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SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO LA CÓNYUGE ACREDITE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR Y AL CUIDADO DE LOS HIJOS, ES POSIBLE MODIFICAR ESTE RÉGIMEN PATRIMONIAL RESPECTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ADJUDICACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS, ATENTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO E IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 814/2018. · Registro digital (IUS): 28364
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-02-22
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 3190.

AMPARO DIRECTO 814/2018. 28 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. PONENTE: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. SECRETARIO: RODRIGO NAVA GODÍNEZ.

CONSIDERANDO:

V. Estudio de los conceptos de violación.

34. En los conceptos de violación, la parte quejosa aduce que la sentencia reclamada vulneró los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por las razones siguientes:

35. En el único motivo de disenso, la peticionaria de amparo refiere que la resolución combatida carece de una debida fundamentación y motivación, pues la exclusión de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal fue determinada por una nueva reflexión, al estimar que los inmuebles se otorgaron de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Federal y la Ley Agraria y, por ende, no encuadran dentro de los supuestos que establece el artículo 212 de la legislación civil.

36. Que ni en la Constitución Federal ni en la Ley Agraria, se prevé que las autoridades jurisdiccionales civiles tengan competencia para resolver conflictos en la materia, pues si bien es cierto que el juicio de origen derivó de un asunto familiar, como es la liquidación de la sociedad conyugal, también es verdad que la autoridad responsable debió ajustarse a la legislación civil.

37. Que la Sala civil fue imprecisa e incongruente al declarar fundado el argumento planteado por **********, pues determinó que los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio no forman parte de la sociedad conyugal, siendo que en el presente asunto, la quejosa y el tercero interesado se casaron bajo el régimen de sociedad legal, aun cuando aquélla desconocía dicha circunstancia debido a la edad en que se casó, la escolaridad con la que cuenta y el medio social en que se desenvuelve.

38. Que la autoridad responsable transgredió la garantía de seguridad jurídica establecida en la Constitución Federal, ya que interpretó disposiciones agrarias que le han sido vedadas en virtud de su competencia material; además de que el análisis conjunto de diversas disposiciones de la ley de la materia, permiten concluir que el tercero interesado, para poder acceder a la calidad de ejidatario debió cumplir con los requisitos fijados en el numeral 15 de la Ley Agraria, a saber, que sea mexicano y mayor de edad o de cualquier edad teniendo familia a su cargo, siendo que en el caso se actualizó el último supuesto, pues en la fecha en que se le reconoció el carácter de ejidatario **********, ya había formado una familia con la quejosa, como se desprende de las actas de matrimonio y nacimiento de sus hijos, de modo que para adquirir el carácter de ejidatario, el tercero interesado requirió de su esposa y sus hijos, quienes le ayudaron a labrar la tierra que le fue otorgada exclusivamente.

39. Que para el otorgamiento de la calidad de ejidatario no se requiere desempeñar labor alguna, sino únicamente contar con los requisitos del artículo 15 de la Ley de Agraria; empero, de los artículos 76 y 79 del citado ordenamiento legal, se desprende que el aprovechamiento, uso y usufructo de las parcelas, por parte de los ejidatarios, sí entrañan obligación, al corresponderles a los titulares de esos derechos su explotación, lo cual implica desempeñar varias labores, que en el caso concreto realizó la quejosa en apoyo a su marido y ejidatario.

40. Que mientras los ejidatarios sí están obligados a trabajar la tierra, aprovechándola, usándola o usufructuándola, lo que queda como posibilidad es la manera de llevar a cabo ese aprovechamiento, uso o usufructo, que puede ser directa o indirectamente; sin estar en duda la naturaleza de las tierras otorgadas, que es para el beneficio del ejidatario y su familia.

41. Que lo anterior se robustece del contenido de los artículos 10, 11, 14 y 56 de la Ley Agraria, que prevén que la operación de los ejidos sea de acuerdo al reglamento interior, en el que se estipulan las reglas para el aprovechamiento de sus tierras, la explotación de los recursos del ejido, que a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute de sus parcelas (junto a la familia que le dio acceso a ser ejidatario y una vez que éstas han sido aprovechadas o explotadas), o bien, dentro de las facultades de la asamblea de cada ejido, se establece que los derechos sobre las tierras de uso común, se asignarán en razón de las aportaciones materiales, de trabajo o financieras de cada individuo; todo lo cual confirma que no sólo es la calidad de ejidatario lo que les hace disfrutar las tierras asignadas, sino su trabajo sobre ellas; supuesto en el cual se encuentra ubicada la impetrante de amparo, al estar casada con el ejidatario ********** y no poder ser reconocida como tal y, por consiguiente, no poder obtener alguna parcela, a diferencia de aquél, que durante el matrimonio pudo hacerse de tierras gracias al trabajo de la quejosa y sus hijos; lo cual anula la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, y genera una desproporción en los derechos de los consortes.

42. Que ello debió ser tomado en cuenta por la autoridad responsable en congruencia con la postura que tomó sobre el otorgamiento de la pensión alimenticia en favor de la quejosa, en la que determinó que ésta se dedicó durante el matrimonio a las labores propias del hogar (entre ellas el cuidado y aprovechamiento de las tierras otorgadas al ejidatario de la familia) y al cuidado de los hijos, con base en el reconocimiento de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad; de ahí que en el presente asunto no se haya impartido justicia con perspectiva de género, pues al excluirse los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, se impidió a la quejosa acceder a un nivel de vida adecuado.

43. Que la autoridad responsable omitió considerar que los bienes inmuebles que excluyó de la sociedad conyugal, están inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como propiedad privada, siendo que fueron inscritos cuando la quejosa y el tercero interesado estaban casados, por lo que dichos bienes, independientemente de la forma de adquisición, forman parte de la sociedad conyugal y, por ello, son aplicables los dispositivos referentes a la propiedad privada.

44. Que la sentencia reclamada es incongruente, porque al establecer que la parcela **********, fue asignada a **********, la cual contaba con su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, una vez que se le reconoció como del dominio pleno y que fue vendida al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado, siendo que para llevar a cabo esa venta, fue necesario que la quejosa firmara consintiendo tal acto jurídico de transmisión de dominio, en virtud del régimen patrimonial que subsistía en el matrimonio, de lo que deriva la falta de motivación y fundamentación en que incurrió la autoridad responsable.

45. Hasta aquí la síntesis de los motivos de disenso.

46. Los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, atendiendo a la causa de pedir, son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.

47. Para evidenciar lo anterior, conviene precisar que del análisis conjunto de los artículos 174, 175, 177, 178, 207, 209, 210, 212, 213, 289 y 290 del Código Civil del Estado de Aguascalientes,(21) se obtiene, en lo conducente, las premisas siguientes:

- Que el matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes.

- Que la sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal.

- Que la sociedad voluntaria y la legal se regirán por las disposiciones relativas a la sociedad común en todo lo que no estuviere comprendido en los capítulos relativos de ese código.

- Que la sociedad legal nace desde el momento en que se celebra el matrimonio; la voluntaria puede nacer desde la celebración del matrimonio o durante éste, según que las capitulaciones matrimoniales respectivas se pacten al celebrarse el matrimonio o durante el mismo.

- Que el régimen de sociedad legal, consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración corresponde a cualquiera de los cónyuges, de acuerdo a lo que ellos mismos decidan.

- Que a falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen de sociedad legal.

- Que son propios de cada cónyuge:

I) Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que adquiera por prescripción durante la sociedad, así como los que durante la misma adquiera por don de la fortuna, por donación de cualquier especie o por herencia o legado constituido a favor de uno de ellos;

II) Los bienes adquiridos durante la sociedad por compra o permuta de los que pertenezcan a cada uno de ellos antes de celebrarse el matrimonio;

III) Los adquiridos por consolidación de la propiedad y el usufructo, cuando se hace en beneficio de uno solo de ellos.

- Que forman el fondo de la sociedad legal:

I) Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión, del comercio o de la industria o por cualquier otro trabajo;

II) Los bienes provenientes de herencia, legado o donación hecha a ambos cónyuges sin designación de partes;

III) Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya que la adquisición sea para la comunidad o para uno de los consortes;

IV) Los frutos, acciones, rentas e intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los consortes;

V) Los edificios construidos durante la sociedad con fondos de ella, sobre suelo propio de alguno de los cónyuges, pero se abonará a éste el valor del terreno.

- Que todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.

- Que el cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener, en el caso de que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes, la compensación, que no podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

- Que el Juez está obligado a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto.

48. Como puede verse, los artículos indicados con antelación establecen el régimen patrimonial bajo el cual se regirán los bienes adquiridos durante el matrimonio, disponiendo para tal efecto que podrá ser de separación de bienes o de sociedad conyugal bajo las modalidades de legal o voluntaria.

49. Asimismo, contemplan, en los casos en que el matrimonio se celebre bajo el régimen de sociedad legal, cuáles bienes son propios de cada cónyuge y cuáles forman el fondo de la sociedad legal, enfatizando, además, que todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges, al hacerse la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.

50. Por último, señalan que la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, deberá contener, en el caso de que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes, la compensación, que no podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

51. Ahora bien, a fin de resolver el fondo del presente asunto, se estima conveniente destacar algunas consideraciones hechas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País al resolver el amparo directo en revisión 2655/2013, en relación con el derecho humano de impartición y acceso a la justicia, con base en una perspectiva de género, tomando en cuenta que, en el caso concreto, la quejosa manifestó que durante la vigencia del matrimonio se dedicó a atender su hogar y, por ende, resulta necesario determinar si esa circunstancia por sí misma generó alguna desigualdad material entre los cónyuges, en específico, en la adquisición, administración y distribución de los bienes que formaron parte de la sociedad conyugal.

52. En ese sentido, la aludida Primera Sala determinó que una de las herramientas analíticas más útiles para identificar situaciones de desigualdad material, consiste en adoptar una perspectiva de género.

53. Que este método permite verificar la existencia de condiciones de vulnerabilidad que impiden impartir justicia de manera completa e igualitaria y ha sido utilizado por esa Primera Sala, por ejemplo, para cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de cierta medida legislativa, y ordenar las pruebas necesarias para aclarar una situación de violencia y discriminación por razón de género.

54. Que los elementos que involucran esta metodología, han quedado plasmados en la tesis aislada 1a. C/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."

55. Que es justamente esta perspectiva la que permite visibilizar la asimetría que suele surgir entre los cónyuges ante una determinada distribución de funciones al interior del hogar, a partir de la cual uno emprende su desarrollo profesional en el mercado laboral remunerado y el otro asume preponderantemente –cuando no exclusivamente–, las cargas de las tareas domésticas y de cuidado de dependientes. Dicho reparto de responsabilidades sostenido en el tiempo genera el debilitamiento de los vínculos del cónyuge que se dedica al hogar con el mercado laboral (oportunidades de empleo perdidas, pocas horas de trabajo remunerado, trabajos exclusivamente en el sector no estructurado de la economía y sueldos más bajos), el acceso más limitado a prestaciones de seguridad social y la disponibilidad de menor tiempo para la educación y la formación. El resultado, que llega a su nivel máximo con un eventual divorcio, es una significativa brecha económica en la pareja, que en última instancia puede colocar al cónyuge que asumió las tareas domésticas y de cuidado en tal desventaja que incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

56. Que a partir del parámetro de constitucionalidad delimitado por el artículo 1o. de la Constitución Federal, es posible identificar la obligación del Estado Mexicano de garantizar la igualdad entre cónyuges, no únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el matrimonio, sino también una vez disuelto tal vínculo. Este imperativo está explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

57. Además de reconocer el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general, las disposiciones citadas proclaman la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges, no sólo durante el matrimonio, sino también en los arreglos relativos a la separación legal y la disolución del vínculo matrimonial. En este sentido, está prohibido todo trato discriminatorio respecto a los motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, incluidos los gastos de manutención y la pensión alimenticia. Así lo apuntó el Comité de los Derechos Humanos en la Observación General Número 19, al definir los alcances del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

58. De suerte tal que, derivado de la normativa internacional, los derechos humanos de igualdad y no discriminación, traen aparejado el deber del Estado de velar que el divorcio no constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado en relación con la obtención de los alimentos.

59. Que la propia Primera Sala ha sostenido que la utilización de la perspectiva de género como herramienta de análisis no es exclusiva para aquellos casos en los que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad. Si bien resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual –como reconoció el propio Constituyente en la reforma del artículo 4o. de la Constitución Federal, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres–, lo definitivo es que los estereotipos y perjuicios de género que crean situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres como a mujeres.

60. De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituya un método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del "género" de las personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo "hombres" o al grupo "mujeres". Resulta aplicable la tesis aislada 1a. LXXIX/2015 (10a.), emitida por esa Sala, de título y subtítulo: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS."

61. Que sería un error pasar por alto que la invisibilización del trabajo doméstico y de la eventual disparidad económica que puede surgir en el núcleo familiar a partir de determinada repartición de responsabilidades entre cónyuges, genera un tipo específico de discriminación. Efectivamente, la discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta o por ofrecer igual tratamiento a personas que están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir de manera indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral, ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. Resultan aplicables las tesis aisladas 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN.", así como 1a. CCCVI/2014 (10a.), de título y subtítulo: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA."

62. Que de conformidad con los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada en el dos mil catorce, son las mujeres quienes realizan mayoritariamente el trabajo no remunerado de los hogares, sufriendo el consecuente costo de oportunidad en el mercado laboral remunerado. En efecto, de acuerdo con esas cifras, en nuestro país las mujeres realizan tres veces más del trabajo no remunerado de los hogares, lo que demuestra que cualquier regulación al respecto, tendrá mucho mayor impacto en la población femenina.

63. Que debe destacarse que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha denunciado, precisamente, la necesidad de poner de manifiesto la función económica del trabajo doméstico realizado por la población femenina a nivel mundial, y en las Conclusiones Convenidas en el 53o. y en el 58o. periodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2009 y 2014), se reconocieron expresamente las consecuencias de la desigualdad en el reparto de las responsabilidades en el núcleo familiar y la necesidad de valorar el trabajo de cuidado de personas no remunerado como un imperativo para mejorar la condición jurídica y social de las mujeres. Lo anterior demuestra que, en el seno del sistema universal de derechos humanos, se ha resaltado la dimensión claramente diferenciada en razón de sexo del trabajo en los hogares, pugnando tanto por su valoración, como por su reducción y redistribución en un marco de corresponsabilidad social con un rol central del Estado.

64. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836, registro digital 2011430 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas», de título, subtítulo y texto:

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género."

65. Por otro lado, en relación con el tema del régimen matrimonial de separación de bienes, y la compensación que debe otorgarse al cónyuge que durante el matrimonio acreditó haberse dedicado al cuidado del hogar, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2730/2015, determinó que si bien ese régimen implica que los cónyuges tienen la facultad de mantener la propiedad de los bienes que adquieran y de disponer de ellos sin necesidad de la participación del otro cónyuge, esto no implica que los derechos de propiedad que ostenten durante el matrimonio no puedan ser modificados por motivos que atiendan a la satisfacción de fines y objetivos derivados de la propia naturaleza del matrimonio, tales como el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y familiares, y la procuración y ayuda mutua entre los cónyuges, que permiten alcanzar la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer.

66. Además, la referida Sala reconoció que los roles atribuidos socialmente –en el caso, incluso legalmente– a las mujeres con base en estereotipos nocivos de género causan, en muchas ocasiones, que no logren desarrollar plenamente su proyecto de vida profesional, al dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar o al tener una "doble jornada laboral" –un empleo fuera del hogar y la realización de tareas domésticas– que acaban por consumir su tiempo.

67. Que esa Primera Sala señaló también –al resolver el amparo directo en revisión 1754/2015– que las labores domésticas y el trabajo de cuidado están asignados a las mujeres a través de una visión estereotípica a partir de su sexo, es decir, se les adscribe el rol de madres y amas de casa por el solo hecho de ser mujeres.

68. Que se ha determinado que derivado del plano de desigualdad en las actividades que realiza uno de los cónyuges en el hogar, debe considerarse a dicha labor como una contribución económica al sostenimiento de éste, en atención al derecho de igualdad entre los cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental reconocido en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

69. A partir de ese análisis, la Primera Sala confirmó la pertinencia y necesidad de los mecanismos compensatorios, previstos en distintas legislaciones y que operan una vez terminado el matrimonio, como mecanismo para remediar al cónyuge, dedicado al hogar y al cuidado de las personas dependientes, el costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro. Por tanto, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de tomar en consideración las especificidades, duración y grado de dedicación al trabajo del hogar como parámetros para determinar el monto de la eventual compensación, a fin de no invisibilizar las diversas modalidades del trabajo del hogar.

70. Así, la referida Sala consideró, entonces, que el debate relativo a la participación que podría tener alguno de los cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto.

71. Es decir, debe adoptarse una óptica casuística e interpretar y aplicar la norma general –centrada en el régimen de separación de bienes– en consideración de la incidencia del orden social de género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación que condicionan, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad sexual, de la valoración y protección que este orden asigna a las labores y tareas del hogar y cuidado independientemente del sexo de quien las desempeñe y de la posible violencia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida significativamente la violencia patrimonial.

72. Que en principio, los mecanismos compensatorios tienen por objeto descartar la posibilidad de un enriquecimiento injusto por parte de unos de los cónyuges y garantizan que ambos tengan acceso por igual a los productos generados por el esfuerzo común, entendido el trabajo del hogar y cuidado como parte de ese esfuerzo común, con independencia de que el matrimonio se entienda celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

73. Que, sin embargo, en algunos casos específicos y excepcionales, y siempre con la finalidad de no comprometer la sobrevivencia del cónyuge desaventajado, de evitar un enriquecimiento o empobrecimiento injusto o la comisión de actos de violencia patrimonial basada en el género, también podría resultar adecuado que los bienes que se adquieran con el esfuerzo conjunto de los cónyuges casados en separación de bienes, se reputarán total o parcialmente dentro de la esfera de propiedad y administración de ambos.

74. Esto a partir del examen del número, valor y destino de los bienes adquiridos; de las aportaciones económicas de ambos cónyuges para su adquisición –entendiendo como aportación económica también el esfuerzo del cónyuge que asume el trabajo del hogar y el cuidado de las personas dependientes de acuerdo con la intensidad, alcance y extensión de esa dedicación–; la cantidad y proporción de las aportaciones económicas concretas para bienes específicos; las circunstancias que les permiten a los cónyuges adquirir bienes, así como las condiciones y circunstancias de cada adquisición en particular.

75. Esta determinación, estimó la Primera Sala, exigiría también que la autoridad jurisdiccional revisara si el orden social de género incidió en la calidad y cantidad de las aportaciones de los cónyuges, en el modo y tiempo de las adquisiciones de los bienes comunes y personales de los esposos, las decisiones y oportunidad de las enajenaciones, el valor y cuantía de sus patrimonios personales, y la manera en que determinado o determinados bienes pueden caracterizarse como producto de un esfuerzo común y, por tanto, originar una copropiedad entre los esposos respecto de ellos, aun cuando hubieren sido adquiridos a título personal por los cónyuges durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

76. Las anteriores consideraciones emitidas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, dieron origen a las tesis aisladas siguientes:

"RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 270 DE LA LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES, (QUE ESTUVO VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS, DESDE 1919 HASTA 1966) QUE LO PREVÉ, DEBE SER INTERPRETADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA NO CAUSAR EFECTOS DISCRIMINATORIOS. El mencionado precepto, que prevé el régimen de separación de bienes, salvo acuerdo en contrario, es una norma de aparente neutralidad, que debe ser leída desde una perspectiva que visibilice posibles situaciones de desequilibrio, en razón de género. Esto es así, pues la mujer, dada la asignación estereotípica de roles y tareas dentro de la familia a partir del sexo o en virtud de la violencia basada en el gén

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28364-1fc136f3/sociedad-conyugal-cuando-la-conyuge-acredite-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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