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Modo: Corpus Pro

PAGARÉ A LA VISTA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE PRESENTE PARA SU PAGO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A SU SUSCRIPCIÓN, NO TRAE COMO CONSECUENCIA SU VENCIMIENTO UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 103/2022. · Registro digital (IUS): 31529
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-16
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6887.

AMPARO DIRECTO 103/2022. 27 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON SALVEDAD DEL MAGISTRADO ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. PONENTE: MARTÍN ÁNGEL GAMBOA BANDA. SECRETARIO: NÉSTOR RAMÍREZ GÁLVEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Uno de los conceptos de violación es infundado y otro fundado para conceder el amparo solicitado, únicamente en relación con la reducción de intereses ordinarios y moratorios que llevó a cabo el Juez de instancia, como se explicará a continuación.

Es infundado el motivo de queja en el que la solicitante de la protección federal pretende hacer ver que el pagaré fundatorio de la acción cambiaria era exigible a partir del sexto mes, contado desde su suscripción (puesto que se suscribió a la vista) y no desde la fecha en que tuvo lugar la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento.

Al respecto, se destaca que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los artículos que enseguida se transcribirán dispone:

"Artículo 128. La letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma forma el girador podrá, además, ampliarlo, y prohibir la presentación de la letra antes de determinada época."

"Artículo 165. La acción cambiaria prescribe en tres años contados:

"I. A partir del día del vencimiento de la letra, o en su defecto,

"II. Desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128."

"Artículo 171. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe."

"Artículo 172. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los seis meses que sigan a su fecha. La presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82.

"Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor."

"Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.

"Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.

"El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador."

El contenido de esos preceptos conduce a concluir que un pagaré carente de fecha de vencimiento se entenderá pagadero a la vista, y esta circunstancia supone que su pago es exigible al deudor únicamente hasta que le es presentado para su pago; incluso, el artículo 172 prevé que si el suscriptor omite la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor.

Ahora, el hecho de que ese mismo precepto prevea que el pagaré exigible a la vista debe ser presentado para su pago dentro de los seis meses siguientes a su suscripción, no puede interpretarse de la manera en que lo pretende la empresa quejosa, ya que esa porción normativa sólo tiene el propósito de determinar una fecha que servirá de base para fijar el plazo en el que puede ejercitarse la acción cambiaria; en el entendido de que si no se ejercita en este último plazo, fijado a partir de los seis meses posteriores a la suscripción del pagaré, dicha acción prescribirá; pero ello no supone que la obligación sea exigible a los seis meses de suscrito el documento, sino que esa consecuencia es "a la vista", es decir, cuando se presenta ante el deudor para su cobro.

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 194/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 63 del Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 176057, de rubro y texto siguientes:

"ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. NO OPERA SU CADUCIDAD POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN PARA SU PAGO DE UN PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS, DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA VISTA. Cuando un pagaré se suscribe a día fijo pero en él se establecen vencimientos sucesivos y se incumple con el pago de cualquiera de los abonos, se entenderá siempre pagadero a la vista, en términos del artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora bien, conforme al artículo 128 de dicha ley, el tenedor del documento deberá presentarlo para su cobro dentro de los seis meses que sigan a su fecha; sin embargo, la omisión de cumplir con esa obligación no trae como consecuencia la caducidad de la acción cambiaria directa, en virtud de que el artículo 172 de la legislación aludida señala que la presentación para el cobro del documento únicamente tiene el objeto de fijar la fecha del vencimiento, para efectos del cómputo de la prescripción de la acción cambiaria a que se refiere el artículo 165 del citado ordenamiento, pero no para computar el término de su caducidad; máxime que los referidos artículos no disponen tal consecuencia."

Por tanto, se insiste, el precepto de que se trata no debe interpretarse en el sentido de que un título de naturaleza ejecutiva, que carece de fecha de vencimiento, automáticamente se hace exigible a los seis meses de su suscripción, máxime que la falta de presentación del documento ante el deudor no impide que se pueda ejercer la acción cambiaria directa correspondiente; esto es, la presentación dentro de los seis meses de que se habla no es un requisito que necesariamente deba cumplirse para que aquélla proceda, y tampoco implica que a partir de ahí deba definirse en todos los casos la exigibilidad de la aludida acción pues, si así fuera, entonces se desnaturalizaría el "vencimiento a la vista" del título de crédito.

También tiene aplicación al respecto, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 9/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 190929, del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL PAGARÉ PARA SU PAGO, NO ES OBSTÁCULO PARA SU EJERCICIO. La omisión de presentar un pagaré para su pago el día de su vencimiento no constituye un impedimento para el ejercicio de la acción cambiaria directa, porque esa presentación es sólo una necesidad impuesta por la incorporación de los títulos de crédito, que reconocen los artículos 170, 171, 172, 174, 79, 127, 128 y 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que se traduce en la obligación de exhibir y devolver el título de crédito al suscriptor al momento de obtener su pago; pero ello no quiere decir que para el ejercicio de la acción cambiaria directa, dicha presentación sea una condición necesaria para su pago y que deba exhibirse una constancia de ello, ya que tratándose de la acción cambiaria directa, el tenedor del documento no está obligado a exhibir constancia de haberlo presentado extrajudicialmente y que aquél no le fuera pagado; por lo que basta para tener por satisfecho el requisito de incorporación propio de los títulos de crédito con que el actor adjunte el pagaré a su demanda judicial y le sea presentado al demandado al ser requerido de pago, pues ello prueba fehacientemente que dicho título no ha sido pagado, ya que, de lo contrario, no estaría en poder del actor."

En ese contexto, se repite, el pagaré base de la acción en realidad no era exigible a los seis meses de la fecha de su suscripción, si para entonces no se había presentado ante sus firmantes para efectos del pago respectivo; de ahí que tampoco sea correcta la interpretación que hace la empresa quejosa sobre el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que el término de tres años requerido para que se consume la prescripción de la acción cambiaria directa, cuando el título no cuente con fecha de vencimiento y, por ende, se entienda pagadero a la vista, correrá a partir de la presentación para su pago, la cual no siempre será hasta que se cumplan los seis meses de que se signó, pues sería viable que el tenedor lo presente para ese efecto antes de ese término.

Por tanto, no son aplicables al caso, en beneficio de la parte quejosa, las tesis aislada I.3o.C.421 C y de jurisprudencia I.7o.C. J/8, que la quejosa invocó, de rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA TRATÁNDOSE DE TÍTULOS A LA VISTA. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SON PRESENTADOS PARA SU PAGO O, EN SU DEFECTO, DESDE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO PARA SU PRESENTACIÓN O EL DE SU AMPLIACIÓN." y "ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, PROTESTO INNECESARIO AUN CUANDO SE FUNDE EN PAGARÉS A LA VISTA, DE VENCIMIENTOS SUCESIVOS Y EL TÉRMINO DE TRES AÑOS PARA QUE PRESCRIBA DICHA ACCIÓN EMPIEZA A CORRER UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE PAGO QUE ES DE SEIS MESES.", en el entendido de que refieren tópicos ajenos a los que son materia del presente asunto; como tampoco le beneficia la tesis aislada I.4o.C.220 C, de rubro: "ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN.", atento a que en el caso no se está frente a un conflicto de leyes, sino a la adopción de la correcta interpretación de las porciones normativas involucradas sobre el tema específico a resolver.

En consecuencia, es infundado el planteamiento de la quejosa en el sentido de que los deudores incurrieron en mora desde el dos de mayo de dos mil diecinueve, o sea, seis meses después de la suscripción del pagaré basal, pues ya quedó claro que ante la falta de una fecha de vencimiento incorporada a su texto, era necesario, para efectos de que fuese exigible la obligación, que el título se presentara a la vista de los suscriptores para efectos de pago, lo que ciertamente aconteció hasta que fueron emplazados al juicio de origen, como lo decidió el Juez responsable en la sentencia reclamada; de ahí lo infundado de los conceptos de violación relativos al tópico.

En términos similares se pronunció este Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de ocho de septiembre del presente año, al resolver el diverso juicio de amparo directo **********,(7) por cierto también promovido por la empresa aquí quejosa.

Por otro lado, es fundado el motivo de disenso en el que se argumenta que el Juez responsable no fundó ni motivó debidamente la reducción de las tasas de intereses ordinaria y moratoria exigidas en el juicio.

Así es, en la sentencia reclamada se advierte que el Juez asumió oficiosamente el análisis relativo a la usura y, para ello, citó los parámetros guía sugeridos en la doctrina jurisprudencial aplicable al caso; también tomó como referencia una gráfica que contiene diversas tasas de interés autorizadas a las instituciones bancarias en la época de suscripción del documento base de la acción; sin embargo, a partir de ahí el Juez simplemente concluyó que debía reducir el interés ordinario y el moratorio en función de la "tasa mínima" autorizada para tarjetas "platino o equivalentes".

Así, refirió que las tasas oscilaban entre el quince por ciento (la más baja) y el treinta y dos punto nueve por ciento anual (la más alta), y sin explicar las razones, sólo adoptó la más baja, correspondiente al quince por ciento anual y, por ello, determinó lo siguiente:

"... Con base a lo anterior, es por ello que resulta procedente regular las tasas de interés ordinaria y moratoria a una tasa del (15 %) quince por ciento anual por ‘Banco del Bajío’, porcentaje que resulta ser la tasa de interés más baja ofertada en el mercado financiero.

"Aunado a lo anterior es de hacer notar que los intereses moratorios, no son sino una consecuencia por el incumplimiento del acreedor de retribuir el numerario que le fue otorgado, ya que de haber cumplido con su obligación, no le generaría tal carga, es por ello que se insiste la tasa de interés moratorio reducido al (15 %) quince por ciento anual resulta adecuado. ..."

Lo anterior revela que el punto culminante de la reducción oficiosa que llevó a cabo el Juez carece de motivación, pues necesariamente debió explicar por qué adoptó el referente de tasas de interés más bajo o mínimo, en lugar de un referente promedio o, incluso, superior, lo que en todo caso debe atender a las circunstancias específicas del asunto en particular.

Por eso es esencialmente fundado el concepto de violación relativo, en el entendido de que la determinación que se llegue a adoptar al respecto, puede impactar en la prestación de gastos y costas judiciales; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito técnicamente no pueda asumir el estudio relativo a este último tema.

En tales condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de examen, así como las que no se estimaron inconstitucionales en este fallo y, luego, al efectuar el análisis del fenómeno de la usura con base en los parámetros guía sugeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera fundada y motivada explique por qué adopta como referencia la tasa de interés que finalmente decida emplear como parámetro de reducción; y, a partir de ahí, resuelva lo que en derecho proceda.

En cuanto a los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público Federal adscrito, en términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional no advierte motivo alguno para plasmar su estudio, puesto que de su contenido no se aprecia alguna incidencia que implique un cambio en el criterio sustentado en esta ejecutoria, ni se hace valer alguna causa de improcedencia.

En torno al tema, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2018276, consultable en la página 5 del Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo la sinopsis:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial."

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable,(8) contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisados en el resultando primero de este fallo, para los efectos que se indican en la parte final del último considerando.

Notifíquese; por lista a la parte quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en tanto que por medio de oficio, con testimonio autorizado de la presente resolución con las actuaciones respectivas, a la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 26, fracciones II y III, así como 29, ambos de la Ley de Amparo; en el entendido de que el amparo se concede por un vicio de forma; publíquese y háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Martín Ángel Gamboa Banda (presidente y ponente), Ubaldo García Armas y Álvaro Ovalle Álvarez, quien formulará una salvedad respecto del tópico de la mora, en los términos que se asentarán después de incorporar las firmas de esta ejecutoria.

Firman electrónicamente los Magistrados integrantes del tribunal, así como el licenciado Néstor Ramírez Gálvez, secretario de tribunal quien autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas.

________________

7. Número de juicio de amparo directo, invocado como precedente con salvedad del Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez.

8. Nombre de la empresa quejosa.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31529-d83863d6/pagare-a-la-vista-la-circunstancia-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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