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Modo: Corpus Pro

REPRESENTANTES LEGALES, LO QUE SABEN COMO PERSONAS FISICAS TAMBIEN LO CONOCEN CON EL CARACTER DE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 836/95. · Registro digital (IUS): 3119
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EZQUERRO Y CATALA, S. A. DE C. V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, , Pág. 158.

AMPARO EN REVISION 836/95. EZQUERRO Y CATALA, S. A. DE C. V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previo al análisis de los agravios, es necesario aclarar que los jueces de Distrito no pueden violar en los juicios constitucionales substanciados ante ellos, garantías individuales, toda vez que sus actos se encuentran regulados por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y precisamente, su función consiste en determinar si en los actos reclamados existió o no violación de esas garantías individuales de la quejosa.

Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número 1/91, pronunciada por este cuerpo colegiado que a la letra dice: "AGRAVIOS EN LA REVISION. RESULTAN INFUNDADOS LOS QUE SE HACEN VALER CONTRA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ESTE ACTUA COMO ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. En los casos en que se impugna la resolución de un juez de Distrito cuando éste actúa como órgano de control constitucional no son las violaciones a la Constitución las que deben invocarse en los agravios relativos que la impugnen, sino, lo que debe ser materia de ellos son las infracciones a la Ley de Amparo, dado que su actuación se rige por dicho ordenamiento legal, de ahí que si se aducen argumentos relacionados con transgresiones a nuestra Ley Fundamental atribuidas a dichos jueces de Distrito, resulten infundados, puesto que es a ese órgano jurisdiccional a quien corresponde vigilar que no se conculquen las garantías constitucionales cuando se resuelve un juicio de amparo. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1078/90. María de los Remedios viuda de Herrero. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Amparo en revisión 324/91. Victoria Chávez de Lohngi. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Amparo en revisión 210/91. Ignacio Fernández Romero. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón. Amparo en revisión 1141/90. Angel Carmona Soriano y otros. 6 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez." Ahora bien, antes de abordar los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, es pertinente hacer las siguientes consideraciones:

De las constancias remitidas por la autoridad responsable señalada como ordenadora, con valor probatorio pleno en los términos previstos por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en la forma consignada en el numeral 2o. de esta última, se advierte:

a) Del testimonio número 40341, volumen 541, pasado ante la fe del Notario Público número 79 del Distrito Federal, se desprende; que EDUARDO EZQUERRO CATALA, es administrador único de la quejosa, con el uso exclusivo de la firma social, y con las facultades más amplias en los términos del artículo 2554, párrafos 1, 2 y 3 del Código Civil para el Distrito Federal, facultades señaladas en forma enunciativa y no limitativa a saber: "a) Interponer o desistir de toda clase de juicios y sus incidentes, aun del juicio de amparo, articular y absolver posiciones, transigir y celebrar convenios judiciales, comprometer en árbitros, subastar y aceptar adjudicaciones de bienes, consentir resoluciones judiciales, presentar y ratificar denuncias, querellas y acusaciones de carácter penal y coadyuvar con el Ministerio Público y para exigir la reparación civil del daño ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales inclusive de carácter federal y penal y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo, otorgar perdón, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos, discutir, celebrar y revocar contratos colectivos de trabajo, hacer las renuncias, sumisiones y convenios que fueron necesarios de acuerdo con el artículo veintisiete constitucional y su legislación reglamentaria e interpretativa, así como la Ley de Nacionalidad y Naturalización.";

b) Que mediante escrito de diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, JOSE MIGUEL BLANCAS VARGAS Y OTROS, como endosatarios en procuración de Interconstrucciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandaron de la hoy quejosa, en la vía ejecutiva mercantil, diversas prestaciones;

c) Que por razón de turno, correspondió conocer de la misma a la Juez Noveno de lo Civil del Distrito Federal, la que la admitió y dictó auto de mandamiento en forma, ordenando emplazar a la demandada, requerirla de pago y trabar embargo en bienes de ésta por impago; (foja 311 idem);

d) Que mediante diligencias practicadas en Manuel Avila Camacho 160, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, ciudad de México de diecisiete y dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, entendidas con GUADALUPE MARTINEZ Y CYNTHIA EZQUERRO, quienes manifestaron ser empleada y recepcionista y gerente de Ezquerro y Catala, S.A. de C.V., respectivamente, el actuario notificador pretendió emplazar a dicha demandada (fojas 312, 313 y 314 ibidem);

e) Que por ocurso de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro MARIA GUADALUPE FIGUEROA CHAVEZ, compareció ante la autoridad responsable ordenadora haciéndole del conocimiento que las diligencias anteriormente identificadas, se habían practicado en una localidad ocupada por la empresa denominada "SEZETT DECORACION", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; anexado para demostrar su aseveración, copia certificada del formato de uso múltiple, Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se asienta como nombre del representante legal, liquidador o síndico de dicha empresa a EZQUERRO CATALA EDUARDO; (fojas 319 y 320 ibidem);

f) Que mediante diligencia practicada por el notificador Arturo Jiménez Zamudio el primero de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, en Boulevar Manuel Avila Camacho 160, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en el acta correspondiente, el fedatario aludido entre otras circunstancias, asentó las siguientes: "y cerciorado de ser el domicilio por el dicho de Eduardo Ezquerro que dijo ser representante legal de Suzett Decoración, S.A. y que aquí no es el domicilio de la demandada y que se opone a que tome el depositario la interventoría con cargo a la caja de la negociación y haciendo se dice que se opone a pesar de haberle impuesto momentos antes los autos de fecha dieciocho de mayo y veinticuatro de marzo del presente año por lo anteriormente dicho a pesar del apercibimiento de los cincuenta días, negándose a recibir cédula de notificación y diciendo que la dirección (domicilio) de la demandada Ezquerro y Catala, S.A. de C.V., se encuentra localizado en calzada San Mateo número diez casi esquina con Avenida Uno, en la colonia Higuera, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México." (fojas 349 y 350 del cuaderno principal);

g) El proveído de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, es del tenor literal "Hágase del conocimiento de las partes el cómputo que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez LIC. LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCABA, artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles. Doy fe. Pasen nuevamente los autos a la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores de este Tribunal para que se sirvan poner en posesión de su cargo al depositario designado apercibido que para el caso de nueva oposición se le impondrá una multa equivalente de CINCUENTA días de salario mínimo general vigente, en la inteligencia que la oposición de terceras personas será imputable al demandado. Doy fe." (foja 315 ibidem);

h) El auto de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, dice textualmente: "A sus autos el escrito de la parte actora, dígasele que respecto del incidente de ejecución de sentencia promovido que sea conforme a derecho se acordará lo que proceda y respecto de lo solicitado en el párrafo tercero pasen los autos a la Oficina de Notificadores y Ejecutores para que den cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinticuatro de marzo del año en curso. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez. Doy fe." (foja 345 ibidem).

Lo anterior, evidencia que EDUARDO EZQUERRO CATALA, es tanto representante legal, liquidador o síndico de "SUZETT DECORACIONES, SOCIEDAD ANONIMA"; como administrador único de EZQUERRO Y CATALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

De las consideraciones precedentes, deben declararse infundados en parte e inoperantes en otra, los agravios expresados por la recurrente.

En efecto lo primero, porque es inexacto lo aducido por EDUARDO EZQUERRO CATALA, representante legal de la quejosa, sobre la fecha en que tuvo conocimiento del juicio antecedente del acto reclamado, porque contrario a ello, ésta sí tuvo plena información del mismo en forma indubitable, el día primero de julio del año próximo pasado, al oponerse a la toma de posesión del interventor con cargo a la caja de la negociación, ordenada por la Juez Noveno de lo Civil del Distrito Federal; de donde resulta irrelevante que haya tenido conocimiento en un lugar distinto al domicilio social, o en calidad de representante legal de diversa empresa, ya que tal circunstancia no pudo impedirle válidamente que se enterara del juicio al que se dice ajena su representada; máxime, que en la calidad de administrador único de la persona moral quejosa, sólo a él como persona física correspondía el uso de la firma social, en la forma ya precisada anteriormente; debiendo agregarse al respecto, que similar criterio sostuvo este órgano resolutor federal, al fallar en la sesión del cuatro de octubre de mil novecientos noventa, el amparo en revisión RC-1126/90, promovido por INGENIERIA Y CONSULTORIA EN PRESFUERZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y OTRAS, en el sentido de que; con la doble personalidad que tiene una de las partes en el juicio, tanto como persona física como administrador único de las empresas quejosas, debe conocer de los actos que afectan o lesionan tanto sus intereses individuales como los de sus representadas, ya que al asumir ambos caracteres es materialmente imposible desdoblar la vida jurídica de las dos esferas legales que asume, para conocer unos actos en lo individual e ignorarlos a la vez como representante de un ente diverso.

En ese orden de ideas, la hoy agraviada, sí conoció del juicio ejecutivo mercantil que se entabló en su contra el primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que es obvio que transcurrió en exceso el término de quince días previsto por el numeral 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y correcta la decisión de la juez de Distrito de sobreseer en el juicio de garantías, en lo que respecta al primer acto reclamado que se hizo consistir en la falta de emplazamiento a la controversia natural.

No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia no demostrada, según dicho de la recurrente, de que en la actuación judicial de mérito se contengan diversas irregularidades, contradicciones y alteraciones; por una parte, por lo que hace a que la misma se entendió con el representante legal de una persona moral totalmente distinta a la buscada, deberá estarse a lo anteriormente estimado sobre el particular; por otra, porque la inconforme no precisa o determina cuáles fueron las alteraciones que contiene el acta que se levantó con motivo de la práctica de la diligencia en cuestión, y por una diversa, porque no existe contradicción en lo asentado por el fedatario, al precisar que se cercioró del domicilio, refiriéndose al señalado por la actora, por el dicho del representante legal de SUZETT DECORACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, no a que éste correspondiera a la ejecutada, advirtiéndose, la confusión en que incurre al pretender que la multicitada diligencia debió reunir las formalidades de un emplazamiento; siendo dable concluir, que para que se estime que la agraviada conoció en la fecha señalada de la controversia natural, no era necesario que tal información le fuere allegada a través de una actuación judicial con formalidades de llamamiento a juicio.

De lo expuesto, se sigue, que para estimar que la recurrente tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil enderezado en su contra por la hoy tercero perjudicada, es intrascendente que no se haya asentado por el actuario notificador, de qué manera se cercioró que EDUARDO EZQUERRO CATALA, era representante legal de la ejecutada, hoy quejosa, o de que éste no se haya ostentado como su gerente, si finalmente, como ya se estimó, esa persona moral se hizo sabedora de la controversia por medio de la persona física identificada (su administrador único) en los términos ya planteados, aun en carácter de representante legal de diversa persona moral; resultando inaplicables al caso las jurisprudencias y tesis que se citan, en apoyo de sus desestimados motivos de inconformidad.

Por otra parte, son inoperantes los motivos de inconformidad de que se trata; toda vez que los jueces de Distrito en las resoluciones que pronuncian no pueden conculcar disposición ordinaria alguna; ya que su actividad se encuentra normada por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y en todo caso, sólo podrían alegarse transgresiones a esta última.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2/93, sustentada por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 68, de agosto de 1993, en la página 45, con la clave I.6o.C. J/11, que a continuación se transcribe:

"AGRAVIOS EN LA REVISION. RESULTAN INOPERANTES SI EN ELLOS SE ADUCE QUE UN JUEZ FEDERAL VIOLA DISPOSICIONES DEL ORDEN COMUN. Los fallos que pronuncian los jueces de Distrito, no violan las disposiciones contenidas en la normas del orden común y por ello, esas cuestiones no pueden formar parte de los agravios en la revisión, lo que debe ser materia de éstos, son las infracciones a la Ley de Amparo, en su caso, a los lineamientos del Código de Procedimientos Civiles, por ser supletorio de aquélla; luego, si se aducen argumentos relacionados con la transgresión a las normas aplicadas en un juicio del orden común, es evidente que tales asertos resultan inoperantes, en virtud de que es a ese órgano jurisdiccional a quien corresponde vigilar que dichas disposiciones no sean infringidas, en concordancia con las garantías del gobernado".

Finalmente, también son inoperantes los propios agravios expresados, al no controvertir ni desvirtuarse la estimación toral del órgano del control de la constitucionalidad y de la legalidad, relativa a que el emplazamiento ilegal impugnado en la vía constitucional, quedó convalidado por haberse consentido, quedando sujeto al procedimiento natural, y que el término para interponer el juicio de garantías respecto al proveído por el que se intervino la cuenta bancaria 4443-6-30, feneció el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco; conclusión a que se llega no obstante la transcripción que hizo la recurrente lo cual no implica que combata dicha consideración fundamental de la juez de Distrito.

En consecuencia, ante lo infundado en parte e inoperante en otra de los agravios expresados por la recurrente, y al no advertir este Tribunal violación expresa de la ley que la hubiese dejado sin defensa, de conformidad con la fracción VI, del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, procede confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 89, 90 y 184 de la Ley de Amparo; 37, fracción II y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías, interpuesto por EZQUERRO Y CATALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos que reclamó del Juez Noveno de lo Civil y Notificador y Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Morales Jiménez, ambas autoridades del Distrito Federal, que se encuentran precisados en el resultando primero de la ejecutoria que se dicta.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos de los señores Magistrados, ANA MARIA Y. ULLOA DE REBOLLO, ENRIQUE R. GARCIA VASCO Y VICTOR HUGO DIAZ ARELLANO, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3119-d937651c/representantes-legales-lo-que-saben-como-personas-fisicas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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