I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CÓDIGO FINANCIERO, AMBOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS BASES SEXTA Y NOVENA, FRACCIÓN II, INCISO 1, DEL ACUERDO QUE CONTIENE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS OMISIONES LEGISLATIVAS QUE NO DERIVEN DE UN ACTO POSITIVO PUEDEN IMPUGNARSE EN TODO MOMENTO MIENTRAS SUBSISTAN. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, ESTADO DE TLAXCALA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA RECAE EN LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULO 8, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IX. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. X. OMISIONES LEGISLATIVAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS EN COMPETENCIAS DE EJERCICIO OBLIGATORIO. SE ACTUALIZAN CUANDO EXISTA UN MANDATO CONSTITUCIONAL QUE ESTABLEZCA DE MANERA PRECISA EL DEBER DE LEGISLAR Y ÉSTE SE HAYA INCUMPLIDO PARCIAL O TOTALMENTE, RESPECTIVAMENTE. XI. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. SU REVISIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y TIENE COMO FINALIDAD EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, COMPROBAR SI SE HA AJUSTADO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR EL PRESUPUESTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ÓRGANO TÉCNICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, TIENE POR OBJETO COMPROBAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO SE REALIZÓ CON APEGO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PARA LO CUAL SE DESARROLLAN INSTRUMENTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN. XIII. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CONCLUIR SU REVISIÓN SE EJERCERÁ A MÁS TARDAR EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO SIGUIENTE AL DE SU PRESENTACIÓN CUANDO EL PLENO DE ÉSTA APRUEBE EL DICTAMEN QUE CONTENGA EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A AQUÉLLA. XIV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. XV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. XVI. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES SE REALIZA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS ESTATALES DE FISCALIZACIÓN O AUDITORÍA SUPERIOR DE LOS ESTADOS, POR LO QUE SE ENCUENTRA HOMOLOGADO CON EL SISTEMA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FEDERAL COMO RESULTADO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL OCHO, EN LA QUE SE REFORMÓ, ENTRE OTROS, EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XVII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGE SU REVISIÓN. XVIII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO LOCAL PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A CARGO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, QUIEN TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR A AQUÉL, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, EL INFORME GENERAL DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 318/2019. MUNICIPIO DE ZACATELCO, ESTADO DE TLAXCALA. 11 DE ENERO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y PRESIDENTE ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 318/2019, promovida por el Municipio de Zacatelco, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Tlaxcala.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente y la síndica del Municipio de Zacatelco, Estado de Tlaxcala, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de lo siguiente:
• El acuerdo de no aprobación de la cuenta pública del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala respecto del ejercicio presupuestal de 2018, aprobado por 13 votos a favor en la sesión de "31 de agosto de 2019", como determinación final del procedimiento de fiscalización, que se impugna:
a. Por vicios cometidos durante el procedimiento que trascendieron al resultado de la no aprobación de la cuenta pública.
b. Por violaciones cometidas dentro del dictamen que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Código Financiero de Tlaxcala y sus Municipios.
2. Antecedentes. El Municipio actor expuso, esencialmente, los siguientes antecedentes:
2.1. El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento de comprobación de la cuenta pública del ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve (sic) del Municipio actor al emitir los oficios identificados como OFS/2631/2018, OFS/2632/2018, OFS/2633/2018, OFS/2634/2018, OFS/2635/2018, OFS/2636/2018, OFS/2637/2018, OFS/2638/2018, OFS/2639/2018, OFS/2640/2018, OFS/2641/2018 y OFS/2642/2018.
2.2. Mediante oficios OFS/181/2019 y OFS/1058/2019, de catorce de enero y uno de abril de dos mil diecinueve, la auditora Superior del referido órgano de fiscalización emitió el pliego de observaciones, en relación con los periodos enero-junio y julio-diciembre del ejercicio presupuestal de dos mil dieciocho.
2.3. A través del oficio OFS/1521/2019, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el Órgano Superior de Fiscalización libró una comunicación oficial en la que dio a conocer al presidente del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, las observaciones que a la fecha del informe de resultados no fueron solventadas correspondientes al periodo de enero-diciembre del ejercicio presupuestal de dos mil dieciocho.
2.4. Por medio del oficio OFS/1758/2019, de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la auditora Superior del órgano de fiscalización informó al presidente del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, que realizaría una inspección documental y física; la cual se llevó a cabo el veintisiete de agosto siguiente y se levantó un acta circunstanciada en la que se hizo constar que durante la inspección se presentaron documentos con los que se solventaban las observaciones que estaban pendientes.
2.5. En sesión extraordinaria pública celebrada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado de Tlaxcala determinó no aprobar la cuenta pública del Municipio actor.
3. Conceptos de invalidez. La parte actora plantea, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
3.1. Omisiones legislativas que repercuten en perjuicio del Municipio actor:
a. Primer concepto de invalidez. Los artículos 104 y 105 de la Constitución Local regulan la fiscalización de las cuentas públicas en el Estado de Tlaxcala y disponen que éstas se desarrollarán conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; no obstante, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios no prevé un sistema de rendición de cuentas robusto que responda a los referidos principios, dado que el Órgano Superior de Fiscalización tiene un margen de arbitrariedad que trastoca la legalidad de sus actos, ya que existe un espectro de actuación laxo, lo que –a su juicio– no ocurre con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la cual sí se apega a los principios citados y, a diferencia de aquélla, prevé con mayor suficiencia el régimen de supletoriedad aplicable y la facultad del órgano fiscalizador para emitir normas y, además, regula los plazos, notificaciones, horas y días inhábiles para los actos de fiscalización, así como las etapas del procedimiento.
b. Ante las deficiencias de la legislación, el Congreso del Estado de Tlaxcala emitió las Bases para el Procedimiento Interno para la Dictaminación de Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2018, lo que evidencia una regulación deficiente de la Ley de Fiscalización Local en relación con el procedimiento de fiscalización y rendición de cuentas.
c. Solicita se condene al Congreso para que legisle de manera armónica, integral y garantice los principios del procedimiento de fiscalización y rendición de cuentas.
3.2. Normas de carácter general que son ilegales, por tanto, deben declararse inválidas inter partes.
d. Segundo concepto de invalidez. Los decretos promulgatorios de la Ley de Fiscalización Superior y del Código Financiero, ambos de Tlaxcala y sus Municipios, violan el artículo 69 de la Constitución Local, ya que no fueron refrendados por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, razón por la cual debe declararse su invalidez.
e. Tercer concepto de invalidez. Las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2018, violan el principio de legalidad que rige a los procedimientos de fiscalización, porque transgreden los principios constitucionales de seguridad jurídica, de reserva de la ley y subordinación jerárquica, al haber sido expedidas de manera inoportuna, ya que se publicaron hasta el doce de junio de dos mil diecinueve y el acuerdo que determinó no aprobar la cuenta pública del Municipio actor se votó en sesión de treinta de agosto de ese año, colocándolo en estado de indefensión, al no saber a qué atenerse en cuanto al cumplimiento de los requerimientos o para solventar las observaciones o dudas de la Comisión.
f. Cuarto concepto de invalidez. Las bases sexta y novena, fracción II, inciso 1, de las Bases para el Procedimiento Interno para la Dictaminación de Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2018 son inconstitucionales porque regulan situaciones que sucedieron con antelación a su publicación, ya que prevén que a más tardar el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el órgano debía entregar al Congreso a través de la Comisión el informe de resultados, así como que los paquetes de tales informes se abrirían desde el diez de junio de dos mil diecinueve, siendo que dichas bases fueron publicadas hasta el doce de junio.
3.3. Violaciones cometidas por las autoridades que participaron en el procedimiento de fiscalización.
g. Quinto concepto de invalidez. Apunta que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tlaxcala de manera ilegal se negó a recibir los medios de convicción que el Ayuntamiento ofreció con el fin de solventar las observaciones que se le formularon, lo que dejó al Municipio actor en estado de indefensión y trascendió al resultado del dictamen con proyecto de decreto impugnado.
h. El Ayuntamiento aportó los medios de convicción que solventaban las observaciones, pero no se integraron al expediente de fiscalización, por lo que el Congreso Estatal de manera ilegal no aprobó la cuenta pública.
i. Precisa que ad cautelam hace valer los siguientes conceptos de invalidez, toda vez que desconoce el contenido del dictamen con proyecto de acuerdo de no aprobación de cuenta pública, votado por la autoridad legislativa.
3.4. Transgresiones cometidas dentro del dictamen.
j. Sexto concepto de invalidez. La autoridad demandada no justificó sus atribuciones para fiscalizar recursos federales que tienen como fuente las contribuciones que recauda la Federación a través de sus facultades exclusivas, pues no precisó qué artículos le otorgan facultades para comprobar y dictaminar los siguientes fondos y programas: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal; Programa Hábitat; Programa de Apoyo a la Vivienda; Proyectos de Desarrollo Regional; Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; Remanentes del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; Fortalecimiento Financiero; Remanentes del Fortalecimiento Financiero; Remanentes del Programa Tres por Uno para Migrantes; Programa Rescate Espacios Públicos; Programa de Devolución de Derechos y Programa de Prevención de Riesgos.
• Los recursos de estos fondos y programas se consideran, para efectos presupuestales, como aportaciones federales, de modo que quien tendría facultades para fiscalizar el correcto uso de éstos es el Órgano Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que el dinero que se asigna al Municipio proviene de la recaudación que realiza el gobierno federal.
• Se debe declarar la invalidez del dictamen de no aprobación porque no contiene los artículos que dan atribuciones al Congreso del Estado de Tlaxcala para emitir una decisión de no aprobación de la cuenta pública municipal en el que se consideran no solventadas observaciones relativas a fondos y programas que derivan de aportaciones federales.
• Séptimo concepto de invalidez. La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala actuó contra derecho al emitir el dictamen con proyecto de decreto de no aprobación de la cuenta pública, ya que consideró que las observaciones no estaban solventadas a pesar de que en el acta de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve se declaró que el diputado Omar Milton López Avendaño realizó una inspección in situ de la documentación comprobatoria en poder del Municipio actor.
• La Comisión no tomó en consideración las precisiones que indicó el diputado y dejó de valorar las probanzas que exhibió el Ayuntamiento con las que quedaban solventadas las observaciones que se atisbaron durante el proceso de fiscalización; de modo que se incurrió en una violación formal en el dictamen al omitir pronunciarse de manera expresa en relación con dichas pruebas.
• La Comisión sometió al Pleno del Congreso Local un dictamen con proyecto de decreto en el que no se valoraron las probanzas, lo cual redunda en que se cause un agravio de especial importancia al Ayuntamiento, ya que la no aprobación de la cuenta pública tiene repercusiones que le impactan como ente político y jurídico, aunado a que los habitantes tienen la percepción de que el Municipio no ha manejado los recursos públicos con honestidad y se da pauta al inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos.
• Por tanto, si la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala omitió valorar las pruebas con las que se solventaron las observaciones advertidas, se vulneran los principios de fundamentación y motivación, por lo que debe declararse la invalidez del decreto de no aprobación de cuenta pública.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 318/2019 y, por razón de turno, se designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
5. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por presentada sólo a la síndica del Municipio actor, y la requirió para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, precisara las porciones normativas de los ordenamientos impugnados y, en su caso, los actos de aplicación específicos que le causan afectación. Además, respecto del acuerdo de no aprobación de la cuenta pública, se le requirió para que, dentro del mismo plazo, señalara la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de éste. Apercibida que, de no desahogar los requerimientos formulados en el plazo y términos indicados, se proveería lo conducente con los elementos que obraran en autos.
6. Transcurrido el plazo referido, sin que el Municipio actor desahogara el requerimiento, mediante proveído de dos de enero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda –sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia– y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Tlaxcala, a quienes se solicitó emplazar a efecto de que formularan su contestación. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.
7. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte se tuvo al diputado Omar Milton López Avendaño, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, dando contestación a la demanda de controversia constitucional,(1) medularmente, en los siguientes términos:
Refiere que se actualiza una causal de improcedencia en la controversia constitucional, bajo las siguientes consideraciones:
• La parte actora no tiene legitimación en la causa para promover la presente controversia constitucional, ya que el dictamen que contiene la no aprobación de la cuenta pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, no causa por sí una afectación o menoscabo a sus facultades o atribuciones, pues el dictamen reclamado únicamente constituye la autorización del Congreso para que se investigue la probable responsabilidad de un funcionario público o integrante del Ayuntamiento por la indebida aplicación de recursos públicos.
Señala que los conceptos de invalidez resultan infundados, medularmente, bajo los siguientes argumentos:
• Primer concepto de invalidez. No se advierte la configuración de una omisión absoluta o relativa, derivada de la inobservancia de una disposición constitucional, ya que el Municipio actor sólo se limita a hacer la transcripción de las disposiciones normativas en materia de fiscalización del Estado de Puebla, las cuales no pueden servir como parámetro constitucional para que se actualice una omisión legislativa.
• Segundo concepto de invalidez. Si bien de conformidad con el artículo 70, fracción II, de la Constitución Local, el gobernador tiene la obligación de promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso Estatal, lo cierto es que, en términos del artículo 69 de esa Constitución, es el secretario de Gobierno quien debe firmar los reglamentos, decretos y acuerdos que el gobernador diere en uso de sus facultades y, a falta del referido secretario, será el oficial mayor y el secretario del Ejecutivo a cuyo ramo corresponda el asunto, quienes deben firmar el decreto respectivo.
• En el caso, la expedición y la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios fueron realizadas por el gobernador y el secretario de Gobierno, sin que estuviere ausente éste; pero, en su caso, tampoco era procedente que la firmara el secretario de Planeación y Finanzas, porque no es un asunto que corresponda a su ramo u obligación.
• Tercer concepto de invalidez. Con la emisión del acuerdo a través del cual se emiten las Bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, no se invaden las competencias del Municipio actor, ya que éste tiene como finalidad fijar los criterios que deben observar tanto la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y los entes fiscalizables que hayan cumplido en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública; y la etapa que se impugna es la relativa al procedimiento legislativo que se desarrolla con motivo del turno del informe que el órgano de fiscalización local realiza después de auditar la cuenta pública de un ente obligado, etapa a que se refiere el artículo 13 de la –abrogada– Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Inclusive, en la segunda etapa se da oportunidad a los entes fiscalizados para que puedan solventar las observaciones que no fueron atendidas en el órgano de fiscalización, lo cual en lugar de ser en perjuicio para el ente fiscalizado le beneficia, al tener una oportunidad más para solventar las observaciones que le fueron realizadas a su cuenta pública, directamente ante el órgano especializado y autónomo, quien entrega el informe correspondiente para que el Congreso Local, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, emita el dictamen con proyecto de acuerdo.
• Cuarto concepto de invalidez. El referido acuerdo que contiene las bases del procedimiento interno, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, de ahí que no es cierto que éste regule situaciones jurídicas anteriores al procedimiento de fiscalización. Además, la publicación de las bases no genera incertidumbre, pues la base sexta citada por el Municipio actor tiene redacción idéntica a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios –abrogada–.
• Además, la apertura de paquetes a que se refieren las bases, es previo a la oportunidad que se da al ente fiscalizado para solventar las observaciones presentadas en el informe remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, por lo que tampoco le genera incertidumbre dicha situación, pues el hecho de que la apertura se realizara antes o después de la publicación del acuerdo que contiene las bases de fiscalización no perjudica al Municipio actor, ya que éste aún tiene el término de treinta días naturales para solventar las observaciones.
• Quinto concepto de invalidez. El Municipio actor omite manifestar la fecha exacta en que el órgano de fiscalización se negó a recibir los medios de convicción tendentes a solventar las observaciones realizadas a la cuenta pública. Además, tomando en consideración que es la segunda etapa del procedimiento de fiscalización, no queda al arbitrio del ente fiscalizado el momento en que debe solventar las observaciones, pues la fiscalización implica el desahogo de diversas etapas en las que se encuentran inmiscuidos diversos entes.
• Sexto concepto de invalidez. La actora parte de una premisa equivocada, ya que no es el Congreso Local quien debe acreditar la competencia para revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los entes fiscalizables, sino el órgano técnico del Congreso, quien al ejercer sus funciones fiscalizadoras atenderá a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad y para la atención de dichos principios, contará con autonomía técnica y de gestión. • El Congreso Local, en el ámbito de su competencia y facultades que en materia de fiscalización superior tiene encomendadas, es el encargado de dictaminar anualmente las cuentas públicas de los entes públicos fiscalizables, con sustento en el informe que le remita el órgano y, en el caso, al emitir el dictamen en el que determinó no aprobada la cuenta pública, dejó plasmado que la dictaminación realizada se hizo sin menoscabo a la competencia que tiene la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas y los Municipios con base en el convenio de colaboración citado.
• Además, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al contar con autonomía técnica y de gestión y quien, en términos del artículo 104 de la Constitución Local, es el órgano encargado de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los entes fiscalizables, celebró con la Auditoría Superior de la Federación un convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
• Séptimo concepto de invalidez. Apunta que el órgano de fiscalización local, como ente especializado del Congreso Local, es quien se encargó de revisar los documentos contables que fueron remitidos para solventar las observaciones que fueron hechas a la cuenta pública del Municipio actor, al ser la autoridad competente para llevar a cabo la valoración de tal documentación.
8. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo a Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, dando contestación a la demanda de controversia constitucional,(2) esencialmente, bajo los siguientes argumentos:
• Si bien el gobernador del Estado intervino en el proceso legislativo sancionando y publicando las normas reclamadas, así como en la publicación del acuerdo de no aprobación de la cuenta pública del Municipio actor, dichos actos no deben declararse inválidos ni contrarios a las disposiciones constitucionales.
• No debe ser materia de estudio lo relativo a la omisión del titular de la Secretaría de Finanzas Local de refrendar la Ley de Fiscalización Superior y el Código Financiero, porque este medio de control tiene por objeto la protección del ámbito de atribuciones que la Constitución Federal atribuye a los órganos del Estado y el planteamiento de invalidez de la parte actora excede de los fines y los principios que el Constituyente pretendió salvaguardar en la controversia constitucional.
• El artículo 69 de la Constitución Local establece como facultad del secretario de Gobierno firmar reglamentos, decretos y acuerdos que el gobernador del Estado diere en uso de sus facultades, lo cual se conoce como refrendo y, de manera excepcional, únicamente a falta de aquel funcionario, al oficial mayor, en conjunto con el secretario del ramo que corresponda.
9. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.
10. Alegatos. No se formularon alegatos en esta controversia constitucional.
11. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el dos de diciembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia y, mediante acuerdo de esa misma fecha se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Avocamiento. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
I. COMPETENCIA
13. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) –vigente al momento de la presentación de la demanda–;(4) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) (en lo sucesivo "ley reglamentaria"); 10, fracción I,(6) y 11, fracción V,(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 5/2013,(8) de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido al sentido de la presente resolución.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. PRECISIÓN DE NORMAS Y ACTOS RECLAMADOS
15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria,(9) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.
16. Para ello, este Alto Tribunal ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, interpretándola en un sentido congruente con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.(10)
17. En ese sentido, se advierte que el Municipio actor destacadamente impugna:
I. El acuerdo de no aprobación de la cuenta pública del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala respecto del ejercicio presupuestal de 2018, como determinación final del procedimiento de fiscalización y que controvierte:
a. Por vicios cometidos durante el procedimiento que trascendieron al resultado de la no aprobación de la cuenta pública.
b. Por violaciones cometidas dentro del dictamen con proyecto de acuerdo que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.
II. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios (abrogada).
III. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
IV. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
18. Sin embargo, esta Segunda Sala advierte que dentro de la causa de pedir del actor existen reclamos que no enunció de forma destacada en el apartado de normas o actos reclamados. En ese sentido, en su primer concepto de invalidez impugna como una "omisión legislativa", que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios no prevé un sistema de rendición de cuentas que responda a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, lo que estima resulta en una regulación deficiente del procedimiento de fiscalización y rendición de cuentas.
19. Asimismo, en los conceptos de invalidez tercero y cuarto, el Municipio actor aduce que el Acuerdo a través del cual se emiten las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 es inconstitucional, ya que considera que se regulan situaciones anteriores a su publicación, concretamente en las bases sexta y novena, fracción II, inciso 1.
20. En consecuencia, esta Segunda Sala tiene por efectivamente impugnados, además de los expresamente señalados, tanto la omisión legislativa relativa respecto de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, así como las bases sexta y novena, fracción II, inciso 1, del Acuerdo que contiene las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018.
21. Por otro lado, en relación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental –norma expresamente impugnada–, esta Segunda Sala estima que debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 20, fracción II, y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria,(11) en virtud de que el Municipio actor no expresó argumento alguno tendente a demostrar su inconstitucionalidad ni lo relaciona con la impugnación de algún acto concreto de aplicación.
22. En ese sentido, con independencia de que, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria, al momento de dictar sentencia este Alto Tribunal debe examinar en su conjunto los razonamientos de las partes, así como suplir la deficiencia de la demanda, esto presupone, cuando menos, que exista causa de pedir, lo que no se verifica en el caso.(12)
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
24. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, esta Segunda Sala estima que está acreditada la existencia de los actos y normas impugnadas, toda vez que los Poderes demandados remitieron en copia certificada las documentales que acreditan su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. OPORTUNIDAD
26. A efecto de analizar la oportunidad de los actos y normas controvertidos, conviene precisar que, tratándose de normas generales, la ley reglamentaria en su artículo 21, fracción II(13) establece dos plazos distintos correspondientes a dos hipótesis de impugnación distintas, a saber: treinta días contados a partir del día siguiente de su publicación de la norma o a partir del día siguiente a aquel en el que se produce su primer acto de aplicación de la norma que da lugar a la controversia.
27. En el caso concreto, no se advierte del escrito de demanda si el Municipio actor reclama las normas generales con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación, por lo que, tal como se relató en el apartado de antecedentes, se le requirió a efecto de que precisara las porciones normativas de los ordenamientos impugnados y, en su caso, los actos de aplicación específicos que le causan afectación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31359-39ea76de/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-conceptos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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