Corpus
Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD, FALTA DE COMPROBACION EN AMPARO DE LA, CUANDO SE ADVIERTE HASTA PRONUNCIAR SENTENCIA. SOBRESEIMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 851/92. · Registro digital (IUS): 375
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FOMENTO AZUCARERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero de 1993, , Pág. 51.

AMPARO EN REVISION 851/92. FOMENTO AZUCARERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- La parte recurrente hizo valer los siguientes agravios: "La resolución impugnada viola en perjuicio del Ingenio que represento los artículos 14 y 16 constitucionales por indebida aplicación del artículo 73 fracción XVIII, en relación con los artículos 4o. y 8o. de la Ley de Amparo; por inobservancia del artículo 146 de la propia ley y violación a los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como incorrecta interpretación de la jurisprudencia que se citó por ese Tribunal para fundar su resolución, ya que sin fundamento alguno se sobreseyó el amparo promovido por mi representada. En efecto, la resolución impugnada sobreseyó el amparo según se expresa en el considerando cuarto por considerar que el ingeniero José Antonio Martínez Partida, no acreditó su personalidad como representante legal de Fomento Azucarero del Centro, S.A. de C.V., toda vez que el notario ante el cual se otorgó su poder no indicó expresamente las facultades de quien se lo otorgó, doctor José Pinto Mazal, como representante de esa empresa ni el carácter que tiene en la misma, sino que agregó al apéndice de ese testimonio con la letra 'B' la escritura legal con el que se acreditaron ante su fe tales extremos. Sobre ese particular, la resolución impugnada viola claramente el artículo 146 de la Ley de Amparo ya que, suponiendo sin conceder, que el poder exhibido adoleciera de algún defecto, es obligación del juez examinar si hay alguna irregularidad en el escrito de demanda y requisitos del artículo 116 a efecto de prevenir al promovente y no dejarlo en estado de indefensión y en ese sentido es clara la jurisprudencia siguiente: 'PERSONALIDAD.- Personalidad en el amparo. La falta de comprobación de la personalidad de quien presente la demanda, no es causa manifiesta de improcedencia, sino que debe considerarse como una obscuridad de la misma demanda, y, por tanto, es procedente pedir su aclaración en los términos de la ley y no desechar la demanda de plano. (Artículos 12 y 146) jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tesis 132, p. 226.' Sin que sea válida la afirmación de que esa jurisprudencia es sólo válida para quien se ostente como apoderado sin exhibir poder alguno, ya que no sería posible que la ley proteja más a quien no cumple en lo absoluto un requerimiento legal que a quien sí está acreditando su personalidad con documento público que suponiendo sin conceder, tenga algún defecto, aun así establece hechos irrefutables afirmados por funcionario con fe pública. A mayor abundamiento, la violación al artículo 146 se configura aún más, si se toma en cuenta que en el transcurso de todo el procedimiento se reconoció la personalidad del apoderado de la empresa y aun sobre la base de ese reconocimiento se concedió a Fomento Azucarero del Centro, S.A. de C.V., la suspensión definitiva de los actos reclamados según resolución que quedó firme y por tanto no puede el juzgador con posterioridad desconocer sus propios actos, ya que esto propiciaría un caos absoluto en un procedimiento legal que por su esencia es preclusivo y que además con disposiciones tales como los artículos 146 ratifican la intención del legislador de que el amparo sea realmente un medio jurídico de protección al gobernado y que no se le deje en estado de indefensión. Por otra parte, es improcedente que se trate de negar validez jurídica al poder contenido en escritura pública exhibido por mi representado ya que en el mismo se especifica claramente que se acreditó ante el notario la personalidad y facultades del otorgante del poder, doctor José Pinto Mazal, quien exhibió a su vez su poder mismo que se agregó al apéndice con la letra 'B' por lo que al estar esta circunstancia afirmada por funcionario dotado de fe pública basta y sobra para que el juzgador así lo reconozca sin tener que entrar a mayor pormenor, pues dudar de la afirmación del notario de que quien otorgó el poder tiene la personalidad y facultades necesarias, implica entonces negar que tiene fe pública, y esto llega también a negar la credibilidad que establece la ley para los documentos públicos lo cual es violatorio de los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Por otra parte la resolución impugnada viola en perjuicio de mi representada los artículos 14 y 16 constitucionales por indebida aplicación del artículo 73 fracción V de la Ley de Amparo, ya que indebidamente se aplica la causal de improcedencia contenida en esa disposición, ya que el juez en su resolución del 3 de junio de 1992, concedió la suspensión definitiva contra los actos reclamados a Fomento Azucarero del Centro, S.A. de C.V., ordenando que no se hiciera efectivo el cobro del crédito 929035345 que el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió al Ingenio San Francisco Ameca que como es de público dominio es el Ingenio que opera mi representada de tal forma que en esa ocasión el Tribunal tomó un hecho notorio para dictar su resolución lo cual no es extraño, ya que esta posibilidad la establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo anterior no es posible jurídicamente que el juzgador reconozca determinados hechos para un efecto y los desconozca posteriormente para otros ya que es indispensable que exista congruencia jurídica en las actuaciones judiciales. Por último, la resolución impugnada viola en perjuicio de mi representada los artículos 14 y 16 constitucionales, por indebida aplicación del artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor e inobservancia del artículo 133 constitucional puesto que se aplicó la causal de improcedencia consistente en que el acto reclamado no es definitivo sin tomar en consideración que a través de un acto concreto se está impugnando la constitucionalidad del decreto que establece las cuotas de aseguramiento de los productores de caña de azúcar y sus trabajadores estacionales en el régimen obligatorio del Seguro Social durante los ciclos 1990-1991, 1991-1992 de fecha 29 de noviembre de 1991, publicado en el Diario Oficial del 2 de diciembre del mismo año. En este caso, es de explorado derecho que el principio de definitividad no opera en lo absoluto de conformidad con el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política ya que como se indicó se está impugnando la constitucionalidad de un decreto en ocasión de su primer acto de aplicación."

TERCERO.- Es infundado el primero de los agravios esgrimidos por la parte recurrente.

En efecto, la prevención que, según señala el recurrente, debió hacer el resolutor del amparo al promovente de éste, o sea, la que prevé el artículo 146 de la ley de la materia, sólo puede tener lugar cuando, aun admitida una demanda de garantías, el Juez de Distrito estime que no se acredita debidamente la personalidad de quien la interpone - ya que esa deficiencia debe considerarse como un motivo de obscuridad de la misma, que da origen a la prevención para que se aclare, conforme a lo dispuesto por el numeral antes citado- , mas no en aquellos casos en que tal deficiencia se aprecia en ulteriores etapas del procedimiento, como ocurrió en la especie, en que al dictarse la sentencia recurrida el a quo, haciendo uso de la facultad que la ley le confiere para analizar la personalidad de las partes en cualquier fase del juicio, advirtió que el promovente del amparo no acreditó plenamente su representación, pues en estos casos el Juez de Distrito ya no estará obligado a prevenir al interesado para que compruebe ese presupuesto procesal, habida cuenta de que dicha prevención sólo está prevista para subsanar deficiencias de la demanda antes de resolver sobre su admisión; de ahí que no sea aplicable en el caso a estudio la tesis que se cita en ese primer agravio, razón por la cual la sentencia sujeta a revisión que sobresee en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII, 4o. y 8o., todos de la Ley de Amparo, se encuentra ajustada a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por esta Cuarta Sala en la tesis que aparece publicada en la página doscientos sesenta y nueve de la Primera Parte del Tomo V (Enero-Junio de 1990) de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD, FALTA DE COMPROBACION EN AMPARO DE LA, CUANDO SE ADVIERTE HASTA PRONUNCIAR SENTENCIA. SOBRESEIMIENTO.- Si el juzgador, una vez que ha celebrado la audiencia constitucional en un juicio de amparo, encuentra que el promovente no acreditó tener la representación con que se ostente en la demanda de garantías, no es el caso de estimar que en ese momento el juez federal deba prevenir a la quejosa para que justifique su personalidad. Por ello, si el Juez de Distrito advirtió la falta de personalidad de quien promovió el amparo hasta el momento en que pronunció sentencia, estuvo en lo correcto al decretar el sobreseimiento en el juicio."

No es obstáculo a lo considerado con antelación, el hecho de que el Juez de Distrito haya tramitado el juicio de amparo de referencia sin advertir las deficiencias de que adolecía el documento con el que el promovente del mismo pretendió acreditar su personalidad, y de que haya concedido a la empresa quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que estas circunstancias no pueden tener como efecto el que se tenga por demostrada la personalidad de dicho promovente - la cual, como ya se dijo, debe examinarse en cualquier momento durante el juicio, por ser una cuestión de orden público- , pues esa demostración únicamente deriva de los documentos que para tal efecto se ofrezcan, y no de las determinaciones del juzgador.

Es preciso aclarar que el aludido Juez de Distrito no le negó validez jurídica al poder otorgado por la empresa quejosa, representada por José Pinto Mazal, a favor de J. Antonio Martínez Partida, como se afirma en los motivos de inconformidad, lo que pasa es que dicho juez le negó valor probatorio al documento que se exhibió para acreditar tal poder (mismo que consiste en la copia fotostática certificada del primer testimonio de la Escritura dos mil ciento tres), lo cual se estima correcto, pues sin cuestionar la fe pública de que se encuentra investido el notario ante el que se otorgó el referido poder, lo cierto es que ese documento es insuficiente para acreditar la personalidad de J. Antonio Martínez Partida, dado que en él no consta que José Pinto Mazal estaba facultado para otorgar poder en nombre de Fomento Azucarero del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como tampoco la existencia legal de esta empresa (requisitos necesarios que debe contener un documento con el que se pretende acreditar la representación que se ostenta, como puede apreciarse de la tesis que se citará al final de este párrafo), y si bien es cierto, según se advierte del repetido documento, que el notario certificó que el referido José Pinto Mazal acreditó su personalidad con la certificación que agregó al apéndice de la escritura con la letra "B", "de la que otro", ejemplar agregaré a los testimonios que de la misma expida.", también lo es que esa certificación que se agregó no obra en el documento tantas veces mencionado, o sea, el que se ofreció en el juicio de garantías, y como es obligación de las partes presentar el documento que justifique la personalidad con la que promueven, corresponde a ellas cerciorarse que el documento con el que lo hacen se encuentre completo, puesto que el juez de Distrito no está facultado para reconocer una representación que no se acredite plenamente en autos. La tesis a que se hizo alusión en este párrafo, es la número 44, que puede consultarse en la página novecientos treinta y cuatro de la Primera Parte (Pleno) del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y siete, cuya sinopsis es: "REPRESENTACION LEGAL. QUEDA COMPROBADA SI EN LA ESCRITURA DE MANDATO EXHIBIDA CONSTA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LAS FACULTADES DE QUIEN OTORGO EL PODER.- La representación legal se acredita con el documento notarial que se exhiba en el cual conste la existencia legal de la sociedad por quien se gestiona, así como la circunstancia de que quien otorgó el poder se encuentra facultado por el órgano de la sociedad que tiene competencia para ello; sin que sea obstáculo que en la escritura de mandato no se consignen los nombres de las personas físicas o morales que constituyeron la sociedad, dado que dichos requisitos sólo son exigibles tratándose del acta constitutiva de la susodicha sociedad, tal como se desprende del texto del artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles." El criterio contenido en esta tesis fue reiterado al resolver el Tribunal Pleno el amparo en revisión número 6689/84, promovido por "Arancia Aceites La Gloria", Sociedad Anónima de Capital Variable, que bajo la ponencia del ministro Juan Díaz Romero, fue fallado el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, por mayoría de veinte votos, según se advierte de la tesis número 79, que bajo el rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES, REPRESENTACION CONVENCIONAL DE LAS.", aparece publicada en la página ochocientos ochenta de la Primera Parte del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto se encuentra redactado en similares términos al que se transcribió líneas atrás.

Cobra aplicación a lo acabado de exponer, además, la tesis de esta Sala publicada en la página cuatrocientos once de la Primera Parte-2 del Tomo I (Enero-Junio de 1988 y Apéndices) de la Octava Epoca del Semanario antes citado, la cual a la letra dice: "PERSONALIDAD, CORRESPONDE A LAS PARTES ACREDITARLA.- Es carga de las partes presentar el documento que justifique la personalidad con la que promueven y corresponde a ellas cerciorarse que el documento con lo que lo hacen se encuentra completo, puesto que el juez de Distrito no está facultado para reconocer una representación que no se acredite fehacientemente en autos."

Por otra parte, resulta inoperante el segundo de los motivos de inconformidad, en primer lugar, porque en autos no se encuentra acreditado que el Juez de Distrito haya concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados, para que no se hiciera efectivo el cobro del crédito combatido en la demanda de amparo; y en segundo lugar, porque aun en el supuesto de que fuera cierta tal circunstancia, la misma no le impedía a dicho cuestión de orden público, atento a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia número 940, consultable en la página mil quinientos treinta y ocho de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, misma que reza: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

Finalmente, cabe señalar que en el juicio de amparo debe quedar plenamente acreditado que el acto que en él se reclama afecta el interés jurídico del quejoso, cosa que no sucedió aquí respecto al crédito antes aludido, por las razones expuestas por el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, sin que deba de tomarse en cuenta lo que se argumenta en el agravio a estudio, en el sentido de que es de público dominio que la empresa quejosa opera al Ingenio San Francisco Ameca, toda vez que este hecho debió haberse probado fehacientemente durante la tramitación del juicio de garantías; de manera que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al considerar que en la especie se actualiza, por lo que ve al multicitado crédito, la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Se observa, en resumen, que lo razonado a lo largo de este considerando es suficiente para confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, resultando, en consecuencia, innecesario el análisis del restante agravio.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías al que este toca corresponde.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el Ministro mencionado en último término.

Firman los Ministros presidente y ponente, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/375-1e047d96/personalidad-falta-de-comprobacion-en-amparo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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