PAGARÉ. CUANDO SU FECHA DE VENCIMIENTO SE LLENA EN MOMENTO POSTERIOR A SU SUSCRIPCIÓN Y ESE HECHO SE PRUEBA FEHACIENTEMENTE, PERO EXISTE CONTROVERSIA EN CUANTO A QUE LA FECHA ASENTADA NO FUE ACORDADA, LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE EL PACTO RELATIVO SE REVIERTE AL ACTOR.
AMPARO DIRECTO 724/2012. 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES. PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. SECRETARIO: TOMÁS ZURITA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación son infundados.
En principio, se analiza la inconformidad relativa a que fue incorrecto que se impusiera a la quejosa la carga de la prueba de que los depósitos exhibidos por la demandada, correspondían a otro préstamo diverso al pagaré base de la acción, así como que su contraparte adeuda el total de este último.
Que lo anterior, porque ese criterio es transgresor del artículo 1194 del Código de Comercio, porque fue la demandada quien aseveró en su contestación de demanda, que los depósitos que efectuó los hizo a cuenta del pagaré base de la acción, razón por la cual, era a ella a quien correspondía probar la excepción de pago parcial que opuso, en virtud de que era su deber demostrar que en efecto existían esos pagos parciales y que además están relacionados con el documento base de la acción, pues, de lo contrario, se impondría a la quejosa acreditar un hecho negativo, como es la inexistencia o ausencia de pago.
Los anteriores argumentos son infundados, ya que cuando la demandada opone la excepción de pago y la actora acepta haber recibido los pagos que su contraparte manifiesta haber realizado, pero argumenta que no se hicieron con motivo del título de crédito reclamado, sino que fueron aplicados a una diversa relación comercial autónoma de la que dio origen al pagaré; entonces, la carga probatoria se revierte a la actora para demostrar la existencia de la diversa relación comercial respecto de la cual se hicieran los pagos por ella aceptados, pero además que esos pagos los aplicó a diversa relación comercial.
Así lo sustentó nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 85/2002-PS, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 16/2003, visible en la página setenta y uno, del Tomo XVII, abril de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"EXCEPCIÓN DE PAGO. CUANDO EL ACTOR NO OBJETA LAS DOCUMENTALES QUE LA SUSTENTAN Y MANIFIESTA QUE EL PAGO SE REALIZÓ CON MOTIVO DE UN ADEUDO DIVERSO AL RECLAMADO, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De lo dispuesto en el artículo 1195 del Código de Comercio, se desprende que, por regla general, el que niega no está obligado a probar, pero excepcionalmente debe hacerlo cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. En esa virtud, corresponde al actor la carga de la prueba de que el pago con que pretende excepcionarse su contraparte se refiere a un adeudo diverso al reclamado, cuando al desahogar la vista correspondiente dicho actor no sólo no objeta las documentales que sustentan la excepción, sino además sostiene que el pago se realizó con motivo de otra deuda, pues al mismo tiempo que niega que el pago con que se excepciona su contraparte corresponda al adeudo que se le reclama, afirma de manera expresa que ese pago se realizó con motivo de otra obligación."
En la especie, el actor reclamó el pago de un pagaré por el monto total ahí señalado y la demandada opuso entre otras excepciones, la de pago parcial, sustentada en que previo a la instauración de la demanda, efectuó diversos depósitos bancarios a cuenta del monto total del título de crédito; de ahí que no adeudaba la suma total amparada por este último.
En relación a ello, la actora en el escrito presentado el trece de junio de dos mil doce, por el cual desahogó la vista que le fue conferida de las excepciones y defensas opuestas por su contraparte, manifestó textualmente:
"En primer lugar hago notar a su señoría la falsedad con que se conduce la demandada, pues contrario a lo que refiere la misma, en su contestación de demanda, los depósitos que realizó de ********** no fueron a cuenta del pagaré materia de esta controversia, por el contrario, se aplicaron a un diverso préstamo que la suscrita hice a la demandada y que fue realizado a la misma mediante cheques efectuados a su petición a nombre de una constructora, pues así solicitó la demandada se hiciera. Esto es, la suscrita realicé diversos préstamos a la demandada, y el que es materia de esta controversia no ha sido liquidado ni parcial ni totalmente por la **********. Tal y como acredito con las documentales que anexo al presente y que precisamente demuestran la existencia de diversos mutuos otorgados a favor de la demandada, resultando que los depósitos de ********** que refiere en su contestación, fueron aplicados a cuenta de esos otros préstamos (de ahí que esos no fueren demandados en esta vía, pues ya están liquidados). En consecuencia, es evidente la mala fe en que incurre la demandada al pretender acreditar con pagos hechos a cuenta de diversos mutuos, supuestos pagos realizados a cuenta del pagaré base de la acción. Lo que evidentemente es falso, la ahora demandada no ha realizado pago alguno a cuenta del pagaré base de la acción."
De acuerdo a lo anterior, es evidente que la ahora quejosa no negó expresamente la recepción de los pagos efectuados por su contraria sino que inclusive afirmó que correspondían a relaciones distintas al pagaré reclamado, razón por la cual, en términos del criterio obligatorio citado en párrafos que anteceden, la carga de la prueba sobre esa afirmación recae en la accionante; de ahí que resulta ajustada a derecho la fijación de la carga de la prueba contenida en el acto reclamado al habérsele impuesto a la ahora quejosa.
Inclusive, resalta que mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil doce, la actora formuló objeción a los documentos exhibidos por su contraparte, por tres razones fundamentales como fueron que acreditaban unos depósitos hechos a un número de cuenta que no fue designada como domicilio de pago, porque no constaba que fueron aceptados por la beneficiaria del pagaré reclamado y no se apreciaba que hubiesen sido realizados a cuenta de ese título de crédito, así como porque fueron efectuados sin la presencia e intervención de la actora, por lo que desconoció su validez.
Así, valorada esa objeción en cuanto a la manifestación de que no se aplicaron a cuenta del pagaré reclamado, con lo vertido en el desahogo de vista a que se hizo alusión, se pone en evidencia la actualización del supuesto contenido en la jurisprudencia transcrita en párrafos que anteceden y que conlleva a la reversión de la carga de la prueba a la actora.
En otro aspecto se plantea como concepto de violación, que es ilegal que se tomen en consideración los pagos parciales exhibidos por la demandada a cuenta del documento basal, pues este último no contiene algún registro y/o anotación sobre esos supuestos pagos parciales y su contraparte tampoco acreditó que hubiese notificado a la actora que esos depósitos debían tomarse a cuenta del pagaré reclamado, ni que se hayan realizado en el lugar de pago señalado para tal efecto.
Que el artículo 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, contempla la hipótesis de pago parcial en tratándose de pagarés y reglamenta el mecanismo para demostrarlo, siendo que de conformidad con el contenido de ese precepto, la demandada no exhibió recibos expedidos por la impetrante, ni constan en el pagaré los supuestos pagos parciales realizados, lo que atendió a que se hicieron a cuenta de diferentes convenios habidos entre las partes que no tienen relación alguna con el pagaré materia de la presente controversia.
Que aunado a lo anterior, tocaba a su contraria probar que se pactaron pagos parciales a cuenta del pagaré en una cuenta bancaria, que esos pagos parciales fueron realizados a cuenta del título de crédito reclamado y que se notificó a la acreedora de que esos pagos eran para tal fin y no para un diverso préstamo otorgado.
Que por esas razones, la simple exhibición de unas fichas de depósito realizadas a una cuenta que no aparece descrita en el pagaré base de la acción, carece de fuerza legal para tener por acreditados los pagos parciales a cuenta del pagaré base de la acción.
Apoyó su argumento en la tesis de rubro: "TÍTULOS DE CRÉDITO, PAGO PARCIAL DE LOS. NO CABE LA SUPLETORIEDAD A LA CODIFICACIÓN MERCANTIL."
Los anteriores razonamientos son infundados ya que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en jurisprudencia en el sentido de que la excepción de pago o pago parcial de un pagaré, puede demostrarse a través de cualquier elemento de prueba y no necesariamente con la anotación en el propio título de crédito de dichos pagos.
Tal criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 107/2009, de la Primera Sala del Alto Tribunal, emitida al resolver la contradicción de tesis 136/2008-PS, consultable en la página trescientos setenta y siete, del Tomo XXXI, abril de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"TÍTULOS DE CRÉDITO. LA EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL O PARCIAL PUEDE ACREDITARSE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PERMITIDOS EN LA LEY, DISTINTOS DEL PROPIO DOCUMENTO, DE LA ANOTACIÓN EN SU REVERSO DE LOS PAGOS PARCIALES EFECTUADOS O DE UN RECIBO QUE DEMUESTRE SU LIQUIDACIÓN. Conforme a los artículos 129 y 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el pago de un título ejecutivo debe hacerse precisamente contra su entrega y los abonos parciales realizados deben anotarse en el documento crediticio; sin embargo, ello no es obstáculo para que en un juicio ejecutivo mercantil, al contestar la demanda, el deudor acredite la excepción de pago total o parcial del documento con otros medios de prueba distintos a él, a la anotación en su reverso de los pagos parciales efectuados o a un recibo que demuestre su liquidación, pues acorde con el artículo 1194 del Código de Comercio, la dilación probatoria concedida en estos juicios es para desvirtuar dichos títulos, es decir, para que el demandado justifique sus excepciones. Lo anterior es así, porque si bien un título de crédito es una prueba preconstituida de la acción, lo cual significa que por el solo hecho de que ésta se funde en ese documento es innecesario demostrar su procedencia o la relación causal que le dio origen, ello no implica que sea una prueba preconstituida del adeudo o que éste no se haya pagado. Además, en términos del artículo 1205 del citado Código, son admisibles como medios probatorios todos los elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos; de manera que la confesión judicial expresa hace prueba plena y tiene el alcance suficiente para acreditar el pago total o parcial del documento crediticio cuando concurren las circunstancias de haber sido hecha por persona capaz de obligarse con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, respecto de un hecho propio y concerniente al negocio, y conforme a las formalidades de ley (capítulo XIII del Código de Comercio), sobre todo porque esta prueba no pierde valor sólo por estar frente a otra preconstituida, ya que, se reitera, ésta es en relación con la acción y no con el adeudo. Asimismo, una vez satisfechos los requisitos previstos en el artículo 1302 del Código aludido, la prueba testimonial constituirá un indicio al que, adminiculado con otras probanzas, el juez podrá otorgar validez probatoria para acreditar el dicho del deudor en el sentido de que pagó al acreedor total o parcialmente un título de crédito."
Por esa razón, la circunstancia de que en el título de crédito base de la acción, no conste la anotación de los pagos parciales exhibidos por la demandada, no constituye impedimento alguno para que fueran tomados en cuenta.
Además, conforme a las consideraciones de párrafos precedentes, la accionante no negó haber recibido las cantidades de dinero amparadas por los recibos bancarios exhibidos por la demandada, sino que inclusive, afirmó que corresponden a diversos adeudos o relaciones contractuales entre las partes; de ahí que le correspondía la carga de la prueba sobre esto último.
Ello hace que no corriera a cargo de la demandada el demostrar haber notificado de tales depósitos a la ahora quejosa ni la expedición de recibos, pues ésta reconoció la recepción de ese numerario y al afirmar que corresponden a diverso adeudo, como se vio con anterioridad, se le revirtió la carga de la prueba a ese respecto.
Ahora bien, respecto a esto último, se plantean como conceptos de violación:
Que se omitió realizar un estudio completo de las actuaciones del juicio, toda vez que la quejosa exhibió adjunto a su escrito de desahogo a la vista de excepciones y defensas, documentales consistentes en una constancia emitida por ********** así como las copias de los cheques ********** y ********** que acreditan la existencia de préstamos a la demandada independientes del pagaré reclamado. Sin embargo, que se les restó eficacia probatoria pero pasando por alto que no fueron objetadas por la demandada y, como consecuencia de ello, en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, tenían pleno valor demostrativo como si hubieren sido reconocidas expresamente.
Que al concatenarse entre sí, demuestran que existió una "salida de dinero" por cheques expedidos por la quejosa, cuyo destino final fue a favor de la demandada, pues era para la adquisición de su departamento y ello ponía en evidencia la existencia de un mutuo a favor de la enjuiciada.
Que en nada trasciende que ese préstamo haya sido anterior a la fecha de suscripción del pagaré, pues en todo caso lo que no podría ser lógico es que el préstamo fuera posterior a los depósitos que exhibió la demandada.
Que del escrito de doce de junio de dos mil doce, se desprendía que otorgó diversos mutuos a la hoy tercera perjudicada, razón por la cual existen unos depósitos que se hicieron a cuenta de esos cheques exhibidos en copia.
Que las copias fotostáticas al no ser objetadas de forma alguna, deben ser consideradas como indicio en el ánimo del juzgador, el que adminiculado con la carta de la promotora que exhibió y que tampoco fue objetada, generaban la certeza de la existencia del diverso préstamo.
Citó al respecto, las tesis de rubros: "DOCUMENTOS PROCEDENTES DE UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y NO OBJETADOS POR LA CONTRARIA, VALOR PROBATORIO DE LOS.", "DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y SIMPLES NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO." y "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS."
Que esas probanzas debieron ser consideradas porque la carta de la promotora, se trata de una documental original, que no fue objetada por la demandada y, por ende, constituía prueba plena que estaba robustecida con las copias de los cheques, los que si bien son copias, es claro que constituyen un indicio que adminiculado con dicha carta, daban como resultado la presunción de existencia de un préstamo a favor de la demandada, lo cual tampoco fue desvirtuado por esta última.
Los anteriores argumentos son infundados en virtud de que resulta ajustada a derecho la conclusión contenida en el acto reclamado, respecto a que debe restarse eficacia probatoria a las pruebas a que alude la quejosa, razón por la cual son insuficientes para probar que los pagos parciales exhibidos por la demandada, corresponden a diversa relación del pagaré reclamado.
Efectivamente, tales medios de convicción consisten en:
Copia simple de los cheques ********** y ********** ambos de catorce de diciembre de dos mil seis, girados por la ahora impetrante, a favor de **********, por las sumas de ********** y "**********".
Original de un escrito sin fecha, firmado por un asesor de ventas de ********** cuyo contenido es el siguiente:
"********** A quien corresponda: Por medio de la presente informo que los cheques números **********, **********, fecha 14 de diciembre de 2006 y **********, **********, con fecha 12 de diciembre de 2006, fueron entregados como anticipo para la compra del departamento ubicado en **********, a nombre de ********** con RFC **********. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Rúbrica ilegible. **********. Asesor de Ventas".
Un escrito original firmado por la ahora promovente, dirigido a **********, por el que solicitó copia de los cheques ahí citados, con cargo a la cuenta también especificada.
Por lo que toca a las copias de los cheques exhibidos, debe destacarse que existe una distinción entre documentos originales y las copias fotostáticas, pues éstas consisten en una simple reproducción del original del que pudiera derivar, pero que dados los avances tecnológicos, pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción de manera que no correspondan al documento del que supuestamente derivan.
En mérito de esa distinción, tratándose de copias fotostáticas simples, no aplica la regla contenida en el artículo 1241 del Código de Comercio, para el caso de que no sean objetadas; es decir, la circunstancia de esa falta de objeción no produce su reconocimiento pues ello sólo opera respecto a documentos originales.
Por esa razón, para la valoración de copias fotostáticas simples, debe acudirse supletoriamente al precepto 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, queda al prudente arbitrio del juzgador, siendo que en diversos criterios de los Tribunales de la Federación, se ha establecido que sólo alcanzan valor indiciario.
En mérito de ello, tales copias simples carecen de valor probatorio pleno, aun ante su falta de objeción, dada la facilidad con que pueden confeccionarse por virtud de los avances tecnológicos; de ahí que su valoración quedaba al prudente arbitrio del juzgador y a lo sumo, pudieran servir de indicio, que debía concatenarse con diverso elemento de prueba.
Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 126/2012 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 459/2011, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil doce, de la que tuvo conocimiento este tribunal en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente:
"DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador estableció que si los documentos privados presentados en original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último numeral establece, después de un listado enunciativo en el que contempla a los documentos privados, que también será admisible como prueba "en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción, como sucede con los documentos privados exhibidos en original. Así, para determinar el valor probatorio de las copias fotostáticas simples en un procedimiento mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios y adminicularse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial."
Por su parte, en lo que toca a la carta o constancia emitida por la constructora antes citada, debe restársele eficacia demostrativa, aun ante su falta de objeción por parte de la ahora tercera perjudicada, en virtud de que si bien es cierto que los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, señalan que los documentos o correspondencia provenientes de las partes, no objetados por la contraria, se tendrán por reconocidos, también lo es que esa regla aplica precisamente a aquellas documentales en las que "las partes" hayan participado y no así cuando es elaborado por un tercero ajeno a la controversia.
Por esa razón, ante esta hipótesis, corre a cargo del oferente de la prueba su perfeccionamiento, a través de la ratificación de firma, razón por la cual, al no haberse desahogado tal medio de perfeccionamiento, no puede tener pleno valor probatorio.
Además, debe resaltarse que aun cuando este documento hace referencia a las copias simples de los cheques antes citados, en estos últimos aparece como beneficiaria de tales títulos de crédito una persona moral diversa quien elaboró esa carta o constancia, de ahí que no exista una concatenación entre ambas.
Igualmente, con independencia del valor que pueda revestir, sólo acreditaría su contenido en cuanto a que una empresa recibió diversos pagos mediante cheques expedidos por la ahora impetrante, pero ello no implica que tal entrega de dinero se deba a un mutuo entre las aquí contendientes, tal cual afirmó la quejosa.
Finalmente, en lo que respecta al diverso escrito dirigido a la institución bancaria antes mencionada, sólo acreditaría la solicitud de los originales de los cheques ahí descritos, mas no así alguna cuestión diversa.
En este orden, aun de la valoración conjunta a tales documentales, no es posible tener por acreditado fehacientemente, que los depósitos bancarios exhibidos por la demandada, corresponden a diversa relación o vínculo contractual entre las partes como pudiera ser el mutuo que afirmó la accionante al desahogar la vista de las excepciones y defensas, toda vez que su alcance demostrativo a lo sumo sería probar de manera indiciaria, que entre las contendientes existió un acuerdo por virtud del cual la actora entregó diversas cantidades de dinero a una constructora para que la demandada adquiriera una vivienda, mas no así que ello sea por un mutuo y que a él se hubiesen aplicado los pagos parciales exhibidos.
Máxime, que conforme a lo que se expuso en párrafos que anteceden, la carga de la prueba se revirtió a la accionante y por ello, estaba obligada a acreditar fehacientemente, la existencia de ese mutuo y que a tal contrato aplicó los pagos parciales, y al respecto, las pruebas que ofreció y desahogó son insuficientes.
Aunado a que, no se demuestra que esa relación comercial sea distinta a la obligación por la cual pudo haber surgido el pagaré base de la acción, ni mucho menos que al ser un mutuo o préstamos diferente como lo aduce la quejosa, esa diversa deuda esté saldada o haya sido a la cual se aplicaron los pagos parciales amparados por las fichas de depósito exhibidas por la ahora tercera perjudicada.
Además, debe destacarse que la falta de objeción de esas documentales, no beneficia a la quejosa ya que el fin de objetar un documento en cuanto a su alcance y valor probatorio, es evitar la posible presunción o reconocimiento tácito que pudiera generarse ante tal falta de objeción, pero ello no implica que en el supuesto de que no se objete, tenga pleno alcance demostrativo de un hecho.
Esto es así porque debe diferenciarse el valor probatorio de una prueba de su alcance demostrativo, para lo cual se cita la tesis I.3o.A.145 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página trescientos ochenta y cinco, del Tomo XIV, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCIÓN CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRÁ EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVÉS SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate."
Así, debe concluirse que la falta de objeción de una documental, no implica en forma necesaria que se tendrán por probados los hechos pretendidos por su oferente, sino que ello dependerá de la idoneidad de la documental, de su contenido, etc.
Máxime, cuando se trate de un documento proveniente de tercero, como ocurre en la especie, pues en este caso, la falta de objeción no puede tener el alcance de un reconocimiento expreso, si la contraparte del oferente no fue quien lo suscribió; motivo por el cual, es necesario su perfeccionamiento a través de dicho tercero, pues como se dijo, la regla contenida en los numerales 1241 y 1296 del Código de Comercio, sólo aplica para documentos o correspondencia provenientes de las partes, al ser obvio que no puede tenerse por reconocido un documento por quien no lo elaboró.
Al respecto se comparte, la tesis IV.3o.C.7 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil uno, del Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE UN TERCERO. SU VALOR PROBATORIO. Si bien los artículos 1205 y 1296 del Código de Comercio establecen que son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que produzcan convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos, y que los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente, ello no implica considerar como válido que la responsable otorgue pleno valor probatorio a una documental privada proveniente de un tercero que no haya sido objetada por las partes, pues sólo tiene valor de indicio si no se corrobora con otras probanzas."
En mérito de todo lo expuesto, se insiste, las documentales ofrecidas por el quejoso resultan insuficientes para probar que los depósitos bancarios exhibidos por la demandada, corresponden y fueron aplicados a diverso adeudo; de ahí lo infundado de los conceptos de violación relativos.
En otro aspecto, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se estudian de forma conjunta las inconformidades en las que la quejosa plantea que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 18/2003-PS, estableció que es válido asentar los datos de fecha de vencimiento de un pagaré, de forma posterior a su suscripción, siempre que se haga antes de la presentación para su pago, en términos del precepto 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Que en mérito de ello, carece de razón el juzgador responsable al negar como cierta la fecha de pago contenida en el documento base de la acción, como es el veintinueve de diciembre de dos mil diez, pues esa fecha se asentó antes de ser presentado para su pago; de ahí que a criterio de la quejosa, resulta ilegal que se tuviera como cierto el pago parcial de ********** realizado el uno de noviembre de dos mil diez. Sin embargo, que si se considera que el título de crédito era pagadero a la vista y el primer supuesto pago parcial se hizo en la fecha citada, entonces esa fecha debía tenerse como de su vencimiento.
Que lo anterior porque el pagaré jamás estipula la procedencia de pagos parciales.
Que derivado de lo anterior, resulta absurdo lo resuelto por el juzgador responsable porque la fecha de vencimiento, al haber sido asentada antes de la presentación de pago del título de crédito, es vá
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24348-6089419f/pagare-cuando-su-fecha-de-vencimiento-se-llena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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