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Modo: Corpus Pro

ELECCIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DOCUMENTO DENOMINADO "TRANSACCIÓN DE DOCUMENTO DE ELECCIÓN" ES INEFICAZ PARA DEMOSTRAR QUE SE OPTÓ POR EL BONO DE PENSIÓN EN CUENTA INDIVIDUAL.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 70/2022. · Registro digital (IUS): 31497
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-09
Promovente: SUBDIRECTORA DE LO CONTENCIOSO, TITULAR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES Y DEL TITULAR DE ASUNTOS PENSIONARIOS, AMBOS
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6457.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 70/2022. SUBDIRECTORA DE LO CONTENCIOSO, TITULAR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES Y DEL TITULAR DE ASUNTOS PENSIONARIOS, AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. SECRETARIO: RICARDO ORTEGA SERRANO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Análisis del fallo recurrido y respuesta a los agravios.

1. Consideraciones de la sentencia recurrida.

A través del considerando tercero de la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se procedió al estudio conjunto de los conceptos de impugnación que identifica la parte actora como primero y segundo en su escrito inicial de demanda, donde sostiene que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación.

Sostuvo que el actor refirió que la ley le da el derecho de optar por un régimen de pensiones y que en caso de no haber ejercido ese derecho de opción en términos del artículo 35 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le era aplicable lo dispuesto por el diverso décimo transitorio, por lo tanto, negó lisa y llanamente haber ejercido ese derecho de opción y expresó que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno solicitó la rectificación.

Dicho esto, adujó que en atención a la negativa formulada, es necesario que la autoridad al contestar la demanda exhiba la hoja que firmó, ya que insiste en que nunca eligió la opción del régimen pensionario, apegándose a lo establecido por los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley del instituto y los diversos 35, 36 y 37 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores.

Por su parte, al contestar la demanda, la encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada sostuvo la legalidad del régimen de cuentas individuales en el que se encuentra el accionante, en virtud de que "del documento de ‘transacción de documento de elección, por el cual se advierte que el actor ejerció el derecho de optar por el régimen de bono de pensión’ ... del cual se advierte que la elección de la demandante es ‘bono de pensión’.", por lo que no es procedente el cambio de régimen.

Así que analizados los argumentos de las partes, la Sala responsable concluyó que los conceptos de impugnación vertidos por el actor resultaban fundados y suficientes.

Para sustentar dicha afirmación destacó que la litis se centra en dilucidar si de conformidad con el marco regulatorio previsto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del primero de abril de dos mil siete, así como de los ordenamientos que de ella derivan, el accionante tiene derecho a que se le permita continuar bajo el régimen establecido en el artículo décimo transitorio de la ley del instituto demandado, al haberse abstenido de expresar la opción entre dicho régimen y el régimen de bonos de pensión y al estar cotizando ante ese instituto al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.

En ese contexto, citó el artículo tercero del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores de Conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Precisó que tienen el derecho de opción aquellos trabajadores que estuvieran cotizando al régimen de pensiones del instituto al treinta y uno de marzo de dos mil siete y que estuviesen activos al momento de la elección.

Determinó que si el accionante se encontraba en el servicio activo y cotizando ante el instituto demandado en la indicada fecha, resultaba evidente que estaba en posibilidad de hecho y de derecho de ejercer su derecho de opción al régimen pensionario que estimara pertinente durante los periodos correspondientes.

Continuó explicando que de no hacerlo así, operaba ipso jure la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 35 del citado reglamento y señaló que le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete; de ahí lo fundado del argumento formulado por el demandante.

Expuso que es así, ya que el actor niega lisa y llanamente haber llenado el formato oficial en el que debía hacerse la elección del régimen pensionario de acreditación de bonos de pensión, señalando expresamente: "nunca elegí dicho régimen pensionario", por lo que en términos de lo previsto por los artículos 16, fracción II y 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y el diverso 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ante la negativa formulada por el accionante quedó a cargo de la autoridad demandada el probar su excepción en el sentido de que "eligió el régimen de bono de pensión en la cuenta individual"; sin embargo, la autoridad no demostró tal extremo.

En efecto, si bien la autoridad pretendió demostrar su afirmación señalando que "del documento de ‘transacción de documento de elección, por el cual se advierte que el actor ejerció el derecho de optar por el régimen de bono de pensión’ ... del cual se advierte que la elección del demandante es ‘bono de pensión’ (sic)", resulta que ese documento carece de valor probatorio.

Es así, pues dicho documento, que obra agregado a ********** del expediente de nulidad, no se advierte la firma del hoy demandante, por el contrario, se observa que se trata de un documento simple con folio número **********, que contiene datos del afiliado, aquí actor, como son su CURP, nombre, fecha, elección, señalándose "bono de pensión", cadena digital y sello digital; respecto del cual se observa que la autoridad certificó con la leyenda: "conforme a lo dispuesto en el numeral l.2, función 12 del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 2018, la suscrita hace constar que este documento es copia fiel y exacta del expediente administrativo que consta de 10 fojas del cual deriva la resolución contenida en el oficio número **********, de fecha ********** ... dirigido al ********** ..." (sic).

En el caso, resulta que dicho documento no contiene la firma del aquí demandante ni se advierte que haya sido el propio trabajador quien expresó su voluntad de elección, sino que se dice que es el documento en el que consta que la dependencia mandó la validación del régimen de pensión en el que se observa que fue el trabajador quien eligió el régimen de bonos de pensión en cuenta individual, y si bien contiene un sello digital; sin embargo, tal como lo reconoce la encargada de la defensa jurídica de la autoridad, el documento en cuestión fue remitido electrónicamente por la dependencia para la que labora el trabajador y, por tanto, dicho sello digital es mediante el cual tal dependencia garantiza la vinculación entre la identidad de la misma y su clave pública; por lo que, se insiste, no se ofreció ni se exhibió en el juicio documento alguno del que se observe que real y efectivamente fue el trabajador quien realizó esa elección, lo que sólo puede ser constatado con el documento de elección previsto en el Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores de Conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de diciembre de 2007–, debidamente llenado por el trabajador y en el cual, además, debe contener su firma y su huella, tal como lo exige el artículo 26, fracción IX, de dicho reglamento, pues como se ha visto, el referido documento de elección es un formato reglado por el indicado precepto, que como mínimo debe contener los datos, información y leyendas señalados de forma específica, en el que se precise con plena certeza que se hicieron del conocimiento del trabajador las opciones que tenía para elegir entre el régimen pensionario conforme a bonos de pensión que serían acreditados a su cuenta individual o elegir el régimen previsto en el artículo décimo transitorio del decreto, así como el aviso de que en caso de no optar por alguno de esos regímenes, se estaría a lo dispuesto en el artículo 35 del propio reglamento, esto es, que quedaría en el régimen establecido por el indicado artículo transitorio.

En esa medida, si la autoridad demandada no exhibió el documento de elección, luego, no demostró su excepción en el sentido de que fue el trabajador actor, quien eligió adherirse al régimen de bonos de pensión para ser acreditados a su cuenta individual; luego entonces, la resolución impugnada resulta ilegal, al negar al demandante su inscripción al régimen del artículo décimo transitorio de la ley del instituto, bajo la premisa incorrecta de que se localizó el documento denominado "transacción documento de elección", en tanto que no fue acreditado en este juicio la existencia del documento referido elaborado por el trabajador, ahora accionante, y en el que se contengan su firma y huella digital legalmente exigidas al efecto.

Al respecto, agregó la tesis VI-TASR-XVI-54, sustentada por la Sala Regional Peninsular de ese tribunal, con título: "RÉGIMEN DE PENSIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SU ELECCIÓN SÓLO SE DEMUESTRA CON EL FORMATO OFICIAL DEBIDAMENTE LLENADO POR EL PENSIONADO." (la transcribe)

En consecuencia, consideró irrelevantes los argumentos de la autoridad en cuanto a que "la elección realizada por el trabajador, demandante, es de carácter definitivo e irrenunciable y no puede ser modificada" y que "la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y la jurisprudencia que citó", de rubro: "MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD. PARA QUE SE DEN ESTOS REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE CLARO EL RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL.", en virtud de que si no se demostró la premisa principal, esto es, que el demandante firmó, asentando su firma y huella en el "documento de elección" que la ley establece para optar por uno u otro régimen pensionario, entonces, no existe elección alguna.

Refiere que resultan irrelevantes e inaplicables las pretensiones de la demandada y la tesis de jurisprudencia que cita, pues ante la falta de ese documento de elección no puede ubicarse al actor en el régimen de bonos de pensión en una cuenta individual; de ahí que la contestación a la demanda de la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada.

Resuelve ilegal la resolución impugnada, conforme a lo previsto por los artículos décimo sexto transitorio de la ley abrogada y 35 del citado reglamento, ya que el legislador estableció una fecha límite para ejercer el derecho de opción, esto es, a más tardar el 14 de noviembre de 2008, siendo que en el caso no quedó acreditado que el trabajador, aquí accionante, haya ejercido ese derecho y, por consecuencia, le es aplicable lo dispuesto por el indicado artículo 35, esto es, que queda inscrito al régimen de pensiones previsto en el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ante tales consideraciones, derivado de que en la resolución impugnada la autoridad procedió a señalar que el régimen pensionario en el que debe estar incorporado el trabajador, aquí actor, es el correspondiente a bono de pensión en cuenta individual, sin que se acredite la manifestación expresa del consentimiento al efecto y en los términos previstos por la legislación aplicable.

Concluyó que la autoridad al dictar la citada resolución, apreció en forma equivocada los hechos que la motivaron, lo que actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que resulta procedente y se declara la nulidad del oficio número **********, de **********, acorde con lo previsto en el artículo 52, fracción II, de dicho ordenamiento legal.

Bajo ese tenor, decretó su nulidad para el efecto de que el instituto demandado, atendiendo a lo resuelto, emita una nueva resolución en la que determine que al demandante le corresponde el régimen pensionario previsto en el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el otorgamiento de las prestaciones que en derecho le correspondan.

2. Agravios de la autoridad.

La autoridad recurrente, en su único agravio, manifiesta que la sentencia impugnada fue emitida en contravención al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la Sala del conocimiento determinó que esa autoridad no acreditó que la actora hubiera manifestado expresamente su deseo de acogerse al régimen pensionario de bono de pensión en cuentas individuales.

Refiere que fue por la omisión de exhibir el documento de elección firmado por el demandante en el cual debe contener el régimen por el que optó y, consecuentemente, señaló que le asiste el derecho de ser incorporado al régimen del artículo décimo transitorio, en términos del artículo 35 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores.

Alude que la determinación es ilegal, puesto que a fin de acreditar la elección del actor por el régimen pensionario de bono de pensión en una cuenta individual, se ofreció como prueba el documento denominado "transacción documento de elección", del cual es dable advertir que el actor "eligió ante su dependencia la opción de bono de pensión en una cuenta individual y dicha elección fue generada el cuatro de noviembre de dos mil ocho a las 06:18:21 horas tal y como se desprende de la ‘cadena original’." y agregó la imagen del documento que describe.

Luego entonces, la responsable perdió de vista la naturaleza del documento referido, pues su finalidad no es sustituir al documento de elección, sino que es el documento electrónico con el que las dependencias remitían al instituto la elección tomada por los trabajadores en cuanto al régimen pensionario de su preferencia.

Destaca que como lo indicó en el oficio de contestación a la demanda, lo anterior tiene su fundamento en los artículos 42 y 44 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores, de conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, los cuales inserta.

De ese modo, sostiene que contrario a lo dispuesto por la a quo, ********** eligió bono de pensión en su cuenta individual y dicha información fue enviada a ese instituto por su dependencia en relación electrónica, el cuatro de noviembre de dos mil ocho, a las 06:18:21 horas, es decir, dentro del plazo establecido por el artículo 42 del referido reglamento, para que las dependencias remitieran la información de los trabajadores que ejercieron su derecho al catorce de noviembre de dos mil ocho.

Señala que si la dependencia para la que laboraba el actor remitió electrónicamente la opción elegida por la parte trabajadora el cuatro de noviembre de dos mil ocho, resulta lógico que el documento de elección fue recepcionado y firmado por el actor dentro del término señalado por el artículo 35 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción, que por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores, de conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue ampliado hasta el catorce de noviembre de dos mil ocho.

Respecto del nulo valor probatorio que la Sala responsable otorga al documento denominado "transacción de documento de elección. Formato por el cual se advierte que el actor ejerció el derecho de optar por el régimen de bono de pensión", indica que contiene un sello digital mediante el cual una autoridad garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública, mismo que la a quo debió considerar al valorar la referida prueba, cuya imagen inserta.

Sostiene que contrario a lo aducido por la sentenciadora, dicho documento tiene eficacia probatoria para acreditar lo que se encuentra en él contenido, hecho lo cual invoca el criterio XXI.1o.P.A.11 K (10a.), de rubro: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA."

Destaca que de lo anterior se desprende que la Sala al momento de emitir el fallo resolutor, omitió el estudio de los argumentos y, por lo tanto, debe pronunciar un nuevo fallo.

Afirma que de manera injustificada la a quo analizó indebidamente las pruebas ofrecidas por el instituto, contraviniendo el principio de paridad de condiciones y el contenido del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual ciñe y faculta a las distintas Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a valorar los medios probatorios ofrecidos por las partes.

Precisa que lo dicho pone de manifiesto las irregularidades procesales cometidas por la a quo al no valorar adecuadamente las pruebas ofrecidas por la demandada, no obstante que la valoración de los medios de convicción constituye uno de los aspectos fundamentales dentro de los procesos que se ventilan ante las Salas Regionales, pues no puede existir sentencia que establezca derecho alguno que no se sustente en la valoración de las pruebas y, de igual forma, que el resultado de la valoración de éstas puede afectar el sentido de la sentencia y, en caso de no hacerlo, se deja a la parte oferente en estado de indefensión ante el grave quebranto de los preceptos referidos, hecho lo cual invoca la tesis I.4o.C.2 K (10a.), de rubro: "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."

Concluye que de lo anterior se desprende que la Sala del conocimiento se encuentra obligada a examinar todos los razonamientos de las partes; ello en relación con las pruebas existentes, por lo que si se omite el estudio debido se debe pronunciar un nuevo fallo, y que lo procedente será revocar la sentencia que recurre, al haber quedado acreditada su ilegalidad y, en su caso, reconocer la validez de la resolución impugnada en el juicio de nulidad.

3. Respuesta a los motivos de agravio.

Son ineficaces los señalamientos vertidos a manera de único agravio.

Lo anterior es así, en virtud de que carece de razón jurídica la autoridad inconforme tanto al sostener esencialmente que la Sala responsable valoró ilegalmente el documento que refiere como "transacción de documento de elección", como al señalar que dicho documento resulta suficiente para demostrar que el actor en el juicio de nulidad de origen **********, eligió el bono de pensión en su cuenta individual y, en consecuencia, que debe revocarse la sentencia reclamada.

Para demostrarlo, resulta necesario insertar la digitalización del documento precisado con antelación y que obra en el juicio de nulidad de origen, lo cual se efectúa en los términos siguientes:

(Se suprimen imágenes a efecto de no revelar datos sensibles de identificación de las partes por tratarse de una versión pública y esta foja con su digitalización se ordena certificar para agregar a su expediente físico y electrónico)

De la lectura de tal documento, denominado transacción del documento de elección, se advierten los datos que se describieron como folio (**********), CURP (**********), nombre (**********), fecha (4/11/2008), elección (bono de pensión), así como la cadena original y sello digital.

En vinculación con lo expuesto, resulta dable precisar que los numerales 42 y 44 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores de conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –numerales que invoca la autoridad inconforme en vinculación al documento de referencia–, son del siguiente tenor literal:

"Artículo 42. Las dependencias y entidades deberán poner a disposición del instituto la relación electrónica, a través de los formatos y procedimientos establecidos en el Siri, a más tardar el 20 de julio de 2008 en los casos de los trabajadores que hayan ejercido su derecho de opción al 30 de junio del mismo año, y a más tardar el 20 de noviembre del 2008 para los trabajadores a que se refiere el artículo 36 del reglamento."

"Artículo 44. El instituto, a más tardar el 31 de julio de 2008, deberá entregar a la secretaría la lista de trabajadores que hayan ejercido su derecho de opción, especificando lo siguiente:

"I. Trabajadores que optaron por bonos de pensión;

"II. Trabajadores que optaron por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio del decreto, y

"III. En su caso, la información relativa al número de solicitudes de revisión que se encuentren pendientes de resolución."

Sin embargo, aun en el supuesto de considerar que el documento exhibido en autos e inserto con antelación resulta suficiente para estimar que la dependencia o entidad para la cual laboraba el actor ********** informó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde el cuatro de noviembre de dos mil ocho, que eligió bono de pensión; en principio, tal medio de convicción no puede valorarse conforme a los numerales transcritos, como lo pretende la inconforme, puesto que resulta ineficaz para demostrar que se cumplió con lo dispuesto en ellos, es decir, tanto para acreditar que la dependencia o entidad para la cual prestaba sus servicios el actor pusieron a disposición del instituto demandado la relación electrónica a través de los formatos y procedimientos establecidos en el "SIRI" en los plazos aplicables, como para acreditar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a más tardar entregara el treinta y uno de julio de dos mil ocho la lista de los trabajadores que hubieran ejercido su derecho de opción, especificando los datos aplicables.

Lo anterior es así, en la medida en que sin perjuicio de que de tal documento no se advierte cuál era la dependencia o entidad para la cual prestaba sus servicios la parte actora en el juicio de origen **********, persona que supuestamente comunicó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que eligió bono de pensión, información que se dice fue enviada el cuatro de noviembre de dos mil ocho, lo cierto es que tampoco obra algún dato que permita estimar que tal dependencia o entidad pusiera a disposición del instituto la relación electrónica correspondiente a través de los formatos y procedimientos establecidos en el "SIRI" en el plazo establecido para tal efecto, ni que tal instituto dentro del diverso plazo aplicable entregara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la lista de los trabajadores que hubieran ejercido su derecho de opción con los datos previstos para tal efecto, motivo por el cual, de manera contraria a lo pretendido por la autoridad inconforme, la Sala responsable no se encontraba obligada a reconocer valor probatorio a tal documental, conforme a los numerales transcritos con antelación.

Ahora bien, tampoco puede estimarse que el documento analizado pueda equipararse al documento de elección de régimen de los trabajadores que debieron poner a su disposición el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la colaboración de las dependencias y entidades, los cuales se encuentran previstos en el artículo 26 del invocado reglamento, el cual es del siguiente tenor literal:

"Artículo 26. El instituto y la secretaría con la colaboración de las dependencias y entidades, pondrán a disposición de cada trabajador el documento de elección que le corresponda, en los términos del Capítulo VI del Reglamento.

"Dicho documento deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

"I. Datos del trabajador:

"a. Nombre y apellidos paterno y materno, y

"b. Clave única;

"II. Dependencia o entidad en la que el trabajador presta sus servicios;

"III. Tiempo de cotización del trabajador al fondo de pensiones del instituto, en las dependencias y entidades en las que haya prestado sus servicios;

"IV. Sueldo básico elevado al año y expresado tanto en pesos como en unidades de inversión, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo noveno transitorio del decreto;

"V. Cálculo preliminar del importe del bono de pensión que le corresponda a cada trabajador;

"VI. Opciones del trabajador, explicando que, con base en la información antes señalada, hasta el 30 de junio de 2008 tiene el derecho a:

"a. Elegir bonos de pensión que serán acreditados en su cuenta individual, o

"b. Elegir el régimen previsto en el artículo décimo transitorio del decreto;

"VII. Aviso de que en caso de no optar por régimen alguno, se estará a lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento;

"VIII. Las leyendas:

"a) ‘Reconozco como válido y correcto el tiempo de cotización al ISSSTE informado en este documento de elección y manifiesto mi elección por la acreditación del bono de pensión en mi cuenta individual;’

"b) ‘Reconozco como válido y correcto el tiempo de cotización al ISSSTE informado en este documento de elección y manifiesto mi elección por el régimen establecido en el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.’

"IX. Espacio para firma autógrafa y huella digital del trabajador;

"X. Espacio para la firma autógrafa del servidor público de la dependencia o entidad que recibió el documento de elección, y

"XI. Fecha de recepción del documento de elección."

En efecto, del documento en cita no se desprenden todos los datos precisados con antelación.

En esa virtud, resulta inconcuso que de manera opuesta a lo sostenido por la inconforme, el documento en cita resulta ineficaz, por sí mismo, para demostrar de manera plena que el actor ********** eligió el sistema de bono de pensión en cuenta individual, como lo afirma; máxime que, por una parte, no se exhibió el documento idóneo para tal efecto, que como se destacó con antelación, consiste en el documento de elección que debe reunir requisitos mínimos, los cuales fueron destacados con antelación, ni controvirtió los razonamientos vertidos por la Sala responsable para concluir que la demandante tiene derecho a ser incorporada al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En tal virtud, al resultar ineficaces los argumentos vertidos a manera de único agravio y no cobrar aplicación el principio de suplencia de la queja deficiente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

Aplicación del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

En atención a dicho numeral se precisa que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado en esta resolución relativas a la interpretación de la anterior ley, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios judiciales cobran aplicabilidad.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal.

SEGUNDO.—Se confirma la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos originales a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que integran los Magistrados Gerardo Vázquez Morales y Jesús de Ávila Huerta, así como la Magistrada Gloria Avecia Solano, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados, firmando todos ellos con la intervención del secretario que autoriza y da fe.

En términos de los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis aisladas XXI.1o.P.A.11 K (10a.) y I.4o.C.2 K (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31497-2b8b8985/eleccion-del-regimen-pensionario-de-los-trabajadores-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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