COMPENSACIÓN ECONÓMICA. EN SU CUANTIFICACIÓN PUEDEN CONSIDERARSE LOS BIENES, DERECHOS Y/O HABERES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO, DESINCORPORADOS DEL PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEUDOR PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 342-A DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4370/2024. 12 DE MARZO DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos. El asunto deriva de un juicio ordinario civil en el que ********** demandó en ejercicio de la acción de divorcio incausado a **********, el divorcio necesario, la fijación de un régimen de convivencias con sus hijas menores de edad y la determinación de la forma y términos en que ambas partes deben dar alimentos. Por su parte, la demandada reconvino de la parte actora el pago de una pensión definitiva de alimentos para ella y sus hijas y de una compensación económica del 50% de los bienes que se hubieran adquirido durante el matrimonio, el pago de daño moral provocado por la violencia sufrida, así como el pago de gastos y costas.
En primera instancia, el juez civil decretó que las hijas quedarían bajo la custodia definitiva de la madre; condenó a ********** al pago de una pensión alimenticia a favor de su ex cónyuge y de sus hijas, así como al pago en favor de la reconventora de la compensación económica por el 40% del valor de todos los bienes que se hubieran adquirido durante la vigencia del matrimonio; determinó que tanto las partes como las hijas deben asistir a terapia psicológica; y no hizo especial condena en costas. Esta resolución fue confirmada en apelación.
En desacuerdo con la sentencia de apelación, el actor promovió juicio de amparo directo y en adición a sus argumentos en torno a la ilegalidad que a su parecer involucró la decisión de pensión alimenticia, guarda, custodia y convivencias, alegó que los bienes adquiridos durante el matrimonio y que salieron del mismo antes del dictado de la sentencia de divorcio, no debían contemplarse para la compensación económica que reclamaba la tercera interesada. El Tribunal Colegiado le dio la razón y le concedió el amparo.
Contra la sentencia de amparo, la demandada —tercera interesada— interpuso el recurso de revisión que se resuelve.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4370/2024, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en dilucidar si el recurso de revisión es procedente y, de ser así, determinar si la interpretación del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato que hizo el Tribunal Colegiado en relación con los bienes que deben considerarse para determinar el monto de la compensación económica resulta acorde con el parámetro de regularidad constitucional conformado por los principios de igualdad y no discriminación e igualdad entre cónyuges.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)
1. Hechos. ********** y ********** contrajeron matrimonio el tres de septiembre de dos mil ocho, bajo el régimen patrimonial de separación de bienes.(2) Con motivo de esa relación, procrearon dos hijas, actualmente menores de edad.
2. Durante la vigencia del matrimonio ********** se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus dos hijas, mientras que ********** estuvo incorporado en el mercado convencional remunerado.(3)
3. Con fechas veintiséis de julio de dos mil once, trece de mayo de dos mil quince y trece de agosto de dos mil diecinueve, ********** adquirió tres bienes inmuebles, a saber:
a) ********** adquirido el trece de mayo de dos mil quince(4) -último domicilio conyugal y lugar en donde reside la recurrente con sus dos hijas-(5)
b) Calle **********, adquirido el veintiséis de julio de dos mil once y donado a su progenitora ********** el veinticuatro de agosto de dos mil trece, mediante escritura pública número **********, levantada ante la fe del notario público número ********** de ese partido judicial, cuya autorización y firma definitiva se llevó a cabo hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.(6)
c) Casa habitación ubicada en **********, adquirido el trece de agosto de dos mil diecinueve y enajenado a ********** el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, mediante la escritura pública ********** pasada ante la fe del notario público **********.(7)
4. Juicio ordinario civil **********. El cinco de enero de dos mil veintiuno, en ejercicio de la acción de divorcio incausado, ********** demandó de ********** el divorcio necesario, la fijación de un régimen de convivencias con sus hijas menores de edad y la determinación de los términos en los que ambas partes cumplirían con los alimentos para las niñas.
5. Por acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar con sede en León, Guanajuato admitió la demanda y la registró con el expediente **********.
6. Al contestar la demanda, ********** opuso las excepciones y defensas que consideró procedentes y formuló reconvención contra la parte actora, de quien reclamó, el pago de una pensión alimenticia definitiva acorde a sus necesidades, a las de sus hijas y al estilo de vida que llevaban, así como el pago de la compensación prevista en el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, a razón del 50% de los bienes que se hubieran adquirido durante el matrimonio; el pago de daño moral provocado por la violencia sufrida, y; el pago de gastos y costas que se causen por el juicio.
7. Sentencia de primera instancia. El juez civil dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que declaró procedente de la vía; decretó la guarda y custodia de las hijas a favor de la madre; condenó a ********** al pago de una pensión alimenticia para estas tres últimas, por la cantidad mensual de **********, así como al pago de una compensación económica consistente en el 40% del valor de los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio;(8) ordenó que la familia tendría que acudir a terapia psicológica, y; no hizo condena en costas.
8. Sentencia de segunda instancia (acto reclamado). Inconforme, ********** interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien lo registró con el número de toca ********** y lo resolvió el quince de diciembre de dos mil veintidós en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia.
9. Juicio de amparo directo civil **********. Inconforme con la sentencia de apelación, ********** promovió juicio de amparo directo. Como derechos fundamentales vulnerados señaló los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, y planteó los siguientes cuatro conceptos de violación:
Primero. De manera general señaló que la sentencia reclamada atenta contra los derechos de las niñas, ya que la Sala responsable no aplicó el principio de juzgar con perspectiva de infancia cuando otorgó la guarda y custodia a la madre, pues debió ejercer la facultad de recabar pruebas de oficio y resolver lo mejor para sus hijas, máxime si durante la estancia con su madre bajaron su rendimiento escolar y no asistían a la escuela, en adición a que ella no está adquiriendo nuevas habilidades de crianza positiva.
Segundo. Se inconformó con la pensión alimenticia decretada a favor de su ex cónyuge y sostuvo que la Sala responsable violó el principio de igualdad, pues creó una realidad inexistente, al afirmar que ********** fue la que se dedicó preponderantemente al hogar y que incluso realizó una doble jornada durante el tiempo que trabajó, dejando de observar que el quejoso, además de trabajar, contribuyó con el cuidado de sus hijas y del hogar conyugal. Además de que no se valoró que la tercera interesada llevaba dos años sin buscar trabajo. Argumentó que su ex cónyuge siempre trabajó y que afirmar que no puede mantenerse por sí misma es colocarla en calidad de una persona incapaz por ser mujer, y genera discriminación.
Adujo que el monto de la pensión resultaba excesivo, que no tenía la capacidad económica para cumplir con ello, que durante el matrimonio también aportó con el cuidado del hogar y que no se valoró que su ex cónyuge radicaba en el domicilio conyugal, por lo que además se quedó con todo el menaje de la casa y era propietaria de un vehículo automotor.
Tercero. Planteó que la sentencia reclamada transgredía el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, pues la Sala responsable determinó que en el monto del porcentaje de la compensación deben considerarse todos los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, incluyendo aquellos que salieron del patrimonio del quejoso, a pesar de que dicha norma indica que para fijar la compensación solamente deben considerarse “los bienes con que cuenten los cónyuges al decretarse la disolución”, no así los que se hubieran adquirido y que posteriormente hubieran salido del patrimonio.
Argumentó que fue incorrecto que se le obligara a probar que la salida de los bienes del patrimonio fue en beneficio de la familia, pues no se exige acreditar que se adquirieron con patrimonio familiar, además de que a su parecer era evidente que cuando existen altibajos económicos, la familia es la que goza el beneficio o sufre el perjuicio. Máxime si los bienes se desincorporaron de buena fe, por lo que es la mala fe alegada la que debe probarse en el procedimiento judicial. Avalar la sentencia reclamada afectaría derechos de terceras personas.
Cuarto. Incorrectamente, la Sala responsable señaló como un elemento para juzgar con perspectiva de género el salario de cada uno de los cónyuges, cuando lo que debió considerar fue la oportunidad que tuvieron de incorporarse al mercado laboral, lo que ocurrió durante el tiempo que duró el matrimonio -salvo el último año-, por encontrarse la tercera interesada en un juicio laboral en contra de su último empleador. Añadió que la Sala responsable asumió que ********** llevaba una doble jornada y que de su sueldo pagaba el servicio doméstico, sin considerar la contribución al hogar y al cuidado de sus hijas realizado por el quejoso, ya que éste es quien otorgaba el pago que la tercera interesada utilizaba para cumplir los fines del matrimonio como lo es la asistencia mutua y bienestar de sus hijas, servicio del que ella misma se beneficiaba, pues las labores por las que ella adujo pagar le otorgaban un lugar limpio para vivir, ropa limpia y comida, por lo que es erróneo estimar que llevaba una doble jornada.
A su parecer, resultó desacertado que la Sala responsable asumiera que, durante el matrimonio, el quejoso es quien llevó el papel de proveedor y la tercera interesada el de cuidadora, pues ambas partes compartieron las dos actividades tanto en la familia como en el mercado convencional. En adición a considerar que el destino de los ingresos de cada cónyuge fue para cumplir con los fines del matrimonio.
10. Admisión y trámite. En acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito admitió a trámite la demanda de amparo y la registró con el número de expediente D.C **********.
11. En sesión de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional,(9) a partir de las siguientes consideraciones:
Declaró infundados los conceptos de violación en los que el quejoso combatió el otorgamiento de la guarda y custodia de sus dos hijas, a favor de la madre.
Concluyó que eran infundados los conceptos de violación tendientes a reclamar tanto la condena por concepto de pensión alimenticia resarcitoria otorgada a su excónyuge, como aquellos que controvertían el monto otorgado por el periodo de un año. El Tribunal Colegiado en esencia sostuvo que el quejoso no desvirtuó los razonamientos en que la Sala confirmó la procedencia de la prestación.
Desestimó por ineficaz el argumento encaminado a evidenciar que el quejoso también se ocupó de las labores del hogar y cuidado de las hijas, pues consideró que eran los mismos argumentos que utilizó en apelación y respecto de los cuales la Sala responsable ya concluyó que no habían quedado acreditados.
En otro contexto, declaró fundados los argumentos relativos a que, para efectos de la compensación económica prevista por el artículo 342-A(10) de la legislación civil, no debieron considerarse aquellos bienes adquiridos durante el matrimonio, pero que salieron del patrimonio del quejoso antes del dictado de la sentencia de divorcio.
Consideró que la norma prevé como requisitos de procedencia de la compensación, que los bienes se adquieran durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes y que la persona demandante se dedicara, en el lapso por el cual se prolongó el vínculo matrimonial, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar. Sostuvo que del artículo se desprendía que el derecho para reclamar la compensación resarcitoria nace con la disolución del matrimonio, es decir, con la sentencia de divorcio, pues a pesar de que ha de reconocerse que las situaciones de facto que la sustentan se han verificado durante el tiempo por el cual se prolonga la relación, el derecho a exigirla surge con la terminación del vínculo y no antes.
Explicó que si una sentencia de divorcio es constitutiva, en tanto crea un nuevo estado civil de las personas y si ésta comprende la condena al pago de alguna prestación generada por la disolución del vínculo, entonces se torna en una sentencia constitutiva de condena, de tal forma que sus efectos no pueden alcanzar sucesos previos a la demanda que le dio origen, por lo que si la prestación que comprende la condena depende de la disolución de la relación marital, debe comprenderse que esa relación accesoria impide que, para efectos de la condena, se comprendan situaciones previas a la constitución del nuevo estado civil, pues si es este nuevo estatus el que cimenta el derecho que a su vez fundamenta la condena, esta debe sustentarse en la situación imperante en el momento del dictado de la sentencia.
Concluyó que la compensación resarcitoria debe versar sobre los bienes del demandado que obren en su haber, no sobre aquellos adquiridos durante el matrimonio y que hubieren sido enajenados antes de la sentencia. Lo anterior, aunado a que el propio artículo prevé que al resolverse sobre la figura compensatoria deberán tomarse en cuenta los bienes “con que cuenten los cónyuges”, es decir, los que tengan en ese momento, pues es entonces cuando ha de examinarse el desequilibrio entre los patrimonios, enfatizando que el equilibrio que se busca no tiene por objeto igualar las masas patrimoniales.
Ante lo fundado de dicho concepto de violación, declaró inoperantes los argumentos tendientes a sostener que los bienes inmuebles se enajenaron para cubrir adeudos y que, si bien salieron del patrimonio, ello fue aplicado en beneficio de la familia, carga que, al sostener del quejoso, evidenciaba un trato desigual (porque a este último sí se le impuso la carga de probar el destino de la cantidad producto la venta de su inmueble y no así a su excónyuge). Ello, pues consideró que la compensación económica sólo debía versar sobre los bienes que el quejoso demandado tenía al momento en que se dictó sentencia, por lo que no tendría que probar el producto de aquellos que enajenó antes de la resolución.
12. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, ********** interpuso recurso de revisión. Para justificar su procedencia, aduce que el Tribunal Colegiado interpretó el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en contravención de los artículos 1, 4 y 133 constitucionales y 1 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pues al pronunciarse sobre dicha norma, concluyó que los bienes que fueron obtenidos dentro del matrimonio, pero que hubieran salido del patrimonio del cónyuge demandado antes del dictado de la sentencia de divorcio, no debían contemplarse para cuantificar la compensación económica. En adición, plantea que el asunto es de relevancia y trascendencia, pues no existe criterio o precedente en el orden jurídico nacional, que resuelva puntualmente la problemática que subsiste en su controversia. Al respecto, formula los siguientes agravios:
• Primero. La interpretación que realizó el Tribunal Colegiado del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato que prevé la compensación económica es contraria a lo dispuesto por los artículos 1 y 4 constitucionales, que establecen el principio de igualdad, el derecho de las mujeres a la igualdad, prohíben la discriminación por razón de género y exigen la justicia con perspectiva de género; además, contradice los precedentes de la Primera Sala en los que se ha determinado que la figura funge como mecanismo paliativo de la inequidad que puede producirse cuando se liquida un régimen económico de separación de bienes, y busca atender el perjuicio económico sufrido por el cónyuge que se dedicó al hogar y al trabajo de la familia, lo que le implicó costos de oportunidad reflejados en ese desequilibrio patrimonial y que le exige enfrentar unilateralmente su manutención a partir de su separación.
La voluntad del legislador fue crear una disposición que equilibre el patrimonio de quien, habiendo contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, no goce de beneficio de ganancia alguna como sucede con la sociedad conyugal y que dé cuenta del principio de igualdad que precisamente exige la igualdad de responsabilidades en cuanto al trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos e hijas, que no es remunerado.
Una interpretación de la compensación económica conforme a los principios constitucionales debe corregir esas situaciones de desequilibrio económico generado por la desigualdad vivida durante el matrimonio. Exige ver del pasado hacia el presente y considerar que su objetivo es visibilizar las situaciones de hecho generadas durante el transcurso del matrimonio, por lo que debe tomar en cuenta todo lo acontecido dentro del mismo, esto es, los bienes creados, la vigencia del vínculo, las circunstancias de asimetría de poder, los roles asignados, etc. Por lo tanto, exige retrotraerse hasta el inicio del matrimonio y la sentencia que decreta el divorcio no puede considerarse solamente constitutiva como lo señala el Tribunal Colegiado, sino declarativa. Ello permitirá visualizar cuáles fueron los roles asignados a cada cónyuge, quién se dedicó al hogar y quién al trabajo remunerado.
A la luz de los artículos 1 y 4 constitucionales, la compensación no se puede restringir solamente a los bienes que aún forman parte del patrimonio de los cónyuges al momento de disolver el matrimonio, pues se haría nugatorio el esfuerzo del cónyuge que no pudo salir al mercado laboral por quedarse al cuidado del hogar. Interpretar lo contrario implica permitir que el cónyuge propietario de los bienes, de manera dolosa, los dilapide o se deshaga de ellos, so pretexto de que ya no los tiene en la actualidad y, por ende, deja desprotegido al otro cónyuge.
Para lograr resarcir la desigualdad de oportunidades económicas entre los cónyuges al momento de disolver el vínculo matrimonial, el mecanismo compensatorio debe ser visualizado desde el parámetro de validez conformado por los principios de igualdad y no discriminación para hacer un escrutinio de la disparidad económica que existió durante la vigencia del matrimonio. Deben tomarse en cuenta los bienes que se adquirieron durante la vigencia del vínculo matrimonial, con independencia de si forman parte o no del patrimonio al momento de disolverlo, pues el equilibrio económico no se comprueba con la materialización de la situación en el presente, sino con su visualización en el pasado. • Segundo. La interpretación que hizo el Colegiado del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato vulnera la intención legislativa y los artículos 1 y 16 de la Convención sobre la Eliminación toda forma de Discriminación contra de la Mujer (CEDAW). De la exposición de motivos de la norma civil se advierte que su contenido busca proteger y reconocer la aportación de la labor de la mujer -en esa época- y su desempeño en el hogar, creando con ello una medida compensatoria para la mujer casada por separación de bienes y que se haya dedicado principalmente al hogar, bajo la premisa de que ello le ha impedido acceder a formar un patrimonio propio. Además, en la intención legislativa se buscó que para cuidar la finalidad del mecanismo indemnizatorio y que éste funcionara, se considerara el valor de los bienes que fueran materia de compensación; así aquellos que fueron adquiridos por medio de las aportaciones y el esfuerzo de ambos cónyuges, deben entrar como concepto compensatorio.
La interpretación de la Sala es incorrecta, pues si los bienes salen del patrimonio del cónyuge propietario, debe indemnizarse a la no propietaria por dicho valor. De lo contrario, se estaría ante un acto de discriminación dado que se aceptaría que el esfuerzo del cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y de la familia no tuvo injerencia en la creación de los bienes durante la vigencia del matrimonio.
Los artículos 1 y 16 de la CEDAW prevén el derecho humano y convencional de la mujer a la igualdad, el cual constituye un método que pretende detectar y eliminar toda barrera y obstáculo que discrimine a las personas por condiciones de sexo o género, por lo que, en concordancia con el intento de visibilizar el trabajo del hogar, el cual no es remunerado, debe concluirse que los bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio y que hayan salido del patrimonio del cónyuge propietario antes de la disolución del vínculo matrimonial deben entrar como concepto compensatorio, pues fueron creados con los esfuerzos de ambos. Máxime si la norma busca impedir que la discriminación contra la mujer siga propagándose en nuestro país y que en mayor medida, el trabajo del hogar lo siguen realizando las mujeres.
La porción normativa relativa a que “los bienes con que cuenten los cónyuges” no puede ser interpretada como lo hizo el Tribunal Colegiado. Si bien no implica que todos los bienes que se crearon durante el matrimonio deban subsistir al momento de divorcio para que sirvan como base compensatoria, sin embargo, la intención del legislador fue visibilizar el trabajo no remunerado en el hogar y determinar cuáles fueron los bienes que se hicieron durante la vigencia del matrimonio con el esfuerzo del cónyuge que no aportó de manera económica y así poder cuantificar tanto el desequilibrio económico, como el costo de oportunidad.
Además, solicita la suplencia de la deficiencia de la queja a fin de que se haga un estudio oficioso de la sentencia de amparo por ser mujer y pertenecer a un grupo históricamente desaventajado.
13. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este alto tribunal admitió el recurso de revisión, ordenó formarlo y registrarlo con el número de expediente 4370/2024, radicarlo en esta Primera Sala y turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de resolución.
14. Avocamiento. En acuerdo de tres de octubre de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el avocamiento al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(11) así como los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General número 1/2023 del Pleno de este alto tribunal, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(12) debido a que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, competencia de esta Primera Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
16. El recurso de revisión se presentó de manera oportuna. La sentencia recurrida fue notificada a la parte quejosa por medio de lista publicada el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro,(13) por lo que dicha notificación surtió efectos el día veintinueve siguiente.(14)
17. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del treinta de abril al catorce de mayo de dos mil veinticuatro, descontándose de dicho cómputo los días uno, cuatro, cinco, once y doce de mayo por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo(15) y el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(16)
18. Si el recurso de revisión se interpuso el trece de mayo de dos mil veinticuatro,(17) se concluye que su presentación fue oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
19. ********** tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, pues su calidad de parte tercera interesada fue reconocida dentro del juicio de amparo directo civil cuya sentencia se recurre.
IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO
20. Por corresponder a una cuestión de estudio preferente, se verifica la procedencia del presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
21. En los artículos constitucionales y legales citados se establece que el amparo directo en revisión es procedente cuando subsista una cuestión de constitucionalidad en la instancia de la revisión; esto es, se exige la interposición del recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo en la que se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y que además, a esa problemática subsistente le asista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
22. Ambos supuestos deberán superarse y la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
23. Asimismo, esta Primera Sala ha sido consistente en sostener que además de la discrecionalidad con la que cuenta este alto tribunal para calificar si la cuestión constitucional que subsiste en cada caso cumple con el requisito de excepcionalidad —lo que es consistente con la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional de once de marzo de dos mil veintiuno—; este supuesto de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos se actualiza cuando:
a) La cuestión de constitucionalidad planteada de lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden jurídico nacional; o,
b) Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema Corte, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.(18)
24. De lo expuesto se desprende que por mandato constitucional, únicamente serán procedentes aquellos recursos de revisión en los que se reúnan ambos requisitos, a saber, la subsistencia de una cuestión de constitucionalidad de interés excepcional, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de legalidad, en los cuales los Tribunales Colegiados de Circuito son terminales. De ahí que basta con que no se cumpla cualquiera de los dos para que el recurso sea improcedente.
25. Analizados los referidos supuestos en el caso concreto esta Primera Sala concluye que el recurso de revisión es procedente.
26. En relación con el primer requisito, se determina que en el presente recurso de revisión subsiste un problema de constitucionalidad.
27. Como quedó relatado, el señor ********** —actor en el juicio de origen y demandado en la reconvención— promovió juicio de amparo directo, entre otros argumentos planteó que la compensación económica o indemnización prevista en el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato no tendría que contemplar aquellos bienes adquiridos durante el matrimonio pero que fueron enajenados o salieron de su patrimonio antes del dictado de la sentencia de divorcio; adujo que la correcta lectura de la norma debía ser en el sentido de que solo deben considerarse aquellos que subsisten o con los que cuentan los cónyuges al momento de decretar la disolución del matrimonio.
28. En la sentencia de amparo, el Tribunal Colegiado declaró fundado el planteamiento del señor **********. Al respecto determinó que el derecho de la cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de la familia, para reclamar la compensación resarcitoria nace con la sentencia de divorcio, pues a pesar de reconocer que las situaciones de facto que la sustentan se verificaron durante el tiempo por el cual se prolongó la relación matrimonial, su derech
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33503-d91abc9e/compensacion-economica-en-su-cuantificacion-pueden-considerarse-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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