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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO. NO BASTA QUE LA JUNTA LABORAL HAYA SEÑALADO FECHA PARA SU DESAHOGO PARA CONSIDERAR QUE CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PUES AL QUEDAR DEMOSTRADA LA DILACIÓN RECURRIDA ES MENESTER QUE, ADEMÁS DE ORDENAR TAL DESAHOGO, TAMBIÉN SE EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN BREVE TÉRMINO, PUES SÓLO ASÍ, EN ESA FASE DEL JUICIO, PODRÁ CONSIDERARSE QUE DESAPARECIERON EN FORMA TOTAL LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2022. · Registro digital (IUS): 30980
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-10-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, Pág.2715.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 12 DE JULIO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFREDO BARRERA FLORES (PRESIDENTE), CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, JAIME FLORES CRUZ Y CARLOS SOLÍS BRICEÑO. DISIDENTES: EDUARDO ANTONIO MÉNDEZ GRANADO Y JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA, Y ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO BARRERA FLORES. SECRETARIO: JUAN JOSÉ LEÓN MARTÍNEZ.

Villahermosa, Tabasco. El Pleno del Décimo Circuito tiene visto este asunto, para su solución en sesión virtual de doce de julio de dos mil veintidós.

VISTOS; y

RESULTANDO

PRIMERO.—Inicio. Mediante escrito, con evidencia criptográfica de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, **********, por conducto de su representante y autorizado **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 119/2021 y el diverso emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito y residencia, al resolver el amparo en revisión 92/2021.

SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, el presidente del Pleno del Décimo Circuito recibió el oficio que derivó del escrito aludido, ordenó formar y registrar el expediente con el número 10/2022; reservó proveer sobre su admisión hasta contar por completo con el escrito de denuncia de contradicción de tesis, por lo que solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, para que en el término de cinco días hábiles remitiera la foja dos faltante y de no contar con ello, ordenara lo conducente para requerirla.

TERCERO.—En proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, el presidente del Pleno del Décimo Circuito tuvo por recibido el oficio 1142/2022 de diecinueve del mes y año citados, signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que en cumplimiento al acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, remitió de forma completa el escrito signado por **********, en su carácter de autorizado del quejoso **********, por medio del cual denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el referido Primer Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión 119/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver el amparo en revisión 92/2021; así también, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito que remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del recurso de revisión 92/2021 e informara si el criterio sustentado en el asunto con el que se denunció la contradicción, seguía vigente, o en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado –sin que fuera necesario recabar copia de las constancias relativas al recurso de revisión 119/2021, del Primer Tribunal Colegiado, por obrar en los autos del toca de la contradicción de tesis–.

CUARTO.—Informe. A través del oficio 26/2022, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, la secretaria de tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, allegó copia certificada de la ejecutoria del recurso de revisión que le fue solicitado e informó que el criterio ahí sustentado se encontraba vigente, lo que fue agregado a los autos en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós.

QUINTO.—Turno. En proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido, mediante correo electrónico de diez de mayo de dos mil veintidós, el oficio DGCCST/X/149/05/2022 y anexo, remitido por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual hizo del conocimiento que de la consulta del Sistema de Seguimiento de Contradicción de Tesis pendientes de resolver por el Más Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se encontró radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guardara relación con el denunciado en la presente contradicción.

Finalmente, con fundamento en el artículo 41 Quáter 1, fracción III, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 13, fracción XI y 46 del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se turnaron los autos al Magistrado Alfredo Barrera Flores, para la formulación del proyecto respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona, y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; porque se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de dos Tribunales Colegiados del Décimo Circuito.

No se desatiende la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, en lo que interesa, en el artículo 94(1) se estableció la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, a quienes se les otorgó la facultad de resolver las contradicciones de criterios que se generen por distintos Circuitos que conforman determinados territorios, y así, se defina un solo criterio obligatorio en varios Circuitos de una misma región.

Al respecto, mediante circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en cumplimiento a lo decidido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", se informó que en su punto de acuerdo primero,(2) se determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta el inicio de la vigencia de las leyes secundarias relativas a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, se sostiene que este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formuló **********, por conducto de ********** autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y recurrente en el amparo en revisión 119/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto 126/2021 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Coatzacoalcos; y aquel Tribunal Colegiado es emisor de uno de los criterios en posible contradicción.

TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.

i. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.

El referido Tribunal Colegiado conoció del recurso de revisión 119/2021 interpuesto por el quejoso **********, por conducto de su autorizado, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 126/2021, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que negó la protección constitucional impetrada.

Los antecedentes del caso se desprenden de la ejecutoria de referencia, de la que se destaca que:

1. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en esta ciudad, **********, promovió juicio de amparo indirecto, recibido el dieciséis de los mismos mes y año, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado, por razón de turno, en contra de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de quien reclamó:

"IV. Acto reclamado. La falta de desahogo oportuno y resolución del incidente de liquidación respecto al laudo de fecha 27 de octubre de 2017, dentro de los autos del expediente laboral ********** con la consecuente violación a mi derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional."

2. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el número 126/2021, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el respectivo informe justificado a la autoridad responsable; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

3. El tres de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Federal tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, quien negó el acto reclamado en los términos siguientes:

"... El acto reclamado NO ES CIERTO, toda vez que, mediante proveído de fecha de 22 de febrero del año en curso, esta Junta señaló las once horas del día diecisiete de junio del presente año, ello en virtud que por causas ajenas a esta autoridad laboral no ha sido desahogada la audiencia incidental de liquidación, siendo que esta Junta ha señalado diversas fechas, sin embargo, dado la contingencia que nos ocupa relativa al COVID-19. ..."

4. La audiencia constitucional fue celebrada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; y el mismo día, el Juez de Distrito dictó la sentencia recurrida en la que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal solicitadas, al considerar en lo sustancial, que el acto reclamado se desvirtuó con el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable señaló fecha para la celebración de la citada audiencia, donde las partes ofrecerían sus pruebas respecto de dicho incidente.

5. La parte quejosa se inconformó con esa resolución e interpuso el recurso de revisión del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, bajo el toca 119/2021 y en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, revocó la sentencia de amparo y concedió la protección constitucional, contra el acto reclamado consistente en la falta de desahogo y resolución de la audiencia de liquidación de laudo dentro de los autos del expediente laboral ********** del índice de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos. Para arribar a esta consideración, el referido Tribunal Colegiado sostuvo, en lo conducente:

"... Previo al estudio de los agravios, es menester precisar que el Juez de Distrito no analizó debidamente el acto reclamado. Lo anterior, porque de la demanda de amparo se advierte que el aquí recurrente no sólo reclamó la omisión de emitir la resolución del incidente de liquidación de laudo, sino también señaló la falta de desahogo oportuno de dicho incidente.

"En contraste con lo alegado en los agravios, el Juez Federal estimó que el acto consistía en la omisión de emitir resolución del incidente de liquidación respecto al laudo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del expediente laboral **********, concluyendo que era suficiente para considerar que el acto reclamado se desvirtuó con el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable señaló fecha para la celebración de la citada audiencia, en donde las partes ofrecerían sus pruebas respecto de dicho incidente.

"De ahí que –concluyó– no existía violación alguna de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), dado que, si bien no se había celebrado la audiencia referida, la sola fijación de la fecha para su desahogo, evidenciaba que no existía paralización en el juicio.

"Ante ello, este órgano colegiado procede a analizar si la autoridad responsable incurrió en la omisión señalada por el recurrente, consistente en la falta de desahogo y resolución de la audiencia incidental de liquidación de laudo dentro de los autos del expediente laboral **********, del índice de la Junta obrera.

"De las constancias remitidas por la Junta responsable en su informe con justificación se advierte que, por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable señaló que la referida audiencia no se celebró, toda vez que la Junta responsable decretó la suspensión de labores por el periodo comprendido del veintitrés de marzo al quince de julio de dos mil veinte, debido a la contingencia sanitaria (COVID-19), por lo que señaló como nueva fecha para celebrar la audiencia incidental de liquidación, el siete de diciembre de dos mil veinte. (foja 19 del amparo indirecto)

"Luego, mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, la Junta responsable, ante la falta de desahogo de la audiencia en cita, señaló como nueva fecha el diecisiete de junio del presente año. (foja 22 ídem)

"Lo narrado, así fue informado por la propia Junta obrera responsable en su informe justificado, en el que expuso que la dilación en el desahogo de dicha diligencia se debía a las cargas de trabajo, falta de recursos humanos y materiales, así como a la pandemia del virus COVID-19.

"Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acceso a la justicia constituye un derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella; lo anterior, con el objetivo de que a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

"El derecho de acceso a la justicia no sólo irradia a los procedimientos ventilados ante los órganos judiciales (locales o federales) o bien los seguidos ante tribunales administrativos, sino además abarca a todos los mecanismos no jurisdiccionales llevados a cabo por autoridades del Estado, obligando a que éstos no resulten ilusorios sino realmente efectivos.

"En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido(3) que la aplicación de las garantías judiciales no sólo se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efecto de que todas las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarles, es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

"Ahora bien, la violación al derecho de acceso a la justicia puede manifestarse (entre otros supuestos) a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente (esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora); y la segunda, que la autoridad no provea nada o deje de hacer lo conducente para la tramitación y culminación del procedimiento respectivo.

"En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la existencia de una regla general en el sentido de que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17, entre otros preceptos, de la Carta Magna, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, por no tratarse de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente en éste, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; de modo que en este caso el amparo indirecto resulta notoriamente improcedente.

"Sin embargo, consideró también como una excepción a dicha regla los supuestos en los que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el amparo indirecto será procedente.

"Tales consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Décima Época, Tomo II, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, página un mil ochenta y seis, de rubro y texto siguientes:

"‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.’ "Por su parte, los artículos 763, último párrafo, 837, 838 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 763. ... En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento.

"‘Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes.

"‘...’

"‘Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son:

"‘...

"‘II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y, ...’

"‘... Artículo 838. El tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley.

"‘...’

"‘Artículo 843. En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.’

"De la interpretación sistemática de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que excepcionalmente se podrá tramitar el incidente de liquidación de laudo, para cuantificar las prestaciones que no estén en cantidad líquida; y que cuando un incidente no tenga tramitación especial se resolverán de plano oyendo a las partes.

"Por lo que si bien, en la especie se hizo necesaria la tramitación de un incidente de liquidación, que excepcionalmente previene el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, la emisión de su tramitación y por consiguiente el dictado de su resolución no puede postergarse indefinidamente, como lo ha hecho la Junta responsable, máxime que ya feneció el término que concedió a las partes para ofrecer pruebas y formular alegatos; por lo que era menester que dictara resolución dentro del plazo que establecen los citados artículos 763 y 838 de la mencionada ley.

"Por tanto, de la confrontación entre el proceder de la autoridad en el sumario de origen y el análisis de lo que comprende el derecho contenido en el artículo 17 constitucional, relativo a que la justicia habrá de ser impartida de manera pronta y expedita, es que se advierte con toda claridad, que la autoridad responsable ha incurrido en retardo procesal injustificado, en sus funciones de administrar justicia en virtud de que hasta donde se tiene noticia y se ha acreditado en el juicio de amparo dentro del expediente laboral **********, desde el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que se solicitó a la responsable que celebrara la audiencia incidental de liquidación de laudo, la Junta obrera no ha desahogado ni mucho menos dictado la interlocutoria respectiva, no obstante que transcurrió en exceso el término que tenía para ello; contraviniendo lo dispuesto por los artículos 763 y 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que es suficiente para tener por conculcatorio de derechos fundamentales el acto que se reprocha.

"Consecuentemente, es evidente que lo determinado por la autoridad responsable se traduce en dilatar el procedimiento por más de tres años, contados a partir de la promoción presentada por el aquí recurrente el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, lo que es contrario al principio de justicia pronta, ya que las normas laborales que lo rigen establecen que ésta debe celebrarse en un plazo de quince días hábiles; de ahí que la autoridad laboral ha tramitado el juicio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, así como los cuarenta y cinco días naturales que se establecieron en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, Materias(s): común, laboral, con número de registro digital: 2019400, página 1643, que dice:

"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio –por lo que hace a la materia laboral– a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.’

"Por otra parte, se debe precisar que, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, se debe tener en consideración cuatro elementos o parámetros, los cuales son a saber:

"a) La complejidad del asunto;

"b) La actividad procesal del interesado;

"c) La conducta de las autoridades judiciales; y,

"d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

"Por tanto, para precisar el ‘plazo razonable’ en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado.

"Es así, dado que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de ‘plazo razonable’ debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.4o.A.4 K (10a.), que se comparte, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1452, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época registro digital: 2002350, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

"‘PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el «análisis global del procedimiento», y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el «plazo razonable» en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30980-c86048f7/audiencia-incidental-de-liquidacion-en-ejecucion-de-laudo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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