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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 21 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ CUANDO NO SE PLANTEA UNA VIOLACIÓN A LAS ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADAS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL, NI A DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTAS (PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE COZUMEL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). V. PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE COZUMEL. LOS CRITERIOS IMPUGNADOS QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES O CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN DUNAS COSTERAS INVADEN LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA FEDERACIÓN EN TANTO QUE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES EN ECOSISTEMAS COSTEROS SON MATERIA DE LAS AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN X, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (INVALIDEZ DE LOS CRITERIOS 2 Y 20 DEL SUBAPARTADO DENOMINADO "BIODIVERSIDAD" DEL CAPÍTULO V, SECCIÓN 5.3, APARTADO 5.3.5, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE COZUMEL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE COZUMEL. LAS DISPOSICIONES QUE RECONOCEN LA FACULTAD DE LA FEDERACIÓN PARA AUTORIZAR O CONCESIONAR LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES DERIVADOS DE OBRAS, EXCAVACIONES O RELLENOS SOBRE LA VEGETACIÓN NATIVA, EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y EN LAS ÁREAS MARINAS, ASÍ COMO LA EXTRACCIÓN DE ARENA DE LAS PLAYAS O LA ZONA FEDERAL ADYACENTE CON VALIDACIÓN DE GIRO ANTE EL AYUNTAMIENTO NO IMPLICAN UNA INVASIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN TANTO QUE NO CONFIEREN UNA ATRIBUCIÓN EN FAVOR DEL MUNICIPIO (DISPOSICIONES 2 Y 3 DEL SUBAPARTADO DENOMINADO "BIODIVERSIDAD" DEL CAPÍTULO V, SECCIÓN 5.3, APARTADO 5.3.5, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE COZUMEL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE COZUMEL. LOS CRITERIOS QUE PROHÍBEN EL USO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN LA ZONA DE PLAYA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE CERCAS O MUROS POR PARTICULARES EN PLAYA O ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE INCIDEN EN UN BIEN COMÚN DE JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 27 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y 7 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES (INVALIDEZ DE LOS CRITERIOS 19 Y 22 DEL SUBAPARTADO DENOMINADO "BIODIVERSIDAD" DEL CAPÍTULO V, SECCIÓN 5.3, APARTADO 5.3.5, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE COZUMEL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE COZUMEL. LOS CRITERIOS IMPUGNADOS QUE REGULAN LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE PLANTAS DESALINIZADORAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS VULNERAN LAS FACULTADES DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO QUE CONDICIONAN LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LA PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EN LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTIVA (INVALIDEZ DEL CRITERIO 2 DEL SUBAPARTADO DENOMINADO "AGUA" DEL CAPÍTULO V, SECCIÓN 5.3, APARTADO 5.3.5, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO DE COZUMEL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECER LA CONCURRENCIA EN LA MATERI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 178/2021. · Registro digital (IUS): 31538
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-16
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, Pág.4639.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 178/2021. PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA. 18 DE ENERO DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Cozumel.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 178/2021, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica, contra el Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica del Ejecutivo Federal, promovió una controversia constitucional en contra del Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, por la emisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del Municipio de Cozumel (en adelante "PMOTEDU" o "acuerdo reclamado"), publicado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. Primero. Falta de participación de la Federación en la elaboración del PMOTEDU y falta de competencia del Municipio para regular el uso de las playas y sus dunas costeras. El PMOTEDU invade la competencia federal, pues pretende regular el uso de las playas y sus dunas costeras, permitiendo la instalación de determinada infraestructura.

b. Segundo. El PMOTEDU regula aspectos relativos a las aguas nacionales y bienes públicos inherentes. El PMOTEDU invade la competencia federal, al pretender regular o condicionar la emisión de autorizaciones de plantas desalinizadoras, así como la construcción de pozos de extracción de aguas y al regular cuerpos de agua denominados cenotes.

c. Tercero. El PMOTEDU introduce regulación sobre materias que son competencia de la Federación. El programa reclamado introduce regulación en materia de hidrocarburos, mangles y residuos peligrosos. Lo anterior contraviene los artículos 4o., párrafo quinto, 115 y 124 de la Constitución Federal; 95 de la Ley de Hidrocarburos; 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre; la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003; 5, fracciones XII, XIX y XX, 6, 7, fracciones II, VI, VII y X, 8, 10, fracciones VIII y IX, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 y la Convención sobre los Humedales.

I. En materia de hidrocarburos, el Municipio de Cozumel establece criterios para los generadores de electricidad a base de hidrocarburos. Esto es, está regulando en materias de industria de hidrocarburos que son exclusivas de la Federación.

II. En materia de humedales, el acuerdo impugnado regula obras arquitectónicas, de urbanización e infraestructura y actividades productivas de cualquier índole, aledañas, colindantes o paralelas al flujo de humedal en humedales, lo que constituye una invasión a la competencia de la Federación.

III. En materia de residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los Municipios cuentan con la facultad de participar en el control de los residuos o manejados por microgeneradores, así como coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación. Sin embargo, no cuentan con facultades para regular y controlar los residuos peligrosos provenientes de pequeños generadores, grandes generadores o microgeneradores.

d. Cuarto. El PMOTEDU regula diversas cuestiones en materia de impacto ambiental que corresponden a la Federación. El acuerdo impugnado prevé la autorización de nuevos caminos, remoción de vegetación, obras, edificaciones, actividades comerciales y servicios, o cualquier acción que altere los procesos dinámicos de dunas costeras, lo cual va más allá de su ámbito competencial, en términos del artículo 5o., apartado Q), del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Además, se pretenden regular actividades u obras para realizar en humedales, lagunas costeras, dolinas, cavernas o cenotes, que también van más allá del ámbito competencial del Municipio, en términos del artículo 5o., apartado R), del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Por su parte, el artículo 32 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluya obras o activades de las señaladas en el artículo 28 de la ley en mención, los Municipios deberán presentar dichos planes o programas a la Semarnat, con el propósito de que emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda, lo que denota la sujeción de la competencia local a la de la Federación.

Por otro lado, el Municipio demandado establece que, tratándose de actividades acuícolas, éstas deberán contar con un programa de manejo que especifique la zonificación, la infraestructura requerida, monitoreo e informes preventivos, lo cual escapa de su competencia, de conformidad con el artículo 5o., apartado U), del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

e. Quinto. El PMOTEDU invade la competencia federal en materia de vida silvestre. El Municipio demandado pretende regular temas inherentes a la caza, la liberación de especies invasoras o exóticas y la instalación de UMAS, lo cual es competencia federal, en términos de los artículos 79, 80, fracción I, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 9, 27, 27 Bis, 27 Bis 2 y 28 de la Ley General de Vida Silvestre y; 50, 51, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 117, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

f. Sexto. Falta congruencia con el programa anterior. El programa impugnado contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Modalidad Local del Municipio de Cozumel vigente.

3. Suspensión. En el escrito de demanda, el Ejecutivo Federal solicitó la suspensión del acuerdo reclamado.

4. Radicación y turno. El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente controversia constitucional con el número 178/2021. Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera en el procedimiento.

5. Admisión. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda. A su vez, ordenó emplazar al Municipio de Cozumel para que presente su contestación a la demanda y exhibiera las copias certificadas de las documentales relacionadas con el acuerdo reclamado. Por otro lado, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifieste lo que a su representación corresponda. También, el Ministro instructor concedió la suspensión solicitada para el efecto de que el Municipio de Cozumel se abstuviera de expedir o autorizar cualquier acto relativo a la asignación de destinos y usos de suelo con motivo de la aplicación del PMOTEDU.

6. Contestación de la demanda por parte del Municipio de Cozumel. Por escrito recibido el veintiocho de enero de dos mil veintidós, Bruno Esteban Díaz Solís, en su carácter de síndico municipal del Municipio de Cozumel, presentó el escrito de contestación a la demanda. En esencia, hizo valer los siguientes argumentos:

a. Las normas cuya invalidez se demanda no invaden la competencia de la Federación, ya que se ciñen al cumplimiento de lo que establecen los artículos 20 Bis 4 y 20 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 14 y 20 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; 54 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.

b. La Federación sostiene que el apartado 5.3 denominado "Modelo de ordenamiento ecológico, patrimonio natural y paisaje", subapartado 5.3.5 denominado "Criterios normativos generales. Biodiversidad" invade su esfera competencial. Lo anterior resulta incorrecto, ya que dicho apartado debe ser interpretado de manera sistemática con el apartado 2.3 denominado "Marco teórico" y el apartado 5.3.5.

De dicha interpretación se advierte que los criterios normativos se aplicarán en la zona insular con excepción de las áreas decretadas con alguna protección ambiental y, además, se precisa que prevalece la competencia federal sobre la estatal y la municipal.

Tampoco se pretende regular el uso de dunas costeras de jurisdicción federal, pues únicamente se están normando las dunas costeras que no pertenecen a la zona federal marítima.

c. La Federación considera que se invade su competencia, ya que el acuerdo impugnado pretende regular o condicionar la emisión de autorizaciones de plantas desalinizadoras y la construcción de pozos de extracción de aguas. Sin embargo, pierde de vista que la autorización de plantas desalinizadoras y la construcción de pozos de extracción de aguas está condicionada a la presentación de evidencias científicas en la manifestación de impacto ambiental, por lo que se establece como presupuesto contar con las autorizaciones federales correspondientes.

d. Por otro lado, se hace una inexacta interpretación del subapartado 5.3.5 denominado "Criterios normativos generales. Biodiversidad", ya que en términos del artículo 17 de la Ley de Aguas Nacionales establece que para la extracción de aguas que tengan como fin la desalinización se requiere una concesión. Sin embargo, en los criterios impugnados no se pretende regular la extracción de aguas con fines de desalinización, sino que únicamente se menciona que la entidad que pretenda constituirse como desalinizadora se le podrá autorizar operar previa autorización de la Federación. De lo anterior, resulta evidente la confusión en la que incurre la actora al entender como sinónimos la figura de la planta desalinizadora con la acción de extraer aguas con fines de desalinización, siendo que se trata de temas distintos, ya que para extraer aguas con fines de desalinización se necesita una concesión, pero para realizar el proceso se necesita una planta la cual requiere de distintos tipos de autorizaciones emitidas por diferentes órganos de gobierno.

e. Por lo que hace a los pozos de extracción, el artículo 3o., fracción IV, de la Ley de Aguas Nacionales establece que cualquier persona puede realizar cualquier tipo de obra para el alumbramiento de aguas. Dicha cuestión implica que para este tipo de pozos no se requiere ningún tipo de concesión, por lo que no existe ninguna afectación a la competencia federal

f. Por lo que hace al argumento de la Federación en el que sostiene que las fracciones 1, 4, 5, 6, y 7 del apartado denominado "Humedal, laguna costera, dolina, caverna o cenote" están regulando los cenotes y cuerpos de agua, se discrepa con la postura desarrollada, debido a que de la simple lectura de dichas fracciones se advierte que la finalidad de las mismas no es de ninguna manera regular los cenotes, sino establecer lineamientos que ayuden a una mejor preservación del ecosistema a efecto de garantizar y proteger el derecho de los habitantes de Cozumel a un medio ambiente sano.

g. El acuerdo impugnado no regula cuestiones relacionadas con las facultades conferidas a la Federación en materia de hidrocarburos, ya que la hipótesis reclamada se encarga de regular los espacios físicos en los que se encuentran los generadores de electricidad a base de hidrocarburos. Es decir, los inmuebles donde se encuentran asentados, para efecto de que cumplan con las condiciones de protección civil indispensables para salvaguardar la seguridad.

h. La Federación interpreta de manera incorrecta la fracción 1, del subapartado que se denominada "Humedal, laguna costera, dolina, caverna o cenote", en virtud de que la intención de dicha fracción es recalcar que cualquier persona que pretenda realizar alguna actividad u obra que afecte o repercuta en el ecosistema señalado, deberá contar con una manifestación de impacto ambiental emitida por la autoridad federal, por lo que no existe intromisión a la competencia de la Federación.

i. La Federación interpreta de manera incorrecta la fracción 1, del subapartado que se denominada "Residuos", pues es evidente que establece que los residuos químicos que sean producidos por cualquier tipo de empresa deberán ser depositados en instalaciones o contenedores adecuados, lo cual es acorde a lo previsto en la Ley Estatal en Materia de Prevención y Gestión de Residuos, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Además, de estimarse que se trata de materia de residuos peligrosos, los Municipios cuentan con la facultad de participar en el control de residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, por lo que no existe intromisión a la competencia federal.

j. El acuerdo impugnado, en el capítulo V denominado "Modelo y normatividad territorial", de ninguna manera regula cuestiones en materia de impacto ambiental que le corresponden a la Federación, ya que en ningún momento se norma la construcción o instalación de infraestructura en dunas costeras, sino que únicamente se hace referencia a que previo a la intervención del Municipio se necesitará de las autorizaciones federales respectivas.

k. En lo que respecta a la aseveración de que los numerales 1, 4, 5, 7, 9, 10 y 14 del apartado 5.3.5 denominado "Criterios normativos generales", vulneran competencia federal, se deja en estado de indefensión al Municipio demandado, debido a que no se precisa a qué tema se refiere. Sin embargo, resulta preciso señalar que los numerales citados en todo momento reconocen que la Federación es la autoridad administrativa facultada para autorizar obras y actividades en humedales.

l. En materia de actividades acuícolas resulta equivocada la percepción de que el Municipio demandado vulnera lo dispuesto en el artículo 5o., apartado U), del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que de ninguna manera se pretende regular o establecer condicionantes para la realización de dichas actividades, pues el mismo acuerdo impugnado reconoce que se trata de competencia exclusiva de la Federación.

m. Contrario a lo sostenido por la Federación, los puntos 5, 6, 11 y 14 del apartado denominado "Biodiversidad de los criterios normativos", en ningún momento pretenden regular temas inherentes a la caza, la liberación de especies invasoras o exóticas, y la instalación de UMAS, ya que en los mismos únicamente se refuerza la obligación que tiene cualquier persona de contar con la autorización de la autoridad federal competente para el desarrollo de las actividades referidas.

n. Contrario a lo sostenido por la Federación, el criterio identificado como 6, del apartado denominado de "Biodiversidad", de ninguna manera vulnera lo establecido en los artículos 27, 27 Bis, 27 Bis 2 y 28 de la Ley General de Vida Silvestre en temas relativos al manejo de especies invasoras o exóticas. Lo anterior, porque dichos preceptos únicamente refieren que la Federación determinará las normas oficiales mexicanas y/o los acuerdos secretariales que contengan las listas de especies exóticas y las medidas de prevención contra la entrada de éstas. Sin embargo, no existe ninguna prohibición en lo que respecta a la organización interna del país, por lo que no se invade competencia federal alguna.

o. Por lo que refiere al criterio 11, en donde se afirma que la forma en la que se encuentra redactado deja al arbitrio del Municipio demandado la autorización o permiso para la propagación de los pies de cría, es pertinente señalar que no es así, ya que de la redacción de éste se desprende que la autorización se otorgará a todos los que cuenten con la autorización de la Semarnat.

p. Sobre el criterio 14 es importante señalar que no transgrede la competencia de la Federación, debido a que únicamente regula el aprovechamiento y extracción de los elementos naturales susceptibles de apropiación, precisando que se debe contar con la autorización emitida por la autoridad federal. Además, los requisitos previstos en dicho criterio se encuentran previstos en la Ley General de Vida Silvestre.

q. El programa impugnado tomó en consideración y respetó lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Modalidad Local del Municipio de Cozumel vigente, por lo que el argumento de la Federación resulta incorrecto.

7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en la presente controversia constitucional a pesar de estar debidamente notificada.

8. Audiencia constitucional. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia constitucional prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) (ley reglamentaria). Las partes desahogaron las pruebas ofrecidas y ofrecieron sus alegatos.

9. Cierre de la instrucción. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se acordó cerrar el periodo de instrucción con el fin de que el Ministro instructor elabore el proyecto de resolución correspondiente.

10. Acuerdo de radicación. Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto quedó radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

I. COMPETENCIA

11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I(2) y 11, fracción VIII,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I,(4) a contrario sensu, y punto tercero(5) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de una controversia constitucional en la que se impugna un acto en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO

13. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria(6) se precisa el acto objeto de la presente controversia.

14. El Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en contra del acuerdo mediante el cual se aprueba el PMOTEDU. Por tanto, la materia de impugnación se constriñe al instrumento referido, cuya emisión se atribuye al Municipio de Cozumel.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria, la existencia del acuerdo reclamado se hace constar con la copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, publicado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. OPORTUNIDAD

18. El programa municipal impugnado fue publicado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Conforme al artículo 21 de la ley reglamentaria,(7) la presentación de la demanda, el día ocho de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizó dentro de los treinta días que la misma ley fija.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

20. De acuerdo con el artículo 11, último párrafo, de la ley reglamentaria,(8) la persona titular del Poder Ejecutivo Federal podrá ser representada por la persona consejera jurídica del Gobierno Federal. En representación del Poder Ejecutivo Federal compareció María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica del Gobierno Federal. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada del acuerdo presidencial que avaló su nombramiento. Por tanto, la controversia constitucional fue presentada por parte legítima.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

22. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria,(9) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, estén facultadas para representarla. En ese sentido, se reconoció el carácter de parte demandada al Municipio de Cozumel, al atribuirle la emisión del acuerdo impugnado. En su representación compareció Bruno Esteban Díaz Solís, en su carácter de síndico municipal. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la sindicatura de trece de junio de dos mil veintiuno y el acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel para el periodo 2021-2024 de treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

23. En términos de los artículos 92, fracción V, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,(10) y 21 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento del Municipio de Cozumel,(11) Quintana Roo, la persona síndica municipal está facultada para representar a dicha entidad en la presente controversia constitucional.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. Las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Esta Segunda Sala, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

27. Consideraciones previas. Este apartado sólo estudiará los conceptos de invalidez que argumentan una vulneración de las competencias constitucionales originarias del Ejecutivo Federal y a derechos humanos íntimamente relacionados con ellas. En términos de los precedentes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son éstas las únicas violaciones constitucionales susceptibles de análisis en este tipo de procedimientos.

28. Por estas razones, esta Segunda Sala no estudiará: 1) las violaciones alegadas al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental; 2) las posibles vulneraciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 en materia de humedales costeros y zonas de manglar, y 3) el argumento de que el programa impugnado contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Modalidad Local del Municipio de Cozumel vigente. Estos conceptos de invalidez no serán estudiados en términos del artículo 105, fracción I, de la Carta Magna por no representar, por un lado, una vulneración a competencias propias de la Federación ni, por el otro, a atribuciones originarias de rango constitucional.

29. Por razón de método, los conceptos de invalidez se analizarán en este apartado en ocho secciones. Una primera sección estudia el razonamiento que alega la invalidez de todo el programa impugnado, debido a que la Semarnat debió haber participado, por estar el programa impugnado regulando las dunas costeras, que –se alega– incluyen la zona federal marítimo terrestre y de playa. En segundo lugar, esta Segunda Sala estudiará el argumento de la actora en el sentido de que el programa impugnado invade sus facultades en materia de aguas nacionales, al regular las plantas desalinizadoras, las aguas del subsuelo y los cenotes. En tercer lugar, se estudiará la posible invalidez de algunas disposiciones del programa impugnado por invadir facultades federales en materia de hidrocarburos. En cuarto lugar, este estudio analizará la posible violación de atribuciones de la Federación en materia de regulación de humedales. En quinto lugar, se estudiará la posible vulneración a facultades del Ejecutivo Federal en materia de gestión de residuos. En sexto lugar, este apartado analizará el argumento del Poder actor en el sentido de que el contenido del programa impugnado invade sus facultades en materia de caza. En séptimo lugar, se analizarán las posibles violaciones a las facultades federales para regular especies invasoras o exóticas. En octavo lugar, se estudiarán las posibles vulneraciones del programa impugnado a las competencias federales en materia de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.

30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán.

VIII.1. Falta de participación del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la discusión y aprobación del programa impugnado.

31. El Ejecutivo Federal plantea que la participación de la Semarnat era necesaria pues el programa regula las dunas costeras y, por tanto, invade sus facultades en un bien nacional de uso común, es decir, la zona de playa y la zona federal marítimo terrestre.(12) Esta Segunda Sala sólo estudiará el argumento desde el punto de vista de la cuestión efectivamente planteada.(13) Así, el concepto de invalidez primero se desdobla en dos argumentos. En un primer razonamiento, el Ejecutivo Federal establece que el programa impugnado invade las facultades federales porque regula las playas y la zona federal marítimo terrestre al establecer disposiciones relativas a las dunas costeras. Un segundo argumento establece que el Municipio de Cozumel invadió indebidamente las facultades federales al establecer criterios aplicables a las playas y la zona federal marítimo terrestre en general.

32. Dos criterios impugnados establecen lo siguiente:(14)

"5.3. Modelo de ordenamiento ecológico, patrimonio natural y paisaje ..."

"5.3.5. Criterios normativos generales.

"...

"Biodiversidad

"...

"2. La autorización de nuevos caminos, remoción de vegetación, obras, edificaciones, actividades comerciales y servicios, o cualquier acción que altere los procesos dinámicos de las dunas costeras. No se permitirá la construcción o instalación de infraestructura sobre las dunas, salvo andadores elevados no permanentes, cuyo ancho máximo será de 2.5 metros, y sus accesos a la playa deberán realizarse con un trazo que atraviese la franja de vegetación costera en forma diagonal, con la finalidad de evitar la erosión de la duna; así como un monitoreo y seguimiento durante 5 a 10 años en un área de influencia tierra adentro de 1 kilometro y hasta el límite del nivel del mar.

"...

"20. No se permite la autorización de nuevos caminos, remoción de vegetación, obras, edificaciones, actividades comerciales o servicios y cualquier acción temporal o permanente que altere los procesos dinámicos de las playas y/o línea costera, humedales y áreas con alto valor ambiental no sin antes contar con la presentación de evidencias científicas en la manifestación de impacto ambiental que demuestren que no tendrán impactos significativos sobre los procesos dinámicos de las playas y/o línea costera; así como un monitoreo y seguimiento durante 5 a 10 años en un área de influencia tierra adentro de 1 kilómetro y hasta el límite del nivel del mar."

33. En términos del artículo 27 de la Constitución Federal, la Ley General de Bienes Nacionales establece que tanto las playas como las zonas federales marítimo terrestres son bienes comunes de uso exclusivo de la Federación.(15) Esta Suprema Corte ha concluido que los programas municipales no pueden establecer disposiciones en las zonas exclusivas de la Federación.(16) Sin embargo, como lo señala el Municipio demandado en la contestación, las dunas costeras exceden

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31538-4c6b5c4d/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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