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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 35, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA INEXISTENCIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL IMPUGNADO, AL HABER SIDO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LA PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROGRAMA ECOLÓGICO MUNICIPAL, SE JUSTIFICA NO SÓLO CUANDO ÉSTE INCLUYE EXPRESAMENTE EL TERRITORIO DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA, SINO TAMBIÉN CUANDO SE HABILITAN ACCIONES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL QUE PUEDEN AFECTAR LOS PROCESOS NATURALES EN UNA DE ESAS ZONAS NATURALES EN TANTO QUE DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS QUE ÉSTAS PERSIGUEN Y LOS DEL ORDENAMIENTO MUNICIPAL, CUYA APROBACIÓN SE PRETENDE. V. TRANSVERSALIDAD EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. CONFORME A ESTE PRINCIPIO LOS PROCESOS AMBIENTALES NO SON SUSCEPTIBLES DE SER SEGMENTADOS POR EL TERRITORIO QUE ESTABLECE EL ORDEN JURÍDICO PARA LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VI. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN MATERIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. LA FALTA DE CERTEZA CIENTÍFICA ABSOLUTA SOBRE LA AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE CUANDO HAYA PELIGRO DE DAÑO GRAVE O IRREVERSIBLE NO ES ÓBICE PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EFICACES PARA SU CONSERVACIÓN. VII. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO CONVOCAR DE MANERA OFICIAL A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO EN EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPAL CUYA APROBACIÓN SE PRETENDE, SE HABILITEN ACCIONES DENTRO DE SU TERRITORIO QUE TENGAN COLINDANCIA CON UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA O PUEDAN AFECTAR SUS PROCESOS NATURALES. VIII. PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE OTHÓN P. BLANCO. LA OMISIÓN EN CONVOCAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA INTERVENIR EN SU ELABORACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, CUANDO SE HABILITARON ACCIONES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL QUE TIENEN COLINDANCIA CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y PUDIERAN AFECTARLAS, VULNERA EL ARTÍCULO 20 BIS 5, FRACCIÓN V, DE LA DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, EN TANTO QUE SE REQUIERE COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS QUE ESTAS ÁREAS PERSIGUEN Y LOS DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (INVALIDEZ DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2022. · Registro digital (IUS): 31431
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-12
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, Pág.2099.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA. 18 DE ENERO DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 9/2022, promovida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica, contra el Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el Poder Ejecutivo Federal. El veinte de enero de dos mil veintidós, María Estela Ríos González, en su calidad de consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal,(1) promovió controversia constitucional en contra del Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, por la emisión del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del Municipio ("programa reclamado"), publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. La Federación debió de haber participado en la creación del programa reclamado, toda vez que éste incluye áreas naturales protegidas. El programa reclamado reconoce que incide en ciertas Áreas Naturales Protegidas (ANPs): (I) la Reserva de la Biósfera Calakmul, (II) Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil, (III) Parque Nacional de Arrecifes de Xcalak, (IV) Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro; y, (V) Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano.

Los artículos 20 Bis y 20 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) señalan que los programas de ordenamiento ecológico locales serán expedidos por las autoridades municipales. Sin embargo, el artículo 20 Bis 2 establece que cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya una ANP competencia de la Federación, éste deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Municipios involucrados. Sin embargo, el programa reclamado fue elaborado sin la participación de la Federación.

Asimismo, el Municipio violentó el procedimiento de elaboración de los Programas en Materia de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano. Este procedimiento se establece en los artículos 18, 39 y 44 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, en Materia de Impacto Ambiental. Específicamente, el Municipio no cumplió con el plazo para que se pueda solicitar una revisión del instrumento de ordenamiento ecológico.

b. El programa reclamado no tomó en cuenta otros instrumentos de ordenamiento territorial y ecológico. El programa reclamado no se hizo conforme a otros programas aplicables. Como ejemplo, se menciona la falta de concordancia con el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.

c. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de aguas nacionales y bienes públicos. El programa pretende regular el uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, aun cuando éstos constituyen bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público de la Federación.

I. Los criterios CG-04 y CB-16 del programa reclamado pretenden establecer regulación sobre cenotes. Si bien, no hace alusión expresa al término "cenotes", el programa pretende regular aguas nacionales del subsuelo, una característica de los cenotes. De acuerdo con los artículos 27 de la Constitución Federal; 3, fracciones I, IV y IX, de la Ley de Aguas Nacionales; y 3, fracción I, 6, fracción I, 9 y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales, la Federación es la autoridad facultada para establecer regulación en la materia.

II. Los criterios CG-07, AS-07, PC-02, PC-10 y PC-11 del programa reclamado regulan cuestiones relativas a descargas de aguas residuales y lodos. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 3, fracciones VI, XIV, XVII, XXII y X, 9, fracciones XX y XXXII, 12 Bis 6, fracción XXX, 21, 29, fracciones VIII y IX, 29 Bis 4, 44, 47, 86, fracción IX, y 86 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales es facultad de la Federación, a través de la Conagua, administrar, inspeccionar, vigilar y sancionar respecto de las descargas de aguas residuales y lodos a cuerpos receptores de propiedad nacional.

III. Los criterios AS-08, AS-11, CB-12 y PC-09 del programa reclamado pretenden regular cuestiones relativas a la extracción de materiales pétreos debajo del manto freático. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, sólo la Federación cuenta con facultades para regular actividades de esa naturaleza.

IV. El criterio PC-18 del programa reclamado establece regulación sobre plantas desalinizadoras. No obstante, el artículo 96 Bis 2, fracción IV, de la Ley de Aguas Nacionales señala que se consideran como obras públicas competencia de la Federación aquellas que permitan el abastecimiento, potabilización y desalinización cuya realización afecte a dos o más Estados.

V. Los criterios PRM-29 y PRM-31 del programa reclamado pretenden establecer regulación sobre aprovechamientos en humedales y manglares. Sin embargo, dicha atribución corresponde a la Conagua, conforme a los artículos 3, fracción XXX, y 86 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, contraviene los artículos 23 y 155 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales que señalan las facultades de la Conagua en materia de regulación de humedales.

Asimismo, el programa reclamado permite que los manglares puedan recibir descargas derivadas del tratamiento de aguas residuales. Lo anterior contraria las facultades de la Federación. Conforme a los artículos 56, 57, 58, 60 Ter y 99 de la Ley General de Vida Silvestre establecen especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

VI. Los criterios PRM-03, PRM-14, PRM-16, PRM-20, PRM-22, PRM-23 y PRM-25 del programa reclamado contienen diversos criterios de regulación ecológica que pretenden normar el uso, aprovechamiento y explotación de las playas. Lo anterior contraria los artículos 3, fracción II, 6, fracción II, 7 fracciones IV y V, y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales. Además, contraviene el artículo 5 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. De ellos se desprende que las playas son bienes de uso común de carácter nacional sujetos al régimen de dominio público de la Federación. Se agrega que el control y vigilancia de estas zonas corresponde a la Semarnat.

d. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de hidrocarburos. El programa establece criterios ecológicos de aplicación para la prevención de la contaminación en suelo, aire y agua, en relación con la industria de hidrocarburos. Sin embargo, el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos señala que dicha industria es exclusiva de la jurisdicción federal.

e. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de residuos peligrosos. El programa reclamado regula obligaciones referentes al manejo, almacenamiento, retiro, transporte y disposición final de los residuos y otros residuos generados en el tratamiento de aguas residuales, plantas de premezclado y residuos biológicos infecciosos.

El artículo 10, fracciones VIII y IX, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los Municipios cuentan con la facultad para participar en el control de los residuos generados o manejados por microgeneradores, así como coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación. No obstante, no tienen facultades para regular y controlar los residuos peligrosos provenientes de pequeños y grandes generadores.

f. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de desarrollo forestal y vida silvestre. El programa reclamado regula cuestiones que son exclusivas de la Federación en materia de desarrollo forestal sustentable, ya que establece criterios ecológicos de construcción. Lo anterior violenta los artículos 10, fracciones XXVI, XXIX y XXX, y 14, fracción XI de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Si bien, es cierto que el artículo 11 de la Ley General de Vida Silvestre señala que la Federación podrá delegar a los gobiernos locales facultades relacionadas con el otorgamiento, suspensión, modificación y revocación de autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, también es cierto que la Ley General de Vida Silvestre acota la delegación de facultades a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación.

I. Los criterios CU-05, CU-08 y CU-09 del programa reclamado establecen regulación sobre recuperación de tierra vegetal en las superficies en que se desmonten, así como aprovechamiento de materias primas forestales. Sin embargo, lo anterior compete a la Federación, conforme a los artículos 10, fracciones IX, XIV, XXVI y XXIX, 69, fracción II, 72, primer párrafo, y 88, párrafo segundo, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

II. El programa reclamado establece regulación sobre aprovechamiento de plantas silvestres, caza, liberación de las especies invasoras o exóticas y establecimiento de Unidades de Manejo Ambiental (UMAs). De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Vida Silvestre, la Federación cuenta con facultades de formulación, conducción, operación y evaluación de la política nacional sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, así como la elaboración y aplicación de los programas y proyectos que se establezcan para tal efecto.

III. Los criterios AS-03 y AS-29 del programa reclamado pretenden establecer regulación sobre aprovechamiento extractivo de la vida silvestre. Sin embargo, los artículos 82 y 83 de la Ley General de Vida Silvestre señalan que la Semarnat autorizará dicha actividad.

IV. El criterio CB-06 del programa reclamado pretende regular cuestiones relativas a la actividad de caza. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley General de Vida Silvestre, dicha materia corresponde a la Federación.

V. Los criterios CB-13 y URB-25 del Programa reclamado pretenden establecer regulación sobre especies exóticas, así como para su propagación y uso. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 27, 27 Bis 2 y 28 de la Ley General de Vida Silvestre, sólo la Federación tiene facultades para establecer regulación relativa a la liberación o ingreso de especies exóticas. Lo anterior se refuerza con el contenido de los artículos 83 a 89 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

VI. El criterio AS-36 del programa reclamado establece regulación sobre Unidades de Manejo Ambiental (UMA) para la conservación de la vida silvestre. Sin embargo, la regulación de las UMA es una cuestión de interés público vinculada con las finalidades del artículo 27 de la Constitución Federal. Asimismo, las UMA encuentran sustento en los artículos 79, 80, fracción I, 82, 83, 84, 85, 86, 87 de la LGEEPA. De éstos se desprende que corresponde a la Federación valorar sus posibles efectos.

g. El programa reclamado invade competencias en materia de impacto ambiental. De acuerdo con los artículos 28 de la LGEEPA y 5 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación en Impacto Ambiental, es la Federación quien cuenta con facultades para regular sobre la evaluación de impacto ambiental.

I. El criterio AS-07 del programa reclamado pretende establecer regulación sobre campos de golf. De acuerdo con el artículo 5, apartado Q, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, eso es competencia de la Federación.

II. El criterio AS-28 del programa reclamado regula actividades acuícolas. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 28, fracción XII, de la LGEEPA y 5, apartado U, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, la facultad de regular dicha materia corresponde a la Federación.

III. El criterio AS-37 del programa reclamado establece regulación sobre las unidades de transformación agropecuaria y forestal. No obstante, de acuerdo con los artículos 28, fracción XII, de la LGEEPA y 5, apartado O, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando las unidades impliquen el cambio de uso de suelo de áreas forestales, es la Federación quien debe regularlas.

IV. Los criterios CU-19 y CU-26 del programa reclamado establecen regulación sobre intervención de terrenos con una densidad determinada en las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT). La UGAT-01 incide en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la cual es un ANP. Asimismo, el criterio PC-07 establece directrices de desarrollo de actividades de turismo alternativo o forestal en las UGAT. Conforme a lo previsto en los artículos 28, fracción IX, de la LGEEPA y 5, apartado S, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, es la Federación la autoridad facultada para regular actividades que se lleven a cabo en las ANP.

V. El criterio PC-19 del programa reclamado prohíbe la instalación de almacenes de hidrocarburos, gasolineras y oleoductos. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 28, fracción II, de la LGEEPA y 5, apartado C, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, es la Federación la autoridad facultada para regular sobre obras de construcción de oleoductos y actividades del sector de hidrocarburos.

3. Registro y turno. Mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 9/2022. Asimismo, ordenó turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek, ya que guarda conexidad con las controversias constitucionales 68/2021, 158/2021 y 178/2021, promovidas por el Ejecutivo Federal en contra de diversos actos de contenido similar.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.

5. Contestación de la demanda del Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.(2) El quince de marzo de dos mil veintidós, Alejandra del Ángel Carmona, síndica(3) del Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, contestó la demanda. En esencia, expresó lo siguiente:

a. Causal de improcedencia (inexistencia del acto reclamado). Se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción IX, y 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que no existe el acto materia de la controversia. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo (Ley de Asentamientos Humanos Local), los programas municipales deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Si bien, el programa reclamado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, éste no ha sido inscrito en el Registro Público. Al no haber sido publicado no puede surtir efectos legales y causar afectación a la Federación.

b. El programa reclamado no violenta las facultades de la Federación, toda vez que se trata de materias concurrentes. El programa no vulnera el sistema de competencias, toda vez que el Municipio tiene facultades amplias y completas para formular, aprobar, administrar y vigilar el cumplimiento de los programas municipales de desarrollo urbano, centros de población y sus derivados.

El Municipio se apegó a los lineamientos establecidos en el artículo 19 Bis de la LGEEPA y 13 de la Ley de Asentamientos Humanos Local. Estos señalan que este orden de gobierno cuenta con facultades en materia de asentamientos humanos y equilibrio ecológico.

Es falso que exista una invasión de competencias y atribuciones en lo relativo al desmonte, aprovechamiento forestal maderable, hidrocarburos, residuos peligrosos y materia de impacto ambiental. Lo anterior debido a que, conforme al sistema establecido en la Constitución Federal, dichas materias son concurrentes.

6. Manifestación de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió manifestación alguna a pesar de estar debidamente notificada.

7. Audiencia constitucional. El once de agosto de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia constitucional. En esta sólo participó el Poder Ejecutivo Federal.

8. Cierre de instrucción. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós se ordenó cerrar la instrucción para efecto de que se elabore la sentencia respectiva.

9. Avocamiento. El asunto quedó radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I(4) y 11, fracción VIII,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I,(6) a contrario sensu, y punto tercero(7) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de una controversia constitucional en la que se impugna un acto en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

12. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria(8) se precisa el acto objeto de la presente controversia.

13. El Poder Ejecutivo Federal promovió una controversia constitucional en contra del programa. Por tanto, la materia de impugnación se constriñe al instrumento referido, cuya emisión se atribuye al Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria, la existencia del programa reclamado se hace constar con la copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. OPORTUNIDAD

17. El programa reclamado fue publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Conforme al artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria,(9) la presentación de la demanda, el día veinte de enero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizó dentro de los treinta días que la misma ley fija.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

19. De acuerdo con el artículo 11, último párrafo, de la ley reglamentaria,(10) la persona titular del Poder Ejecutivo Federal podrá ser representada por la persona consejera jurídica del Gobierno Federal. En representación del Poder Ejecutivo Federal compareció María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica del Gobierno Federal. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada del acuerdo presidencial que avaló su nombramiento. Por tanto, la controversia constitucional fue presentada por parte legítima.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

21. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la ley reglamentaria,(11) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla. En ese sentido, se reconoció el carácter de parte demandada al Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, al atribuirle la emisión del programa reclamado. En su representación compareció Alejandra del Ángel Carmona, Síndica del Municipio de Othón P. Blanco. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la sindicatura municipal de trece de junio de dos mil veintiuno.

22. En términos de los artículos 92, fracción V, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,(12) y 35, fracción I, del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco,(13) la persona síndica municipal está facultada para representar a dicha entidad en la presente controversia constitucional.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

24. El Municipio de Othón P. Blanco plantea que se actualiza la causal de sobreseimiento del artículo 19, fracción IX, en relación con el artículo 20 de la ley reglamentaria.(14) El Municipio razona que, ya que el programa no se ha inscrito aún en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Quintana Roo, no ha surtido efectos frente a terceros. Por tanto, el acto que se impugna no tendría aún existencia jurídica, pues falta aún un requisito para su validez: su registro.(15)

25. No asiste la razón al Municipio demandado. El programa impugnado, tal como lo reconoce el mismo Municipio en la contestación de la demanda,(16) fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. En este sentido, el registro del programa impugnado es una obligación del gobierno estatal –a través de la secretaría del ramo– que se sigue en automático a la publicación en el Periódico Oficial, en términos del artículo 68 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo,(17) y del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma entidad.(18) Adicionalmente, dicho registro es necesario para que los programas como el impugnado tengan efectos en cada una de las operaciones inmobiliarias que habrán de afectar,(19) pero no condiciona la existencia del programa en el mundo jurídico, por lo que es posible que esta Segunda Sala analice su constitucionalidad. No se actualiza, por tanto, el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 20, fracción V, de la ley reglamentaria.

26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

VIII. 1 Falta de participación del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la discusión y aprobación del programa impugnado.

27. El Ejecutivo Federal plantea que el programa impugnado vulneró sus atribuciones constitucionales a la luz de los artículos 27, párrafo tercero,(20) y 73, fracción XXIX-G,(21) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece una prerrogativa a su favor para conocer, discutir y aprobar un programa municipal en la materia cuando dicho programa incluya áreas naturales protegidas competencia de la Federación. Además, argumenta el actor que la atribución que tiene el Municipio demandado para emitir su programa de equilibrio ecológico está sujeta al cumplimiento de las leyes, federales y estatales que modulen dicha facultad, de acuerdo con el artículo 115, fracción V, de la misma Constitución.(22) Por último, esta Segunda Sala advierte que las atribuciones constitucionales de uno y otro nivel de gobierno están intrínsecamente relacionadas con el derecho fundamental a un medio ambiente sano del artículo 4o., párrafo quinto, constitucional,(23) puesto que los instrumentos de política pública creados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (como las áreas naturales protegidas y el ordenamiento ecológico del territorio) están dirigidos a garantizar este derecho humano.

28. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución referentes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y distribuye las facultades del Estado Mexicano entre los tres niveles de gobierno. Si bien, el Ejecutivo Federal fundamenta su pretensión para participar en la elaboración y validación de cualquier programa de ordenamiento urbano de los Municipios con base en el artículo 20 Bis 1 de la LGEEPA, este precepto simplemente establece una obligación de la Semarnat para apoyar técnicamente el proceso de formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en la misma ley. Como establece el Municipio demandado en su contestación,(24) no existe precepto alguno en la misma LGEEPA que establezca que la ausencia de apoyo técnico por parte de la secretaría, en general, conlleve la invalidez de un programa de ordenamiento ecológico.

29. En cambio, el artículo 20 Bis 5, fracción V,(25) de la LGEEPA sí establece que, cuando un programa de ordenamiento ecológico municipal incluye un área natural protegida o parte de ella, el mismo será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Semarnat y el Municipio del que se trate. Para dilucidar hasta dónde llega el alcance de esta norma, es necesario discutir su interpretación.

30. Primera interpretación. Esta Segunda Sala concluye que una primera interpretación del verbo "incluir" en el precepto en cita implica una intromisión territorial por parte del programa municipal. Esto significa que si un programa local, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene disposiciones que se han de ejecutar dentro del territorio del área natural protegida, entonces, dicho programa debe contar con la participación y venia del Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat. En otras palabras, el artículo 20 Bis 5, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente impide que un Municipio emita disposiciones para el territorio de las áreas naturales protegidas a cargo de la Federación sin que esta última participe en su discusión y aprobación.

31. De acuerdo con este primer entendimiento, el programa impugnado no sólo no excluye expresamente a las áreas naturales protegidas federales. Dicho programa establece de forma expresa que su ámbito de aplicación viene definido por las coordenadas y puntos geográficos del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.(26) Sin embargo, también incluye dentro de su ámbito de aplicación las áreas naturales protegidas: (I) la Reserva de la Biósfera Calakmul, (II) Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil, (III) Parque Nacional de Arrecifes de Xcalak, (IV) Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro; y, (V) Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano. En efecto, el programa impugnado señala:

"Para efectos del presente PMOTEDU de Othón P. Blanco, las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) que tienen incidencia o vinculación al mismo, son aquellas que cuentan con superficie terrestre. Por lo anterior, el punto de partida es el propio inventario de ANP’s ..."(27)

32. Al regular cada una de las unidades de gestión ambiental territorial (UGAT), el programa impugnado incluye de forma expresa regulaciones y criterios para las áreas naturales protegidas a cargo de la Federación. Por ejemplo, la UGAT 01 coincide con la Reserva de la Biósfera de Calakmul,(28) la UGAT 36 coincide con el Santuario Del Manatí,(2

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31431-340c7478/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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