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Modo: Corpus Pro

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 807/2005. · Registro digital (IUS): 19804
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 163.

AMPARO EN REVISIÓN 807/2005. EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se trata de un recurso interpuesto en contra del pronunciamiento dictado por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, en el que se planteó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que, si bien subsiste el problema de inconstitucionalidad, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que sobre el tema existen diversos precedentes.

SEGUNDO. Las consideraciones de la sentencia recurrida, en síntesis, son las siguientes:

• Debe precisarse que los actos reclamados consisten en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, concretamente sus artículos 2o., fracción I, incisos G) y H), 3o., fracción XV y 8o., fracción I, incisos d) y f).

• Se tienen como ciertos los actos antes referidos.

• Son infundadas las causales de improcedencia hechas valer por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, esto es, las previstas en el artículo 73, fracciones V, VI -en relación con el 114, fracción I- y XVIII, de la Ley de Amparo, esta última fracción en relación con el artículo 80 del propio ordenamiento.

• Es infundado el primer concepto de violación, en virtud de que los actos legislativos reclamados sí cumplen con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, en lo relativo a la debida fundamentación y motivación, por cuanto emanan de autoridades competentes, pues no puede considerarse que el artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limite la facultad del Congreso de la Unión, contenida en la fracción VII del mismo precepto y ordenamiento legal, para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

• Es infundado el argumento hecho valer en el sentido de que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sea una ley privativa, ya que, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, los preceptos legales en cuestión se aplican a una clase determinada de contribuyentes, sin referirse a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos, ni tampoco pierde su vigencia después de aplicarse al caso previsto y determinado.

• En virtud de que el Congreso de la Unión está facultado constitucionalmente para establecer las contribuciones previstas en los preceptos reclamados, resulta infundado el concepto de violación relativo a que el Congreso de la Unión violó el artículo 124 constitucional, que establece la distribución de facultades entre la Federación y los Estados, porque de acuerdo al artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución, la Federación no cuenta con la facultad para legislar en la materia de que se ocupan los preceptos en cuestión.

• También es infundado el concepto de violación de la quejosa en el que estima que se vulnera el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues el impuesto previsto en los preceptos impugnados está contemplado en una ley formal y material, por haberse emitido por el Congreso de la Unión, como órgano facultado para ello, y de acuerdo a las formalidades previstas para el proceso legislativo. Además de que dichos artículos reúnen cada uno de los elementos esenciales del tributo, esto es, el sujeto, su objeto, su base, tasa y época de pago. Por otra parte, el artículo 3o., fracciones XV y XVI del propio ordenamiento legal impugnado, no da margen a contradicciones, ni a diversas interpretaciones -por las razones ahí expuestas-. De ahí que se niegue el amparo respecto del artículo 3o., fracción XV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, sin que dicha negativa se haga extensiva a los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H) y 8o., fracción I, incisos d) y f), del ordenamiento legal en comento, debido a que respecto a éstos se plantean diversos conceptos de violación.

• Es sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado el concepto de violación en que se sostiene que los numerales reclamados violan el principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, toda vez que, como bien lo hace valer la quejosa, no existe justificación objetiva "que impida colocar a los expendios que venden refrescos y bebidas hidratantes o rehidratantes que no las fabrican, envasan o distribuyen, en una categoría distinta de los que sí lo hacen, pues ambos expenden productos o mercancías similares y tienen como fin primordial la enajenación de los mismos". Lo anterior es así por dos razones, a saber: 1. Porque a dos sujetos ubicados en la misma hipótesis de causación, se les trata de manera desigual, ya que ambos tienen como actividad fundamental la venta o enajenación de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, sin que exista distinción alguna entre quienes las fabrican y quienes no, ya que el impuesto en cuestión no grava esa actividad; 2. Porque no existe razón o motivo objetivo que permita colocarlos en planos jurídicamente desiguales, ya que el cobro del tributo depende exclusivamente de la enajenación de esos bienes, mas no de su producción, envasamiento o distribución.

• Así, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se concede el amparo solicitado respecto de los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H) y 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para el efecto de que no le sean aplicados a la parte quejosa dichos artículos declarados inconstitucionales tanto en el presente como en el futuro.

• Resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, con base en la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO."

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que, en principio, conoció del presente recurso de revisión, en síntesis, resolvió lo siguiente:

• Queda firme el resolutivo primero que se rige por el considerando sexto de la sentencia recurrida, en el cual se niega el amparo solicitado respecto del artículo 3o., fracción XV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por no haber sido impugnado por la parte quejosa a quien pudiera perjudicar.

• Son inoperantes el primero y el segundo de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, debido a que en éstos no se esgrimen argumentos tendientes a desvirtuar las consideraciones del Juez Federal para desestimar las causales de improcedencia que hizo valer, en su momento, el subprocurador Fiscal Federal de Amparos.

• No se estudian los agravios tercero y cuarto aducidos por la autoridad recurrente, debido a que en ellos se controvierten las consideraciones que adujo el Juez Federal para considerar que los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H) y 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, son violatorios de la garantía de equidad, por lo cual, su estudio corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien procede remitir el recurso de revisión.

• Se confirma la sentencia recurrida en la materia de la revisión competencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, y se reserva jurisdicción a la Suprema Corte al advertir que, en el presente caso, subsiste el problema de inconstitucionalidad planteado en la demanda de amparo.

CUARTO. Resulta innecesario hacer la síntesis del primero y segundo de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, en virtud de que de su estudio ya se ocupó el Tribunal Colegiado que originalmente conoció del presente recurso de revisión. Así pues, únicamente se sintetizan los agravios tercero y cuarto, en los siguientes términos:

• En el tercer agravio se argumenta que la sentencia recurrida infringe lo previsto por los artículos 76 Bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo, por falta de observancia e indebida aplicación de los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H) y 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al estimar que dichos preceptos son violatorios del principio de equidad tributaria, en virtud de que a dos sujetos ubicados en la misma hipótesis de causación, se les trata de manera desigual, ya que ambos tienen como actividad fundamental la venta o enajenación de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, sin que exista distinción alguna entre quienes las fabrican y quienes no, ya que el impuesto en cuestión no grava esa actividad; y porque no existe razón o motivo objetivo que permita colocarlos en planos jurídicamente desiguales, ya que el cobro del tributo depende exclusivamente de la enajenación de esos bienes, mas no de su producción, envasamiento o distribución.

• A efecto de controvertir lo aducido por el juzgador, se dice que, contrariamente a lo estimado por éste, el hecho de que el numeral reclamado, esto es, el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no considere como contribuyentes del impuesto a las personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. del propio ordenamiento, no significa que transgreda la garantía de equidad tributaria, sino que, por el contrario, con dicho trato desigual se da un trato equitativo, al dar un trato desigual a sujetos distintos del citado impuesto, ya que en un caso se trata del fabricante y en el otro las tiendas de abarrotes y misceláneas, que son las que comercializan en gran medida con el público en general. Que lo anterior es así, porque dicha exención obedece a razones de orden social y política fiscal, ya que la persona que se dedica a la venta de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, generalmente se encuentra considerada como pequeño contribuyente, lo cual lo coloca en una hipótesis de causación distinta frente a la norma jurídica que lo regula, en relación con los grandes fabricantes, productores o importadores a que se refiere el artículo 2o.

• En otra parte, en el citado agravio se argumenta que el hecho de que el precepto reclamado especifique que no se consideran enajenaciones con el público en general cuando por ellas se expidan comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal, tampoco resulta violatorio del principio de equidad, por las razones que ahí se expresan.

• En el cuarto agravio, se sostiene que la sentencia recurrida infringe lo previsto por los artículos 76 Bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo, por falta de observancia e indebida aplicación de los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H) y 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al estimar que dichos preceptos son violatorios del principio de equidad tributaria, en virtud de que este último precepto exenta del impuesto a los productos a que se refieren los incisos G) y H) del primero de los preceptos aludidos, cuando se utiliza como único edulcorante el azúcar de caña, lo cual, al decir de la autoridad recurrente, no se ajusta a derecho por las razones que ahí expone.

QUINTO. Previamente al estudio de los agravios hechos valer, se debe destacar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la sentencia recurrida es incongruente respecto de los actos de aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad se reclama y que la quejosa atribuyó al presidente del Servicio de Administración Tributaria y al secretario de Hacienda y Crédito Público; dicha incongruencia se da en virtud de que el Juez de Distrito omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del acto en cuestión, y el Tribunal Colegiado, que originalmente conoció del recurso revisión, no subsanó.

Apoyan la anterior determinación la tesis aislada de esta Primera Sala, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyos rubros, respectivamente, son los siguientes: "SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN APLICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 5/2001. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL CONOCER DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE LE RESERVÓ JURISDICCIÓN, DEBE REPARAR LAS INCONGRUENCIAS QUE ADVIERTA EN AQUÉLLAS."(1) y "ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN."(2)

Así pues, esta Sala procede a reparar la incongruencia apuntada, sobreseyendo en el juicio respecto de dichos actos, de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que fueron negados por las autoridades antes referidas, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario.

No es óbice a la anterior decisión, el recibo bancario de pago de contribuciones federales, de fecha diecisiete de febrero de dos mil cuatro (foja 72 del expediente de amparo), con el cual la quejosa demostró el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, pues como ella misma lo manifiesta, se autoaplicó tales preceptos, al hacer el pago del impuesto causado por la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vía internet. Por ello, su conducta no conduce a tener como ciertos los actos de aplicación que reclamó de las autoridades antes precisadas.

Apoya la anterior decisión, la tesis de la Segunda Sala, que esta Sala comparte, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS."(3)

SEXTO. Es inoperante el tercer agravio hecho valer en la parte en que se dice que contrariamente a lo considerado por el Juez de Distrito, el hecho de que el precepto reclamado especifique que no se consideran enajenaciones con el público en general aquellas por las cuales se expidan comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal, tampoco resulta violatorio del principio de equidad, en virtud de que a través de tales argumentos, se atribuyen al juzgador argumentos que no sustentaron su fallo, puesto que para decidir en los términos que lo hizo, sólo se pronunció en el sentido de que los numerales reclamados eran violatorios del principio de equidad tributaria, porque no existe justificación objetiva "que impida colocar a los expendios que venden refrescos y bebidas hidratantes o rehidratantes que no las fabrican, envasan o distribuyen, en una categoría distinta de los que sí lo hacen, pues ambos expenden productos o mercancías similares y tienen como fin primordial la enajenación de los mismos". Agregando que lo anterior es así, porque a dos sujetos ubicados en la misma hipótesis de causación, se les trata de manera desigual, ya que ambos tienen como actividad fundamental la venta o enajenación de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, sin que exista distinción alguna entre quienes las fabrican y quienes no, ya que el impuesto en cuestión no grava esa actividad; y porque no existe razón o motivo objetivo que permita colocarlos en planos jurídicamente desiguales, ya que el cobro del tributo depende exclusivamente de la enajenación de esos bienes, mas no de su producción, envasamiento o distribución.

Por las mismas razones, también es inoperante el agravio cuarto, en el que se dice que indebidamente el Juez de Distrito consideró que los preceptos reclamados, esto es, el 8o., fracción I, incisos d) y f) y el 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, son violatorios del principio de equidad tributaria, en virtud de que el primero exenta del impuesto a los productos a que se refieren los incisos G) y H) del segundo, cuando se utiliza como único edulcorante el azúcar de caña, lo cual, a decir de la recurrente, no se ajusta a derecho, pues como se deduce del párrafo anterior, tales argumentos tampoco sustentaron la concesión del amparo recurrido.

Apoya la anterior decisión, la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 16/91, cuyo rubro es el siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA."(4)

SÉPTIMO. En cambio, es sustancialmente fundado y suficiente para revocar la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, otorgado por el a quo a la empresa quejosa, la primera parte del tercer agravio hecho valer, previamente sintetizado.

En efecto, el Juez del conocimiento concedió el amparo a la quejosa por considerar que el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, transgrede en su perjuicio la garantía de equidad prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional, al tratar de manera desigual a los sujetos que se ubican dentro del mismo contexto normativo, considerando que la actividad consistente en la enajenación de refrescos y bebidas hidratantes o rehidratantes, por parte de personas físicas o morales que también se dediquen a su elaboración, envasamiento o distribución, es la misma actividad realizada por las personas que no se dedican a dicha elaboración, envasamiento o distribución, motivo por el cual no se justifica el tratamiento desigual establecido por dicho numeral.

Al respecto, la autoridad responsable ahora recurrente manifiesta, esencialmente, que el trato diferenciado se justifica considerando que se trata de contribuyentes ubicados en categorías diversas, motivo por el cual no deben recibir el mismo trato por parte del ordenamiento jurídico.

A fin de estar en posibilidad de analizar estos argumentos, se estima necesario, en primer lugar, analizar lo que este Alto Tribunal ha estimado que representa la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes.

Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son los siguientes: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL."(5) y "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."(6)

Asimismo, se estima pertinente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:

No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable:

a) A iguales supuestos de hecho, deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas;

b) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,

c) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS."(7)

De esta manera, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas.

Una vez precisado lo anterior, resulta necesaria la remisión a lo dispuesto por el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismo que dispone lo siguiente:

"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

"I. Por las enajenaciones siguientes:

"...

"d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no formen parte del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación."

Tal como se había anticipado, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta fundado el agravio planteado por la autoridad recurrente, a través del cual sostiene la constitucionalidad del referido artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, atendiendo a las razones que a continuación se exponen:

Lo dispuesto por dicho numeral, relativo al establecimiento de un trato diferenciado consistente en la exención del impuesto, obedece a un fin extrafiscal que se justifica plenamente en el proceso legislativo.

En efecto, debe señalarse que en la exposición de motivos para la creación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta, se expresó, entre otras cosas, lo siguiente:

"De los rasgos principales que configuran la iniciativa, cabe destacar que el impuesto que se propone grava las enajenaciones e importaciones de ciertos bienes, así como la prestación de determinados servicios. En el capítulo de disposiciones generales el primer artículo establece en forma sucinta los elementos principales de este impuesto, que grava la primera enajenación o en su caso, la importación, así como la prestación de servicios, siendo conveniente resaltar que este impuesto grava la primera etapa de comercialización de los bienes o bien la importación, es decir, que una vez importados los bienes, por la primera enajenación que de éstos se realice en el país ya no se pagará el impuesto. En el precepto siguiente se detallan los bienes y servicios por los que se tiene que pagar el impuesto y establecen las tasas correspondientes. A continuación se definen algunos bienes y servicios cuyo concepto pudiera prestarse a diferentes interpretaciones."

De lo anterior se desprende que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fue creada con el objeto de sustituir a toda una gama de impuestos especiales que gravaban de forma independiente diversos productos y servicios, simplificando el sistema tributario, ya que, a través de esta contribución, se homologó el tratamiento fiscal respecto de diversos bienes y servicios que con anterioridad se sujetaban a lo dispuesto en las respectivas leyes especiales, de ahí que, en principio, el tratamiento que se otorga a este impuesto atienda fundamentalmente al tipo de bienes y servicios gravados y a las características que éstos revisten.

De esta forma, el sujeto del impuesto será el productor e importador de los bienes y, en su caso, el prestador de servicios, en atención a que este impuesto grava únicamente la primera enajenación o, en su caso, la importación, así como la prestación de servicios; esto es, el gravamen se genera únicamente en la primera etapa de comercialización de los bienes, en la importación de éstos, o bien, en la prestación de servicios.

Igualmente, por lo que hace a la enajenación de bienes se recogen esencialmente los conceptos que en torno a tal actividad se contienen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reiterándose que el objeto del impuesto se circunscribe exclusivamente a la primera etapa de comercialización de bienes y servicios.

Atento a lo anterior y tomando en consideración que el objeto de creación del tributo es el evitar el traslado del impuesto en cascada, gravándose por ello la venta de primera mano, puede estimarse que la exención establecida en el artículo 8o., antes mencionada, se refiere más bien a una hipótesis de no causación que a una exención, y que por falta de técnica legislativa se estableció en tales términos.

Con ello, queda justificado que si son el fabricante, productor o importador quienes realizan esa venta de primera mano con el público en general, desde luego que dicha enajenación estará gravada, por ser con esta operación con la que se introducen los bienes al mercado; sin embargo, si dicha venta la realiza un intermediario o detallista, evidentemente no pagará el impuesto, en tanto que el mismo ya quedó cubierto.

A mayor abundamiento, debe señalarse que en el dictamen rendido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en relación con dicha cuestión, se señala:

"Exenciones.

"Tomando en consideración que la comercialización al público en general de cervezas; bebidas refrescantes; aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, se realiza en un gran número de tiendas pequeñas y misceláneas, esta dictaminadora considera necesario establecer una exención para la venta al público de dichos bienes. Con ello, se reducirían importantes costos administrativos en que incurrían al ser ahora contribuyentes por esos bienes."

Así, se aprecia que lo que motivó al legislador para exentar las enajenaciones de los bienes antes señalados cuando se efectúen con el público en general, fue la de reducir de manera importante los costos administrativos del gran número de tiendas pequeñas y misceláneas que comercializan con dicho público y que son contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios, las que no se encuentran en las mismas circunstancias que los fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de los propios bienes, ya que éstos lógicamente constituyen una categoría de contribuyentes con una capacidad financiera y económica más elevada, respecto de los que no resulta indispensable el beneficio fiscal de que se trata y que busca reducir los costos administrativos de las pequeñas tiendas y misceláneas.

Por tal motivo, contrario a lo que sostiene el a quo, en el presente caso se aprecian razones objetivas para justificar el diverso tratamiento fiscal que prevé la ley para los sujetos que realicen la enajenación de los bienes precisados y que a su vez los produzcan, envasen o distribuyan, a diferencia de aquellos que únicamente los enajenen; consecuentemente, resulta que el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no transgrede en modo alguno la garantía de equidad que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que sustentaron la sentencia recurrida, motivo por el cual resulta procedente revocar la protección constitucional otorgada a favor de la quejosa.

Similar criterio sostuvo esta Sala al resolver el amparo en revisión 383/2004, promovido por Bebidas Mundiales, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, siendo ponente la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en sesión de uno de julio de dos mil cuatro.

OCTAVO. Con fundamento en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación, cuyo estudio omitió el Juez de Distrito.

La parte quejosa planteó, a través del propio concepto de violación segundo de su demanda de garantías, razones diversas por las que estimó vulnerada la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 constitucional, tal como puede advertirse de los conceptos de violación sintetizados en el resultando primero de este fallo.

En efecto, manifiesta que el artículo 8o., fracción I, inciso d), también es inequitativo, porque

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19804-7ffc520b/produccion-y-servicios-el-articulo-8o-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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