PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES A LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO CONLLEVA INADMITIR O DESECHAR LAS OFRECIDAS O ALLEGADAS DESDE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA (LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 15/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 31 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. PONENTE: MAGISTRADO GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: AGUSTÍN GUADALUPE CARREÑO CHAPA.
Monterrey, Nuevo León. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, correspondiente a la sesión pública ordinaria virtual del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente.
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, actuando en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el diverso emitido por éste.
El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar si en el juicio burocrático laboral de los servidores públicos del Estado de México las partes pierden el derecho para ofrecer medios de convicción, ante su incomparecencia a la audiencia bifásica, es decir, si la manifestación de las partes en dicha audiencia es el único momento para ofrecerlas, lo que en su caso, llevaría a la autoridad laboral (tribunal o Sala) a dejar de considerar las que hubieran sido ofrecidas o acompañadas en el escrito inicial de demanda.
I. DENUNCIA Y TRÁMITE
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio firmado electrónicamente, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz (que actuó en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México), denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 49/2023, que derivó del diverso 873/2022 y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito al conocer del juicio de amparo 873/2012, que dio lugar a la tesis aislada II.1o.T.16 L (10a).
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero pasado, la Magistrada presidenta de este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 15/2023; asimismo, estimó que por la materia laboral, la competencia para su conocimiento correspondía a este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte.
3. Por otra parte, certificó que los expedientes electrónicos inherentes al cuaderno auxiliar 49/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de la Zona Auxiliar de la Cuarta Región, y el juicio de amparo directo 873/2022, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, se encontraban habilitados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); además, solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito se pusiera a disposición de este Pleno Regional el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo 873/2012, del cual derivó la tesis aislada del órgano auxiliado denunciada, a efecto de consultar la ejecutoria que la soporta, así como la versión digitalizada de los proveídos que informen si el criterio sustentado en los asuntos mencionados de sus índices correspondientes, se encuentra VIGENTE o, en caso de que se tuviera por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberían remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sostuviera el nuevo criterio.
4. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región informó que el criterio sustentado al resolver el cuaderno auxiliar 49/2023 de su índice, formado con motivo del amparo directo laboral 873/2022, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, continúa vigente.
5. Mediante auto de veinticuatro de febrero siguiente, el órgano auxiliado, con sede en Toluca, Estado de México, comunicó que después de una revisión exhaustiva en sus archivos, respecto al expediente 873/2013, advirtió que al ser publicado el precedente de la tesis aislada II.1o.T.16 L (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro digital: 2005771, hubo una imprecisión en el proceso de publicación del criterio de mérito, pues lo correcto relacionado con el tema se desprende del juicio de amparo 873/2012, no así del expediente 873/2013, como se requirió dado el error de referencia. Asimismo, informó que el expediente correcto se solicitó al Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal para estar en posibilidad de digitalizar las constancias requeridas, entre otras cuestiones.
6. Por proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado electrónicamente por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y comunicó que en los últimos seis meses no se encontró radicada en ese Tribunal Supremo, alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guarde relación con el tópico a estudiar en el presente asunto.
7. Finalmente, en proveído de catorce de marzo del año actual, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, informó que el criterio sustentado en el juicio de amparo directo 873/2012 de su índice, continúa vigente e hizo del conocimiento que puso a disposición de este Pleno el expediente electrónico relativo al juicio de amparo examinado.
Además, la Magistrada presidenta de este Pleno Regional tuvo por debidamente integrado el presente asunto para la elaboración del proyecto de resolución y dictó el auto de confirmación de turno a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
8. Por su parte, en términos del artículo 44 del citado Acuerdo General 67/2022, el plazo genérico de treinta días para formular el proyecto de resolución, transcurre a partir del quince de marzo pasado, por ser el día hábil siguiente al del dictado del auto de confirmación de turno al Magistrado ponente y concluye el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, descontándose los días 18, 19, 25 y 26 de marzo, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de abril por ser sábados y domingos; los días 20, 21 y 27 de marzo (inhábiles –los últimos dos, laborables–); 5, 6 y 7 de abril y 1 de mayo por ser inhábiles, lo anterior de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Circular 12/2023 de ocho de marzo pasado, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; luego, si el proyecto de referencia se listó el día cuatro de mayo en curso, es claro que se cumplió en tiempo con tal obligación normativa, tal como se plasma en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el considerando sexto, fracción II, del Acuerdo General 67/2022, de trece de enero de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y el Acuerdo General 108/2022 de ese mismo Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, pues si bien el órgano denunciante pertenece al Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, actuó en auxilio del Tribunal Colegiado perteneciente al mencionado Circuito, de lo que se desprende que se toma en cuenta dicha región, en términos del artículo 10 del mencionado Acuerdo General 67/2022, en el que este Pleno Regional tiene competencia; aunado a que la contradicción corresponde a la materia de trabajo, cuya resolución debe ser emitida por este Pleno.
Son perfectamente aplicables al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) así como la tesis aislada 1a. CLXXXVII/2013(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación.(2)
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción III,(3) de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un Tribunal Colegiado auxiliar contendiente.
IV. CRITERIOS CONTENDIENTES
11. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.
A) Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, (amparo directo auxiliar 49/2023), actuando en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito (juicio de amparo 873/2022).
12. Demanda laboral. El actor demandó del Ayuntamiento Constitucional de Toluca, Estado de México, el pago de finiquito contenido en el contra-recibo 52485, expedido el cinco de abril de dos mil dieciocho, por la tesorería municipal respectiva; luego, contestó el organismo demandado.
Ante la incomparecencia del actor a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera.
Seguido el juicio en sus cauces legales, el cinco de abril de dos mil veintidós, se emitió laudo, en el que, con base en el examen de los medios de prueba propuestos por el demandado, por una parte, se le condenó al pago de vacaciones, así como de la prima de antigüedad; y, por otra, se le absolvió del pago de prima vacacional, finiquito, intereses y prima de jubilación.
La responsable determinó que el procedimiento burocrático señalado en los artículos 222, 226, 227, 229, 232 a 238, 241 a 242 Bis, 245 y 246 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y de sus Municipios, establecen que si las partes no comparecen a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas.
Contra dicha determinación, el actor del juicio principal promovió demanda de amparo directo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México.
Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el cual, por auto de presidencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la registró con el expediente 873/2022 y la admitió a trámite.
Se emplazó al juicio constitucional al tercero interesado, Ayuntamiento Constitucional de Toluca, Estado de México, por boletín laboral el dieciocho de mayo de dos mil veintidós (sic). El veinticuatro siguiente, se notificó a las partes la admisión de la demanda para los efectos del artículo 181 de la Ley de Amparo, incluido el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Sin que, por su parte, el tercero interesado formulara alegatos ni promoviera amparo adhesivo.
Por acuerdo de veintiuno de junio subsecuente, se turnó el asunto para la formulación del proyecto de resolución, y el tres de enero de dos mil veintitrés, se ordenó la remisión de dicho expediente al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (órgano denunciante en la presente contradicción), en donde se registró con el consecutivo electrónico 49/2023; el cual fue listado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, para discutirse y resolverse en sesión de veinticinco siguiente.
El quejoso, en esencia, alegó que resultaba ilegal que el tribunal responsable omitiera admitir, estudiar y valorar la prueba documental consistente en el contra-recibo 52485 que ofreció junto con su demanda laboral, so pretexto de que no compareció a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, porque se trata del documento base de su acción.
En virtud de lo anterior, suplida la deficiencia de la queja, la autoridad de amparo consideró que la decisión de la responsable de tener por perdido el derecho del actor para ofrecer pruebas con motivo de su incomparecencia a la audiencia de pruebas y, tácitamente desechar el contra-recibo que acompañó a su escrito inicial de demanda laboral, constituye una violación al procedimiento en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo.
El Tribunal Colegiado auxiliar señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 14/2011 y 108/2012, analizó cuál es el momento procesal oportuno en que el actor debe ofrecer sus pruebas de acuerdo con el procedimiento burocrático que regulan la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato y la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, respectivamente; que como en el caso de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y de sus Municipios, establece en esencia:
• Que a la demanda se deben acompañar los medios de prueba de que disponga el actor.
• Que se debe indicar el lugar en que puedan obtenerse, en caso de que no pudiera aportarlos directamente.
• Que, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el actor deberá ofrecer las suyas en relación con los hechos controvertidos; después el demandado; y posteriormente, cada uno podrá objetar las de su contraparte.
Con base en lo anterior y a partir de una interpretación sistemática y extensiva de los preceptos legales que analizó, en atención al derecho fundamental de una adecuada defensa, tutelada por el artículo 14 de la Constitución Federal, la Segunda Sala concluyó que la obligación que se impone a la parte actora de acompañar a su demanda las pruebas de que disponga, constituye una primera oportunidad para ofrecer medios de convicción en el procedimiento ordinario; derecho que –acotó– puede ejercer, incluso, hasta la audiencia de conciliación, contestación a la demanda y ofrecimiento de pruebas.
Dicha interpretación dio lugar a las jurisprudencias 2a./J. 54/2011(4) y 2a./J. 69/2012.(5)
También el órgano auxiliar señaló que al resolver la contradicción de tesis 304/2009, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País con base en el examen de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, analizó si las pruebas presentadas junto con la demanda laboral debían ser admitidas y justipreciadas por la autoridad laboral aun cuando el actor o su apoderado no hubieran comparecido a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Destacando de lo que se consideró en dicha resolución, lo siguiente:
• La audiencia de ley consta de tres etapas: conciliación, demanda y excepciones; y, ofrecimiento y admisión de pruebas.
• En la etapa de conciliación deberán acudir las partes personalmente, pues el objetivo es que lleguen a un arreglo conciliatorio.
• Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará al ofrecimiento y admisión de pruebas, cuya audiencia se llevará a cabo, aun cuando no concurran las partes.
• Respecto al periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, se establece que el actor ofrece sus pruebas en relación con los hechos controvertidos y que inmediatamente después el demandado ofrecerá las suyas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado.
• Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por su contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. En caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez días siguientes, a fin de preparar dentro de ese plazo las pruebas correspondientes a tales hechos.
• Una vez concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y deseche.
• Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán pruebas vinculadas con hechos supervinientes.
Conforme a este procedimiento, previsto en la Ley Federal del Trabajo, la Segunda Sala discurrió que para la admisión de las pruebas de las partes en el juicio laboral, no constituye un requisito sine qua non, que acudieran personalmente o a través de apoderado a realizar el ofrecimiento correspondiente y mucho menos que se estableciera como sanción, ante la ausencia de alguna de ellas, la inadmisión de sus pruebas, ya que la única consecuencia jurídico procesal que se desprende de tal precepto, ante la ausencia de alguno de los interesados, es la pérdida del derecho a ofrecer nuevas pruebas, así como el de objetar las de su contraparte.
Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 163/2009.(6)
Igualmente el tribunal denunciante consideró que también debía aplicarse el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 304/2009 dado que, si el actor acompañó a su demanda laboral el contra-recibo 52485 como sustento para la procedencia de sus pretensiones, no es válido que la autoridad responsable no lo tuviera como tal, y ante su incomparecencia a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas verificada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, le tuviera por perdido su derecho para tal efecto.
Consideró que el actor cumplió con la carga procesal que le imponen los artículos 226, segundo párrafo y 227, fracción V, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, consistente en acompañar a la demanda laboral los documentos probatorios de los que en ese momento disponía; por lo que si a juicio de la Segunda Sala, dicho mandato constituye una primera oportunidad para ofrecer pruebas, entonces, el recibo o contra-recibo que exhibió el actor en cumplimiento de los numerales aludidos y desde ese momento procesal, debe tenerse por legalmente ofrecida, aun cuando no haya comparecido personalmente a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Además, razonó que no era obstáculo para concluirlo así, la tácita inadmisión del referido medio probatorio derivada de la incomparecencia del quejoso a la mencionada audiencia, pues se actualizó dicha sanción al hacerse efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de febrero previo en el sentido de no comparecer a dicha diligencia. La autoridad de amparo precisó que si bien la ley burocrática del Estado de México, en sus artículos 229, segundo párrafo y 235, establece que si las partes no comparecen a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se les tendrá por perdido su derecho a ofrecerlas; sostuvo que dicha sanción procesal no puede dársele una interpretación literal, pues no resulta razonable.
Sino que se debe realizar una interpretación acorde con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que garanticen la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en un procedimiento jurisdiccional y den sentido a la garantía de audiencia; esto es una interpretación extensiva o amplia, privilegiando una debida defensa, en atención al principio pro persona.
En apoyo a lo anterior citó la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", y concluyó que la sanción procesal de tener por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas, derivada de su incomparecencia a la citada audiencia, sólo se refiere a la pérdida de oportunidad para ofrecer nuevos medios de convicción, sin perjuicio de admitir aquellos que el actor acompañó a su escrito inicial de demanda.
También como apoyo de sus consideraciones citó las jurisprudencias sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del Máximo Tribunal del País, 1a./J. 37/2017 (10a.) y 2a./J. 16/2021 (11a.), respectivamente, cuyos rubros dicen:
"INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA."
"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)."
Finalmente sostuvo el Tribunal Colegiado, que independientemente de la circunstancia de que el artículo 222 de la ley burocrática de referencia prevea que las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, en esos mismos términos lo establecía el diverso numeral 778 de la Ley Federal del Trabajo y ello no constituyó un impedimento para que la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 304/2009 concluyera que las pruebas que se acompañan a la demanda laboral deben admitirse aun cuando el actor no hubiera comparecido a la etapa de ofrecimiento y admisión correspondiente, y al no haberlo estimado así, el proceder de la autoridad responsable constituyó una violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo.
B) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al conocer del juicio de amparo 873/2012.
13. Demanda de amparo. En asunto tramitado ante la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, la parte actora, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo contra el laudo de veintidós de mayo de dos mil doce, en el expediente SAE/543/2009, promovido por la quejosa contra el titular del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y/o quien resulte ser responsable de la relación de trabajo, de quien demandó la reinstalación inmediata y el pago de salarios caídos, entre otras prestaciones.
La autoridad responsable determinó que la accionante acreditó parcialmente los presupuestos de su acción y el demandado justificó parcialmente sus excepciones y defensas; por lo tanto, absolvió a la demandada de reinstalar a la actora, así como de pagarle salarios caídos y demás prestaciones; la condenó respecto al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, solamente en cuanto hace a un año anterior a la presentación de la demanda.
En dicha resolución, la responsable dejó de tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por la actora, pues al dar inicio la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229, último párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, no compareció la parte actora; y no fue sino hasta que hizo uso de la palabra el apoderado legal de la demandada, donde solicitó que se tuvieran por ofrecidas las pruebas contenidas en su escrito de contestación a la demanda, y se le tuvieran debidamente ratificadas y relacionadas con todos y cada uno de los hechos, excepciones y defensas del escrito de contestación, cuando arribó el apoderado legal de la actora solicitando se le tuviera compareciendo a esa audiencia y ofreciendo hasta ese momento procesal, las pruebas de su intención (acompañadas a su demanda).
Posteriormente la Sala auxiliar acordó tener por cerrado el periodo de ofrecimiento de pruebas de la audiencia y únicamente por hechas las manifestaciones de la representación de la parte actora, pues no admitió las pruebas de su intención, en virtud de que el derecho para ofrecerlas le precluyó, atendiendo a lo establecido por el artículo 234 de la ley del trabajo burocrático antes citada.
Contra esa determinación se interpuso juicio de amparo directo ante la responsable, del que por cuestión de turno, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, y atento a la fecha de presentación de la misma, doce de octubre de dos mil doce, su tramitación y resolución se realizó en términos de la Ley de Amparo vigente antes de la reforma de dos mil trece.
El quejoso en esencia alegó, en la parte que aquí interesa, que el artículo 234 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, no establece como sanción, ante la incomparecencia del actor a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, que se rechacen aquellas que hubieran sido ofrecidas fuera del orden establecido, siempre y cuando se relacionen con los hechos controvertidos.
En ese sentido, el quejoso argumentó que el precepto a que se refirió la responsable, no contempla la sanción de que se habla, por no haber ofrecido las pruebas atendiendo el orden mencionado en la fracción I, que no está facultada para tener por no ofrecidas las pruebas de la actora, además que de acuerdo con el método lógico-sistemático o contextual de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, debe deducirse que en tanto no termine la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia, cabe la admisión de pruebas que no se refieren a estas circunstancias. Que deben considerarse las probanzas acerca de la controversia que se establece desde la demanda y su contestación, lo que se traduce en una grave violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, aunado a que, con ese actuar, la responsable va contra los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del mismo modo, la quejosa alegó que la responsable dejó de tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por la actora desde su escrito inicial de demanda, dejándola en estado de indefensión, contrariando lo establecido en las jurisprudencias que citó, de rubros: "PRUEBAS. OFRECIMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN, DEBEN ADMITIRSE.", "PRUEBAS EN MATERIA LABORAL, OFRECIMIENTO DE LAS, EN LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN.", "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN TENERSE POR OFRECIDAS AQUELLAS QUE EL ACTOR HAYA ACOMPAÑADO A SU ESCRITO O COMPARECENCIA INICIAL, SIN NECESIDAD DE QUE SE RATIFIQUE SU OFRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA." y "PRUEBAS. OPORTUNIDAD DE OFRECERLAS POR EL ACTOR EN JUICIO LABORAL."
Al dar contestación a dichos argumentos la autoridad de amparo estimó que los conceptos de violación resultaron infundados, estableciendo entre otras cosas, que el artículo 235 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a la fecha de presentación de la demanda de garantías, es categórico y contundente en señalar que si las partes no comparecen a la audiencia, se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas, por tanto, de una interpretación a contrario sensu de dicho numeral, dedujo que las pruebas sólo deben ser ofrecidas en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que si fueron acompañadas a la demanda, en términos del diverso numeral 227 de dicha legislación, ello no exime a las partes de comparecer a la audiencia en la etapa respectiva, para ofrecer sus pruebas de acuerdo al orden lógico que permite la ley.
Estimó que no era obstáculo el diverso numeral 229 de la ley burocrática local, que establece que admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, emplazándola para que contestara dentro de quince días hábiles, porque se trata de un acto preparatorio previo a la audiencia bifásica, en la que necesariamente se requiere la presencia de las partes para que ofrezcan sus pruebas en términos del artículo 235 de esa ley burocrática.
Dicho órgano colegiado, sostuvo que no se opone a sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 163/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dicha jurisprudencia justifica la admisión de pruebas acompañadas a la demanda en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, porque no se puede trasladar al ámbito burocrático dicho numeral, pues existe disposición expresa en la ley burocrática local, en el sentido de que si las partes no comparecen a la audiencia se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas, añadiendo que estimar lo contrario, sería contrariar la norma que impo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31552-4bc2b835/pruebas-en-el-juicio-laboral-burocratico-la-incomparecencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. ETAPA PROCESAL OPORTUNA PARA PRESENTARLA. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL BUROCR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL PREVISTO EN LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 248. NO DEBEN ADMITIRSE EN LA AUDIENCIA PREVISTA EN SU AR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL ESTÁ IMPEDIDO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU DESAHOGO A CARGO DE LA PARTE TRABAJADORA, CUANDO LA PARTE PATRONAL OMITIÓ COMPARECE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO A QUE ALUDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PROCEDE RESPECTO DE LAS PREVI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES A LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO CONLLEVA INADMITIR O DESECHAR LAS OFRECIDAS O AL (PR.L.CN. J/3 L (11a.))
- REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO EL ACTOR INCURRE EN INCONSISTENCIAS AL ELABORAR SU DEMANDA O RECLAMA PRESTACIONES CONTRADICTORIAS Y LA JUNTA OMITE PREVENI ((IV Región)2o.42 L (10a.))
- PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. ES IMPROCEDENTE QUE EL ÓRGANO DE AMPARO EXAMINE LA VALORACIÓN DE LAS TENDENTES A DEMOSTRAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO (PRESTACIÓN DE SE (PC.III.L. J/4 L (10a.))
- PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE DE LA PERSONA QUEJOSA EN EL JUICIO LABORAL. SU INDEBIDA RECEPCIÓN NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, AL SER UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE (VII.2o.T.26 L (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis