I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 33, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ CUANDO NO SE PLANTEA UNA VIOLACIÓN A LAS ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADAS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL, NI A DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTAS (PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO Y ESQUEMA SIMPLIFICADO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CENTROS DE SERVICIOS RURALES PARA LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, AMBOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). V. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LA PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROGRAMA ECOLÓGICO MUNICIPAL SE JUSTIFICA NO SÓLO CUANDO ÉSTE INCLUYE EXPRESAMENTE EL TERRITORIO DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA, SINO TAMBIÉN CUANDO SE HABILITAN ACCIONES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL QUE PUEDEN AFECTAR LOS PROCESOS NATURALES EN UNA DE ESAS ZONAS NATURALES EN TANTO QUE DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS QUE ÉSTAS PERSIGUEN Y LOS DEL ORDENAMIENTO MUNICIPAL CUYA APROBACIÓN SE PRETENDE. VI. TRANSVERSALIDAD EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. CONFORME A ESTE PRINCIPIO LOS PROCESOS AMBIENTALES NO SON SUSCEPTIBLES DE SER SEGMENTADOS POR EL TERRITORIO QUE ESTABLECE EL ORDEN JURÍDICO PARA LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VII. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN MATERIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. LA FALTA DE CERTEZA CIENTÍFICA ABSOLUTA SOBRE LA AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE CUANDO HAYA PELIGRO DE DAÑO GRAVE O IRREVERSIBLE NO ES ÓBICE PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EFICACES PARA SU CONSERVACIÓN. VIII. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO CONVOCAR DE MANERA OFICIAL A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CUANDO EN EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPAL CUYA APROBACIÓN SE PRETENDE, SE HABILITEN ACCIONES DENTRO DE SU TERRITORIO QUE TENGAN COLINDANCIA CON UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA O PUEDAN AFECTAR SUS PROCESOS NATURALES. IX. PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN SU ELABORACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN CUANDO EXISTE UNA CONVOCATORIA POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL IMPLICA QUE AQUÉL GUARDA EN PRINCIPIO COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, POR LO QUE NO SE VULNERA LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 20 BIS 5, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). X. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECER LA CONCURRENCIA EN LA MATERIA DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN, ENTRE OTRAS, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-G, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES ATRIBUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EMITIR LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SELVAS TROPICALES Y ESPECIES DE DIFÍCIL REGENERACIÓN, LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN ECOSISTEMAS COSTEROS, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONTACTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍ
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 158/2021. PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA. 1 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: (I) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y (II) Acuerdo por el que se aprueba el Esquema Simplificado de Planeación de Desarrollo Urbano y Centros de Servicios Rurales para la Localidad de José María Pino Suárez, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al uno de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 158/2021, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, contra el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por el Poder Ejecutivo Federal. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica(1) del Poder Ejecutivo Federal y en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en contra del (I) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (en adelante "programa reclamado") y (II) Acuerdo por el que se aprueba el Esquema Simplificado de Planeación de Desarrollo Urbano y Centros de Servicios Rurales para la Localidad de José María Pino Suárez, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (en adelante "esquema reclamado"). Ambos instrumentos fueron publicados el uno de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de Quintana Roo.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. El Municipio demandado transgredió las competencias de la Federación al excluirla de participar en la formulación del programa y esquema reclamados. De acuerdo con los artículos 20 Bis 2, 20 Bis 4 y 20 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural protegida (ANP) competencia de la Federación, el programa deberá ser elaborado de forma conjunta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los gobiernos locales y municipales.
Asimismo, el último párrafo del artículo 60 de la LGEEPA concede a la Semarnat la atribución de promover el ordenamiento ecológico del territorio en las zonas de influencia de las ANP. Igualmente, el artículo 4, fracciones VI, VII, IX y XI, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Ordenamiento Ecológico reitera la competencia de la Semarnat para participar en la aprobación y elaboración de los programas locales, así como para prestar apoyo técnico a los Gobiernos de los Estados y Municipios para la formulación y ejecución de los programas.
El programa reclamado establece 7 unidades municipales de gestión territorial, ecológica y urbana (UMGTEU). Dichas unidades guardan relación con las áreas de influencia de 3 ANP: (I) la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, (II) el Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil y (III) la Reserva de la Biósfera Arrecifes de Sian Ka’an. En ese sentido, al incluir las ANP, la participación de la Federación, a través de la Semarnat, resultaba obligatoria. Si bien es cierto que el Municipio también regula territorios sobre los cuales el Ayuntamiento tiene plena jurisdicción regulatoria, también lo es que incluye áreas cuya regulación es competencia de la Federación.
Debe mencionarse que la Semarnat, mediante oficio SPPA/220/2021 de trece de agosto de dos mil veintiuno, declinó la invitación a participar en diversas sesiones extraordinarias del Cabildo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto en las que se aprobó el programa reclamado. Lo anterior debido a que no había sido posible llegar a un acuerdo sobre la compatibilidad de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo (Ley de Asentamientos Humanos local) y la LGEEPA con el programa reclamado.
Lo procedente era que el Municipio y la Semarnat realizaran trabajos coordinados para conciliar y armonizar el contenido del programa municipal. Sin embargo, la propuesta de la Semarnat fue ignorada por el Municipio y éste decidió continuar con el procedimiento.
b. El programa reclamado transgrede el principio de legalidad. Las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que se encuentran expresamente facultadas. En relación con lo anterior, de manera unilateral, y sin encontrarse legalmente autorizado, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo determinó establecer lineamientos respecto de ciertas ANP, zonas de influencia, uso de suelo forestal, así como autorizar el crecimiento urbano en áreas en las cuales se afectan ecosistemas relacionados con las ANP.
c. El programa reclamado no observa el contenido de acuerdos y convenios aplicables. El programa reclamado no guarda congruencia con el Acuerdo por el que se expide la parte marina del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe y se da a conocer la parte regional del propio programa, publicado el veinticuatro de noviembre de dos mil doce. Asimismo, el programa y el esquema reclamados no fueron elaborados y aprobados de manera conjunta por la Semarnat y el Municipio, a pesar de haber celebrado un Convenio Marco de Coordinación cuyo objetivo fue precisar las facultades en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y metropolitano en los programas que fueran a desarrollarse en la zona donde se llevaría a cabo el Tren Maya, publicado el veinte de diciembre de dos mil veinte.
d. El programa reclamado transgrede facultades de la Federación al regular cuestiones relativas al cambio de uso de suelo forestal. Si bien, el artículo 115 de la Constitución Federal faculta a los Municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, dicha facultad no es ilimitada. El Municipio demandado regula cuestiones relativas al uso de suelo forestal en zonas de influencia de ANP. De acuerdo con los artículos 14, fracción XI, y 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es la Federación la autoridad facultada para expedir la autorización de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso de suelo forestal.
Se agrega que el artículo 4 de la LGEEPA establece que la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En ese sentido, el artículo 10, fracción XXX, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que es competencia de la Federación expedir las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso de suelo forestal.
e. El programa reclamado vulnera la facultad de la Federación en materia de aguas y bienes nacionales. El programa reclamado vulnera los artículos 27 de la Constitución Federal; 3, fracciones I, XXX, LXI, LXII, 86 Bis 1 y 113 de la Ley de Aguas Nacionales; 4 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 3, fracciones I y II, 6, fracciones I y II, 7, fracciones VII, IX, y X, 8 y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales, pues pretende regular actividades en lagunas, cenotes, manglares y humedales, inobservando las atribuciones de la Conagua. Asimismo, pretende regular bienes públicos inherentes a las aguas nacionales, como lo son los muelles o estructuras cercanas a los cuerpos de agua.
f. El programa reclamado vulnera el contenido de diversos tratados internacionales. El programa reclamado transgrede los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la ONU, el Acuerdo de París de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y las Metas de Aichi para la Biodiversidad. El programa reclamado regula temas relacionados con el aprovechamiento forestal en selvas tropicales y especies de difícil regeneración, cambios de uso de suelo de áreas forestales, desarrollos inmobiliarios en zonas costeras, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados al mar, actividades pesqueras, acuícolas, entre otras que podrían generar afectaciones al ambiente de difícil reparación. Sin embargo, no se sujeta al contenido de los tratados internacionales en mención.
g. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 95, dispone que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. El Municipio establece criterios de regulación sobre la industria petroquímica, por lo que está invadiendo la esfera competencial de la Federación.
h. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de tratamiento de aguas residuales. El programa reclamado regula cuestiones sobre descarga y tratamiento de aguas residuales en los manglares. Lo anterior corresponde a la Federación, conforme al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-022-SEMARNAT-2003.
i. El programa reclamado violenta las facultades de la Federación en materia de organismos genéticamente modificados. El programa reclamado prohíbe el cultivo de especies causantes de contaminación genética en cultivos locales. Es decir, pretende regular la política de organismos genéticamente modificados y establecer zonas libres de éstos. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 10, fracción I, y 11, fracciones I y II, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, esas facultades corresponden a la Federación. Se agrega que la Suprema Corte, en la controversia constitucional 233/2016, determinó que los Poderes Ejecutivos Locales no cuentan con la facultad de declarar zonas libres de organismos genéticamente modificados.
j. El esquema reclamado violenta las facultades de la Federación. En esencia, el esquema reclamado pretende establecer lineamientos sobre cambios de uso de suelo, delimitación de ANP y apertura de nuevos canales en aguas nacionales. Dichas materias son facultad de la Federación.
3. Suspensión. El Poder Ejecutivo Federal solicitó la suspensión del Programa y del Esquema reclamados.
4. Registro y turno. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el presente asunto con el número 158/2021. Asimismo, ordenó turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek por guardar conexidad con la controversia constitucional 68/2021, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra diversos actos de contenido similar.
5. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo por demandado al Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y ordenó su emplazamiento. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
6. Contestación de demanda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, Mario Didier Aguilar Ramírez, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto,(2) dio contestación a la demanda. En esencia, se allanó a todos los conceptos de invalidez hechos valer por el Poder Ejecutivo Federal.
7. Manifestación de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió manifestación alguna a pesar de estar debidamente notificada.
8. Audiencia constitucional. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En la audiencia sólo participó el Poder Ejecutivo Federal.
9. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós se cerró la instrucción en el proceso.
10. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto quedó radicado en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós.
I. COMPETENCIA
11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII,(4) y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I,(5) a contrario sensu, y punto tercero(6) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de una controversia constitucional en la que se impugna un acto en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
13. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria(7) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
14. El Poder Ejecutivo Federal promovió una controversia constitucional en contra del programa y el esquema. Por tanto, la materia de impugnación se constriñe a los instrumentos referidos, cuya emisión se atribuye al Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria, la existencia del programa y el esquema reclamados se hacen constar con la copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del uno de septiembre de dos mil veintiuno.
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. OPORTUNIDAD
18. El programa y el esquema reclamados fueron publicados el uno de septiembre de dos mil veintiuno. Conforme al artículo 21 de la ley reglamentaria,(8) la presentación de la demanda, el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizó dentro de los treinta días que la misma ley fija.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. De acuerdo con el artículo 11, último párrafo, de la ley reglamentaria,(9) la persona titular del Poder Ejecutivo Federal podrá ser representada por la persona consejera jurídica del Gobierno Federal. En representación del Poder Ejecutivo Federal compareció María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica del Gobierno Federal. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada del acuerdo presidencial que avaló su nombramiento. Por tanto, la controversia constitucional fue presentada por parte legítima.
21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
22. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria,(10) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla. En ese sentido, se reconoció el carácter de parte demandada al Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, al atribuirle la emisión del programa y el esquema reclamados. En su representación compareció Mario Didier Aguilar Ramírez, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de trece de junio de dos mil veintiuno.
23. En términos de los artículos 92, fracción V, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,(11) y 33, fracción I, del Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto,(12) Quintana Roo, la persona síndica municipal está facultada para representar a dicha entidad en la presente controversia constitucional.
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
25. Las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Esta Segunda Sala, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
27. Consideraciones previas. Este apartado sólo estudiará los conceptos de invalidez que argumentan una vulneración de las competencias constitucionales originarias del Ejecutivo Federal y a derechos humanos íntimamente relacionados con ellas. En términos de los precedentes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son éstas las únicas violaciones constitucionales susceptibles de análisis en este tipo de procedimientos.
28. Por ello, el estudio de fondo no incluirá los conceptos de invalidez que alegan: 1) violaciones a un Convenio Marco de Colaboración y Coordinación entre el Municipio demandado y el Gobierno Federal con motivo del Tren Maya;(13) 2) la ausencia de participación de la Semarnat en términos del artículo 9, fracciones VI, VII, IX y XI, del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Territorial;(14) 3) la violación a los artículos 31 y 33 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo;(15) 4) la falta de coherencia entre el programa impugnado y el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe;(16) 5) la no inclusión en los considerandos del programa impugnado de las Metas Aichi, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París sobre Cambio Climático;(17) 6) la posible falta de dictamen de coherencia en materia de ordenamiento ecológico en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,(18) y 7) las facultades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en términos del artículo 171, fracción II, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.(19)
29. Estos conceptos de invalidez no serán estudiados en términos del artículo 105, fracción I, de la Carta Magna por no representar, por un lado, una vulneración a competencias propias de la Federación ni, por el otro, a atribuciones originarias de rango constitucional.
30. Por razón de método, los conceptos de invalidez se analizarán en este apartado siguiendo cuatro argumentos. Un primer razonamiento alega la invalidez de todo el programa impugnado debido a que la Semarnat no tuvo oportunidad de participar en su deliberación y aprobación, máxime cuando este programa incluye áreas naturales protegidas a su cargo. En segundo lugar, se estudiará la alegada vulneración de facultades de la Federación en materia de aguas nacionales. En tercer lugar, se estudiará la posible invalidez de algunas disposiciones del programa impugnado por invadir facultades federales en materia de hidrocarburos. En cuarto lugar, este estudio analizará la posible violación de atribuciones de la Federación en materia de regulación de organismos genéticamente modificados. En quinto lugar, se estudiará la posible vulneración a facultades del Ejecutivo Federal en materia de regulación de uso de suelo forestal. Finalmente, este apartado analizará el argumento del poder actor en el sentido de que el contenido del programa impugnado invade sus facultades en materia de conservación de humedales y tratamiento terciario de aguas residuales tratadas en los manglares. 31. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VIII.1. Falta de participación del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la discusión y aprobación del programa impugnado.
32. El Ejecutivo Federal plantea que el programa impugnado vulneró sus atribuciones constitucionales a la luz de los artículos 27, párrafo tercero,(20) y 73, fracción XXIX-G,(21) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece una prerrogativa a su favor para conocer, discutir y aprobar un programa municipal en la materia cuando dicho programa incluya áreas naturales protegidas competencia de la Federación. Además, argumenta el actor que la atribución que tiene el Municipio demandado para emitir su programa de equilibrio ecológico está sujeta al cumplimiento de las leyes, federales y estatales que modulen dicha facultad, de acuerdo con el artículo 115, fracción V, de la misma Constitución.(22) Por último, las atribuciones constitucionales de uno y otro nivel de gobierno están intrínsecamente relacionadas con el derecho fundamental a un medio ambiente sano previsto en el artículo 4o., párrafo quinto, constitucional,(23) puesto que los instrumentos de política pública creados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (como las áreas naturales protegidas y el ordenamiento ecológico del territorio) están dirigidos a garantizar este derecho humano.
33. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución referentes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y distribuye las facultades del Estado Mexicano entre los tres niveles de gobierno. El artículo 20 Bis 5, fracción V,(24) de la LGEEPA sí establece que, cuando un programa de ordenamiento ecológico municipal incluye un área natural protegida o parte de ella, el mismo será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Semarnat y el Municipio del que se trate. Para dilucidar hasta dónde llega el alcance de esta norma, es necesario discutir su interpretación. A continuación, se desarrollan las consideraciones establecidas por esta Segunda Sala en la controversia constitucional 68/2021,(25) respecto de la interpretación del artículo 20 Bis 5, fracción V, de la LGEEPA y que son exactamente aplicables al presente caso.
34. Primera interpretación. Esta Segunda Sala concluye que una primera interpretación del verbo "incluir" en el precepto en cita implica una intromisión territorial por parte del programa municipal. Esto significa que si un programa local, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene disposiciones que se han de ejecutar dentro del territorio del área natural protegida, entonces, dicho programa debe contar con la participación y venia del Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat. En otras palabras, el artículo 20 Bis 5, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente impide que un Municipio emita disposiciones para el territorio de las áreas naturales protegidas a cargo de la Federación sin que esta última participe en su discusión y aprobación.
35. De acuerdo con este primer entendimiento, el programa impugnado no incluye a las áreas naturales protegidas federales.(26) El territorio del Municipio demandado colinda con o puede impactar tres áreas naturales protegidas a cargo de la Federación: 1) La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, 2) El Área de Protección de Flora y Fauna de Uaymil; y, 3) La Reserva de la Biósfera Arrecifes de Sian Ka’an.(27) Sin embargo, dicho programa, de forma expresa, establece que su ámbito de aplicación viene definido por las coordenadas y puntos geográficos del artículo 128 de la Constitución del Estado de Quintana Roo y explícitamente establece que no es aplicable en el territorio sobre el que el Municipio demandado tiene jurisdicción exclusiva, lo que debe interpretarse como una exclusión de las áreas naturales protegidas.(28) Por tanto, es claro que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto no incluye a estas áreas dentro de los alcances de su programa de ordenamiento ecológico.(29)
36. Segunda interpretación. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que puede existir una segunda interpretación del artículo 20 Bis 5, fracción V, de la LGEEPA. En efecto, el verbo "incluir" puede interpretarse como una posibilidad de afectación. Así, no basta que un programa municipal sea cuidadoso de no expedir disposiciones que se ejecutarán en el territorio de un área natural protegida. En cambio, si los programas, acciones, lineamientos y normas del programa municipal pueden afectar los ecosistemas de las áreas naturales protegidas, entonces el Gobierno Federal, a través de la Semarnat, debe participar en la discusión y aprobación del programa impugnado. A continuación, se desarrollan los razonamientos que llevan a tal conclusión.
37. La exposición de motivos y proceso legislativo que derivó en la publicación del artículo 20 bis 5, fracción V, de la ley en comento, el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, no aporta mayores elementos para dilucidar el alcance de esta facultad.(30) Sin embargo, otra reforma a la misma ley –de doce de febrero de dos mil siete– introdujo una atribución para la Federación similar a la discutida, pero para el caso de programas de ordenamientos regionales, expedidos por las entidades federativas. Esta última reforma estableció algunas coordenadas interpretativas para este tipo de prerrogativas federales:
"... si el ordenamiento ecológico del territorio requiere de un diagnóstico para tomar medidas relativas al manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y las áreas naturales protegidas buscan la preservación y conservación de los recursos naturales, su aplicación se vincula de manera directa; aun y cuando las disposiciones legales vigentes no facilitan su adecuada aplicación.
"Cabe señalar que su relación directa atiende a que el ordenamiento ecológico del territorio, a través de un diagnóstico de las condiciones del recurso ofrece espacios para planear y regular los usos del suelo y el aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales, y las áreas naturales protegidas buscan conservar en el mejor estado posible los recursos naturales en ellas ubicados, basándose en una delimitación de los usos y actividades prohibidos y permitidos.
"Dicha delimitación deberá partir entonces de un proceso de planeación integrado; que permita la inclusión en el ordenamiento ecológico del territorio de las disposiciones específicas contenidas en los decretos de creación de las áreas naturales protegidas.
"Por lo anterior, resulta necesaria la vinculación de estos dos instrumentos de política ambiental, a efecto de que se lleve a cabo una planeación estratégica de las actividades que se realizan dentro de nuestras áreas naturales protegidas y en todo el territorio nacional.
"Es por esto, que uno de los objetivos de esta Iniciativa busca dar respuesta a esta necesidad de armonización entre éstos [así] instrumentos de política ambiental, consistente en hacer congruentes los objetivos del establecimiento de las áreas naturales protegidas y los criterios contenidos en sus respectivos programas de trabajo; con los lineamientos y previsiones que contenga el ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes niveles: general, regional, local y marino.
"Para lograr lo anterior, se propone la inclusión de un nuevo criterio que deberá seguirse para la formulación del ordenamiento ecológico del territorio consistente en la toma en consideración del programa de manejo del área natural protegida de que se trate.
"Otra de las reformas legales propuestas, consecuencia de la anterior, es la relativa a la sujeción del ordenamiento ecológico del territorio en su modalidad regional, a los fines de conservación previstos en las declaratorias de las áreas naturales protegidas, en caso de que aquél comprenda una o varias, ya sea parcial o totalmente.
"Al respecto, cabe señalar que la legislación vigente ya prevé una disposición similar para el ordenamiento ecológico del territorio en su modalidad local, concretamente en el artículo 20 Bis, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; lo cual, nos motiva a adecuar la modalidad regional en el mismo sentido con la reforma propuesta."(31)
38. Por su parte, de otras etapas del proceso legislativo que derivó en la reforma de doce de febrero de dos mil siete a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es posible derivar elementos adicionales para discernir el alcance del artículo 20 Bis 5, fracción V, de esa misma ley. En efecto, el dictamen de la Cámara de Origen explicó que debía haber una coherencia entre el ordenamiento ecológico del territorio –nacional, regional y local– y las áreas naturales protegidas:
"... el ordenamiento ecológico del territorio, en cualquiera de sus modalidades, y el establecimiento de áreas naturales protegidas tienen que ser congruentes el uno con el otro. Lo anterior, atendiendo a la naturaleza de ambos instrumentos, toda vez que los dos conllevan la planificación territorial de actividades.
"Precisamente, por lo antes expuesto, el artículo 20 Bis 5 de la ley en comento establece que, cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área protegida de competencia de la Federación, o parte de ella, dicho programa deberá ser elaborado y aprobado de manera conju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31952-da1f3c6f/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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