el caso, debía sustanciarse conforme a las formalidades esenciales previstas para dicho recurso, hasta la resolución de lo efectivamente planteado en el mismo.
• Pues como lo establece la inconforme en sus motivos de agravio, con lo actuado hasta el momento por la responsable, no puede considerarse que el recurso de revisión haya tenido la eficacia a la que se refiere el derecho humano que se consideró violado, pues al no haberse resuelto el medio de defensa, se hace nugatoria su efectividad.
13. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis IV.1o.A.65 A (10a.):(1)
"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. NO SE SATISFACE PLENAMENTE CON LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE ESTIMÓ ILEGALMENTE DESECHADO, SINO HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio de progresividad, que implica no sólo la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual; lo que exige de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los Derechos Humanos de quienes se someten al orden jurídico. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento. En ese contexto constitucional, el Juez Federal debe velar por el cumplimiento del fallo protector, pensando en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones con un sentido pragmático; y no dar por cumplida la sentencia cuando el justiciable se encuentre prácticamente en la misma situación jurídica que cuando promovió el juicio de garantías, esto es, en espera de que la autoridad resuelva el recurso administrativo que promovió ante ella. En estos casos, los juzgadores de amparo deben adoptar de oficio todas las medidas necesarias para lograr la ejecución de la sentencia, pero con una finalidad práctica, pues en caso contrario la decisión adoptada en el fallo protector y los derechos que en ella se reconocieron, se reducen a meras declaraciones de intención sin un alcance verdaderamente útil, ni efectividad alguna en cuanto a la finalidad de las sentencias en el juicio de amparo, que es la de hacer respetar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución frente a un acto arbitrario de autoridad. En ese sentido, cuando en la ejecutoria de amparo se determine violado el Derecho Humano a la Tutela Judicial Efectiva, con motivo del ilegal desechamiento de un recurso administrativo, en el cual no se ofrecieron pruebas de especial desahogo, la protección constitucional debe obligar a la autoridad responsable no sólo a dejar sin efectos el acuerdo por el cual se negó a darle trámite, ni estimarla cumplida con la admisión del recurso, sino también a que provea lo conducente a la resolución del medio de defensa administrativo, así como lo relativo a la ejecución de las determinaciones ahí alcanzadas cuando sean favorables y conforme a las intenciones del particular; pues en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, sólo de esta forma se restituirá al quejoso en el goce del Derecho Humano a la Tutela Judicial Efectiva."
14. III. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 15/2011 en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil once, resolvió, en lo que interesa lo siguiente:
• En la sentencia de amparo que se examina, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para efecto de que la Junta responsable: (I) desahogue la totalidad de los medios de prueba ofrecidos en el juicio laboral; y, (II) en forma expedita continúe el procedimiento conforme a los plazos y términos legales y, en su oportunidad, concluya el juicio con la resolución que proceda, en su caso, con el laudo respectivo.
En ese sentido, no se ha dado cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, pues si bien es cierto que se desahogaron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes en la secuela procesal, también lo es que, a la fecha, la citada Junta responsable no ha emitido el laudo correspondiente, tal y como se le constriñó.
• En efecto, de la revisión integral hecha a las constancias que obran en autos, se obtiene que en el juicio laboral de origen, el cierre de instrucción ya se suscitó; de modo que el término de diez días para el dictado del laudo respectivo ha transcurrido en exceso, sin que el mismo se haya emitido, para lo cual no existe justificación alguna, puesto que no se advierte de autos que la Junta responsable haya ordenado el desahogo de ninguna otra diligencia probatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo.
En ese orden de ideas, es inexacto que el Juez Federal del conocimiento declare cumplido el fallo protector, no obstante haber advertido que aún no se había dictado el laudo correspondiente, habiendo ponderado para ello, que la responsable había cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, puesto que ya se habían desahogado todas las pruebas ofertadas en el juicio de origen y se había cerrado la instrucción.
• Ya que tales actuaciones de la Junta responsable únicamente constituyen un principio de ejecución, en virtud de que la finalidad de las sentencias protectoras es que se restituya efectivamente en el goce de la garantía individual violada al quejoso; lo que no sucede en la especie.
Habida cuenta que sólo con la emisión del laudo respectivo se puede respetar y cumplir lo que la garantía de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige; a fin de restituir al quejoso en su pleno goce.
• Ello se afirma, de conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007; en donde se dilucidó que cuando en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral, se debe entender que se reclama la violación a la garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al derecho a la justicia pronta.
Consecuentemente, en concordancia con los razonamientos vertidos, se impone legalmente resolver y declarar fundado el incidente de inconformidad que se estudia.
• Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis XVIII.3o.1 L (9a.):(2) "INCIDENTE DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO EL PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SI LA JUNTA NO HA DICTADO EL LAUDO EN EL JUICIO NATURAL. De una interpretación armónica de la jurisprudencia P./J. 87/2010, en relación con las diversas 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007, sustentadas, la primera por el Pleno, y las restantes por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS «PRINCIPIO DE EJECUCIÓN» Y «CUMPLIMIENTO PARCIAL», PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.’, ‘AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.’ y ‘SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.’; se concluye que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclama la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho a la impartición de justicia pronta, en los que además se otorgó la protección constitucional, no basta con que la autoridad responsable realice actos procesales necesarios para poner el juicio en estado de resolución, para que, con ello, pueda estimarse un ‘cumplimiento parcial’ de la sentencia de amparo y, con ello, en términos de la primera de las jurisprudencias citadas, declararla cumplida, pues al ser el señalado precepto constitucional el garante del acceso a la justicia pronta para todos los gobernados, debe entenderse que el objetivo principal de acudir al juicio de amparo, en estos casos, es que se constriña a la responsable a resolver un conflicto a través del dictado de la sentencia o laudo respectivo, de modo que la verificación de las diligencias y actos procesales previos a dicha sentencia o laudo sólo pueden considerarse como actos preparatorios para resolver el asunto, mas no suficientes o idóneos para constituir un cumplimiento parcial de la sentencia, pues, se insiste, el objetivo de la referida garantía constitucional no se enfoca a la obtención por parte del gobernado de la actuación procesal de la autoridad, sino a que ésta actúe como resolutora del conflicto planteado. Consecuentemente, si el Juez de Distrito declara cumplida la sentencia de amparo por el hecho de que la responsable desahogó pruebas, recabó otras más y puso el juicio en estado de resolución, estimando con ello que existe un ‘cumplimiento parcial’, suficiente para tenerla por cumplida, debe declararse fundado el incidente de inconformidad que se interponga contra el auto relativo del Juez de garantías, pues en ese tipo de amparos, dada la completitud que exige el citado artículo 17, solamente el dictado del laudo puede dar lugar a declarar cumplida la sentencia de amparo concesoria por violación del mencionado precepto constitucional, puesto que únicamente al emitirse la decisión del derecho con la que habrá de culminar el juicio, se podrá estimar restituido al quejoso en el pleno goce de la garantía de mérito."
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.
15. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(3) Así, para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
16. A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de criterios.
I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(4)
II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.
III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(5)
17. A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener, por una parte, que no existe la contradicción de criterios denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el resto de los tribunales contendientes.
18. Es así, porque en el recurso de inconformidad resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, se abordó un problema jurídico distinto al resto de las ejecutorias denunciadas como contradictorias. En efecto, la problemática jurídica a la que se enfrentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito atañe concretamente al alcance de la protección del amparo con motivo del ilegal desechamiento de un recurso de revisión administrativa.
19. Considerando tal tribunal, sustancialmente, que la eficacia de la ejecutoria de amparo implica que en esos supuestos no sólo la autoridad debe admitir a trámite el medio de defensa administrativo, sino también a que provea lo conducente a la resolución del medio de defensa administrativo, así como lo relativo a la ejecución de las determinaciones ahí alcanzadas cuando sean favorables y conforme a las intenciones del particular. Todo ello, a fin de no restarle eficacia al recurso administrativo y restituir adecuadamente al administrado su derecho al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.
20. En cambio, los restantes Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre un problema jurídico diverso a la revisión administrativa y en específico al cumplimiento del amparo en materia laboral, a saber: si cuando en una sentencia de amparo se ordena a la Junta responsable subsanar o reparar ciertas violaciones procesales y, hecho lo anterior, emita el laudo que en derecho corresponda, es indispensable que para tener cumplido el fallo protector, la responsable dicte tal laudo o si, por el contrario, basta con remediar la actuación procesal reclamada.
21. Luego, ante las notables diferencias entre los problemas jurídicos planteados a los Tribunales Colegiados, al momento de resolver los recursos de inconformidad de sus respectivos índices –destacadamente, las particularidades y naturaleza atañen, por una parte, a los recursos administrativos y, por otra, al procedimiento laboral ordinario, así como a las distintas exigencias que operan en estas materias respecto al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva–, se concluye que resulta inexistente la contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 17/2016, y el resto de las ejecutorias que se estiman disidentes.
22. Precisado lo anterior, se estima que, en cambio, sí existe la contradicción de criterios entre lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en el recurso de inconformidad 16/2021 y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el recurso de inconformidad 15/2011.
23. Es así, pues ambos tribunales se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que ordenó a la Junta responsable la reparación de una violación procesal, así como el dictado de un laudo con libertad de jurisdicción, resulta suficiente que se subsane la reparación procesal reclamada, sin necesidad de dictar el laudo –al estimarse que ello no es propiamente una orden, sino una consecuencia natural del proceso laboral–, o bien, para tenerla por satisfecha debe además culminar con la emisión de tal laudo.
24. Siendo que los referidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito –al resolver el recurso de inconformidad 16/2021–, consideró, toralmente, que si en una sentencia de amparo se ordena reparar una violación al procedimiento, basta que la responsable cumpla con esas directrices para tenerla por cumplida, "sin que sea necesario que emita un nuevo laudo, por más que se hubiese precisado ello en la ejecutoria, dado que tal pronunciamiento no es vinculante cuando en la sentencia no se estudia la omisión o retardo en su pronunciamiento, y sólo se considera una consecuencia natural".
25. En otras palabras, al haberse otorgado la protección constitucional por una violación a las reglas del procedimi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30961-378c0f85/cumplimiento-de-sentencias-de-amparo-cuando-la-proteccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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