MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EN EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PARA SU PRESENTACIÓN, DEBE TOMARSE EN CUENTA EL HUSO HORARIO DEL LUGAR EN EL QUE SE INTERPUSIERON, CUANDO LA HORA GENERADA EN LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA IMPIDA AL RECURRENTE GOZAR DE LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA DE SU VENCIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 232/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 18 DE ENERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE AL CONSIDERAR QUE DEBÍAN INCLUIRSE LINEAMIENTOS PARA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORROBORE EL LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO, PERO COMPARTE LAS CONSIDERACIONES DE LA TESIS. PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja en materia administrativa 86/2022, el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2019 y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 10/2020.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar cuál es el huso horario que debe tomarse cuenta para el cómputo inicial del plazo para la interposición de los recursos previstos en el juicio de amparo, si la promoción respectiva es enviada mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 297/2022-B emitido por el Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, recibido por conducto del MINTERSCJN y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de agosto de dos mil veintidós,(1) denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Pleno del Tribunal Colegiado de su adscripción, al resolver el recurso de queja en materia administrativa 86/2022, y los emitidos por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2019 (asunto del que derivó la tesis PC.XVII. J/23 K [10a.]) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 10/2020 (asunto del que emanó la tesis V.1o.P.A.5 K [10a.]).
2. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós,(2) admitió a trámite la denuncia de la contradicción de criterios. Asimismo, solicitó a las presidencias del Pleno del Décimo Séptimo Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, remitieran únicamente la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas digitales de los Magistrados integrantes del órgano jurisdiccional de referencia, relativas a la contradicción de tesis 1/2019 y del recurso de reclamación 10/2020 de su índice, respectivamente, así como del proveído en el que informen si el criterio sustentado en el asunto se encuentra vigente.
3. Asimismo, se estimó que en virtud de que el problema jurídico materia del aparente punto de contradicción derivado de la denuncia a que el expediente se refiere, se encuentra estrechamente relacionado con la diversa contradicción de criterios 117/2018, asunto en el que se consideró que por la materia (común), la competencia para conocer del mismo corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Finalmente, en el acuerdo antes mencionado, ordenó la remisión de los autos para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elaboración del proyecto de resolución.
5. Informes de vigencia de criterios en contradicción. Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido la copia certificada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 1/2019, remitida por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, en el que informó sobre la vigencia del criterio sustentado en dicho asunto, y por otra parte, se acordó que al no recibirse en este Alto Tribunal la información solicitada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, se requirió nuevamente por conducto del MINTERSCJN a la presidencia de dicho Tribunal Colegiado para que remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria relativa al recurso de reclamación 10/2020 de su índice.
6. Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se agregaron las constancias consistentes en la versión digitalizada del oficio 8588/2022, en el que se insertó el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, informando sobre la vigencia del criterio sostenido en el recurso de reclamación 10/2020 de su índice, lo anterior, en cumplimiento al proveído presidencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, y dado que las constancias requeridas a los demás Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se agregaron al expediente mediante proveído presidencial de treinta de agosto de dos mil veintidós, se concluyó que el asunto se encuentra debidamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de criterios. En consecuencia, se envió el asunto a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
7. Radicación del asunto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diez de noviembre de dos mil veintidós,(3) la Ministra Norma Lucía Piña Hernández emitió un dictamen en el que solicitó se remitiera el presente asunto a la Sala de su adscripción, debido a que consideró que el asunto no se ubica en el supuesto previsto en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece.
8. En proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el envío del presente expediente a la Primera Sala para su radicación.
9. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la entonces Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibidos los autos de la contradicción de criterios, determinó el avocamiento en Sala y envió los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
10. Mediante oficio SGA/MFEN/2/2023, suscrito por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal, se informó que en sesión pública solemne del Tribunal Pleno que tuvo verificativo el dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra ponente del presente asunto fue designada presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante proveído de cuatro de enero del año en curso, se returnó este asunto a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a efecto de la elaboración del proyecto de resolución que corresponda.
I. COMPETENCIA
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como los artículos 226, fracción II, 227, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.(4) No se advierte que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el que se resolvió uno de los criterios contendientes, esto es, el recurso de queja en materia administrativa 86/2022.
III. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
14. La metodología para abordar el análisis sobre la existencia de la contradicción de criterios entre tribunales (el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el Pleno del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito) debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales.
15. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales. De ahí que para determinar si existe o no una contradicción de criterios debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad.(5)
16. Por ello, en las contradicciones de criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
17. En esa guisa, para determinar la existencia de una contradicción de criterios es preciso que se cumplan con los siguientes requisitos:(6)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
18. Además, la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no constituyan jurisprudencia, no es obstáculo para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de criterios de que se trata pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios distintos al resolver sobre un mismo punto de derecho.(7)
19. Tampoco es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(8)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
20. A continuación, se realizará una síntesis de las principales consideraciones sostenidas por los tribunales contendientes.
A. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja en materia administrativa 86/2022.
Antecedente. ********** ********** ********** **********, por derecho propio, interpuso recurso de queja contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto **/****, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, mediante el cual se desecharon las pruebas que ofreció por estimarse que ello ocurrió de manera extemporánea.
Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito decidió desechar por extemporáneo el recurso de queja, por haber estimado que su interposición fue con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo.
• Advirtió que, por regla general, el plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días y, excepcionalmente, en cualquier tiempo, cuando se impugne la omisión de tramitar la demanda de amparo directo.
• Mencionó que, acorde con el numeral 22 del mismo ordenamiento, los plazos se cuentan por días hábiles y comienzan a transcurrir a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, debiéndose incluir en el plazo el día del vencimiento, inclusive, para la realizada en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica.
• Adujo que cuando la parte quejosa o tercera interesada no ingresa al expediente electrónico a consultar la determinación emitida en el juicio de amparo, dentro del plazo máximo de dos días hábiles que marca el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se genera la constancia respectiva, la notificación electrónica se tiene por hecha y surte efectos en ese momento.
• Derivado lo anterior, precisó que el recurso de queja fue presentado hasta el dieciocho de febrero de dos mil veintidós y, por tanto, que era indudable que su interposición resultaba extemporánea, al haberse realizado con posterioridad al vencimiento del plazo de cinco días establecido en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
• Lo que sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."
• Con base en lo anterior, determinó la extemporaneidad del recurso, y advirtió que la hora que aparecía en el acuse con evidencia criptográfica generado por su presentación con la firma electrónica del impugnante correspondía a la de Ciudad de México, cuyo huso horario era diferente al de la entidad de residencia del Tribunal Colegiado, por un margen de adelanto de dos horas, y que ninguna de las disposiciones de la Ley de Amparo ni los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal que regulan lo inherente a la tramitación electrónica, facultaba a los órganos jurisdiccionales para modificar, de manera discrecional y oficiosa, la fecha y hora de tal constancia.
• En una nueva reflexión del anterior aspecto, se apartó de las consideraciones que había expuesto al resolver el recurso de queja 153/2021, en que había compartido el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, establecido en la tesis aislada V.1o.P.A.5 K (10a.), de rubro: "RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LOS INTERPUESTOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE TOMARSE EN CUENTA EL HUSO HORARIO DEL LUGAR EN DONDE SE PRESENTARON."
• Al igual que había compartido el criterio del Pleno del Décimo Séptimo Circuito en la jurisprudencia PC.XVII. J/23 K (10a.), cuyo título es: "RECURSOS PRESENTADOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA RESPETAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA, LA HORA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA REALIZAR EL CÓMPUTO, CORRESPONDE AL HUSO HORARIO DEL LUGAR EN QUE SE PRESENTÓ, DE MANERA QUE SI SE REGISTRÓ CON UNO DISTINTO, DEBE EFECTUARSE LA CONVERSIÓN PROCEDENTE."
• Precisó que el principio constitucional de seguridad jurídica consiste en que la ley debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, con la finalidad de que la autoridad no incurra en arbitrariedades, estableciendo de manera clara las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.
• Declaró que la justicia no puede seccionarse, de modo que resulta fundamental que funcione por igual en todos los asuntos.
• Por lo anterior, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la justicia en relación con el de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, desde el concepto de e-Justicia, estimó impostergable y, normativamente viable, que el acceso a los servicios en línea que ya se prestan para la materia de amparo y para el sistema penal acusatorio-adversarial, se extendieran a todos los procedimientos jurisdiccionales que conoce el Poder Judicial de la Federación, bajo una plataforma homologada por el Consejo de la Judicatura Federal.
• De esta forma, el Acuerdo General 12/2020, representaba un nuevo conjunto normativo que instrumenta el uso de la tecnología para la impartición de Justicia Federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
• Analizó las políticas para la aplicación de la certificación de las firmas digitales y las características técnicas e informáticas de los certificados correspondientes, cuya emisión se dispuso en el artículo 9 del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2013.
• Mencionó que dichas políticas forman parte de la normativa que aparece publicada en el sistema electrónico para la obtención de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) https://www.firel.pjf.gob.mx/, cuyos términos y condiciones debe aceptar el solicitante para poder tramitarla.
• Adujo que el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas y en cumplimiento a lo dispuesto por el legislador en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, expidió la normatividad que regula el uso de la tecnología para la impartición de la Justicia Federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de todos los procedimientos jurisdiccionales que conoce el Poder Judicial de la Federación, bajo una plataforma homologada por el Consejo de la Judicatura Federal, que funciona todos los días del año, las veinticuatro horas del día, conforme al tiempo del centro del país de la hora oficial proporcionada por el Centro Nacional de Metrología, que es el aplicable para la Ciudad de México, con el propósito de brindar mayor certeza a los justiciables sobre los mecanismos para acceder a un expediente electrónico y los efectos de ello, a fin de lograr una Justicia Federal más eficiente, cercana, sencilla y rápida, con independencia del tipo de asunto o materia, para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. • Evidenció que las partes procesales se someten voluntariamente a las condiciones jurídicas y técnicas bajo las cuales opera el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para el uso de la FIREL lo que, al parecer del Tribunal Colegiado, constituía un hecho notorio, en términos de lo previsto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en la "página web" o sitio oficial en Internet del Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a que alude el artículo 14 del citado Acuerdo General 12/2020, aparece en la esquina superior derecha una leyenda que dice: "Fecha y hora del centro del país" seguido de la fecha en formato día/mes/año y un reloj que marca la hora en tiempo real en horas, minutos y segundos.
• De ahí que –agregó– no fuera factible que las partes procesales usuarias de dicho Portal de Servicios en Línea pudieran sostener válidamente el desconocimiento de que tal plataforma integrante del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, opera y, por, ende, genera los acuses con evidencia criptográfica, derivados de la presentación de las promociones, demandas y recursos, al igual que las constancias electrónicas de notificación, con el huso horario del centro del país.
• Expresó que la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil quince, en su artículo 3o. establece que para efectos de su aplicación, se establecen dentro del territorio nacional cuatro zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan; asimismo, señala expresamente que la Zona Centro comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III, IV y V del mismo numeral.
• Que la Zona Centro comprende veinticinco entidades federativas de la república mexicana; mientras que la Zona Noroeste sólo el territorio de Baja California; y la Zona Pacífico, el del Estado de Sonora y otros cuatro, siendo estas dos últimas zonas horarias las que aplican en el Decimoquinto Circuito.
• Que tales circunstancias son del conocimiento común y, por ende, un hecho notorio para las personas residentes en las zonas horarias que conforman la minoría, quienes se encuentran habituadas a hacer la conversión de horas aplicable en relación con el horario del centro del país para las situaciones de la vida cotidiana que lo ameriten, que van, por mencionar un ejemplo, desde la programación televisiva (distinta de la local), hasta el uso de las plataformas digitales públicas y privadas.
• Sostuvo que el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal haya establecido el huso horario de la Zona Centro del país para la operatividad de la FIREL y el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, no constituía una medida desproporcional o carente de razonabilidad, ni implica restringir en modo alguno el derecho de acceso a la justicia de las partes en los procedimientos judiciales federales, ya que –como se dijo– éstas se someten de forma optativa y voluntaria a las reglas y condiciones jurídicas y técnicas bajo las cuales opera ese sistema.
• Precisó que la normatividad en análisis fue instrumentada con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a los justiciables al momento de acceder a la Justicia Federal mediante el uso de tecnología, para lo cual el Consejo de la Judicatura Federal decidió establecer un conjunto de disposiciones que fueran homologadas para todos los procedimientos de competencia de los órganos jurisdiccionales a su cargo, en atención a que "la justicia no puede seccionarse, de modo que resulta fundamental que funcione por igual en todos los asuntos".
• Agregó que, no sólo resultaría contrario a tal finalidad considerar una variabilidad en la hora de presentación de los recursos, es decir, que se permitiera computar los plazos legales conforme a la fecha y hora del lugar del país donde se ubique el justiciable o, incluso, al órgano jurisdiccional ante el cual se presente la demanda, promoción o recurso vía electrónica pues, con ello, se generaría incertidumbre jurídica ante el desfase nacional derivado de la multiplicidad de husos horarios.
• Sino que, ninguna de las disposiciones de la Ley de Amparo ni los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal que regulan lo inherente a la tramitación electrónica del juicio de amparo y sus respectivos medios de impugnación, faculta a los órganos jurisdiccionales para modificar, de manera discrecional y oficiosa, la fecha y hora correspondiente a la zona horaria del centro a la que pertenece la Ciudad de México, que aparece en el acuse con evidencia criptográfica generado por la presentación con la firma electrónica del promovente y es el medio legalmente establecido para contabilizar los plazos establecidos en dicha legislación.
• Aplicó al respecto, la tesis 2a. XXIII/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PROMOCIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTAS ES LA DE ENVÍO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."
• Además adujo que, tratándose de la notificación electrónica que se realiza en el momento en que la parte procesal ingresa al expediente electrónico a consultar la determinación judicial respectiva, en términos de lo previsto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo; los justiciables residentes del Estado de Baja California, que se rigen conforme a la zona horaria del noroeste, se ven beneficiados por la diferencia de una o dos horas –dependiendo de si está aplicando o no el horario estacional de verano– respecto del tiempo de la Ciudad de México que arroja el acuse electrónico.
• Ya que dicho usuario adquiere conocimiento completo de tal actuación, una o dos horas antes de aquella que aparece en el acuse, lo cual puede implicar que el plazo para interponer el recurso se amplíe materialmente por un día completo, en el caso de que ingrese al sistema electrónico a notificarse a las veintidós o a las veintitrés horas con un minuto del tiempo local, pues conforme al horario del centro ya serían las cero horas con un minuto del día siguiente.
• Además mencionó que los plazos para la presentación de la demanda y los recursos previstos en la citada ley transcurren por días hábiles y no de momento a momento, en tanto que la notificación electrónica surte efectos desde la fecha que aparece en dicho acuse; resulta incuestionable que la diferencia de horas para quienes se ubican en la zona horaria del Pacífico, no sólo conlleva una situación desfavorable –de facto, no jurídica– al momento de presentar las promociones de término, sino también un beneficio –igualmente de facto– al notificarse vía electrónica.
• En ese contexto, indicó que no hay necesidad de aplicar el principio pro persona para la interpretación de normas de derechos humanos, al no existir alguna restricción de esa naturaleza en la Ley de Amparo, ni en la normatividad administrativa que rige el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación.
• Mencionó que no inadvertía que el recurrente plasmó en la parte final de su escrito de agravios, sobre su nombre, la leyenda que dice: "Protesto lo necesario Tijuana, Baja California, 17 de febrero de 2022."
• Sin embargo, de las constancias remitidas con el informe de queja no se advertía la existencia de alguna promoción tendente a evidenciar que la presentación de ese recurso de queja fue hecha hasta el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, según aparecía en el acuse generado por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ni que se hubiese dado aviso de inmediato al Juzgado de Distrito respecto a la imposibilidad de enviar por esa vía electrónica el escrito en cuestión dentro de los plazos establecidos en la ley, a causa de alguna falla del sistema o por caso fortuito o fuerza mayor que involucrara la diferencia de dos horas menos entre el huso horario de la ciudad de Tijuana, en relación con el del centro del país, conforme al cual operaba dicho sistema electrónico; no obstante que es obligación de los usuarios informar las incidencias al órgano jurisdiccional a efecto de que se decrete la suspensión del plazo relativo y, en su caso, se descuente de éste el tiempo que haya durado la interrupción del sistema, pues así lo dispone expresamente el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo.
• En consecuencia, bajo las anteriores razones desechó, por extemporáneo, el recurso de queja.
B. Criterio del Pleno del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2019.
Antecedentes. Los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado al resolver el recurso de reclamación administrativo 7/2019, derivado del amparo en revisión administrativa 93/2019, y el diverso del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, al fallar el recurso de reclamación civil 16/2018.
• Al decidir sobre la existencia de la contradicción de tesis, precisó el Pleno de Circuito, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de reclamación administrativo 7/2019, determinó que no existía sustento legal para pretender que si el acto que se trat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31475-680086b9/medios-de-impugnacion-interpuestos-via-electronica-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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