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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE LA DIVISIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS A PLAZOS ANTES DE CONTRAER MATRIMONIO, PARA ESTABLECER LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 391/2022. · Registro digital (IUS): 31419
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-05-12
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo III, Pág.3145.

AMPARO DIRECTO 391/2022. 9 DE FEBRERO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. SECRETARIA: DULCE ELVIRA REYES ESTRADA.

CONSIDERANDO:

(1) SEXTO.—Son ineficaces los argumentos que a título de conceptos de violación realiza la quejosa, como se verá a continuación.

(2) La litis constitucional, la impetrante de amparo la hace consistir únicamente respecto del quántum de la pensión compensatoria y la liquidación de un bien inmueble, manifestando esencialmente:

A) Que la responsable vulnera en su perjuicio su derecho de igualdad, ya que si bien su contraparte confesó que adquirió la casa antes del matrimonio, también reconoció que el crédito de Infonavit con quien la compró, lo liquidó en amortizaciones mensuales descontadas durante el matrimonio, es decir, el pago que realizó de la casa lo hizo del salario que percibía durante el tiempo que estuvieron casados, siendo claro que para el desarrollo de su trabajo la quejosa contribuyó al asumir la labores del hogar y el cuidado de los menores hijos.

B) Que la responsable no tomó en cuenta el principio de igualdad de los cónyuges, el régimen matrimonial y su relación con el derecho de igualdad ante el desequilibrio estructural por razón de género, ya que partieron del supuesto de que el aquí tercero interesado manifestó haber comprado la casa antes del matrimonio, pero inadvirtieron que el pago del crédito de la casa se realizó con amortizaciones mensuales durante éste, lo cual fue confesado por su contraparte.

C) Que si bien la responsable afirmó que la quejosa había acreditado que se encuentra enferma, agregando que la vivienda que el deudor alimentario proporciona es complemento de la pensión compensatoria, no obstante ello negó a la quejosa el 50 % (cincuenta por ciento) de dicha vivienda, contraviniendo lo establecido en el artículo 142, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que la responsable amplió la pensión compensatoria, reconociendo que la quejosa también tiene derecho a la vertiente resarcitoria, pero dejó de observar los elementos a los que estaba obligada y, por ende, dejó el mismo porcentaje establecido en el 15 % (quince por ciento) del salario y demás prestaciones del deudor alimentario, sin realizar el análisis de las necesidades de la acreedora y la capacidad del deudor.

E) Que se debió considerar que al disolverse el vínculo matrimonial ya no tendrá la atención médica que recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social, y como lo consideró la responsable su salud se encuentra afectada, lo que la obligará a acudir a medicina particular con los consiguientes gastos de consultas y medicamentos, estimando la responsable que pueda cubrirlas con el 15 % (quince por ciento), reduciendo el 20 % (veinte por ciento) que estuvo recibiendo durante el tiempo que duró el proceso, lo cual resulta un contrasentido, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para fijar la pensión compensatoria el juzgador debe tomar en cuenta el ingreso del deudor, las necesidades de la acreedora, el nivel de vida de la pareja, los acuerdos a que llegaron, la edad y el estado de salud de ambos, su calificación profesional, experiencia laboral y la posibilidad de acceso a un empleo y, en general, cualquier otra circunstancia que se considere relevante para cumplir con el objetivo para el que fue diseñada.

F) Que es incongruente lo estimado por la responsable al establecer como pensión compensatoria en ambas vertientes el 15 % (quince por ciento), ya que su estado de salud se encuentra deteriorado, lo cual se encuentra demostrado en autos, y al decretarse el divorcio el Instituto Mexicano del Seguro Social dejará de proporcionarle atención médica, por lo que todos los tratamientos, consultas, medicamentos y cirugías que pudiera requerir serán a cuenta del porcentaje que le fue asignado, lo que no le alcanzará para sufragarlos junto con sus demás alimentos.

G) Que la responsable hizo una incorrecta valoración de los estados de cuenta del deudor alimentario, pues de ellos se desprendía que su capacidad económica es mayor al sueldo que gana; sin embargo, la responsable se limitó a señalar que del informe se apreciaba que el deudor hizo inversiones pero no de forma periódica, lo cual le correspondía demostrar al tercero interesado y no a la responsable, aunado a que si estimaba que la prueba era parcial pudo pedir nuevos informes.

H) Que el informe bancario en el que se aprecia que el deudor alimentario tiene depósitos por cantidades superiores a su salario, correspondía al tercero interesado demostrar su origen y si esos pagos eran esporádicos, a fin de aplicar el principio de proporcionalidad.

(3) Extractados los motivos se procede al análisis de los incisos A), B) y C) en los que manifiesta, en esencia, que debe corresponderle el 50 % (cincuenta por ciento) del inmueble en el que el tercero interesado llevó a vivir a la quejosa cuando contrajeron matrimonio y que es el que actualmente habita, ya que dice, si bien es verdad que su contraparte lo adquirió antes del matrimonio, empero fue pagado y liquidado con amortizaciones mensuales durante el tiempo que estuvieron casados.

(4) Argumentos que son ineficaces, toda vez que como la propia quejosa manifiesta, dicho inmueble fue adquirido mediante compraventa por el tercero interesado antes de la celebración del matrimonio (sin que se desprenda de autos fecha exacta, ya que no fue agregada la escritura correspondiente), esto es, el quejoso al momento de contraer nupcias ya traía la "carga" de la hipoteca que correspondía al pago de dicho inmueble, por lo que la hipótesis de la que parte la quejosa en el sentido de indicar que se utilizaron recursos del matrimonio para solventar las amortizaciones mensuales, es incorrecta, ya que dicha cantidad ya se venía descontando de los haberes del deudor alimentario y, por ende, no se puede estimar que la impetrante de amparo contribuyó a la adquisición.

(5) Se afirma lo anterior, ya que pensar de la forma en la que lo hace la inconforme, sería tanto como establecer que también le corresponde la deuda, no sólo del inmueble, sino todas aquellas con las que llegare el cónyuge al matrimonio y que, por ende, debe contribuir al pago de ellas, para el caso de que continuaran vigentes.

(6) De ahí que aun cuando inexiste constancia, ni manifestación de que dicho inmueble se encuentre liquidado, lo cierto es que como ya se dijo, no puede considerarse como parte de la compensación económica que solicita la quejosa, toda vez que no se actualiza lo previsto en el artículo 142, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

(7) Sin que en el caso sean aplicables las tesis aisladas 1a. CXLI/2018 (10a.), 1a. CXXII/2018 (10a.), 1a. CCCXXI/2018 (10a.), 1a. CXLII/2018 (10a.) y VII.2o.C.3 C (11a.), a las que alude la quejosa, de títulos y subtítulos: "RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 270 DE LA LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES, (QUE ESTUVO VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS, DESDE 1919 HASTA 1966) QUE LO PREVÉ, DEBE SER INTERPRETADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA NO CAUSAR EFECTOS DISCRIMINATORIOS.", "RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES. EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, SE DEBE CONSIDERAR LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA PATRIMONIAL EN CADA CASO CONCRETO.", "MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. ELEMENTOS QUE DEBE REVISAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL AL DETERMINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.", "MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL HOGAR DEBEN CONSIDERARSE COMO UNA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A SU SOSTENIMIENTO, PARA EFECTOS DE UNA POSIBLE MODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.", y "DIVISIÓN DE LOS BIENES EN EL DIVORCIO. DEBE DECRETARSE SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, BAJO UN ENFOQUE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, AUN CUANDO EL MATRIMONIO SE HAYA CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES Y LAS PARTES NO LA HAYAN SOLICITADO.", ya que todas ellas parten del hecho irrefutable de que los "bienes sean adquiridos durante el matrimonio" para que proceda la división de los bienes hasta por el cincuenta por ciento, aun cuando hayan contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes; lo que en el caso, como ya se dijo, no acontece.

(8) Ello es así, en virtud de que es verdad que en el caso los cónyuges celebraron el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y que debe señalarse una compensación, cuyo monto no podrá exceder del 50 % (cincuenta por ciento) del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de las hijas e hijos, empero, se itera, dicho inmueble no fue adquirido dentro del matrimonio y menos se puede estimar que la quejosa contribuyó a su pago, pues como se dijo, esa carga ya la había adquirido el tercero interesado, por lo que la cantidad que era destinada para el pago de las mensualidades nunca se encontró dentro de los haberes del deudor alimentario.

(9) Por otro lado, son igualmente ineficaces los argumentos sintetizados en los incisos D), E), F), G) y H), en los que se inconforma por el quántum de la pensión compensatoria, a su decir, porque no se valoraron los elementos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de haberse realizado se hubiera advertido que cuenta con un estado de salud crítico y que al disolverse el vínculo matrimonial dejará de tener la atención médica que le proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social.

(10) Se afirma su ineficacia, toda vez que basta imponerse del acto reclamado para advertir que la responsable sí atendió los elementos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar el monto y la modalidad de la pensión compensatoria ya que, al respecto, dijo:

"La edad y el estado de salud de ambos.

"Como se dijo, actualmente el excónyuge tiene cuarenta y cinco, y la apelante cuarenta y ocho años.

"La señora ********** padece de hipotiroidismo y tuvo una hernia, sin que exista prueba de que la imposibilite para acceder a un empleo.

"Su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo.

"El señor ********** es licenciado en derecho y es empleado; en cambio la inconforme solo tiene licenciatura trunca, aunque tiene experiencia laboral pues trabajó en la misma empresa que su excónyuge datos que, como se dijo, se obtuvieron del estudio socioeconómico realizado al primero y de los datos generales expresados por la segunda.

"La duración del matrimonio; dedicación pasada y futura a la familia.

"Por razones que se explicaron cuando se analizaron los agravios del señor *********, el matrimonio duró quince años.

"Vivienda.

"Como se dijo, la actora junto con sus hijos, vive en la casa adquirida por su excónyuge.

"Del análisis de los elementos recién estudiados se aprecia, sin duda, que el divorcio sitúa a la recurrente en un desequilibrio económico, y que es procedente fijarle una pensión compensatoria en sus dos vertientes; asistencial con la finalidad de que tenga una vida digna, y resarcitoria para compensar las pérdidas económicas, así como el costo de oportunidad sufrido durante la relación familiar."

(11) De la anterior transcripción se obtiene que, contrario a lo manifestado por la inconforme, la responsable sí atendió los elementos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar el monto y la modalidad de la pensión, pues como se observa indicó que el tercero interesado tiene ********** años y la quejosa ********** años, la que además padece de hipotiroidismo y tuvo una hernia, pero que no existía prueba de que se encontrara imposibilitada para acceder a un empleo; que su entonces cónyuge es licenciado en derecho y es empleado, y que la impetrante de amparo sólo contaba con una licenciatura trunca, pero que tenía experiencia laboral pues había trabajado en la misma empresa que su excónyuge, que el matrimonio duró quince años (remitiendo a lo analizado en los agravios expuestos por su contraparte, de donde se observa que consideró que la quejosa se había dedicado al cuidado de los hijos); que la quejosa junto con sus hijos, habitaban en la casa adquirida por su exconsorte, lo que la llevó a establecer la procedencia de la pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria.

(12) Ahora, es verdad que al momento de disolverse el vínculo matrimonial, la quejosa dejará de contar con el servicio médico en su calidad de esposa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante ello, este órgano colegiado no advierte necesidad de modificar el quántum de la pensión compensatoria por dicho motivo.

(13) Ello es así, ya que al imponerse de las constancias de autos se desprende que la impetrante de amparo ofreció como medios de prueba en el escrito inicial de la demanda de alimentos, mismo que fue ofrecido como prueba en el presente controvertido, un recibo de análisis clínicos que se realizó en el laboratorio **********, de fecha treinta de octubre de dos mil trece, un ticket expedido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce por la compra de medicamento, una solicitud de ultrasonido de pared abdominal, realizada por un médico particular, de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, en donde se indica como "datos clínicos: visualización de defectos hernia de la pared abdominal"; así también la solicitud realizada en la misma fecha por un médico particular de estudios de laboratorio y el certificado médico de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, expedido por galeno particular en el que refiere que la quejosa en la exploración física se le encontró una hernia abdominal, esto es, la quejosa acudía a atención médica particular por lo menos desde el mes de octubre del año dos mil catorce, dos años después de la separación que la inconforme confesó se dio, pues del escrito de contestación a la demanda de divorcio manifestó "...decidió en el mes de octubre del año dos mil doce, tomar sus cosas e irse de la casa."

(14) Ahora, no pasa inadvertido que la impetrante de amparo agregó en vía de prueba al contestar la demanda de divorcio el documento denominado "referencia-contrarreferencia" expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en fecha dos de marzo de dos mil diecinueve, del que se desprende que fue remitida a la especialidad de cirugía general, ya que "... cursa con una hernia ventral postincisional desde el 2014 ... se solicitan paraclínicos.", del que se desprende la leyenda "ocasión del servicio: Primera vez".

(15) Así también consta la orden de laboratorio y la cita programada para el siete de mayo de dos mil diecinueve (la que fue a solicitar el diecinueve de marzo de la referida anualidad), y la solicitud de estudios radiológicos programada para el seis de mayo del año citado; no obstante lo anterior, no se desprenden de autos los resultados de los estudios solicitados al Instituto Mexicano del Seguro Social; empero, sí los resultados de los estudios que se realizó en un laboratorio particular denominado **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, el trece de marzo de dos mil diecinueve.

(16) Desprendiéndose de lo anterior que, como se dijo, la quejosa acude a consulta, laboratorios y farmacias particulares desde que se dio la separación de los contendientes, incluso, antes de que la impetrante de amparo solicitara el pago de alimentos, pues éstos fueron requeridos en agosto de dos mil catorce y de lo expuesto se desprende que por lo menos desde octubre de dos mil trece ya atendía su salud por el medio privado. Por tanto, en nada variará el hecho de que con la disolución del vínculo matrimonial, la quejosa deje de ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de cónyuge del deudor alimentario.

(17) Por otro lado, tampoco asiste razón a la inconforme al indicar que correspondía al deudor demostrar que los depósitos realizados en la cuenta de inversión eran esporádicos, ya que la responsable tenía la obligación de realizar el análisis pormenorizado de los citados estados de cuenta por tratarse de un asunto en materia familiar en donde opera la suplencia de la deficiencia de la queja para ambas partes, ya que dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas.

(18) Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado; de manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen.

(19) Sin que se estime un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de la queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas.

(20) Por tanto, la responsable se encontraba obligada al análisis de los estados de cuenta, lo que la llevó a concluir que las cantidades aportadas en la cuenta de inversión eran esporádicas.

(21) Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido:

"Registro digital: 2022087

"Instancia: Primera Sala

"Décima Época

"Materia: Constitucional

"Tesis: 1a./J. 24/2020 (10a.)

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 78, Tomo I, septiembre de 2020, página 316

"Tipo de tesis: Jurisprudencia

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas."

(22) Finalmente debe decirse que la pensión compensatoria es de naturaleza diversa a la pensión alimentaria que se da durante la vigencia del matrimonio, pues ésta parte de un estado de necesidad y aquélla, en sus vertientes asistencial y resarcitoria, de un desequilibrio económico existente entre los cónyuges al terminar el matrimonio, producto de la desigualdad estructural que impacta en la repartición de los roles dentro de esa relación.

(23) Lo anterior encuentra sustento, en lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho el amparo directo en revisión 2286/2016, donde señaló:

"... esta Primera Sala ya se ha pronunciado en el sentido de que la obligación de dar alimentos deriva de una relación de matrimonio desaparece al momento en que se declara disuelto el vínculo matrimonial. Sin embargo, también ha expresado que de esta ruptura puede surgir una nueva y distinta obligación que encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, sin que pueda decirse que constituya una sanción."

(24) Es menester acotar que la pensión compensatoria tiene un doble carácter o naturaleza: resarcitorio y asistencial. El primero se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar entendidos como: 1) Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacidad profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.

(25) Mientras que el carácter asistencial de una pensión compensatoria prospera ante: a) la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

(26) Apoya lo anterior, la tesis aislada emitida por este órgano colegiado por mayoría de votos, de contenido siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2016937

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: Aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 54, Tomo III, mayo de 2018, página 2695

"Materia: Civil

"Tesis: VII.2o.C.146 C (10a.)

"PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA SU CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En ese sentido, determinó que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Con base en lo anterior, para otorgar una pensión compensatoria con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá identificar, en un caso concreto, cuáles elementos comprenden el concepto de vida digna del acreedor alimentario. Luego, el carácter resarcitorio de una pensión compensatoria se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, entendidos como: 1) Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos. El carácter asistencial de una pensión compensatoria prospera ante: a) la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por tanto, se concluye que el monto de la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al cónyuge que benefició a la familia durante el tiempo de duración del matrimonio, el costo de oportunidad por asumir la carga doméstica y/o las necesidades para su subsistencia."

(27) En tales condiciones, el requisito para fijar la pensión compensatoria lo es en menor o mayor medida la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges al momento de disolver el vínculo matrimonial y no la necesidad manifiesta de uno de ellos, como lo indica la quejosa, con la finalidad de que la cantidad que le fue fijada consistente en el 15 % (quince por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado le sea aumentada al 20 % (veinte por ciento) por haber sido este porcentaje el que estuvo recibiendo como pensión alimenticia provisional, además, dicha pensión la recibía en su calidad de esposa, cuya naturaleza, como ya se dijo, es distinta a la pensión compensatoria.

(28) Así, atento a las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo en revisión 7421/2016, después de concluido el matrimonio, el Juez puede decretar la pensión compensatoria no obstante la falta de prueba contundente sobre la necesidad alimentaria de alguno de los exconcubinos, en tanto tiene la facultad de establecerlos, precisamente, por advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico de alguna de las partes, sin que para ello requiera referir a un medio probatorio que demuestre la necesidad, ya que el derecho alimentario del excónyuge puede sustentarse en argumentación jurídica válida que justifique la necesidad y vulnerabilidad del exconcubino acreedor alimentario, de acuerdo con las circunstancias del caso.

(29) Lo anterior, considerando que los alimentos tienen como principio toral el de proporcionalidad, por lo que el juzgador para cumplir con éste debe dilucidar de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, qué es lo que debe comprender el concepto de una vida digna y decorosa, y apreciar de ese modo las necesidades y posibilidades de los excónyuges, auxiliándose de métodos jurídicos válidos como lo es el de impartir justicia con perspectiva de género.

(30) Por las razones que las informan resultan ilustrativas las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2017 (10a.) y 1a./J. 27/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, títulos, subtítulos y texto son los siguientes:

"Décima Época

"Registro digital: 2014566

"Instancia: Primera Sala

"Tipo de tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 43, Tomo I, junio de 2017, página 388

"Materia: Civil

"Tesis: 1a./J. 22/2017 (10a.)

"ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS SE ENCUENTRA CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS). La institución de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, conforme al cual éstos han de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos; de ahí que, para imponer la condena al pago de una pensión alimenticia en un juicio de divorcio deba comprobarse, en menor o mayor grado,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31419-02ec22cd/divorcio-es-improcedente-la-division-de-bienes-adquiridos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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